Defensoría del Pueblo pide derogatoria del uso progresivo de la fuerza

La Defensoría del Pueblo solicita al Ministerio de Defensa que derogue el acuerdo que permite usar la fuerza contra manifestantes.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, cuestionó la decisión del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín,  mediante el cual se pretende regular el uso progresivo, diferenciado y racional de la fuerza por parte de los militares.

En un comunicado, Carrión hizo alusión al artículo 158 de la Constitución que establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

Además, señaló que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

En ese contexto, rechazó el artículo 5 del Reglamento, el cual faculta el uso de la fuerza “durante el desarrollo de las operaciones militares, cuando las circunstancias así lo exijan y/o durante un estado de excepción”.

Para la Defensoría del Pueblo, el uso de la fuerza desde el aparato estatal debe estar directamente relacionado con la protección del derecho a la vida, que se encuentra reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además, la entidad insistió en que existen evidentes omisiones constitucionales y legales que no cumplen con la protección de los derechos humanos de las personas y que más bien dota a las Fuerzas Armadas de un instrumento que guíe a sus miembros al uso de la fuerza en manifestaciones, reuniones, disturbios y otras situaciones de violencia interna.

Según la Defensoría, el Reglamento asume que las manifestaciones y reuniones son equiparables a actos no permitidos por la ley.

Por todas las consideraciones antes señaladas, la entidad señaló que de no acoger el pedido de la derogatoria se establecerá una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Finalmente, responsabilizó al Ministerio de Defensa de “cualquier uso abusivo de la fuerza que se realice en el contexto de posibles manifestaciones sociales durante el estado de excepción”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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