Daniel Mendoza: Colaboraré en todo lo que requieran las autoridades

El asambleísta Daniel Mendoza dijo que colaborará en todo lo que requieran las autoridades dentro de la investigación a una presunta red de corrupción en Manabí, por la cual, se detuvo a Jean Carlos Benavides, asesor del legislador oficialista.

En su cuenta de Twitter, Mendoza, quien preside la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, pido a las autoridades de justicia “que actúen con celeridad e independencia, para que se aclare lo ocurrido”.

La noche del 14 de mayo se realizaron 6 allanamientos en Manabí y hubo 9 personas detenidas y en este operativo se decomisó, en total, USD $1.694.720,80: USD $1.032.529,10 en cheques y USD $662.191,70 en efectivo.

Fiscalía continúa realizando diligencias, hasta que se disponga fecha y hora para la formulación de cargos.

Mendoza señaló que “la transparencia y el respeto al debido proceso son banderas de lucha que siempre defenderé, sin importar las circunstancias”. Debido a que cualquier pronunciamiento en su calidad de legislador podría malinterpretarse como una injerencia en la justicia, dijo que no se referirá más al tema mientras se desarrollen las diligencias.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno ecuatoriano amenaza con juicios penales contra la Defensoría del Pueblo

Este viernes 15 de mayo de 2020 representantes del Ministerio de Gobierno y la Cancillería amenazaron con juicios penales a las autoridades de la Defensoría del Pueblo durante una audiencia, denunció este viernes la institución.

«Representantes del Ministerio de Gobierno y Cancillería amenazan con juicios penales a la Defensoría del Pueblo y testigos/as durante audiencia de acción de protección en Unidad Judicial de Tránsito en Quito, para garantizar los derechos de ecuatorianos/as en el exterior», escribió la Defensoría en un tuit.

El Defensor del pueblo Freddy Carrión calificó de intolerable la situación: «Intolerable que los propios funcionarios públicos encargados de garantizar los derechos, intimiden o amenacen a quien está protegiendo justamente los derechos vulnerados» se lee en su cuenta personal de twitter.

Agregaron que denuncian el hostigamiento y la criminalización a defensores de los derechos humanos y piden la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 20 de abril, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra el gobierno ecuatoriano por la ineficiente política pública para el retorno de ciudadanos varados en el exterior y que vulnera su derecho a regresar al país. (C.D.A.)

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

9 detenidos y 6 allanamientos por presunta red de corrupción en Manabí

Seis allanamientos se ejecutaron la tarde de este jueves 14 de mayo en Pedernales, Portoviejo y Bolívar, cantones de Manabí, en los que se detuvieron a nueve personas, entre esas, a un asesor de un asambleísta. 

Según publicó en su cuenta de Twitter la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se decomisaron armas, esposas, dos sellos del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Prefectura de Manabí, así como una mochila con fajos de billetes. La Fiscalía añadió que también se confiscaron cheques.  

Romo agregó que estas diligencias podrían llevar “a descubrir una red de corrupción” en esta provincia. 

Fuente: Ecuavisa, República del Banano

Militar hondureño fue dado de baja por bailar en TikTok

El difundir un video en el que aparece bailando el tema Tra tra tra del cantante estadounidense Don Chezina vestido con la indumentaria militar le costó al hondureño Esdras Laínez su cargo. Por ello, el intérprete llevó su historia a Instagram con la esperanza de que el joven de 20 años recupere su trabajo.  Según informa la cadena internacional CNN, Laínez fue dado de baja el miércoles 13 de mayo del 2020. Esto luego de haber publicado el video en la red social TikTok. En las imágenes se lo ve bailando con su uniforme en el interior de la Secretaría de Defensa de Honduras.  De acuerdo con el medio, “la institución castrense emitió una circular en la que prohíbe a todos los oficiales publicar videos en la red social TikTok” y por ese motivo, Laínez perdió su puesto. Y aunque el comunicado emitido no se refiere directamente al uniformado, en declaraciones a la prensa, portavoces de la institución de defensa “revelaron que el video fue la razón de su despido” asegura CNN.  Además, los portavoces argumentaron que “el deber de los oficiales es nunca soltar un fusil asignado” y que la decisión es “irreversible”.  El ahora exmilitar se defendió en redes sociales diciendo que bailó para canalizar el estrés que le ha producido el confinamiento por la pandemia del covid-19. Honduras registra hasta este 14 de mayo del 2020 un total de  2 255 casos de coronavirus. Tras conocerse la noticia de que fue dado de baja por haber difundido el clip, diputados, celebridades y la ciudadanía decidieron apoyar a Laínez difundiendo en sus propias redes sus versiones del baile. Según CNN, algunas personas ya le han ofrecido empleo luego de haber condenado la expulsión. 

Fuente: El Comercio, República del Banano

Titular del IESS advierte la revisión de gerencias de hospitales

Jorge Wated, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), indicó que se está impulsado un esquema de control en todos los hospitales pues están manejando un presupuesto de USD240 millones con gente que no tiene el perfil: “Puede que tengan capacidad pero pueda que las acciones no muestren una buena gestión”.

Aunque afirmó que no puedo caer en la posición de señalar y anticipar en función de lo que está pasando, pero sí aseguró que revisará todas las actuaciones y los perfiles de quienes dirigen los hospitales de la seguridad social.

De ahí que anunció que se establecerá una estructura con directorios que permita controlar los gastos, eficiencia y transparencia en lo que se haga en la salud, además de realizar la trazabilidad en las adquisiciones para revisar el precio antes de comprarlo: “Porque que tenga recursos no quiere decir que se los pueda gastar”.

En ese contexto, afirmó que existe una negociación con el Estado para recibir el pago del 40% de las aportaciones: “Y vamos a buscar mecanismos de pago y que represente flujo al IESS para poder usar los recursos”.

De otro lado, rechazó que las empresas privadas se quieran aprovechar de la emergencia sanitaria para hacer un negocio con los respiradores o insumos necesarios para atender a la población contagiada e incluso criticó a las clínicas privadas que inflan los precios en su atención: “La salud no puede ser un negocio”.

Reconoció que la situación del IESS es compleja e incluso, dijo, que quienes se sientan en esa Institución no aterrizan en que cualquier decisión que se haga impactará a todos quienes aportan.

Por ello aseguró que desde que llegó a la entidad se ha dedicado a denunciar a la Fiscalía las irregularidades detectadas: “La Asamblea debería discutir una pena máxima para quienes en la mitad de una emergencia abusen de los fondos públicos”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Daniel Salcedo, quien es buscado por la Policía, sería una de las piezas claves dentro de la organización que controla los hospitales públicos

Una de las piezas claves en la estructura que maneja los hospitales públicos es Daniel Salcedo Bonilla, quien ahora es buscado por la justicia, dentro de las investigaciones por la reciente compra de bolsas para manejo de cadáveres con sobreprecio, en el hospital Los Ceibos de Guayaquil.

Se trata de un joven empresario de 24 años, quien sería uno de los principales nexos entre los centros hospitalarios y las empresas proveedores de medicamentos e insumos médicos.

A su corta edad, es accionista de 11 empresas dedicadas a distintas actividades como distribución de insumos médicos, alimentos, bebidas, restaurantes, importaciones, trámites aduaneros y equipos de comunicación, la mayoría creada en el año 2018.

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, en los últimos dos años sacó del país un millón 393.220 dólares, por lo que canceló 69.661 dólares por impuesto a la salida de divisas. De esos recursos, 784.780 dólares lo hizo como persona natural y 608.440 dólares como accionista de sus empresas.

Las compañías en las que es accionista son Paliye S.A., H.D.C. Producciones, Salnoedan Productions S.A., Importadora Sevmac, Sabupi S.A., Más Producciones Prodmas S. A., Ecap-Medic, S.A., Higcistem CIA LTDA, Mareworld Group CIA LTDA, e Industrias Saldanobo C.A., esta última en liquidación.

Según registros de la Superintendencia de Compañías, en la empresa Sabupi, dedicada a actividades gastronómicas, otro accionista y, además, gerente es Michel Abdalá Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Salcedo sería quien gestiona las adquisiciones y la designación de funcionarios claves en los hospitales, especialmente en las áreas financiera y de compras públicas, personal que rotaría estratégicamente en los centros hospitalarios y en otras entidades públicas.

Según fuentes policiales, Nury Paredes sería una de las personas de confianza de Salcedo, quien actualmente es funcionaria del Hospital del Guasmo Sur.

Desde junio de 2017 registra funciones de cortos periodos como asesora de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL (21 de junio hasta 07 de septiembre 2017), Jefe de la Unidad de Tesorería del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (01 de noviembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018), Directora de Capitales y Servicios Administrativos del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (25 de septiembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019), Analista de servicios institucionales de la Secretaría de Gestión de Riesgos (01 hasta el 30 de abril de 2019), Jefe de la Unidad de Contratación Pública del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (16 de mayo hasta 30 de julio de 2019) y analista administrativa del Hospital del Guasmo Sur (01 de octubre de 2019 hasta la actualidad).

El coronel Dorian Calderón, comandante de la Subdirección Nacional de Investigaciones contra el Delito de Derecho a la Propiedad, explica que a más de Daniel Salcedo, existen órdenes de detención en contra de al menos otros 4 sospechosos.

David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), revela que empresas vinculadas entre sí, simulan participar en los procesos de adquisición, en complicidad de funcionarios de los hospitales.

Aprovechándose de la crisis sanitaria, esas empresas se ponen de acuerdo para subir los precios de los insumos médicos, señala Rosero, quien pide a la Fiscalía acelerar la investigación de los últimos casos denunciados.

Entre las últimas denuncias investigadas, en los hospitales Los Ceibos del IESS, y del Guasmo Sur, en Guayaquil, se adquirieron bolsas para el manejo de cadáveres en 148,50 dólares por unidad, cuando otros proveedores distribuyen a 12 dólares.

Otro caso fue el de la fallida compra por parte del IESS de mascarillas N95 a un costo de 12 dólares por unidad, cuando el producto cuesta 3,90 dólares, en un contrato por 10 millones de dólares.

La Comisión Nacional Anticorrupción denunció la existencia de una mafia que controla los hospitales de Guayaquil, y que es liderada por la familia del expresidente Bucaram.

Jorge Rodríguez, excoordinador de la comisión explica que, por pagos políticos especialmente en la Asamblea, el Gobierno ha entregado la administración de hospitales del IESS y del ministerio de Salud a grupos políticos, quienes designan gerentes y funcionarios jerárquicos de su confianza para controlar los procesos de adquisición.

Rodríguez calcula que en los últimos 3 años el Estado ha perdido al menos 100 millones de dólares por sobreprecios en la compra de medicinas y equipos hospitalarios.

La Comisión presentó hace varios meses una denuncia ante la Fiscalía y solicitó que se investiguen los movimientos financieros no solo de los dirigentes políticos que controlarían los hospitales, sino de sus círculos familiares. Sin embargo, asegura que las investigaciones no prosperaron.

Luego de un mes de haberse posesionado como presidente de la República, Lenín Moreno recibió el 28 de junio de 2017, en el Palacio de Gobierno, a Dalo Bucaram y otros dirigentes del Partido Roldosista.

Pocas semanas después, el 02 de agosto del mismo año, el entonces vicepresidente Jorge Glass, denunció que el presidente Moreno le había retirado sus funciones por pedido del ex presidente Bucaram.

Asimismo, Glas advirtió que el Gobierno le había entregado a la familia Bucaram el control de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL.

Sobre las recientes y numerosas denuncias de sobreprecios en centros hospitalarios, en medio de la emergencia por el Covid-19, la Fiscalía realizó varios allanamientos y detuvo a cuatro personas que desempeñaban funciones administrativas menores.

Mientras que las personas consideradas como cabecillas, por la Comisión Nacional Anticorrupción, no han sido ni siquiera llamadas a declarar por la Fiscalía.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

57 casos de COVID -19 ya se registran entre las comunidades indígenas de la Amazonía

A través de su cuenta de Twitter, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), informó que ya se registran 57 casos confirmados de coronavirus entres sus comunidades.

De ese número de contagiados, 15 son Siekopai (Sucumbíos); 15 Kichwas (Santa Clara – Pastaza); 24 Kichwas (Napo);  2 (Achuar – Pastaza); y 1 (Shuar – Zamora).

Días atrás, en una rueda de prensa virtual, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, expuso la supuesta falta de atención por parte del Ejecutivo a las comunidades indígenas.

En esa ocasión, la dirigencia ya expuso del registro de casos de COVID-19 en las provincias amazónicas; como en otros puntos de la Sierra. Solo hasta el 11 de mayo ya existían 47 casos confirmados con la enfermedad en la Amazonía

Marlon Vargas, titular de la Confeniae, aseveró que, además del coronavirus, los habitantes de la Amazonía afrontan otras enfermedades como el dengue y problemas con las inundaciones.

A los dirigentes indígenas  también les preocupa la falta de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 en sus comunidades.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano