Artículo de Opinión: Diario de corrupción en tiempos de Pandemia

Hasta la fecha actual, aún no hemos sido testigos de la captura o enjuiciamiento de los autores de las obscenas e implacables noticias de corrupción por los indecentes sobreprecios de insumos médicos, u otros, en plena emergencia sanitaria, que han acaparado los titulares y las redes sociales.

Todo comenzó el 22 de marzo de 2020 cuando se conoció el 1er caso fallido de sobreprecios en las ya famosas mascarillas N-95, el contrato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la adquisición de insumos médicos valoró el precio unitario de cada mascarilla en $12, cuando en el mercado se vende en $3,90, autorizando así, una compra valorada en $ 10 millones, en favor de la empresa Almantop S. A y firmado por Ángel Loja Llanos, ex-director general de la institución,

Para el 3 de mayo salta la noticia en el Hospital Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), donde registraron sobreprecios, según el contrato, se preveía adquirir 4000 bolsas para cadáveres por un valor de $148,50 por unidad, en vez de $12 como precio mínimo del mercado, por lo que su valor total ascendería a $594 000.

6 de mayo, otros caso del horror, El hospital Guasmo Sur aceptó pagar $ 88.166,40 por un primer contrato y $ 18.816,00 por el segundo en la adquisición de fundas para cadáveres con sobreprecios. También y como si todo esto no bastara,  se añade a la lista, entre el  17 de marzo y el 4 de mayo: el Hospital Pediátrico Baca Ortiz y el de Especialidades Eugenio Espejo, de Quito así como el Provincial Luis G. Dávila, de Tulcán. Cada caso, inflando los precios en dispositivos, insumos médicos y medicamentos.

Y la pregunta es: ¿quién asume estos pagos? La respuesta obvia, el erario público, es decir que, todo estos casos de horror y sinvergüencería serían extraídos de las arcas de la salud pública para su pago y dejar al presupuesto sanitario más raquítico, si cabe, después de la degradación que el gobierno central realizó, hacía ya varios meses, con un recorte de más del 60% de su presupuesto.

Y ¿qué respuesta da el gobierno?, bien, El Presidente Moreno a través de su cuenta de twitter ha expresado que “debemos ser implacables contra la corrupción. Hace pocos días dije que la guerra contra la corrupción tenía que endurecerse ¡caiga quien caiga! #ManoFirme  Por su lado, el ex  presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, en su momento indicó que, tras la publicación del sobreprecio en redes sociales, paralizó dichos contratos y removió a todos los funcionarios involucrados en dicha compra. Así mismo, la fiscalía ha informado que investiga el delito de peculado para estas causas. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ni juicio ni condenado,  ni responsabilidades políticas claras y definidas a esa guerra contra la corrupción que ha enarbolado el Presidente Lenín Moreno y, como señalan varios medios, el responsable podría ser una presunta banda mafiosa liderada por la Familia Bucaram, En todo caso, las personas involucradas con estos contratos del expolio, están siendo removidos en sus cargos pero sin responsabilidad penal, ni política.

1 de abril de 2020: La cereza en el pastel es el último caso, Alexandra Ocles y los kits alimenticios: esta vez no son los insumos médicos, es la comida para la población más vulnerable.

El contrato de adquisición de los 7000 kits alimenticios que realizó el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, encabezado por Alexandra Ocles, para las personas afectadas por la pandemia COVID-19, ascendió a $ 1,1 millones pero el equipo auditor de la Contraloría indicó que dicho contrato tenía que ser de $706 790 y este requisito no se cumplió y fue por dos razones : Primero: Porque existe una diferencia de $389 620 entre el valor unitario de cada kit contratado ($ 150,82), y el costo de Kit unitario de mercado de $ 95.16″. Segundo: el contratista incluyó el valor del IVA a todos los productos de cada kit. Sin tomar en cuenta que, solo 8 de los 18 ítems graban IVA, lo que aumentó un valor de $ 86.049,60. Por tanto, estas variaciones aumentaron el valor del kit en “más de $ 475 638,80 lo que representan un 40,23% más en relación al valor total que debió haber tenido el contrato. La Contraloría, también añade serias anomalías en la empresa contratante e indicaron la falta de rigurosidad por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos al no haber tomado en cuenta otras ofertas más económicas y otros proveedores con mejor logística.

Estos y otros infames casos de expolio, en medio de esta crisis sanitaria que ha dejado miles de personas muertas a lo largo y ancho del  Ecuador, deben ser considerados actos criminales y atentado a la salud pública. NO obstante, mientras no se investigue y no se rindan responsabilidades, se considerará desde una perspectiva ciudadana, el consentimiento cómplice de actos de corrupción, a las autoridades del estado ecuatoriano.

Gabriela Padilla, República del Banano

Fuentes:

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