Día: 28 febrero, 2020

El asesinato de una mujer transgénero en Puerto Rico por supuestamente utilizar un baño femenino ha conmocionado a la opinión pública y levantado críticas por la discriminación contra esa comunidad. El cadáver de Neulisa Luciano Ruiz fue hallado en el municipio de Toa Baja, cerca a la capital, con varios impactos de bala. El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Pedro Janer, confirmó que hay cuatro personas presuntamente implicadas en el homicidio de la mujer transgénero, conocida también como Alexa. Se trata de un caso que, según la gobernadora Wanda Vázquez, se tratará como un crimen de odio. De acuerdo con una de las versiones del hecho, que se mantiene bajo investigación, un grupo de jóvenes decidió matarla tras difundirse por redes sociales que intentó utilizar un baño femenino. El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) señaló que “las redes sociales fueron un instrumento para el odio”, tras apuntar que es hora “de que el país se ponga de pie y sea un instrumento para la equidad, la vida y la paz de las personas ‘trans'”. Mientras que el activista del a comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano, sostuvo que los discursos de odio de fundamentalistas que abundan en la isla motivaron el asesinato. Según medios locales, la víctima tenía 28 años y pernoctaba en bancos de paradas de autobuses en municipios del oriente de la isla.  El reggaetonero Bad Bunny muestra su respaldo al Caso Alexa Bad Bunny mostró su rechazo por el asesinato en Puerto Rico de Neulisa “Alexa” Luciano Ruiz, con un mensaje reivindicativo durante su actuación en el programa “The Tonight Show With Jimmy Fallon” Durante la presentación de la canción “Ignorantes”, que forma parte de su nuevo disco, “YHLQMDLG”, el cantante puertorriqueño vistió una falda y una camiseta blanca con un mensaje reivindicativo: “Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. La reivindicación del artista ha tenido una enorme repercusión en Twitter, donde se han multiplicado los mensajes de apoyo a Bad Bunny por su acción y de repudia por el asesinato de Alexa. Además, el asesinato tuvo lugar justo el día después de que su imagen se hiciera viral en redes sociales tras la denuncia de un hombre al ver entrar a Alexa en el baño de mujeres de un McDonald’s del municipio de Toa Baja.

Fuente: Vistazo, República del Banano

l Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que administra el juicio por presunto cohecho en el caso denominado «Sobornos 2012-2016» negó el pedido de Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael  Correa, de hacer una pericia al disco que contienen los supuestos archivos verdes.

El abogado Jarrín pidió la incorporación de prueba nueva para demostrar que no hay archivos verdes y que la trama fue creada por el Centro de Inteligencia Estratégica.

«La inclusión de evidencias obtenidas de forma ilegal en un proceso no solo puede derrumbar todo el juicio sino también sería susceptible de investigación penal por fraude procesal!!!», indicó en su cuenta de tuiter.

Jarrín presentó una pericia realizada por la empresa colombiana ADALID, que revela que los archivos fueron hackeados y adulterados y lo más importante que no fueron extraídos de la computadora de Laura Terán como señala la Fiscalía.

Más temprano el expresidente Rafael Correa Delgado encendió las alarmas denunciando que los archivos del caso «Sobornos» fueron hackeados y adulterados.

«URGENTE. Archivos del «Sobornos» NO fueron sacados de ninguna computadora de Laura Terán, sino hackeados y ADULTERADOS por #ElPeorGobiernoDeLaHistoria y Diana Salazar, fraude procesal que la debe llevar a la cárcel. Ya está periciado y en manos de CIDH. No podrán escapar», escribió en su cuenta de tuiter.Rafael Correa✔@MashiRafael

Correa informó que la pericia fue entregada el 14 de febrero a la CIDH para que analice y emita las medidas cautelares que estime oportunas en contra del Estado ecuatoriano ante la evidente persecución judicial que se vive en Ecuador.

«Logramos obtener archivos de «Arroz Verde». Pericia la hizo empresa colombiana «Adalid», y demuestra que fueron hackeados y adulterados, mientras Fiscalía mintió que lo encontró en computadora de Laura Terán. Presentamos todo a la CIDH el 14 de febrero. Se les derrumba el circo», agregó.

Fuente: Confirmado.net, República del Banano

Alexandra Ocles, ministra de Gestión de Riesgos, informó que los 212 cantones que han establecido unidades de gestión de riesgos apenas un 2% o 3% tienen estructuras bien armadas, es decir no llegan ni a 10 municipios que trabajan sobre el tema: “En territorio insistimos en el fortalecimiento de Gobiernos descentralizados y el nivel de concienciación de la gente”.

En entrevista con Ecuador Radio, detalló que desde octubre de 2019 a febrero de 2020, la época invernal ha dejado hasta el momento 239 damnificados, 12.581 personas afectadas, 15 fallecidos, 959 personas evacuadas, 1.945 viviendas afectadas, 2.221 cultivos afectados y 18.180 metros lineales de vía afectados.

Entre las provincias más afectadas en la Costa son El Oro y Manabí, le siguen Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Santa Elena: “Y a nivel nacional las tres más afectadas son El Oro, Chimborazo y Pastaza”.

Reconoció que este año habido un incremento en las afectaciones respecto a las mismas fechas del anterior: “Este año tenemos un incremento que nos empieza a preocupar, vamos a monitorear la situación en cada uno de los lugares sobretodo en donde tenemos mayor vulnerabilidad, vemos que la capacidad de respuesta en territorio sigue siendo débil”.

Ocles indicó que los gobiernos locales están en crisis sanitaria: “Hay algunos que han tomado la batuta de asumir la responsabilidad que tienen y enfrentar la situación como Chone, que ha estado en una crisis sanitaria importantísima porque tenía colapsado alcantarillado”.

Instó a hacer conciencia puesto que algunos municipios gastaron una importante suma en las fiestas de carnaval, que aunque es importante para la dinamización de la economía porque promueve el turismo, también es necesario ofrecerle a ese turista una ciudad segura y con infraestructura sanitaria adecuada.

La funcionaria manifestó que el Gobierno Central tiene una parte de responsabilidad, pero también está en el territorio y sus autoridades locales: “Y ahí vemos una debilidad porque sus unidades no están conformadas o solo tienen una persona que haga el trabajo o encargan a alguien que no tiene conocimiento de gestión de riesgos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Este viernes 28 de febrero de 2020, el Consejo Político del Movimiento Pachakutik (PK) se reunió en Quito, con el fin de definir la hoja de ruta con miras al proceso electoral de 2021.

Marlo Santi, coordinador nacional de PK, anunció que realizarán un recorrido por todo el país, con el objetivo de fortalecer a este movimiento político y que las coordinaciones provinciales definan, hasta septiembre-noviembre del presente año, las candidaturas a la Asamblea Nacional.

Según el dirigente, hasta junio se tiene previsto llevar a cabo un proceso de primarias, para escoger a su candidato presidencial, si no hay consenso sobre el postulante que los representará.

En las primarias presidenciales participarán líderes muy importantes que han hecho historia en el país, que vienen de procesos de defensa de los derechos humanos, civiles y de la madre tierra, según adelantó Santi, quien no señaló nombres, pero sí advirtió que para escogerlo habrá reglas y condiciones, como que asuma los principios ancestrales de no robar, no mentir y no ser ocioso, además de representar a todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador.

Aseguró que participarán con sus candidatos en todas las provincias y circunscripciones del exterior: América Latina, Estados Unidos-Canadá y Europa, Asia y Oceanía.

Santi aseguró que los candidatos serán escogidos no por la dirigencia de la organización partidista, sino por los militantes y adherentes. Descartó la posibilidad de hacer alianza con el correísmo, porque considera que ese gobierno le hizo mal al país. Tampoco con quienes hayan usufructuado de la nación.

El coordinador de PK aprovechó para reclamar que hasta el momento el Ministerio de Finanzas no entrega el fondo partidario que les corresponde -370 mil dólares con descuentos por algunas multas- y que debían recibir en julio de 2019, lo que limita promocionar a este movimiento político, se quejó.

Salvador Quishpe, líder histórico de PK, dice que ve con mucho entusiasmo el nuevo proceso electoral, en el que los ecuatorianos elegiremos al nuevo gobernante del país, porque en las elecciones seccionales la ciudadanía puso su confianza en esta tienda política, que permitió ganar cinco puestos en la Asamblea Nacional, cinco prefecturas, 20 alcaldías y más de 200 representaciones en los gobiernos parroquiales.

Considera que, después del paro de octubre del año anterior, se abren muchas expectativas para PK, que tiene una agenda con varios puntos, como la lucha contra la corrupción, transparencia en la información, fomento a la producción, desarrollo del campo, legalización de tierras, apoyo tecnológico, revisión de políticas crediticia, tributaria, etc.

Sobre el proceso para elegir al nuevo presidente de la República, a criterio de Quishpe, no se trata de apoyar intereses personales, ni siquiera respaldar a una organización política, sino hacer fuerza por los temas que beneficien a todos los ciudadanos.

Este dirigente también descartó la idea de una alianza con el correísmo y con el actual Gobierno presidido por Lenín Moreno.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Juan Javier Dávalos, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), informó que en la última sesión del ente se aprobó la creación de una veeduría ciudadana para la observación del proceso de venta del Banco del Pacífico: “Actualmente ganó el Banco Of America la licitación para valorar los activos del banco. Toda la venta está a cargo de la Corporación Financiera Nacional”.

A propósito de la intención de algunos grupos políticos que buscan una consulta popular para quitarle atribuciones al CPCCS, Dávalos manifestó que dentro de la misma también se debería preguntar a la ciudadanía si quiere privatizar las empresas públicas y el patrimonio del país.

Criticó que sea Pablo Dávila y Darwin Seraquive, exmiembros del CPCCS-Transitorio, sean los impulsores de una consulta popular cuando ellos fueron quienes, dijo, repartían las instituciones de control y nunca se quejaron del ente: “Ahora que dejaron sus puestos, buscan acumulación política y figuretear para ser considerados ser candidatos a la Asamblea Nacional”.

“Tenemos un CNE politizado que difícilmente podrá garantizar elecciones democráticas y transparentes, un Superintendente de Bancos que permite que los bancos tengan utilidades nunca antes vistas, una Fiscalía dedicada al circo y persecución. Ya estamos viviendo ese reparto, ya estamos viviendo la nefasta realidad del CPCCS –T”.

En todo caso dijo que más allá de buscar eliminar o quitarle atribuciones al Consejo se debería pensar en cómo mejorar la selección de autoridades de control, en lugar de pasarle esa facultad, una vez más, a la Asamblea Nacional: “Estamos dando una carta abierta para que los políticos lo hagan abiertamente de aquí en adelante”.

“Tenemos un CNE politizado que difícilmente podrá garantizar elecciones democráticas y transparentes, un Superintendente de Bancos que permite que los bancos tengan utilidades nunca antes vistas, una Fiscalía dedicada al circo y persecución. Ya estamos viviendo ese reparto”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La presentación de una prueba nueva en la etapa de juicio causó sorpresa entre los integrantes del Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016, en el que están procesadas 21 personas por el presunto delito de cohecho, entre ellas el expresidente Rafael Correa.

Fausto Jarrín, abogado del exmandatario, comentó que el presidente del Tribunal (Iván León) no entiende lo que significa una prueba nueva y ante los medios de comunicación explicó el motivo de por qué esa documentación salió a relucir recién.

Jarrín dijo que apenas hace dos semanas tuvo acceso a esa información que le fue entregada por “una fuente anónima” y por eso no la presentó durante la etapa preparatoria de juicio en noviembre pasado, sino la noche del jueves 27 de febrero.

Comentó que la prueba consiste en un CD, al cual incluso lo sometió a una pericia informática privada en Colombia.

Sostuvo que los resultados de la experticia demostrarían que el caso Sobornos se inició con información que no se encontraba en ninguna computadora, sino que fue obtenida a través de escuchas ilícitas y seguimientos por aparatos de inteligencia del actual Gobierno.

Señaló que la información fue creada en 2016 y que la última manipulación la hicieron en 2018.

Aclaró que esos datos fueron obtenidos de forma ilícita antes de la investigación, por lo tanto no deberían ser parte de la tesis que mantiene la Fiscalía.

Expuso que la única manera de extraer esa información es a través de instrumentos que manejan organismos de inteligencia y que son difíciles de acceder por parte de los ciudadanos comunes.

Ante el asombro de los presentes en un día más de la audiencia de juicio, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, solicitó al Tribunal que rechace el pedido pues, según él, atenta a la seguridad jurídica del proceso.

Criticó el origen del CD, pues no se sabe de dónde provendría y dijo que no se ha guardado ninguna cadena de custodia.

El Tribunal deliberó por 40 minutos. Al final su decisión fue rechazar la petición de Jarrín por “improcedente”. El juez principal, Iván León, dijo que el debate sobre la legalidad o la ilegalidad de una prueba debía hacerse en la etapa de instrucción fiscal, que es la fase de investigación y durante la audiencia preparatoria de juicio, en donde se analizan si existieron violaciones en la conducción de la investigación o diligencias.

Para Jarrín, la decisión del Tribunal atenta al derecho a la defensa de su cliente y mencionó que esa actitud demostraría que el expresidente es perseguido por el actual Gobierno.

Añadió que ha solicitado que al CD que presentó se le haga una pericia imparcial para que se le dé una oportunidad de saber la verdad, pues insistió que en 2018 se hicieron las últimas modificaciones a los documentos hallados por la Fiscalía sobre la contabilidad de los supuestos aportes a Alianza PAIS.

También solicitó al Tribunal que reciba como prueba nueva el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los fondos de Alianza PAIS usados para las campañas políticas en el gobierno de Correa. Ese documento concluye que no existieron anomalías en el uso de los recursos. Sin embargo, el Procurador también criticó este pedido.

Al final esta solicitud fue rechazada por los jueces, por lo que Jarrín no descartó acudir a instancias internacionales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La constante caída del precio internacional del barril del petróleo ha provocado que el Estado reciba menos ingresos por la venta de este mineral energético.

El WTI de referencia para el barril ecuatoriano, se cotizó el 19 de febrero en USD 53,29. Una semana después bajó a USD 48,71 y este jueves 27 de febrero siguió cayendo y registró un precio de USD 46,04.

La presencia del coronavirus propagado en China es uno de los factores que redujo la compra de crudo y provocó el desplome de su valor en el mercado. El Ecuador pierde cerca de USD 4 millones al día por esta causa.

El ministro de Energía, José Agusto Briones, está consciente de la difícil situación, pues el precio del petróleo ecuatoriano está muy por debajo de los USD 51 del presupuesto general del Estado.

Esta caída genera a la par que el indicador conocido como riesgo país vaya en aumento. El jueves 20 de febrero registró 1.152 puntos, este lunes subió a 1.328 y el martes llegó a los 1.404. Es por ello que el gobierno analiza medidas para mitigar el impacto de la caída del precio del crudo. Entre ellas, reducir el gasto público.

Por el momento, mientras se mantenga la emergencia sanitaria en China, el escenario no es positivo, debido a que el país asiático es uno de los mayores compradores de combustible en el mundo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano