Defensoría del Pueblo destituiría al ministro de Salud en 8 días si no transparenta información en su web

Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, emitió un dictamen, amparado en el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), el pasado 7 de mayo de 2020, donde exige al Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, el cumplimiento de esta normativa legal al Ministerio de Salud Pública (MSP), de manera inmediata, so pena de ser destituido.

Además, deberá publicar en el portal web institucional la información mínima requerida por transparencia activa, acorde al artículo 7 de la LOTAIP, y si es necesario se sancione a sus responsables.

Es de conocimiento público que hace 8 meses, el MSP no publica en su portal web la información de transparencia activa, donde no se encuentra la nómina de contratación pública, resultados de auditoría, pago de salarios, viáticos, etc.

Ante ello, la intervención del Defensor del Pueblo, que exige el cumplimiento del artículo 13 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y 7 de su reglamento general, a las instituciones que no difunden la información a través de los portales web, para que ejecuten los correctivos necesarios y de manera obligatoria, en el término de ocho días.

Las sanciones previstas en la Ley para las autoridades que incumplen estos dictámenes y la difusión de información institucional es la destitución del cargo y esta sanción será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora.

Carrión enfatizó que “a través de la transparencia, las y los ciudadanos ejercen el control social sobre las medidas implementadas, de manera que se genere la debida correlación entre la decisión tomada y los resultados esperados, sobre el fundamento de una información adecuada, oportuna, veraz y contextualizada”.

Desde septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo pidió al MSP cumplir esta obligación, actualizando y publicando esta información de transparencia activa. Esta falta de transparencia en la información del ministerio le ha signifi­cado una cali­ficación de 0% sobre 100%. Junto a eso está la falta de contestación a pedidos puntuales de acceso a información pública, realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.

“Frente a la crisis sanitaria por la COVID-19 que atraviesa el país, el ejercicio del derecho a la transparencia se convierte en un valor fundamental de gobierno abierto, lo cual demanda que las instituciones publiquen y transparenten la información, a ­n de promover los controles sociales necesarios para fortalecer los procesos democráticos y la toma de decisiones de las autoridades públicas”, enfatizó el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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