Hace pocos días fue noticia la difusión de un manual para el uso progresivo de la fuerza emitido para el personal militar. Al mismo tiempo a muchos ecuatorianos nos surgía la duda acerca del verdadero rol de las fuerzas armadas en un escenario de paz con nuestros vecinos y, sobre todo, en las actuales circunstancias en las que existe menor disponibilidad de recursos y una urgencia nacional para fortalecer al sector sanitario.
Paralelamente, mientras nuestra sociedad atraviesa por serios problemas sociales, económicos y sanitarios; el gobierno de Lenín Moreno aplica despiadadamente medidas que atentan contra las pocas posibilidades de los ciudadanos de enfrentar esta situación con dignidad. Si bien es cierto, el COVID19, la caída de precios del petróleo y el debilitamiento que ya mostraba nuestra economía, han provocado una factura muy grande a las finanzas públicas, el gobierno ha optado por endosar esta pesada carga a los ciudadanos de a pie.
Para entender la lógica detrás de esta estrategia con los militares《si es que la hay》, vale hacer un repaso de la coyuntura actual y del funcionamiento del gobierno en este escenario.
Con el tradicional argumento de proteger las fuentes de empleo, el “gobierno de todos” ha evitado aplicar tributos a los grandes patrimonios de las empresas privadas del país, quienes han acumulado riqueza sustancial en los años precedentes y recientemente se beneficiaron de una remisión tributaria. Al no captar recursos de quienes más tienen, se ha decidido cargar el costo al eslabón más débil de la cadena, los trabajadores y ciudadanos comunes y sencillos del país. Es así que, muchos trabajadores están perdiendo sus fuentes de empleo en el sector público y, los más “afortunados”, están sufriendo recortes en sus ingresos.
Bajo el trillado argumento de “todos debemos hacer un esfuerzo” han cumplido sus anhelos de desmontar la estructura del Estado para propiciar el acceso de intereses privados, justamente ahí donde el Estado cede terreno. Los neoliberales siempre han asediado lo público, su fundamentalismo del “Estado mínimo” los lleva a creer que solamente el sector privado amerita ser alentado y protegido. Olvidan que, asuntos importantes en el plano social, ambiental, cultural, entre otros, solamente pueden ser atendidos por el aparato estatal pues, al no ser atractivo para el mercado, muchos aspectos de la sociedad ecuatoriana quedarían al margen de cualquier atención. Hacia ellos deben llegar el Estado de forma oportuna y efectiva. Es un principio básico de solidaridad y de búsqueda de bienestar colectivo. Al fin y al cabo ¿quién puede vivir tranquilo con abundancia en medio de la miseria?
Ahora bien, aunque la población ecuatoriana tiene la capacidad de elegir gobernantes favorables a la causa popular, lo paradójico es que, aquellas minorías con poder económico y que requieren acceder al poder político mediante el apoyo popular, usan cualquier mecanismo para captar el favor de la gente una vez cada 4 años. Alcanzado este objetivo, se orientan a fortalecer su posición de dominación en la sociedad. En ese trayecto, la indignación popular suele surgir, más aun cuando los mandatarios se alejan descaradamente de la tarea encomendada por sus mandantes en las urnas. Es ahí cuando se echa mano del brazo armado del Estado para combatir a los ciudadanos que se niegan a aceptar el abuso y la traición hacia sus intereses.
Es por estos motivos que tenemos un gobierno complaciente con la milicia, no le queda de otra, pues su respaldo popular a nivel nacional es casi nulo. Intentan gobernarnos por la fuerza, imponer sus leyes, sus normas, sus abusos. Ya no les basta con lanzar acusaciones en todas direcciones buscando siempre un culpable. La gente ya no come cuento y, ante ello, no les queda más que congraciarse y fortalecer sus lazos con quienes tienen monopolio exclusivo de la fuerza en la sociedad, los militares y policías.
Esto es tan evidente que, a más de mantener los gastos militares intocables mientras se recorta el presupuesto de todo el mundo, se les brinda las garantías para actuar con mayor severidad y reprimir a los disidentes. Es decir, a ese grupo de ciudadanos que se atreven a levantar su voz de protesta, ellos a quienes el poder político con total arrogancia, despoja de sus justas reclamaciones mediante la burda muletilla de ser “correistas”. Ellos nunca verán un pueblo harto de tanto abuso y mediocridad, solamente verán incitadores y cabecillas. De esta manera, cuando le quitan a la gente sus justas motivaciones para el reclamo, justifican cualquier atrocidad contra ellos, tal como ocurrió en las marchas de octubre pasado.
Blindar a los militares para un accionar violento contra la sociedad descontenta es, sin duda, la mayor muestra de debilidad de un gobierno inepto y traidor.
República del Banano.
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