Ocho universidades presentan en la Corte Constitucional una acción por incumplimiento a Ley de Educación Superior

 Ocho universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes de escasos recursos económicos, presentaron ante la Corte Constitucional, una demanda de acción por incumplimiento a los artículos 22 y 33 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

El grupo está integrado por las autoridades de la Universidad del Azuay, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, la Politécnica Salesiana, la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad UTE y la Técnica Particular de Loja.

Los rectores exigen el cumplimiento de la norma, pues consideran que existe una vulneración de los derechos constitucionales.

El artículo 22 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que la Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema, salvo en los casos previstos en esta ley. Mientras que el artículo 33 señala que el Ministerio de Finanzas dispondrá la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones del régimen público y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado, de conformidad con la ley.

Para las autoridades existen disposiciones claras que han sido inobservadas por parte del Ejecutivo y, en especial, por el Ministerio de Finanzas, por lo que exigen el cumplimiento de su contenido.

Señalan que no se puede retardar las asignaciones presupuestarias a las universidades porque son parte de un conjunto de garantías de los derechos sociales constitucionalmente establecidos, como es la educación y el acceso al que tienen derecho los estudiantes de escasos recursos económicos.

En su petición, los directivos indican que desde octubre de 2019 no han recibido las asignaciones y rentas que por disposición constitucional y legal les corresponde, por lo que solicitan la transferencia de las mismas.

Mencionan que una vez que se cumplieron los 40 días término que determina la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para que el requerimiento sea atendido por las autoridades se configura el incumplimiento de las obligaciones, a pesar de que se ha solicitado una respuesta del ministro de Economía, Richard Martínez.

También solicitan la participación del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, en este caso.

En tanto, el 4 de mayo, el representante de la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador (Feue), José Daniel Martínez, interpuso una acción de protección en contra del presidente de la República, Lenín Moreno, debido al recorte presupuestario a la educación superior.

La reducción del presupuesto de todas las universidades públicas y las cofinanciadas supera los USD 100 millones. Situación que generó la protesta de los universitarios.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) explicó que el recorte presupuestario a las universidades públicas del país será de un 10%.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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