Día: 26 febrero, 2020

Según el asambleísta Fabricio Villamar (ex CREO), su colega Yofre Poma (RC) habría incumplido con uno de los requisitos de la suspensión condicional de la pena, como es la de no intervenir en protestas.

A criterio de Villamar, Poma participó de los incidentes que se registraron en la Asamblea Nacional, el jueves de la semana anterior, cuando sus coidearios demandaban la restitución de su cargo como legislador principal.

“El señor Poma debe abstenerse de participar en protestas, condición que habría sido violada, correspondiendo al juzgador revisar la suspensión de la pena que le fuera otorgada”, señaló Villamar, ante la prensa.

Por esta razón, acudió a la Procuraduría General del Estado a pedir que analice la situación de Poma e insistió que este parlamentario no cumplió con las cláusulas que le impuso el juez para otorgarle la suspensión de la pena.

Villamar demandó de la Procuraduría que “en ejercicio de sus facultades y siendo como le corresponde el impulso de la causa penal en representación del Estado, se digne remitir al Tribunal de Justicia que sustancia la causa y tome las acciones legales que, de conformidad con la ley, considere pertinentes”.

El parlamentario, que perteneció a las filas de CREO, realizó el trámite este miércoles 26 de febrero del 2020.

Yofre Poma fue sentenciado a un año y cuatro meses de cárcel, por el supuesto delito de paralización de servicio público, en la toma de un pozo petrolero, durante las protestas de octubre pasado. La Corte Nacional de Justicia le concedió la libertad condicional la semana anterior.

Luego del receso parlamentario, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizará el caso de Poma en la Asamblea, pues, sus integrantes consideran que no ha cumplido con el trámite correspondiente, ante este organismo, para reasumir sus funciones de legislador titular.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

En el noveno día de audiencia de juzgamiento en el caso Sobornos 2012 – 2016, el empresario Pedro Verduga, quien es dueño de la constructora Equitesa, rindió su testimonio y aseguró que la exasesora presidencial Pamela Martínez y el exministro Walter Solís le exigieron dinero.

Durante la diligencia, Verduga expuso que en el Gobierno anterior le solicitaron dinero en dos ocasiones. La primera vez por una obra que tendría que ver con un tramo de la vía Chone – Junín.

Indicó que le debían varias planillas por esta obra, por lo que buscó al subsecretario del ministerio de Transporte, quien le envió con Pamela Martínez.

Añadió que en 2013, “le llegó un mensaje de la cúpula del Gobierno”, en el que le exigían una gran cantidad de dinero, debido a que su empresa había sido seleccionada para hacerse cargo de la obra multipropósito Chone.

Según Verduga, fue el exministro Walter Solís, quién le habría exigido USD 1 millón para legalizar el contrato de este proyecto, aclarándole que la disposición venía de parte de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera, procesados por supuesto cohecho. En este caso también está imputado el expresidente Rafael Correa y otras personas más. En total son 21.

El empresario añadió que se sintió acorralado, pues incluso le habrían dicho que Martínez era la única autorizada para recaudar esos fondos y que existía un sistema que se pagaba fecha por fecha, tiempo por tiempo, a través de planillas (facturas) que se emitían.

Según Verduga, Martínez le habría dicho que le gestionarían el pago de las planillas pendientes, siempre y cuando realice un pago al que él habría accedido.

A su vez, inculpó al asambleísta Christian Viteri, quien también está procesado en este caso, de ser la persona de haberle presionado para que firme un contrato de servicios profesionales que justificarían facturas que constan en el proceso.

El empresario sostuvo que Viteri pidió reunirse con su abogado Leopoldo Larrea, con el fin de solicitarle que “regularicen ciertas cosas”.

Al final de su intervención, Verduga se acogió al derecho al silencio para evitar preguntas de la Fiscalía y de las defensas de los otros procesados.

Por su parte, Vanessa Zavala, abogada de Vinicio Alvarado, mencionó que el testimonio de Pedro Verduga no se puede probar y que debe ser valorado por los jueces.

En tanto, en su cuenta de Twitter, el exmandatario arremetió contra Pedro Verduga, al mencionar que su hijo, Képler, “es quien lavaba el dinero a Odebrecht”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

En medio de las tensiones que hay en España porque su vicepresidente, Pablo Iglesias, fue nombrado para formar parte de una comisión gubernamental en la que se presenta información sensible relacionada a los países miembros de la OTAN, un medio reveló que el líder de Podemos y el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se reunieron a mediados del 2019 en Madrid para intentar frenar la extradición a Quito de Pablo Romero Quezada, uno de los acusados en el secuestro del político Fernando Balda y exsecretario Nacional de Inteligencia.

Los servicios de inteligencia de España temen que los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) dejen de compartir datos de seguridad con la nación ibérica en caso de que Iglesias -designado por el presidente de Gobierno español Pedro Sánchez- llegase a formar parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, reveló este martes el medio Ok Diario, cuyo director es el periodista Eduardo Inda, antes Adjunto al Director del diario El Mundo y Director de Marca.

Pero precisamente sus vínculos con los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia e Irán le impedirían a Iglesias formar parte de dicha instancia de seguridad internacional.

La publicación explica que antes de tener acceso a documentos confidenciales, Iglesias deberá llenar un formulario de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) denominado ‘Declaración Personal de Seguridad’ (DPS-101). Y anticipa que la pregunta más crítica para el líder de Podemos se encuentra en el punto 6.3 de ese documento, donde pide al candidato a integrar la comisión que describa “las relaciones o trabajos con personas de países que no sean miembros de OTAN, de la Unión Europea o con gobiernos y servicios de inteligencia extranjeros”.

Iglesias y Correa trataron de frenar la extradición de Pablo Romero

Siguiendo las exigencias de la OTAN y del CNI, si Iglesias quiere acceder a información sensible deberá explicar cuáles fueron sus relaciones con el Gobierno ecuatoriano de Rafael Correa y si ha realizado alguna gestión para él. Y es aquí donde Ok Diario revela uno de sus últimos encuentros.

Por ejemplo, el vicepresidente español debería explicar a los servicios de inteligencia su cena en un restaurante de la Gran Vía de Madrid, en 2019, con Rafael Correa, se indica. Un reservado encuentro entre ambos, desvelado por OK Diario, en el que se afirma que Iglesias y Correa pactaron una ‘hoja de ruta’ para tratar de frenar la extradición a Quito de Pablo Romero Quezada, jefe de los servicios secretos ecuatorianos entre 2012 y 2014, acusado del secuestro al político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia.

“Iglesias y Correa mantuvieron un encuentro privado para tratar el asunto de la extradición en una visita a Madrid que realizó el expresidente en junio de 2019. Los dos políticos populistas cenaron en un restaurante próximo a la Gran Vía y a la sede de Podemos, en la calle Princesa”, dice Ok Diario. “El tema estrella de la velada fue la paralización a toda costa de la entrega a Ecuador de Romero, que ya había sido aprobada por la Audiencia Nacional el 14 de enero de aquel año y que los abogados de Podemos habían logrado retrasar tras solicitar su asilo político en España”.

Citando fuentes de la investigación, agrega que “Correa mantuvo también un encuentro secreto con Romero en un apartamento turístico del centro de Madrid”… “Los agentes policiales seguían de cerca al ex jefe del espionaje (Pablo Romero) para impedir su huida de España”.

Sin embargo, los meses de julio y agosto no fueron un semillero de buenas noticias. Primero, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugiados del Ministerio del Interior denegó la petición de asilo. Un mes después, la Audiencia Nacional emitía una nueva orden de busca y captura y el ingreso en prisión de Romero, según el auto, “ante los datos aportados por el informe de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Quito”. Y, por último, Sánchez convocó el 1 de octubre de 2019 unas nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre tras no llegar a un acuerdo político con Podemos.

Pero, contra viento y marea, los abogados de Podemos lograron paralizar la encarcelación y la extradición de Romero, que quedaba pendiente del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno que saliera de las elecciones de noviembre.

Dice Ok Diario que el gobierno de Pedro Sánchez ordenó la extradición el pasado 4 de febrero y que “el plan de Iglesias y Correa no prosperó por la actuación impecable de la Audiencia Nacional que movió ficha con rapidez, decretando su ingreso en prisión a fin de evitar otro caso como el de Hugo Carvajal, el ex jefe de los servicios secretos chavistas que se dio a la fuga cuando el Consejo de Ministros autorizó su extradición a Estados Unidos.

Romero Quezada, finalmente extraditado hace una semana, es una figura controvertida tanto para Iglesias como para Correa, dice Ok Diario. “Para el primero, su extradición podría hacer aflorar datos de la financiación bolivariana de su partido, que recibió fondos de Ecuador, Bolivia y Venezuela, entre otros países del entorno chavista, mientras que para el segundo podría suponer que se destapen varios episodios de corrupción que afectan al expresidente ecuatoriano”.

La publicación recuerda que Iglesias también está vinculado con el llamado Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), la organización surgida en Ecuador durante el mandato de Correa y que ahora está siendo investigada por el Tribunal Supremo de Venezuela. Un centro de pensamiento al que se investiga por pagos a Podemos y del que el actual vicepresidente fue profesor invitado.

Los pagos de Venezuela

Iglesias también deberá explicar a la Oficina Nacional de Seguridad (que es quien investiga al candidato y emite finalmente la habilitación) cuáles han sido sus vínculos con el régimen chavista de Venezuela. Si se ha reunido con personas relacionadas con ese Gobierno, si ha realizado trabajos para ellos o si le han ofrecido alguna vez dinero a cambio de favores o gestiones concretas. Cualquier conferencia, cualquier contacto telefónico. Todo.

Deberá dar cuenta también del episodio de las Islas Granadinas, el paraíso fiscal en el que una cuenta en el banco Euro Pacific a nombre de Iglesias recibió 272 325 dólares procedentes del régimen de Nicolás Maduro en un momento clave de la formación de Podemos. Una información revelada por OK Diario y por la que Iglesias perdió dos veces su demanda contra el periódico y su director, Eduardo Inda, por revelar el depósito del Gobierno de Maduro en Granadinas.

En su comunicación con el CNI Iglesias también deberá mencionar sus trabajos con la Fundación CEPS, de cuyo patronato formaban parte los principales fundadores de Podemos: Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Carolina Bescansa. El embrión de Podemos recibió por aquellos encargos 7,7 millones de euros, que sirvieron para financiar la puesta en marcha de la formación política.

La Bolivia de Evo Morales

Al CNI también deberá remitir Iglesias información sobre sus relaciones con la Bolivia del expresidente Evo Morales. Un Gobierno que apostó económicamente por Podemos antes incluso de su fundación. La financiación boliviana de Podemos está siendo investigada actualmente por la Fiscalía del país andino, que incluso ha mostrado su intención de citar a declarar al vicepresidente Iglesias.

En esa declaración tampoco podrá faltar, por ejemplo, la información referente a su visita -acompañado de la ministra Irene Montero– a La Paz para entrevistarse en persona con Evo Morales en noviembre de 2017.

Su relación con Irán

Teherán ha sido un firme aliado de Iglesias desde años antes de la fundación de Podemos. El vicepresidente no ocultaba en público estos apoyos, incluso los defendía ante quien ponía en tela de juicio las contradicciones derivadas de estas relaciones entre un partido de extrema izquierda y un régimen teocrático en el que, por ejemplo, la homosexualidad está penada con la muerte.

“A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones”, aseguró Iglesias en 2014 durante un acto de la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón.

Iglesias deberá rendir cuentas por los años de trabajo para Hispan TV, una cadena de televisión fundada por Irán y financiada con dinero público en la que el ahora vicepresidente presentó el ya popular programa ‘Fort Apache’. De hecho, en ese formulario de la ‘Declaración Personal de Seguridad’ también se exige incluir todos los trabajos realizados para empresas extranjeras.

Fuente: El Universo, República del Banano

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes que se prohibirá el ingreso a su país de personas procedentes de Corea del Sur e Italia para evitar contagios del nuevo virus.

El mandatario informó en su cuenta de Twitter que los ciudadanos salvadoreños y diplomáticos que lleguen de esos países tendrán que estar 30 días en cuarentena.

La medida salvadoreña llega luego de que cinco países europeos reportaran casos del nuevo tipo de coronavirus en personas que viajaron recientemente a la región de Lombardía en Italia.

Esta no es la primera vez que el gobierno salvadoreño muestra alerta ante la posible dispersión del virus. Desde enero Bukele tomó medidas para prohibir el ingreso de personas procedentes de China y poner en cuarentena casos sospechosos.Nayib Bukele✔@nayibbukele

He ordenado a @migracion_sv la prohibición del ingreso de personas procedentes de Corea del Sur e Italia, para evitar que el Coronavirus entre a nuestro país.

Los connacionales y diplomáticos que vengan de esos países tendrán que pasar un período de 15 días en cuarentena.

Brasil se convirtió este miércoles en el primer país de América Latina en reportar un paciente con coronavirus. México y Bolivia se han presentado casos sospechosos que las autoridades de salud han descartado.

Fuente: El Universo, República del Banano

El empresario Pedro Verduga indicó que recibió un mensaje que venía de la cúpula del Gobierno anterior en el que se le pedía $1 millón. Lo dijo este miércoles durante el noveno día de juzgamiento dentro del caso Sobornos 2012-2016.

El mensaje habría sido entregado por el exministro Walter Solís a nombre del exvicepresidente Jorge Glas, de los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Alexis Mera.

Aparentemente, dijo Verduga, le habrían dicho que escogieron a Equitesa debido a que era una de las más importantes. En ese momento Equitesa habría estado ejecutando la obra Multipropósito Chone.

Pedro Verduga aseguró que nunca entregó dinero en efectivo sino que todo salía de la planillas que se le cancelaban y que no terminó de pagar ese millón que se le solicitaba.

Presentación de empresarios

La audiencia se reinició este miércoles con la presentación de la prueba pericial, testimonial y documental del empresario Pedro Verduga. Seis empresarios más hacen parte de la lista de procesados que deberán iniciar la presentación de su prueba en la diligencia.

La segunda defensa que participó de la etapa de presentación de su prueba fue la de Teodoro Calle, Paúl Ocaña. Calle también rindió su testimonio a modo de prueba y en el aseguró que existía equivocaciones en la información entregada por la fiscal general Diana Salazar.

Según Calle, de los nueve contratos señalados por Fiscalía que suscribió la empresa Técnica General de Construcciones, de la cual desde hace 12 años Calle no es el representante legal, al menos siete no hablan de contratos directos si no de contratos complementarios al contrato principal que se suscribió muchos años antes del periodo 2012, que es tomado como referencia por la investigación del caso Sobornos.

De su parte el empresario Rafael Córdova dijo que ni él como persona natural, ni la empresa Mercantil Técnica Córdova (Metco) no han tenido ni mantienen contratos con el Estado. En su testimonio Córdova criticó a la fiscal Salazar por hacerlo parte de un estructura criminal sin antes haberlo probado.

Córdova dijo que han existido el pago de facturas por servicios, pero que eso no significa de ninguna forma un cruce de facturas.

Una vez que concluya la prueba documental la defensa de Córdova, el presidente del Tribunal de Juzgamiento, Iván León, anunció que existirá una pausa para que las partes procesales almuercen. Aún no hay hora para la reinstalación del noveno día de audiencia de juicio por el delito de cohecho.

Señalan a Pamela Martínez

La abogada de Pedro Verduga, Gabriela Moreira, en los alegatos de apertura aseguró que su cliente cumplió “exigencias” de la también procesada y exasesora de la Presidencia, Pamela Martínez, para entregar aportaciones de las cuales no tenía conocimiento su destino.

La abogada del empresario aclaró que las exigencias llegaron bajo la amenaza de suspensión de pagos de contratos que estaban ejecutándose y que habían sido obtenidos en administraciones anteriores. Verduga, sostiene su representante legal, no se benefició de contratos con el Ministerio de Transporte entre 2012-2016 y denunció que su cliente recibió presiones de otro de los procesados para que no hable.

Moreira dijo que espera comprobar la inocencia de su cliente.

El viernes último, luego de que la Procuraduría, como acusadora particular del caso, terminó con la presentación de su prueba, la audiencia iba a continuar con la prueba de Verduga, pero eso no se dio debido a que Moreira dijo que su defendido es una persona de la tercera edad que mantiene graves problemas de salud y es difícil que se traslade de un momento a otro a la altura de Quito.

Según Moreira, el deseo de Verduga es estar en la sala de audiencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito, y explicar de viva voz a los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela lo que conoce de los hechos que se investigan.

Fuente: El Universo, República del Banano

Oswaldo Jarrín Ministro de Defensa, informó que con la Ley de Navegación que estaría por debatirse en la Asamblea Nacional se prevé realizar adecuaciones a Galápagos con el fin de facilitar el triángulo de seguridad marítima que se encuentra dentro de la propuesta de Ecuador de establecer una estrategia común de seguridad regional con Colombia y Perú.

“La Presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales está lista para presentar a primer debate y nos ha prometido dos informes que saldrán inmediatamente una con relación Galápagos (…) y la ley de navegación que es esencial para  la Ley de Acuacultura aprobada en la Asamblea”.

Aseveró que tras la reunión bilateral con Estados Unidos en la Casa Blanca, el Gobierno logró que ese país acepte el apoyo a la estrategia común de seguridad regional: “Pronto tendremos un seminario a finales de marzo para atender una iniciativa del Ministro de Defensa de Colombia de realizar un seminario tripartito para conocer más a detalle cómo se va a desarrollar esta estrategia común de seguridad”.

En entrevista con Teleamazonas indicó que esta propuesta tiene dos impactos tanto geopolítico como geoconómico. En el primero se da luego de reconocer que hay actores no estatales de gran poder que amenazan a los Estados y en el segundo manifestó que es necesario darse cuenta la gran capacidad que tiene el país para el crecimiento económico especialmente en el mar.

“La proyección que Ecuador tiene con tres puertos de aguas profundas, el desarrollo para el comercio interno y para la exportación están basadas en los puertos de agua profunda y los cuatro que forman la base del triángulo de seguridad considerando que el vértice es la Isla San Cristóbal en Galápagos”.

En ese contexto explicó que el principal papel de Ecuador es que se acepte a nivel regional la propuesta de seguridad tripartita: “Y luego evitar que haya agentes como actores que amenazan con el narcotráfico, pesca ilegal, delitos en el mar, todo esto si es neutralizado estamos apoyando a las oportunidad de gran desarrollo comercial especialmente marítimo que tiene el país”.

De otro lado resaltó que desde el Ministerio de Defensa se ha hecho lo necesario con Inocar para que se adquiera un buque oceanográfico que hará investigación: “Para que en base a la Convemar pueda beneficiarse de la posibilidad de extender la plataforma submarina para la investigación (…) Necesitamos que se pueda proveer de los recursos necesarios para la adquisición del buque, porque el buque orión no es suficiente”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) informó este martes que el Estado de Ecuador es responsable por la detención ilegal y tratos crueles e inhumanos sufridos por el excoronel militar Mario Montesinos Mejía a lo largo de seis años a partir de 1992. La CorteIDH, con sede en Costa Rica, publicó la sentencia del caso este martes tras notificar a las partes involucradas, en la cual señala que Ecuador violó el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la protección judicial, a la integridad personal y a las garantías judiciales. “Ante la inexistencia de orden judicial que determinara la detención del señor Montesinos y la ausencia de flagrancia en su captura, la Corte concluyó que su aprehensión se dio ilegalmente”, afirma el fallo. Montesinos fue detenido, sin una orden judicial, el 21 de junio de 1992 por agentes policiales en el marco de la operación “Ciclón” dirigida a desarticular una organización de narcotráfico. El entonces coronel militar, permaneció encarcelado por al menos seis años y sufrió diversos tratos inhumanos y degradantes, según la sentencia de la CorteIDH. La Corte determinó que la orden de prisión preventiva no fue debidamente motivada ni revisada por las autoridades judiciales de Ecuador y que el período de seis años y dos meses de prisión preventiva resultó “irrazonable y excesivo”, por lo que su privación de libertad fue “arbitraria”. Los jueces interamericanos también dieron por probado que “las condiciones de detención y tratamiento a las que fue sometido el señor Montesinos representaron un trato cruel, inhumano y degradante” y además que “la falta de investigación de la alegada tortura y malos tratos denunciados resultó en la vulneración de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Otro punto de la sentencia indica que las autoridades de Ecuador no actuaron con la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía la privación de libertad de Montesinos, razón por la cual “los procesos penales seguidos en su contra excedieron el plazo razonable”. Los jueces también dieron por probado que Montesinos no tuvo acceso a un abogado cuando declaró ante las autoridades y que ese testimonio fue obtenido bajo coacción. La sentencia ordena al Estado adoptar en un plazo de seis meses “todas las medidas necesarias en el derecho interno para dejar sin efecto las consecuencias de cualquier índole que se derivan del proceso penal seguido contra el señor Mario Montesinos Mejía”. Además, Ecuador deberá iniciar, en un plazo razonable, “la investigación necesaria para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los tratos crueles, inhumanos y degradantes” que sufrió Montesinos, entre otras disposiciones.

Fuente: Vistazo, República del Banano

El 2019 Ecuador exportó 120’932.168 barriles de petróleo obteniendo USD 6.728 millones, el ingreso no fue considerable pese a que la producción tuvo un incremento de 9,87%, respecto al 2018, año en el que se exportaron 110’067.706 barriles que le significaron USD6.703 millones.

Según la empresa petrolera esto se debe a que en 2018, el valor estimado por cada barril fue de 60,91 dólares, mientras que en 2019, el precio fue de 55,64 dólares. Una reducción del 8,65 %.

Petroecuador incluso advierte que para este 2020 el panorama no mejorará debido al coronavirus y otros motivos internacionales que tienen un efecto negativo en el precio del hidrocarburo.

Hace 10 años

En 2010 Ecuador exportó USD9.648 millones un incremento significativo respecto a 2009 en el que se las ventas de crudo alcanzaron los 6.964 millones de dólares.

Se estima que en el 2010 Petroecuador producía un promedio de 486.000 barriles diarios, con un costo por barril de alrededor USD70.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La audiencia en el caso “Sobornos 2012-2016” se reinstalará el 26 y 27 de febrero, en el primer día la diligencia empezará con la presentación de las pruebas periciales, testimoniales de los abogados de los procesados Pedro Verduga, Teodoro Calle, William Phillips, Mateo Choi, Ramiro Galarza, Víctor Fontana y Alberto Hidalgo.

El jueves 27 en cambio se convocó a las defensas de Christian Viteri, Édgar Salas, Viviana Bonilla, Jorge Glas, Rafael Correa y Alexis Mera. y el viernes los abogados de Walter Solís, Laura Terán, Pamela Martínez, María Duarte, Vinicio Alvarado y Bolívar Sánchez.

El presidente del Tribunal de Juzgamiento del  stableció un orden para que los abogados de los procesados evacuen las pruebas con las que se busca desvirtuar las acusaciones de Fiscalía.

En la lista no aparece Yamil Massuh, debido a que su abogado Francisco Pesántez no pudo presentar prueba, aunque sí ratificó que su cliente y sobrino es inocente.

Tras las intervenciones de los abogados de los 21 procesados, la audiencia de juicio entrará a la fase de alegatos de cierre. Luego los jueces deliberarán para emitir sentencia a favor o en contra de cada uno de los exfuncionarios y empresarios investigados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ramiro Montalvo, viceministro del Ambiente, informó que tanto ese Ministerio como la Fiscalía General del Estado están a la espera de los resultados de laboratorio de las aguas que fueron depositadas en la playa de San Lorenzo – Salinas, mismas que se presumen eran aguas servidas, aunque el alcalde Daniel Cisneros lo ha rechazado, asegurando que eran de lluvia.

Montalvo explicó que aún cuando las fotografías en redes pueden evidenciar una afectación es imposible determinar mediante un impacto visual el daño ambiente o grado de contaminación, por lo que se hace necesario  activar las medidas técnicas como la toma de muestras y determinar si lo ocurrido corresponde a límites permisibles.

“Esto requiere un protocolo y tiene que ir a laboratorios calificados y hay que esperar resultados para que se determinen las características. El alcalde señaló que hubo una expulsión de los canales donde se recogía agua lluvia pero en los resultados saldrán de los análisis conoceremos de qué se trata”.

Detalló que el Ministerio de Ambiente ha iniciado medidas administrativas y un procedimiento sancionatorio: “Hubiésemos podido tomar una medida cautelar que hubiese sido la suspensión de ese canal que podría generar un problema mayor para el Municipio y para la comunidad”.

Asimismo la cartera de Estado, planteó una acción penal, aseveró el funcionario al indicar que el delito lo determinará la Fiscalía: ”Nosotros si podemos ser denunciantes o notificadores para que se realicen los trámites. El fiscal ha dispuesto la realización de la toma de muestras”.

En todo caso mencionó que para determinar sanciones tanto en el ámbito administrativo y en el penal se requiere del resultado de las muestras que se tomaron: “En cualquier caso hemos hablado con el alcalde para que presente unos denominados Planes de Acción Emergente que se requiere ante una catástrofe (…) Porque la sanción es la última, tenemos que trabajar en la prevención en manejo de desechos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano