CIDH condena ataque a Pichincha Universal y a otros medios de comunicación durante las protestas de octubre

 En su informe sobre los hechos de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refiere a los ataques en contra de los medios de comunicación y periodistas que cubrieron la jornada de protesta.

Según los registros obtenidos, más de un centenar de ataques habrían recibido los trabajadores de la comunicación entre amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, impedimento de cobertura, confiscación de equipos, uso indiscriminado de agentes químicos, vigilancia, suspensión de transmisiones y allanamientos a medios de comunicación, bloqueo de sitios web y redes sociales, entre otras afectaciones a la libertad de expresión.

Con este antecedente, la Comisión hace referencia a la suspensión de la señal de la Radio Pichincha Universal y aclara que un juez de garantías constitucionales aceptó la acción de protección presentada por la defensa de la emisora y concedió una medida cautelar a favor del medio de comunicación, que estuvo fuera del aire por 16 días.

Precisa que la radio “denunció una campaña de acoso judicial consistente en la promoción de investigaciones criminales por parte del gobierno de Ecuador”.

A su vez, expresa que la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional solicitó datos del personal que trabaja en dicha emisora, según información proporcionada por la propia Fiscalía General del Estado.

Además, indica que el portal web de la radio habría sido denunciado por presuntas violaciones de derechos de autor de algunas de las fotografías que allí figuraban.

Tras el allanamiento a las instalaciones de la emisora por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, registrado el miércoles 9 de octubre, explica que Pichincha Universal recibió la orden, de parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, para adherirse a la señal de la Radio Pública -de manera indefinida-, medida que luego fue sustituida por una solicitud judicial de suspensión de la emisión tramitada por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), como una medida cautelar provisional.

Ante esta serie de exposiciones, la CIDH recomienda garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios de comunicación.

Asimismo, sugiere al Estado garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar formas directas o indirectas de censura y condena los actos de violencia perpetrados hacia la prensa en el contexto de las protestas de octubre.

Fuente: Pichincha Universal, República Del Banano

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