Morenato Corrupto: Sobreprecio del 1311% en bolsas para cadáveres por #covid19

La Contraloría emitió este 20 de mayo del 2020 dos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales de Los Ceibos y Guasmo Sur, en Guayaquil. Estos insumos se adquirieron por la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19. El pasado 4 de mayo del 2020, la Fiscalía abrió investigaciones por supuestos sobreprecios en contra de estas dos casas de salud que son manejadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por el Ministerio de Salud. El ente de control determinó que las bolsas para cadáveres se adquirieron con una diferencia de USD 137 cada una. En el hospital del Guasmo Sur el sobreprecio es de 1 283% y en Los Ceibos es de 1 311%, apuntó la auditoría. En la primera casa de salud, el contrato era por 300 bolsas a un precio de USD 145 cada una. Es decir, un contrato de USD 43 578. En Los Ceibos se adquirieron 4 000 fundas en USD 148,5 cada una. El costo total fue de 594 000. Sin embargo, según el análisis del equipo de auditoría la suma de ambas adquisiciones no debía superar los USD 46 910. El documento de la Contraloría asegura que hubo “irregularidades en la fase precontractual, que beneficiaron a los contratistas”. Por ejemplo, en Los Ceibos, los funcionarios no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado que ofrezcan mejores costos. Tampoco se consideró que en el portal de compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor. En cambio, en el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor cuyo RUC no establecía que ofertaba insumos médicos y tampoco ha realizado pagos del Impuesto a la Renta.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Nacionalidad siekopai confirma casos de coronavirus y pide atención del Estado

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) informó que el primer maestro siekopai está en terapia intensiva con síntomas asociados al COVD-19.

En un comunicado, se dio a conocer el Acuerdo Ministerial del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), en el cual se destaca la escasez de pruebas y ayudas humanitarias ante la pandemia.

Al igual que el caso del maestro siekopai se advierte que existen otros enfermos con coronavirus y que se les ha hecho difícil conseguir las pruebas, a pesar de que han optado por la autogestión y el uso de plantas ancestrales para mejorar su estado de salud.

Justino Piaguague, presidente de la nacionalidad, indicó que hasta el 19 de mayo, el Ministerio de Salud confirmó que de 80 pruebas rápidas realizadas, 30 dieron positivas para COVID-19. A este grupo se suman, 7 muestras con PCR.

El líder indígena también señaló que una familia tendría síntomas asociados con el virus.

Para esta nacionalidad es preocupante que las autoridades de los municipios de Shushufindi y Cuyabeno aún no hayan mantenido un acercamiento con la comunidad, así como tampoco se les haya informado sobre los recursos que se destinarán para atender la emergencia.

Piaguague cuestionó que se los quiera hacer responsables por supuestamente no haber cuidado su salud y recordó que ante las denuncias que han hecho como nacionalidad han tenido varios ofrecimientos que no se han cumplido.

Instó al Estado a cumplir con su responsabilidad para preservar la vida y la salud de los pueblos.

Añadió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) han exhortado al Estado a cumplir con su responsabilidad.

Finalmente, se responsabilizó al Estado de un posible etnocidio del pueblo siekopai si no es atendido.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tame necesitaría USD 16 millones para desvincular mañana a su personal

El proceso de liquidación de Tame, al igual que de otras empresas, podría durar de 60 a 180 días. Así lo informó Marco Andrés Ávila, presidente de Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco).

Según Ávila, el plazo depende de la complejidad de cada una, pero en sí el proceso de liquidación constará de dos fases.

La primera etapa tiene que ver con la “preliquidación”, que estará a cargo aún de los gerentes de las empresas. En esta fase se dará la reducción de estructuras operacionales y carga, se buscarán acuerdos para obtener con los acreedores las mejores condiciones de ahorro para el Estado y se tratará de monetizar varios de los activos de las empresas públicas.

El último punto será decisivo para pasar a la segunda etapa, ya que se requiere de dinero suficiente en caja  para cumplir con las obligaciones, entre ellas, en materia laboral.

Ávila señaló que para desvincular mañana a los 931 trabajadores de Tame se requerirían USD 16 millones.

El funcionario señaló que previamente ya la empresa había mejorado varios indicadores como la reducción de costos operacionales en un 34%, de personal en un 31% y de pérdidas en un 29% lo que proyectaba como resultado la finalización de un 2021 más tranquilo.

El martes 19 de mayo, el Gobierno anunció el cierre y liquidación de ocho empresas públicas, que hasta marzo ya acumulaban USD 10,8 millones de pérdidas globales. De ese monto, Tame concentra el 66,2% y mantiene un patrimonio en rojo por USD 237,7 millones.

En el caso de que Tame se cierre en junio, las pérdidas alcanzarán los USD 24 millones, pero si se mantiene hasta diciembre, ese monto podría llegar a USD 60 millones.

Sobre las rutas que la aerolínea cubre, explicó que se buscan acuerdos con el Ministerio de Transporte para cubrir la demanda, pero se prevé que esta caiga en un 50%.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La crisis la pagarán los trabajadores, ¡hasta cuándo padre Almeida!

Con la anuencia del Gobierno Nacional y la Asamblea, mediante la aprobación de leyes como de “Apoyo Humanitario”, han dado vía libre a la precarización laboral como mecanismo para paliar la crisis económica que afecta al país.

El abuso por parte de algunos empleadores es tal que, de acuerdo a una publicación de diario el Universo del martes 19 de mayo “una florícola pagó $0,22 de liquidación a un trabajador, acogiéndose a la causal de fuerza mayor en el Ecuador”. Esto deja en evidencia que el costo del colapso económico será asumido por la clase trabajadora.

Según nuestros “brillantes” gobernantes, el mecanismo para salvar el empleo no es la redistribución de la riqueza acumulada en el país y concentrada en pocas manos, sino meterle la mano a los trabajadores que son el eslabón más débil de la cadena, especialmente cuando el poder político ha sido captado por intereses meramente empresariales.

Nuestra clase política supone que, entre el empleador y el empleado debe alcanzarse un mutuo acuerdo para llegar a consensos de reducción de horas laborales y de su salario. El sentido común nos dice que existe una gran asimetría entre los intereses del empresario y los intereses del trabajador y, que este último, tendrá que someterse a las condiciones impuestas considerando que su alternativa es el desempleo en un momento crítico.

Quizás se piense que es loable buscar la manera de mantener a flote las empresas a costa del deterioro de las condiciones laborales, sin embargo, nada se ha hecho por exigir a los grandes empresarios un aporte económico que dinamice la economía. Los grandes patrimonios con cuentas en paraísos fiscales fueron absueltos de una contribución económica tan necesaria para su país en estos momentos. La balanza de poder se inclina inexorablemente hacia el poder económico y los trabajadores asisten nuevamente al paredón para su sacrificio.

República del Banano

Autoría fotográfica: Internet, atribución 3.0 Ecuador (CC BY 3.0 EC)