Ministra Romo mantiene en tiempos de recortes y crisis, siete asesores

La ministra y sus siete asesores. La ministra de Gobierno María Paula Romo mantiene, en tiempos de recortes y crisis, siete asesores en su despacho.

28 de Mayo: Acción Global por el acceso al servicio de salud sexual y reproductiva

Cada 28 de mayo se reivindica El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Día que se torna relevante, hoy por hoy, en la reivindicación de los derechos de la mujer,  al no figurar como una prioridad en la agenda política de los Gobiernos de turno, aun sabiendo que, las afectadas suman el 50 por ciento la población mundial.

En Ecuador, esta indiferencia por el acceso a la salud sexual y reproductiva de calidad de las mujeres ecuatorianas, es acuciante y más aún en el contexto de la pandemia en donde, según la  Organización de Naciones Unidas(ONU)  las alarmas se han encendido por un exacerbado repunte de la violencia machista a causa del confinamiento y distanciamiento social, para intentar frenar el contagio del Covid-19 en la región.

Como ya se apuntó en un artículo anterior, las medidas de aislamiento social también han limitado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.

Según el artículo publicado por efeministas, las expertas consultadas, han coincidido en que la débil respuesta que los países están dando a los casos de violencia sexual ha provocado que más mujeres necesiten acceder a anticonceptivos, deban acudir a consultas médicas que no han sido consideradas como prioritarias o se practiquen abortos clandestinos.

Así mismo,  el último informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado “COVID-19 en la vida de las mujeres”, la ausencia de estos servicios “podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.

En Ecuador y gracias a los datos denunciados por la Fundación Desafió, a través del proyecto “El abuso sexual en la niñez no es un cuento, es real”, conocemos que actualmente hay 17.448 niñas menores de 14 años embarazadas, datos del 2009 al 2016. Violaciones que no fueron denunciadas quedando en la impunidad, según la Fundación Desafío. Así mismo alertan que, cada semana 40 niñas menores de 14 años paren, victimas de violación, 60 adolescentes tienen el mismo destino, según el Informe Situación de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador 2019 . Violencia que proviene mayoritariamente de personas conocidas, produciendo embarazos no deseados, infección de transmisión sexual o lesiones físicas y psicológicas, explica la Fundación Desafío, en su vídeo publicado en Youtube. Añadiendo también que, la denuncia es vital para salvar a estas menores del silencio y la impunidad.

Por qué los servicios de salud sexual y reproductiva no son relevantes

Según en la entrevista concedida para efemista de La directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, el primer obstáculo es que en algunos Estados no han reconocido que los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales y que deben mantenerse durante la crisis.

“Cuando los sistemas de salud empiezan a colapsar por la atención de los casos de COVID- 19, lo que hacen es priorizar y estos servicios no están entre los prioritarios”, ha explicado a Efeminista.

ONU Mujeres también ha detectado estas anomalías, declarando que “Es importante asegurar el acceso a los servicios y la atención de salud sexual y reproductiva. Los datos de brotes anteriores indican que los esfuerzos de contención a menudo desvían recursos de los servicios de salud ordinarios, y exacerban la falta de acceso a los servicios, incluidos la atención de salud prenatal y postnatal y los anticonceptivos”, ha publicado la ONG en marzo.

Mujeres sin acceso a anticonceptivos

Según el artículo de efeminista, el acceso a los anticonceptivos es otro de los servicios que se ha visto afectado durante esta pandemia. El asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA, Federico Tobar, ha explicado a efeminista que el impacto de la COVID-19 puede hacer retroceder a Latinoamérica “casi 30 años en términos de salud reproductiva“.

En esta situación, ha asegurado, influyen tres factores: el miedo de las mujeres a ir a los hospitales, el desabastecimiento de los Estados y la incapacidad de las mujeres para comprarlos con sus propios recursos.

“De acuerdo al pronóstico que hace CEPAL sobre el aumento de la pobreza en América Latina en estos meses, calculamos que 2,4 millones de mujeres, que hasta hoy compraban anticonceptivos en farmacias, los van a dejar de comprar”, ha precisado a efeminista.com

Así mismo el especialista dice que Naciones Unidas tiene otra estimación preocupante.

Hay 5,4 millones más de mujeres que se van a quedar sin los anticonceptivos que les provee el sector público”.

En esa línea, Tobar ha dicho que una de las luchas de UNFPA es que muchas autoridades no priorizan la anticoncepción porque no la ven como un problema de salud pública.

“Aunque los anticonceptivos ayudan a evitar muertes maternas no lo ven con la misma relevancia que un antibiótico. Es un insumo de salud que en nuestra región no tiene un costo político muy alto”. Añadiendo que, incluso “hay dos o tres países en la región que hace meses que no tienen condones y no pasa nada, ni siquiera sale en los diarios”, ha explicado.

Abortos ilegales y embarazos no deseados.

Así mismo en su articulo efeminista nos indica que, según la ONU, la reducción en el uso de anticonceptivos podría tener graves consecuencias para las mujeres latinoamericanas

“Habrá, por lo menos, 5 millones de nacidos no planificados más, 800.000 abortos que se pudieron haber evitado si las mujeres hubieran accedido a los anticonceptivos. También 40.000 muertes infantiles que se podían haber evitado y 4.000 muertes maternas”, ha contestado Tobar a efeminista.

Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, ha explicado que algunas de estas cifras se deben a que las mujeres no dejan de recurrir a los servicios, pese a que los países no los garantizan de manera segura en este momento.

“Lo que va a pasar es que vamos a encontrar casos de mujeres que van a buscar abortos inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. Van a mandar a las mujeres a buscar servicios de salud en la clandestinidad. Estos servicios son mayoritariamente necesitados por niñas y adolescentes que sufren violencia sexual y cuando no los garantizan se está cometiendo discriminación contra ellas“, ha detallado.

La especialista ha mencionado que el aborto, por ejemplo, es un tema que

“aún le pesa a muchos servidores de salud” de la región, incluso en los países donde es legal su acceso. “Hemos visto que cuando una mujer llega a pedir el servicio este se deniega. Le dicen que eso no lo van a hacer en ese momento porque no es esencial”, informa efeminista.com

Que hacen los gobiernos en respuesta

Pues según señala efemisnista, Todos los organismos de Derechos Humanos y los especialistas consultados por Efeminista consideran que los países deben empezar a tomar en serio esta situación.

ONU Mujeres ha hecho un llamado especial a considerar a los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales durante la pandemia y a responder a las víctimas de violencia de forma diferenciada. Es decir, que exista un protocolo de actuación para niñas, adolescentes y mujeres de acuerdo a sus necesidades y capacidades.

Por su parte, la OEA ha planteado a los gobiernos que consideren el uso de los móviles para entregar determinados servicios de salud sexual y reproductiva.

Mientras que el Centro de Derechos Reproductivos ha recomendado que las autoridades trabajen con organizaciones y redes de mujeres para activar los servicios de atención en el área rural. “Así logramos democratizar y que la atención no se quede solo en las grandes ciudades”. Además, insiste en que deben generar campañas públicas sobre los servicios de salud que están disponibles para las mujeres. Según el articulo de efeminista.com

Gabriela Padilla, Efeminista.com, Rupública del Banano

Fuentes: ONU-MUJER, CEPAL, Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Foto: ONU Mujer https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/es_prevencion%20de%20violencia%20contra%20las%20mujeresbrief%20espanol.pdf?la=es&vs=3033

Jóvenes cobran un dólar por fumigación vehicular en los semáforos de Guayaquil

Un nuevo tipo de negocio se ha generado con la pandemia, jóvenes entre los 18 y 30 años fumigan con bombas manuales en los semáforos de Guayaquil.

En la avenida Francisco de Orellana, frente a un centro comercial ubicado en el norte de la urbe porteña, cinco ecuatorianos y dos venezolanos laboran entre las 9:30 a 18:00.

Los ciudadanos aprovechan el semáforo en rojo para ofrecer su servicio de fumigación con amonio cuaternario.

Quienes deciden solicitar el servicio lo hacen por un dólar, porque así lo indica un letrero que los jóvenes tienen y en el que además se indica “No lleves el virus a tu casa, desinféctate”.

Uno de los integrantes del grupo comenta que a diario obtienen de 10 a 20 dólares y que trabajan en la calle porque los buses ya cuentan con su propio sistema sanitario.

En la ciudad no son los únicos, hay otros grupos en La Garzota, en el Centro y al frente del aeropuerto.

El uso del amonio cuaternario ha sido criticado si se lo emplea en exceso, debido a que podría ser dañino para la salud.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Campañas informativas del Gobierno fueron financiadas con dinero internacional donado, asegura secretario de Comunicación

Según Gustavo Isch, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República, las campañas de información del Gobierno Nacional sobre el coronavirus no fueron financiadas con dinero el Estado.

En la Comisión de Derechos Colectivos del Parlamento Nacional, aseguró que la Corporación Andina de Fomento (CAF) donó un fondo de 370 mil dólares, para promover las campañas comunicacionales, por los canales oficiales.

El funcionario sostuvo que las noticias falsas (fake news) magnificaron lo que realmente sucedía en el país, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en el marco de la emergencia sanitaria.

Por este motivo, solicitó a los asambleístas que analicen medidas que se pueden adoptar para controlar este tipo información, cuya publicación a través de la redes sociales no está tipificada en la legislación ecuatoriana.

Con relación a las acciones tomadas para proteger el trabajo de los periodistas, a fin de garantizar el efectivo acceso a la información, en medio de la emergencia sanitaria, aseveró que los derechos de los comunicadores están garantizados de conformidad con lo que determina la legislación ecuatoriana y las normas internacionales.

Sostuvo que no hubo restricción de información, citando que durante la pandemia se generaron 232 canales virtuales, para que las instituciones autorizadas y oficiales informen regularmente a la sociedad, en los que los periodistas de medios de comunicación se enlazaban y hacían preguntas.

Isch dijo que el Comité Interinstitucional, conformado para proteger los derechos de los trabajadores de comunicación, incluyó una variable de riesgos epidemiológicos para resguardar su integridad.

Expresó su solidaridad con los periodistas que fueron despedidos de los medios de comunicación, que, supuestamente, por falta de recursos cerraron sus instalaciones. Justificó las desvinculaciones en los medios públicos, argumentando que son parte de la optimización administrativa, dispuesta por el Ejecutivo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

¿La millonaria fundación de los Bucaram fue creada porqué: 1. Son solidarios o 2. ‘lavan’ dinero?

#PreguntaBananera| ¿La millonaria fundación de los Bucaram fue creada porqué: 1. Son solidarios o 2. ‘lavan’ dinero?

Corte Constitucional inicia audiencia pública por recorte presupuestario a universidades

Este 28 de mayo de 2020 la Corte Constitucional convocó a la audiencia pública para escuchar los argumentos de varios accionantes que presentaron una acción de incumplimiento por parte del Ministerio de Finanzas, al disponer el recorte presupuestario de las universidades y escuelas politécnicas.

Pablo Dávalos, uno de los accionantes, dijo que hay un incumplimiento al Dictamen Nro. 1-20-EE/20 emitido el 19 de marzo de 2020 por la Corte Constitucional, con respecto al Decreto de Estado de excepción.

Explicó que es una violación a la Constitución y no solo se trata de una reducción del presupuesto, sino que representa una vulneración al derecho de educación.

La Corte Constitucional dio paso al pedido de medidas cautelares y dispuso a las autoridades del Ministerio de Economía que se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior, mientras se resuelve la acción.

Andrés Cervantes pide la destitución del ministro por no acatar medidas que suspendían el recorte presupuestario. Señala que con corte al 26 de mayo de 2020, desde la plataforma de administración financiera del Ministerio de Economía, se indican que los recursos aún no han sido restituidos al presupuesto de la ESPOL.

Una de las estudiantes explicó que se han visto perjudicados, tanto estudiantes como docentes, con este recorte de más de USD $98 millones. “Nos estamos viendo directamente vulnerados con las decisiones del Ejecutivo”, afirmó. Por ello, piden tomar una decisión de fondo para que, el Gobierno, no pueda emitir otra circular similar que vulnere sus derechos.

El pasado 28 de mayo, la Corte dispuso que la Secretaría Nacional de Educación Superior (SENESCYT), al Consejo de Educación Superior (CES) y al Ministerio de Economía que se pronuncien en forma documentada sobre las demandas presentadas.

Mientras que, en los exteriores de la Corte, agremiaciones y asociaciones estudiantiles y de docentes, al unísono, piden garantizar el acceso a la educación superior y que se respete la Constitución.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno propone tipificar delito de elusión, en procedimientos de contratación pública, durante una emergencia

La Legislatura tiene en sus manos el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, remitido por el Ejecutivo, con el carácter de ordinario, cuyo objetivo es sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia.

La propuesta del Gobierno plantea tipificar como delito la elusión, en procedimientos de contratación pública, durante una emergencia, de modo arbitrario, en provecho propio o en beneficio de un tercero.

El delito de elusión se sancionará cuando no tenga sustento la emergencia; cuando haya sobreprecio; cuando se compren bienes o servicios que no tengan relación directa con la emergencia; y, cuando se impidan las acciones de control.

Según el proyecto, esta es una herramienta para que la Fiscalía pueda prevenir el mal uso y destino de fondos públicos, ante presuntos delitos en el contexto de la contratación pública, en casos de emergencia.

Incluye reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el fin de fortalecer su ejercicio de control, con elementos normativos en cuanto a la declaratoria de emergencia, así como facultades sancionadoras del ente de control de la contratación pública.

El Ejecutivo propone agregar, luego del artículo 281 del Código Integral Penal (COIP), la figura de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia, a fin de que el servidor público, de cualquiera de las instituciones del Estado, que haga mal uso de la declaratoria de emergencia y evada procedimientos pertinentes a la contratación pública, para desarrollar procesos de modo arbitrario, en provecho propio o beneficio de un tercero, sea sancionado.

Se establecen las penas aplicables al delito de elusión. Por ejemplo, en aquellos casos de contratación, cuyo monto sea igual o menor a 10 mil dólares, se determina la pena privativa de libertad de seis meses a un año y multa correspondiente al valor de la contratación arbitraria que se desarrolló.

A continuación del artículo 550 del COIP, propone añadir un artículo que establece que, en los delitos de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia, la o el fiscal deberá solicitar obligatoriamente al juzgador se disponga, como medida cautelar, la suspensión de la contratación que se encontrare en curso, en cualquiera de sus fases, así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite.

En los considerandos, el texto señala que la crisis que el Estado está atravesando, por la presencia de Covid 19, ha demandado la adquisición de una gran cantidad de insumos que permitan cubrir las necesidades de asistencia médica y humanitaria, lamentablemente se ha visto empañada por vergonzosos y reprochables actos de corrupción.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Después de haber ganado $550.000 la hija de Moreno, renuncia a su cargo de Consejera

Después de 6 años de ser consejera de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra y Nueva York, Irina Moreno González renunció hoy a su cargo. En este tiempo, el Estado ecuatoriano le pagó en total USD 550.000. https://t.co/NT96xrWGpo

Plataformas tecnológicas al servicio de la administración de justicia

El Consejo de la Judicatura (CJ) garantizará el adecuado desarrollo de videoaudiencias y la continuidad del servicio judicial, con la implementación de las herramientas tecnológicas necesarias, a nivel del país, según un comunicado oficial.

El propósito es atender la creciente demanda para el uso de videoaudiencias domiciliarias y diferenciadas, para lo cual el CJ ha suministrado a cada provincia licencias temporales de varias plataformas, que permiten la conexión virtual de quienes intervienen en las audiencias convocadas por las y los jueces.

Adicional a la plataforma institucional Polycom, actualmente, se cuenta con 167 cuentas de ZOOM, cada una con capacidad para unir hasta 100 participantes.

Están operativas 175 cuentas de Cisco Webex, plataforma que se utiliza tanto en la realización de videoaudiencias como en el desarrollo de reuniones administrativas, y 175 cuentas de Microsoft Teams, destinadas fundamentalmente a reuniones administrativas y capacitaciones.

En la capacitación al personal de tecnologías y comunicaciones del CJ a nivel nacional, se explicaron las funcionalidades de las plataformas y se realizaron pruebas de conexión.

Cada una de las plataformas se encuentra debidamente probada y el personal técnico a nivel nacional, está capacitado para su uso conforme a la programación, demanda, definiciones y disposiciones de las direcciones nacionales y provinciales del CJ, de acuerdo con la información.

Según las recomendaciones del CJ, para el cumplimiento de videoaudiencias, las personas que intervienen en ellas (jueces, abogados, fiscales, defensores públicos, etc.), deben contar con un smartphone, tablet o una computadora, con los aplicativos utilizados para la videoconferencia, previamente instalados.

El ancho de banda que se tenga en los domicilios, para la conexión a internet, es fundamental, lo recomendado es 2 Mbps simétricos. Asimismo, contar con una velocidad adecuada disminuirá la probabilidad de que se generen interrupciones en la imagen y audio.

La judicatura llama la atención para que, durante la videoaudiencia, se evite el uso paralelo de programas de entretenimiento, como Netflix, Spotify, IPTV, Youtube, ya que estos consumen gran parte del ancho de banda, degradando la calidad de la conexión.

Si la conexión se realiza desde un computador, es preferible utilizar un cable de red, ya que los enlaces inalámbricos son más susceptibles a interferencias.

Para una mejor experiencia, es recomendable el uso de manos libres, pues así se reduce la generación de ecos o ruidos ambientales. De igual forma, es importante escoger un espacio tranquilo y libre de distracciones para la conexión a la videoaudiencia.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Denuncias por violencia pisicológica repuntan durante la emergencia sanitaria

Desde el 19 de abril, el número de denuncias de delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar aumentó, según información de la Fiscalía.

De acuerdo a ese reporte, la violencia psicológica fue la que más repunte tuvo.

Del 20 al 26 de abril se registraron 56 denuncias por violencia física y 257 por violencia psicológica. Del 27 de abril al 03 de mayo, 50 denuncias por violencia física ingresaron y 293 por violencia psicológica.

Del 04 al 10 de mayo, 75 denuncias se realizaron por violencia física y 337 por violencia psicológica, Mientras que del 11 al 17 de mayo se registraron 88 denuncias por violencia física y 458 por violencia psicológica.

En esta última semana, en cambio, se receptaron 101 denuncias por violencia física y 468 por violencia psicológica.

Según la Fiscalía, con las medidas establecidas por la emergencia sanitaria se registra una disminución en el número de denuncias por delitos sexuales, especialmente por acoso sexual.

Entre el 20 y 26 de abril, se registraron el menor número de denuncias: 4 por acoso sexual; 37 por abuso sexual; 37 por violación.

En relación a las denuncias registradas por muertes violentas, en la semana del 18 al 24 de mayo hay una reducción en los delitos de homicidio y asesinato, y un incremento en femicidios.

Sin embargo, el pico más alto de asesinatos ocurrió entre el 20 y 26 de abril.

Con la herramienta de denuncia en línea que habilito la entidad, se ingresaron 2.443 formularios. Luego del análisis jurídico correspondiente, se han procesado 1.742 denuncias de presuntos delitos de violencia de género o intrafamiliar.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano