Grupo familiar obtuvo 46 contratos por $7,7 millones en los hospitales del IESS

Algo más de $7,7 millones en 46 contratos han recibido cinco miembros de la familia Llerena-Candela de los hospitales del IESS del país, según una revisión que hizo este Diario a las adjudicaciones dadas entre 2012-2019 y publicadas en el portal web del Servicio de Contratación Pública (Sercop).

Ahí constan los contratistas José Luis Llerena Candela, su hermana María Gabriela, su tío Francisco Llerena Alvarado, la esposa de este, María Lorena Erazo Tortorella, y la hermana de esta, María Mercedes Erazo.

Del grupo, las que más contratos registran son las hermanas Erazo Tortorella, con 43 adjudicaciones del IESS, que suman cerca de $3,2 millones.

Esta cifra no incluye los hospitales del Ministerio de Salud Pública, donde ambas han recibido contratos desde hace una década por cerca de $1 millón. Tampoco incluye los doce contratos dentro de la actual emergencia por COVID-19, dados por el hospital General de Manta del IESS por casi $300 000.

“No autorizo que publique esta conversación”, dijo María Lorena Erazo a este Diario, que se contactó con ella el lunes para confirmar los datos del Sercop y también por un expediente que en el 2018 le inició la Agencia de Control Sanitario (Arcsa) por comercializar productos sin registro de salud.

María Lorena Erazo había explicado cómo se dio su participación en los contratos, pero cuando se le consultó por su relación familiar con María Gabriela Llerena Candela, exesposa de Jacobo Bucaram, cerró la llamada telefónica.https://4ca0b925a0aa50d59b8a505739c6352d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

María Gabriela Llerena, de 33 años, estuvo casada dos años, entre el 2018 y 2019, con Jacobo Bucaram Pulley, hermano del exasambleísta Dalo Bucaram, del movimiento Fuerza Ecuador, antes Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Funcionarios del IESS, médicos o administrativos identificaron a este movimiento político, al oficialismo Alianza PAIS y a otros afines como los que han intervenido en las contrataciones de los hospitales del IESS, en especial el Teodoro Maldonado Carbo. La mayor injerencia, dicen, se habría dado en el 2018, cuando asumió el cargo de gerente del hospital Luis Jairala Zunino.

“¿A usted no le parece raro que si se hace público que un servidor hace estas cosas no lo hayan botado?, yo sigo operando”, indicó Jairala Zunino y negó que su permanencia en el cargo se deba a influencias políticas. “A mí me han dicho que soy de Alianza PAIS, del partido de Jimmy Jairala, soy del PRE, soy de todas partes y no soy de nadie”, dice el exgerente y actual médico.

Jacobo Bucaram no aceptó una solicitud de entrevista. En octubre del año pasado sí acudió a un portal de entrevistas donde abordó este tema y atribuyó las acusaciones a lo que llamó “linchamiento mediático” contra su familia. También negó tener personas cercanas en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

“Cercano a mí, no. Estuvo el doctor Luis Jairala, que era cercano a la familia, primo hermano de Jimmy Jairala, y tenía alguna relación de amistad con nosotros. Pero así como él tengo diez mil amigos en instituciones públicas”, dijo Jacobo.

Dalo Bucaram, en cambio, sí atendió una entrevista que él también grabó, pero luego no aceptó la publicación. Una semana antes había rechazado en su cuenta de Twitter acusaciones respecto de que su familia controle entidades públicas.

No escondo nada, el delincuente de Correa ha dicho de todo, que manejamos CNEL, CNT, IESS, Aduana, Contraloría, etc., pero jamás presenta una sola prueba, este pillo solo difama a sus enemigos”, señaló Dalo Bucaram, en redes sociales.

María Gabriela Llerena recibió un contrato del Hospital Teodoro Maldonado Carbo por $55 000 para proveerlo de 24 000 metros de tela de los colores verde, plomo, amarillo y blanco, en agosto del 2014. Llerena ganó, pese a que su oferta no era la más baja. Esto, debido a que el hospital la eligió por ser microempresaria, con base en un pedido del Sercop de suspender el proceso anterior –en el que ella no participó– para dar oportunidad a que la industria nacional participe y ofrezca telas para uniformes.

Cuatro meses antes, en abril de 2014, Llerena resultó adjudicada para la compra de cepillos quirúrgicos para el área de urgencias del HTMC por $29 759. Pero un mes después fue declarado desierto el proceso porque, entre otras cosas, no presentó el certificado de distribución, tampoco el certificado de buenas prácticas y manufacturas ni el registro sanitario del producto.https://public.tableau.com/views/Los_grandes_contratistas_del_IESS_Grupo_Llerena/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F&:embed_code_version=3&:tabs=no&:toolbar=yes&:animate_transition=yes&:display_static_image=no&:display_spinner=no&:display_overlay=yes&:display_count=yes&publish=yes&:loadOrderID=0

Los contratos que recibieron las hermanas Erazo Tortorella del IESS, en cambio, se dieron para la “compra de insumos médicos de uso general” en los hospitales del Seguro Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil, y de Manta, Santo Domingo, El Triunfo, Cuenca y Quito.

Con el mismo objeto, compra de insumos que se utilizan en enfermería, fue contratado José Luis Llerena para el HTMC por $782 000 en julio del 2018. La Comisión Anticorrupción señaló que el costo real de estos insumos era de $387 122 y el sobreprecio llegaba al 98 %.

Llerena debía proveer al hospital de tres tipos de materiales de curación: agua oxigenada, alcohol y tintura de benjuí. Al comparar los precios unitarios ofertados por Llerena con los de otro contrato, incluso con los costos en farmacias, se constató un sobreprecio del 282 %, por ejemplo, en el litro de tintura de benjuí, que sirve para proteger la piel de los enfermos que están hospitalizados. Llerena ofreció, según el proceso, $34,4 por esta sustancia, cuando en un contrato anterior el mismo hospital pagó $9.

Sobre Llerena pesa una investigación por peculado que la Fiscalía del Guayas inició hace casi un año. En la misma indagación constan como sospechosos los proveedores Rosa García Lucas, Roswin Angulo Jeremías, David Cevallos Fonseca y el entonces gerente del HTMC, Luis Jairala Zunino.

“Los números son cifras exactas, y si hay un precio techo, ¿dónde está el peculado?”, responde Jairala, quien dirigió el Hospital Teodoro Maldonado Carbo desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019, luego pasó al Hospital General del Norte de Guayaquil Ceibos.

En la actual emergencia por el COVID-19, María Mercedes Erazo ha recibido doce contratos, todos provienen del Hospital General de Manta (Manabí).

En total $297 000 para la compra de válvulas respiratorias descartables para ventilador, catéter para aspiración de secreciones, gafas para protección de luz halógena, mascarillas de oxígeno para niños y termómetros digitales descartables. Este último producto se ofertó en $5,25 el precio unitario, valor similar en que lo venden las farmacias al público. El monto del contrato es de $105 000 por 20 000 termómetros, según los registros de Contratación Pública.

Empleado que gana $ 700 tiene nexos con contratistas del IESS que recibieron $ 10,9 millones

“Disculpe, no le entendí. ¿Que alguien que trabaja en Alfaredes ha recibido contratos en los hospitales?”, responde Mario Asán Torres cuando se le pregunta por Raúl Peña Triviño, empleado de esa compañía y quien figura, junto a familiares y empresas relacionadas, como contratista del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) por unos $ 10,3 millones.

Triviño, de 27 años, trabaja desde agosto del 2012 para Alfaredes S.A., empresa de Mario Asán, hijo del alcalde de Milagro, Francisco Asán Wonsang, quien aseguró que la compañía de su hijo no tiene ninguna responsabilidad sobre las actividades de sus empleados. “El trabajador le ha contado a mi hijo que hace tres años le propusieron como actividad personal hacer esos contratos y parece que lo hizo sin que mi hijo se enterara”, explicó.

A los 19 años empezó como digitador, pero hoy Triviño es el jefe de Recursos Humanos en Alfaredes, empresa que se dedica a la construcción de calles y carreteras y en la que trabajan unas 80 personas.

Por si acaso, Alfaredes no es una compañía familiar, es mía”, asegura Mario Asán, hijo del alcalde de Milagro.

Asán agrega que su padre figuró en la nómina de accionistas o socios hace 10 años. Según los registros, el alcalde fue propietario hasta diciembre del 2012.

Mediante el mecanismo de convenios de pago, es decir contratación directa y reservada, pues los procesos no se subieron al portal web de Contratación Pública, Raúl Peña recibió, en enero del 2018, las autorizaciones para ofrecer medicinas al HTMC, durante la gestión de Luis Jairala Zunino, gerente que dirigió el hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil desde noviembre del 2017 hasta enero del 2019.

Jairala asumió ese cargo a pedido directo del presidente del consejo directivo del IESS, Richard Espinosa. “Fue un encargo, me dijo: tú puedes ayudar en esta cuestión”, contó al recalcar que los convenios estaban acompañados de procesos de subasta inversa, donde los proveedores pujaban por el menor precio para ser contratados.

“Yo me senté el 4 de noviembre (en el puesto de gerente), las compras fueron hechas en enero y nunca más se hicieron”, aseguró Jairala, quien ha trabajado como neurocirujano en los hospitales Guayaquil (Abel Gilbert Pontón) del Ministerio de Salud, del 2004 al 2012; Teodoro Maldonado desde 2013 y en el General Ceibos del IESS en el 2017. También ha sido subdirector médico en la regional 5 y 8 del IESS.https://public.tableau.com/views/LosgrandescontratistasdelIESSGrupoMilagro/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F&:embed_code_version=3&:tabs=no&:toolbar=yes&:animate_transition=yes&:display_static_image=no&:display_spinner=no&:display_overlay=yes&:display_count=yes&publish=yes&:loadOrderID=1

Para ganar los convenios, el grupo de proveedores ligados a Triviño captaban todas las ofertas, de tal manera que el elegido sea un allegado. Así, Triviño presentaba ofertas de manera personal y a nombre de su negocio Peña Farmacéuticos, también concursaba su esposa Judith Andrade Ochoa y su hermana Sunny Peña, accionista de Laboratorios Romayual.

Y había ocasiones en que ganaban todos. Esto ocurrió con un convenio de pago para la compra de 60 mil dosis de Linezolid sólido oral, para tratar a pacientes con tuberculosis multirresistente. En las bodegas había Linezolid para dos meses, lo cual -señala la Contraloría- permitía hacer la compra mediante los procesos públicos normales y no ameritaba una emergencia.

Sin embargo se compró 51 mil dosis en excesoLa compra de 60 mil dosis se dividieron entre cuatro proveedores, todos ligados a Triviño: Peña Farmacéuticos recibió $ 298.320; Laboratorios Romayual $ 700.079; Distribuciones Almun, representado por Alicia Muñoz Agila, entonces accionista de Romayual y hoy su contadora, obtuvo $ 999.899; y Danifarmajas, ligada a este grupo, recibió $ 999.899.

“A mí sí me adjudicaron unos contratos en el 2018, si mal no recuerdo por un asunto de unas medicinas; fue despachado, fue cancelado como era debido y de ahí no he tenido la oportunidad de vender más. Eso es todo”, dijo Alicia Muñoz Agila, quien no reveló los nombres de los dueños verdaderos de Laboratorios Romayual, una firma que hace una década, a mediados del 2010, fue cuestionada por vender productos con sobreprecio al hospital Abel Gilbert Pontón.

Por un taladro de percusión de 1/2 HP, que en el mercado costaba hace una década $ 96, se le pagó a Romayual $ 954, mientras que por un amperímetro pequeño para medir el consumo de energía, que en aquella época costaba $ 60, se canceló a este laboratorio $ 970, según las facturas del mismo hospital Guayaquil.

Romayual pertenece a unos clientes que yo conocí hace años, y ellos me indicaron de participar en estos procesos (del IESS), nosotros mandamos proformas y gracias a Dios salimos adjudicados como Romayual”, dijo Muñoz Agila.

Ágila, cuyo padre, Víctor Muñoz Riofrío, también contador, consta como socio mayoritario de este Laboratorio. “Soy un contador público que trabaja para la empresa privada, hable con Sunny (Peña), ella le puede explicar todo”, dijo Víctor Muñoz, de 70 años.

Raúl Peña Triviño no responde en el número celular que proporcionó Mario Asán, su jefe en la empresa Alfaredes. Sin embargo, la contadora de Romayual, Alicia Muñoz dijo que a los Peña Triviño -Raúl y Sunny- se los ha encontrado entregando mercadería en el Teodoro Maldonado Carbo.

En ese mismo hospital, Judith Andrade, esposa de Raúl Peña, recibió una orden de pago por $ 555.048 por 3600 dosis de Eritropoyetina, para aumentar los glóbulos rojos de pacientes con anemia. El sobreprecio determinado por la Contraloría llegó a 1.384%.

Diferencias en el costo de las camas hospitalarias

Diario EL UNIVERSO accedió a un catálogo de camas hospitalarias para el año 2020. Corresponden a la marca Linet, que ya ha adquirido el Instituto de Seguridad Social (IESS) para sus hospitales. El modelo Eleganza, con procedencia de la República Checa, cuesta $6750 puesta en el país de destino.

Sin embargo, en los últimos años, los hospitales del IESS han comprado camas más caras. Es lo que resulta del análisis de los contratos de camas en los procesos de subastas que hizo este Diario desde enero de 2013 hasta noviembre del año pasado, con base en la información del Servicio de Contratación Pública.

Para este tipo de procesos se suelen realizar estudios con los precios referenciales, que deben constar en los pliegos a los que acceden los interesados.

Se analizaron procesos correspondientes a los últimos siete años. Se adquirieron productos con características similares: camas hospitalarias eléctricas, reclinables, de 220 por 95 cm, con colchón, garantía de al menos un año y servicio técnico. El proveedor ganador siempre ofertó el costo contemplado en los pliegos y la negociación de puja fue la rebaja del 5 % sobre el monto para ganar el contrato.

En noviembre de 2013, la matriz del IESS inició un proceso para comprar 139 camas para el Hospital de Ambato y fijó un precio unitario de $8070. Ese monto es $1320 más alto que el del catálogo del año 2020.

La razón para este precio habría sido porque incluían una mesa y un velador. El concurso comprendía también otras camas con accesorios para traumatología, cunas y camas pediátricas.

Un año después, la dirección provincial de Manabí inició un concurso parecido para el Hospital de Portoviejo. Esta vez eran solo 62 camas y un sistema de oruga. No fijó precio unitario, pero aún sin contar con el costo del sistema de oruga, si se divide el monto total del contrato por el número de camas, el precio sería $7246,77.

Es decir, un año después una cama hospitalaria costaba $820 menos. El precio de un velador y una mesa no compensa la diferencia, señaló un médico consultado por este Diario. En 139 camas es más de $100 000 solamente en ese rubro.

En julio de 2015, en cambio, el Hospital de Manta llamó también a concurso, esta vez solo 24 camas y el precio unitario de los pliegos fue de $7821, más caras que las de Portoviejo.

Fuente: El Universo, República del Banano

Gobierno anuncia el cambio de reglas para arribo aéreo de pasajeros

El ministra de Gobierno, María Paula Romo y el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia informaron sobre las acciones y decisiones del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

Sobre la llegada de pasajeros a Ecuador, Valencia señaló que se decidió que a su ingreso se les tomará una prueba rápida y si dan positivo se aplicarán pruebas más especializadas. Además, el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) se mantiene.

Valencia informó que el Protocolo sigue parámetros técnicos y sanitarios que se aplica a nivel internacional. Una persona, antes de viajar a Ecuador, deberá hacerse una prueba PCR en el exterior máximo 72 horas antes de abordar el vuelo, al llegar al país, nuevamente la persona será analizada y estudiada por las autoridades del Ecuador y tendrá que hacer el APO.

Mientras se aplica este nuevo protocolo, se había previsto que para los próximos cinco días se sometan a una prueba rápida al llegar y, si el resultado salía positivo, que se le haga una PCR. Se decidió prorrogar el plazo de vigencia del nuevo protocolo, hasta que el nuevo método de PCR previo entre en rigor. “El Ministerio de Salud está trabajando en esto”, agregó Valencia.

Romo informó sobre los cambios de semáforo en cantones. Pasan a amarillo: Daule, El Triunfo y Samborondón en Guayas, El Pan, Paute y Sevilla de Oro en Azuay, Paulo Sexto, Palora y Santiago de Méndez en Morona Santiago, Chinchipe en Zamora Chinchipe, Calvas y Loja en Loja y, esta semana se unen: Guayaquil en Guayas y Lago Agrio en Sucumbíos.

En tanto, Aguarico en Orellana se convierte en el primer cantón que pasará a verde.

Fuente: El Universo, República del Banano

La Prefecta Paola Pabón advierte nueva persecución en su contra.

Mediante su cuenta de Twitter la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, emitió un comunicado alertando sobre la nueva persecución de la que sería objeto, esta vez bajo la sospecha de reuniones clandestinas para desestabilizar al gobierno. El medio digital EcuadorPlay, emitió una noticia bajo el titular: “¿Se estaría orquestando un posible Golpe de Estado desde la Prefectura de Pichincha?”

Paola Pabón sostiene que es víctima de un nuevo intento de amedrentamiento, mientras dedica toda su trabajo y gestión a la atención de la crisis sanitaria en la provincia. Denuncia que, existen vehículos de la Policía Judicial que toman fotografías a la entrada de su domicilio en estos días.

Para desvirtuar tales acusaciones, a las que califica de mal intencionadas, ha emitido dos oficios, uno de ellos solicitando al Hotel Wyndgam una copia de los vídeos de la fecha en que aducen que ocurrió la reunión, y otro oficio dirigido a Edmundo Moncayo, Director General de SNAI, solicitando los datos de georreferenciación de su dispositivo de vigilancia electrónico para desvirtuar tales afirmaciones.

Desde las manifestaciones de octubre pasado es notorio que el gobierno de Lenin Moreno ha usado diversos medios para cohesionar e intimidar a sus detractores políticos, especialmente a quienes se han mantenido alineados con el ex presidente Rafael Correa. El uso discrecional de la justicia ha sido tan notorio que, mientras a la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri no la investigan por la paralización del aeropuerto internacional J.J. de Olmedo poniendo en peligro un vuelo humanitario, a la prefecta de Pichincha ya le están enrolando en otras fantasías conspiratorias.

 

 

Jueza que condenó a Correa deja en libertad a Ocles

Niegan solicitud de prisión preventiva para Alexandra Ocles. Jueza no acogió la solicitud de fiscalia.

Fuente: Ecuador al instante, República del Banano

Fiscalía solicitó prisión preventiva para Alexandra Ocles, extitular de Riesgos

Esta mañana se instaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso de sobreprecio de kits alimentos.

Fuente: Ecuador al instante, República del Banano

Artículo de Opinión: Diario de corrupción en tiempos de Pandemia

Hasta la fecha actual, aún no hemos sido testigos de la captura o enjuiciamiento de los autores de las obscenas e implacables noticias de corrupción por los indecentes sobreprecios de insumos médicos, u otros, en plena emergencia sanitaria, que han acaparado los titulares y las redes sociales.

Todo comenzó el 22 de marzo de 2020 cuando se conoció el 1er caso fallido de sobreprecios en las ya famosas mascarillas N-95, el contrato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la adquisición de insumos médicos valoró el precio unitario de cada mascarilla en $12, cuando en el mercado se vende en $3,90, autorizando así, una compra valorada en $ 10 millones, en favor de la empresa Almantop S. A y firmado por Ángel Loja Llanos, ex-director general de la institución,

Para el 3 de mayo salta la noticia en el Hospital Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde registraron sobreprecios, según el contrato, se preveía adquirir 4000 bolsas para cadáveres por un valor de $148,50 por unidad, en vez de $12 como precio mínimo del mercado, por lo que su valor total ascendería a $594 000.

6 de mayo, otros caso del horror, El hospital Guasmo Sur aceptó pagar $ 88.166,40 por un primer contrato y $ 18.816,00 por el segundo en la adquisición de fundas para cadáveres con sobreprecios. También y como si todo esto no bastara,  se añade a la lista, entre el  17 de marzo y el 4 de mayo: el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y el de Especialidades Eugenio Espejo, de Quito así como el Provincial Luis G. Dávila, de Tulcán. Cada caso, inflando los precios en dispositivos, insumos médicos y medicamentos.

Y la pregunta es: ¿quién asume estos pagos? La respuesta obvia, el erario público, es decir que, todo estos casos de horror y sinvergüencería serían extraídos de las arcas de la salud pública para su pago y dejar al presupuesto sanitario más raquítico, si cabe, después de la degradación que el gobierno central realizó, hacía ya varios meses, con un recorte de más del 60% de su presupuesto.

Y ¿qué respuesta da el gobierno?, bien, El Presidente Moreno a través de su cuenta de twitter ha expresado que “debemos ser implacables contra la corrupción. Hace pocos días dije que la guerra contra la corrupción tenía que endurecerse ¡caiga quien caiga! #ManoFirme  Por su lado, el ex  presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, en su momento indicó que, tras la publicación del sobreprecio en redes sociales, paralizó dichos contratos y removió a todos los funcionarios involucrados en dicha compra. Así mismo, la fiscalía ha informado que investiga el delito de peculado para estas causas. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ni juicio ni condenado,  ni responsabilidades políticas claras y definidas a esa guerra contra la corrupción que ha enarbolado el Presidente Lenín Moreno y, como señalan varios medios, el responsable podría ser una presunta banda mafiosa liderada por la Familia Bucaram, En todo caso, las personas involucradas con estos contratos del expolio, están siendo removidos en sus cargos pero sin responsabilidad penal, ni política.

1 de abril de 2020: La cereza en el pastel es el último caso, Alexandra Ocles y los kits alimenticios: esta vez no son los insumos médicos, es la comida para la población más vulnerable.

El contrato de adquisición de los 7000 kits alimenticios que realizó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, encabezado por Alexandra Ocles, para las personas afectadas por la pandemia COVID-19, ascendió a $ 1,1 millones pero el equipo auditor de la Contraloría indicó que dicho contrato tenía que ser de $706 790 y este requisito no se cumplió y fue por dos razones : Primero: Porque existe una diferencia de $389 620 entre el valor unitario de cada kit contratado ($ 150,82), y el costo de Kit unitario de mercado de $ 95.16″. Segundo: el contratista incluyó el valor del IVA a todos los productos de cada kit. Sin tomar en cuenta que, solo 8 de los 18 ítems graban IVA, lo que aumentó un valor de $ 86.049,60. Por tanto, estas variaciones aumentaron el valor del kit en “más de $ 475 638,80 lo que representan un 40,23% más en relación al valor total que debió haber tenido el contrato. La Contraloría, también añade serias anomalías en la empresa contratante e indicaron la falta de rigurosidad por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos al no haber tomado en cuenta otras ofertas más económicas y otros proveedores con mejor logística.

Estos y otros infames casos de expolio, en medio de esta crisis sanitaria que ha dejado miles de personas muertas a lo largo y ancho del  Ecuador, deben ser considerados actos criminales y atentado a la salud pública. NO obstante, mientras no se investigue y no se rindan responsabilidades, se considerará desde una perspectiva ciudadana, el consentimiento cómplice de actos de corrupción, a las autoridades del estado ecuatoriano.

Gabriela Padilla, República del Banano

Fuentes:

Universidades advierten acciones legales internacionales contra el Estado ecuatoriano por recorte de presupuesto

Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador, advirtió que esas Instituciones continuarán con acciones legales incluso a nivel internacional para impedir el recorte del 10% de su presupuesto por parte del Gobierno: “Se están vulnerando la Constitución”.

El titular de la Universidad de Ambato mostró preocupación frente a las declaraciones del ministro de Finanzas, Richard Martínez, que pese al pronunciamiento de la Corte Constitucional destacó que el recorte va porque va.

“Los jueces determinaron que se podía generar un daño al derecho a la educación, al trabajo, a la autonomía universitaria y seguridad jurídica. Fue sorpresivo lo que ocurrió ayer cuando se dice que el recorte va porque va, violentando la decisión de la CC”.

En ese contexto indicó que esto afectará a los docentes que tienen contratos ocasionales y que representan entre el 40% y 60% de la plantilla: “No entendemos que está ocurriendo porque todos los países confían en la educación como el eje transformador de cualquier realidad (…) para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Criticó que el Gobierno ni siquiera haya promovido el dialogo para encontrar alternativas pues las Instituciones ya han realizado ajustes a sus presupuestos: “En las Universidades hemos declarado un régimen de austeridad sabiendo que tenemos que colaborar con el país y que este es un momento de unidad para salvar a la población más pobre y más necesitada”.

Pese a ello, Naranjo manifestó que aún están dispuestos a dialogar pero reiteró que frente a un interlocutor que no quiere escuchar los rectores seguirán luchando de manera inclaudicable: “Porque este derecho no se puede afectar, no vamos a permitir el recorte a la educación en general”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Caso Kits Alimenticios: Inicia audiencia de formulación de cargos contra Alexandra Ocles

Este lunes 18 de mayo de 2020 se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de la exsecretaria Nación de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y otras 4 personas más por presunto tráfico de influencias.

Ocles es investigada por el presunto sobreprecio en la compra de 7.000 kits alimenticios para ser entregados durante la emergencia sanitaria. La denuncia provocó la salida de Ocles, el pasado 11 de mayo.

Por este caso, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió un informe con indicios de responsabilidad penal del examen especial que realizó sobre esta compra, donde se establece al menos 9 irregularidades en esta contratación.

La Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR) registró un contrato, con fecha del 01 de abril, por USD $1.055.740 más IVA para la adquisición de 7.000 kits alimenticios que iban a ser entregados en sectores vulnerables del país. La entidad pagó USD $150,82, sin IVA, por cada canasta, pero el valor aproximado en el mercado de todos los productos es de USD $86.

Daniella Camacho es la jueza a cargo de la diligencia que se cumple en la Corte Nacional de Justicia en Quito. La Fiscalía presenta los argumentos para formular cargos por presunto tráfico de influencias, que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), es penado con cárcel de tres a cinco años.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ley de Apoyo Humanitario, deja sin beca a posgradistas subvencionados en el precario sistema sanitario del Ecuador

La polémica ley de apoyo humanitario, conocido como ley de apoyo inhumano en Twitter, aprobada por la asamblea nacional del Ecuador, el pasado 15 de mayo, además de legalizar la precarización laboral también ha dejado sin beca a posgradistas del área de la salud.

Según el portavoz de posgradistas becados afectados Dr. Yair, de Guayaquil, una de las interpretaciones a la ley, sería la perdida de la beca semestral y anual, que tienen actualmente, y que fue ganada por concurso de méritos y oposición, aprobada y concedida en el 2019, y pasar a cobrar un salario como funcionarios públicos en el rango SP7, esto les obligaría a pagar de sus propios ingresos la colegiatura, la misma que tiene un costo de $700 mensual y se les descontaría el pago de la seguridad social, siendo por tanto, mermada considerablemente su ya escuálida mensualidad y duplicadas sus responsabilidades, al verse obligados a responder como médicos en funciones hospitalarias, ( Ley de apoyo Humanitario, “contrato de médicos Art.8 ) y estudiantes de postgrado.

A esto se añade que, esta ley en su Art. 8 es confusa al igualar posgradistas autofinanciados con posgradistas becados, sin hacer su adecuada distinción  dejando ambas  figuras, como médicos en funciones hospitalarias en formación SP7, por el tiempo que dure sus estudios de posgrado, provocando graves problemas a las becarias/becarios de otras provincias para cubrir el pago de sus necesidades básicas y compatibilizar la actividad académica con la laboral. En esa línea, también, nos indica el portavoz que,  ve con preocupación dicho cambio, al no saber si serán  sometidos al mando de la jefatura del centro de salud, pudiendo ser desplazados de su centro base, suscrito en el contrato de beca, a otros centros de la red pública. Otro tanto sucede con los horarios, según su portavoz, esta ley no especifica y deja a los sanitarios de posgrado-Becado en el “limbo al no saber si existe un acuerdo bilateral, entre el MSP y la universidad especificando que no somos mano de obra del Ministerio de Salud Pública sino estudiantes universitarios que tenemos que cumplir una carga horaria. Y temo que nuestro tiempo de estudio se vea desplazado a los fines de semana”

Por otro lado, los posgradistas autofinanciados, en su página de Facebook aplaude esta nueva ley que, en el titulo MEDIDAS SOLIDARIAS PARA EL BIENESTAR SOCIAL Y LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, DISPOSICIONES Y OTROS TEMAS: Contratos Médicos, indican que, los médicos que, durante la emergencia de Covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus respectivas redes complementarias, por el tiempo que dure sus estudios de posgrado, percibirán la remuneración de la Categoría de Médico General en Funciones Hospitalaria.

Cabe indicar que en el caso de los posgradista autofinanciados, esta normativa en algo les beneficia ya que eran ellos quienes se financiaban sus estudios. Mientras que, en el caso de posgradistas becados esta normativa llega a perjudicar notablemente su situación ya que la Beca era quien financiaba sus estudios al no contar con recursos privados.

En cualquier caso lejos de mejorar la situación laboral, en ambos casos, en el área de la salud, la precarización se agudiza aún más, aunque se intente dividir otorgando medidas paliativas para una sanidad enferma crónica desde hace décadas y que por un breve y fugaz momento despertó, para volver a su cómo artificial, inducido por las malas prácticas económicas actuales y su falta de respeto a la máxima autoridad que rige en el país, la Constitución Ecuatoriana y a la propia Ley Orgánica de Salud, donde señala una atención integral y de calidad, la misma que en el caso de los posgradista dista mucho de esta realidad.

Recordemos que, en la Constitución Ecuatoriana, en la Sección quinta, Educación,  Art. 26 C.E. La educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Garantizando la igualdad e inclusión social. Art. 28 C.E.La educación responderá al interés público. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. La educación pública será gratuita. Art. 165 C.E. Durante el estado de excepción el Presidente de la República en relación a los fondos público podrá disponer de ellos para otros fines excepto los correspondientes a salud y educación. Art. 347 C.E. Será responsabilidad del Estado: […]1. Asegurar el mejoramiento permanente de la calidad de la educación pública.

Que el Art. 286, en su párrafo segundo indica “Los egresos permanentes para salud, EDUCACIÓN y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes.”

LEY ORGANICA DE SALUD

TITULO PRELIMINAR CAPITULO I

Del derecho a la salud y su protección

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

  1. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares.

 

Gabriela Padilla, República del Banano

Vuesa merced Lenín Moreno ”la gente ya está harta”. Conozca por qué

Conozca por qué

Miren bien lo que dicen, que solo de ello debemos ser esclavos. 

Los hombres no son de paja ni las mujeres de telas, finas, elegantes. Y déjenme explicar. Somos niños que, bajo una máscara, no podemos salir de casa, esa es la ley del padre quien no puede dejar de preguntarse ¿en dónde gobiernan las leyes?, ¿dónde impera la justicia? Y cuál es la más libre. Con el cabello corto, algunos pelillos blancos, leves y bruscos dolores y cansancios cercanos al aburrimiento, él no para de recibir palos de un ciego que vapulea cada vez más con más tino y fuerza.  ¡CRACK! 

Se dice popularmente de Dios que lo que envilece y corrompe su obra no le agrada; lo que la embrutece le irrita. Si ha de haber ley, será universal y sin par, no la del más fuerte, no la de apoyo humanitario ni la de maldita la cosa que justifique al ‘‘capón’’ que, aprovechando la bendita suerte que lo coronó,  haga sentir su presencia solo para anunciar que «eso» va a ser, porque debe ser, vulnerado y sino fatal. El tirano se presenta ante la ‘Divina Providencia’ para hacer de su palabra, la necesaria verdad.  El pueblo está encerrado en sus casas, se cuida de una pandemia originada por una neumonía atípica. Pero el gobierno no tardó en poner a prueba su resistencia, su resiliencia y su paciencia. Apenas sus conciudadanos por amor se quedaron en casa para guardar y cuidar la vida de los demás conciudadanos. Pese a portar una máscara antifluidos, por armadura social, nadie esperaba que el gargajo lleno de ‘‘coronavirus’’ venga desde el interior de nuestras casas, expulsado por la Divina Providencia. Haciendo de la ley un chiste y ajustando las condiciones del país para que el encierro no sea para racionales sino para esclavos, sin valor, sin razón y sin voz.   

Vd. Lenín Moreno, no sería más honroso regir un puñado de hombres y mujeres libres, hacerse querer de ellos y hacerse estimar de sus conciudadanos. Sepa que la queja es el consuelo de los tristes cuando la injusticia ofende ‘‘eso’’. Esto lo aprendí conviviendo en Malchinguí y lo valoricé en Quito, pero también entendí que, al final la queja es consuelo. 

Fuente imágen: St. H