Día: 4 junio, 2020

“Con profunda preocupación” mira la Fiscalía General del Estado (FGE) las decisiones de los organismos jurisdiccionales, relacionados con los casos investigados contra el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el expresidente Abdalá Bucarám y otros, a quienes se les dictó medidas sustitutivas y no la prisión preventiva.

La Fiscalía señala que, si bien la prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos.

“Hoy más que nunca, las víctimas de estos reprochables actos de corrupción demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en impunidad”, dice el comunicado emitido por la Fiscalía.

Ayer, durante la audiencia de formulación de cargos, Morales, al igual que otras siete personas, fue procesado por el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos para la adquisición de insumos médicos. Se dictó la prohibición de salir del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Esta mañana retomó sus actividades.

En contra del expresidente Bucaram, otro juez dictó el arresto domiciliario en el marco de las investigaciones por presunto tráfico ilícito de armas de fuego.

La Fiscalía hizo un llamado a los demás órganos del eje de Justicia para que “asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Desde el 17 de marzo hasta el 4 de junio, 82 447 personas han sido sancionadas por incumplir el toque de queda. Así lo informó el Ministerio de Gobierno.

Guayas, que ha sido la provincia más golpeada por la pandemia a causa del coronavirus, registra 25 956 infractores. Le sigue Pichincha con 20 094 infractores.

Desde que inició la reactivación paulatina de actividades, el toque de queda presenta distintos horarios dependiendo del sistema de semaforización.

Quienes incumplen la medida deben pagar una multa de USD 100 la primera vez, si reinciden el monto sube a USD 400.

En el caso de que vuelvan a incidir en el incumplimiento, la sanción será la cárcel.

Las provincias de Tungurahua, El Oro, Los Ríos y Manabí registran más de 3 000 infractores por primera vez cada una, mientras que Galápagos, es la que menos sancionados tiene, con 163 casos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El Grupo Parlamentario Fronterizo resolvió demandar del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, que derogue el Decreto 1060, por el cual dispuso la liquidación de la empresa Siembra EP, antes Yachay.

Los parlamentarios de esta instancia legislativa están empeñados en buscar alternativas para fortalecer este importante proyecto, que no solo beneficia a la región norte, sino a todo el país, aseguran.

A decir de los asambleístas, en los últimos cinco años, la empresa Siembra aportó en la dinamización de la economía, tanto del cantón Urcuquí, cuanto de la provincia de Imbabura, generando plazas de empleo directo e indirecto; promovió el fortalecimiento de la Ciudad del Conocimiento, no solo como un proyecto de carácter científico tecnológico, sino como Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), en beneficio del desarrollo del país.

Sobre la base de la información económico-financiera presentada por técnicos de la empresa, los parlamentarios consideran que existen alternativas de sostenibilidad. En este marco, requirieron de las autoridades nacionales, particularmente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), informen sobre el cumplimiento de las obligaciones para la ejecución del crédito con la empresa china Eximbank y los riesgos para el Estado ecuatoriano por su posible incumplimiento.

La resolución del Grupo Fronterizo plantea la conformación de una Mesa Social y Técnica, con la participación de las autoridades locales, organizaciones sociales, académicas, estudiantes, trabajadores y demás sectores, organizados en el Frente de Defensa, con la finalidad de impulsar un diálogo mediante el cual se puedan establecer acuerdos mínimos, desde un enfoque de corresponsabilidad, para la sostenibilidad y sustentabilidad de la empresa, así como el desarrollo local, provincial, regional y nacional. También se promueve una veeduría ciudadana para vigilar la pertinencia, validez y legitimidad del proceso de extinción de la empresa Siembra EP.

El organismo legislativo escuchó a Doris Quimbiamba, presidenta, María del Carmen Alvear, secretaria, y Silvano Defaz, miembro del Frente de Defensa de la Ciudad del Conocimiento Urcuquí Nuevo Futuro, quienes defendieron la sostenibilidad del proyecto, con cifras que demostrarían un incremento del 40 % de ingresos por autogestión, lo cual contradiría la justificación del Gobierno para decretar la liquidación por falta de rentabilidad. Destacaron los avances que se han dado en el sector, con la creación de plazas de empleo, infraestructura educativa, en materia de salud, entre otras áreas.

Diana López y Adriana Velasco, a nombre de los estudiantes y padres de familia de Yachay Tech, resaltaron el aporte de esta universidad especializada en Ciencias e Investigación, que se ha convertido en un modelo para otros países de Latinoamérica, según sostuvieron

El alcalde de Urcuquí, Tyrone Vega y el prefecto de Imbabura, Pablo Jurado, expresaron que al inicio del proyecto no se efectuó una socialización adecuada. Propusieron que, hoy, cuando ya está avanzado, no se debe liquidar la empresa, sino fortalecerla. “Imbabura está de pie para defender Yachay, que es una marca imbabureña”, advirtió Jurado, quien exigió la derogatoria del Decreto 1060 y la búsqueda de una salida consensuada al modelo de gestión para esta empresa.

Los asambleístas Diego García, Marcelo Simbaña, José Chalá, René Yandún, Elio Peña y Freddy Alarcón, hicieron hincapié en la necesidad de apoyar un proceso de fortalecimiento de la empresa Siembra EP, en vista de que los resultados debían verificarse a partir de 2021, y, si es necesario, habría que pensar en cambios al modelo de gestión, pero de ninguna manera el cierre de operaciones, más considerando los beneficios económicos y sociales para el desarrollo de la zona norte del país.

Silvia Salgado, coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo, anunció que la próxima semana se convocará a una nueva reunión, con autoridades nacionales relacionadas con el proceso de liquidación de Siembra EP.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

“No hay nada más que entender, es lo que hacemos en todos los países, estas conversaciones son importantes y contribuyen a enriquecer nuestra perspectiva de la institución y contribuye a mejorar la evaluación de la economía cuando podemos comunicarnos con esos actores, no solo en el caso de Ecuador, sino en todos los países”, dijo Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre conversaciones entre autoridades del organismo multilateral y políticos ecuatorianos.

Según la organización Bloomberg, Anna Ivanova, jefa de misión del FMI para Ecuador, mantuvo conversaciones con los líderes Jaime Nebot del Partido Social Cristiano (PSC) y Guillermo Lasso, del movimiento CREO, “así como con otras partes interesadas clave”.

Rice, en una rueda de prensa desde Washington, confirmó estas conversaciones y dijo que son “reuniones normales” que suele mantener el equipo técnico en todos los países miembros del Fondo.

Las reuniones se enmarcan, dijo, en la revisión del Artículo IV y conversaciones sobre los programas económicos del país.

Las conversaciones, según Bloomberg, se habrían dado con Nebot y Lasso, quienes están como posibles candidatos para la presidencia, que está confirmado por parte del líder de CREO, mientras que Nebot aún no anuncia formalmente esta decisión, pero ha realizado varios recorridos por el país, antes de que inicie la pandemia.

En septiembre, los partidos políticos deberán inscribir sus candidatos para las elecciones generales de febrero de 2021.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más, conformado por once organizaciones sociales, denunció que el exviceministro de Desarrollo Productivo del MAG, Byron Flores Loayza, de este Gobierno, es ahora el gerente de Producción de esta empresa, acusada de explotación laboral, trabajo forzoso en condiciones de esclavitud, servidumbre por deudas y trabajo infantil.

Flores Loayza, cuando cumplía las funciones de viceministro, pudo ejecutar la expropiación de tierras de Furukawa, contemplada en la ley por relaciones laborales precarias, conforme los exhortos de la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional. Pero no lo hizo.

Incluso, según los denunciantes, Flores participó en una reunión de alto nivel en Cancillería, debido a los pedidos de información realizados por nueve relatores de la ONU. Era el funcionario encargado dentro del Ministerio de Agricultura de llevar el caso Furukawa.

Al comité le preocupa que al menos dos funcionarios refirieron el menoscabo con el cual Byron Flores se expresó, ese día, de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, quienes, para entonces, llevaban más de un año buscando justicia y reparación del Estado. Uno de estos funcionarios relató que el viceministro señaló que tiene ‘familiares que trabajan en Furukawa’, según la denuncia.

El exviceministro conocía el informe emitido por la Defensoría del Pueblo, en 2019, que señaló que la empresa abacalera sometía a sus trabajadores a servidumbre de la gleba, considerada por las Naciones Unidas (ONU) como una forma moderna de esclavitud. Este documento, además, incluye verificaciones del Ministerio de Trabajo sobre la intermediación laboral, prohibida por la ley ecuatoriana, que ahora Flores dice desconocer, señala el comunicado del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más.

Las organizaciones del comité preguntan ¿qué le impidió al Ministerio de Agricultura, siendo Xavier Lazo, ministro, y Byron Flores Loayza, viceministro, que se tomen decisiones sobre los exhortos de la Defensoría del Pueblo y de la Asamblea Nacional y efectivizar la expropiación de Tierras, contemplada en la ley por relaciones laborales precarias? ¿Cuántos funcionarios públicos de alto rango han interferido en que las miles de personas registradas por el mismo Estado no hayan recibido justicia y reparación?

Preguntan también a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ¿quién influyó en que la estrategia estatal promovida por la institución que ella lideraba haya cambiado abruptamente y se haya iniciado una negociación en abril de 2019, sin ningún fruto favorable para las víctimas?, ¿cuál es el papel de FEDEXPOR en estas decisiones, pues las mismas “coinciden” con una carta en la que se evidencia un lobby por resguardar a la compañía? Y, al Ministerio de Trabajo ¿quiénes influyeron para que la empresa continúe trabajando, con total impunidad, pese a que nunca resolvió las irregularidades encontradas? ¿Por qué razones se legitimaron pagos de liquidaciones ínfimas que no cubrían el 100% del tiempo de trabajo?

Los denunciantes exigen una investigación por parte de Contraloría General del Estado, Asamblea Nacional del Ecuador, Fiscalía General del Estado y autoridades pertinentes, alrededor de la actuación de las autoridades del Gobierno de Lenín Moreno, sobre este caso.

Fuente: Pichincha Universal, República Del Banano

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, rechazó la intención de organizaciones sociales de presentar denuncias a organismos internacionales sobre el decreto ministerial que permite el uso progresivo de la fuerza en cinco niveles por parte de las Fuerzas Armadas, siendo el último nivel el uso de armas letales.

El funcionario indicó que la normativa está amparada en los principios básicos que establecen las Naciones Unidas en 1986 y 2013 para los funcionarios que aplican las armas de dotación militar con el propósito de preservar la libertad, derechos y la vida de la ciudadanía.

“Los condicionamientos básicos para usar armas letales según la ONU es que sean armas de dotación, que tengan facultad de usarlas, las circunstancias, que se sigan las normas básicas y presentar un informe para demostrar que se ha cumplido con todos los principios”.

Para ello dijo, serán los Coroneles y Generales, quienes se responsabilicen de dar la orden para usar armas letales en una protesta: “La tropa no está sola, los grados jerárquicos están establecidos, cuando se define el uso del arma de fuego será en quinto nivel, cuando haya estado de excepción cuando se ordene apoyar a la policía”.

El funcionario reconoció que la protesta social está amparada por la Constitución como un elemento de resistencia y ejemplificó con las manifestaciones que se produjeron en días pasados por trabajadores de TAME, hecho que consideró de primer nivel: “Es un plantón con carteles, entrevistas a la prensa, está bien que lo hagan tienen derecho y ahí simplemente hay la presencia policial”.

Sin embargo advirtió que cuando esa forma de manifestarse cambia de actitud hacia la violencia, las autoridades no pueden ver aquello como un derecho a la resistencia sino que comienza a escalarse.

 “El acuerdo ministerial recoge lo que dice ONU, el Convenio de Ginebra, la Cruz Roja Internacional y establece cinco niveles para que se pueda usar. Pero las FFAA no salen al quinto nivel a actuar, el quinto nivel está en correspondencia de los manifestantes”.

Aunque indicó que efectivamente el personal militar está entrenado para luchar en guerras externas donde se identifica a un enemigo y no en territorio nacional, aseguró que se entrenará a los uniformados para reforzar a la Policía en el orden interno y evitar que se derroque la democracia conforme ocurrió en octubre.

“Cuando se dice que el militar no está preparado porque combate una amenaza externa, tiene toda la razón por eso en primer lugar reciben instrucción de carácter policial y reciben armas no letales (…) Y así evitar que se derroque a la democracia y conforme ocurrió en octubre muy poca gente reconoce el valor de las FFAA para preservar el Estado democrático”.

Reiteró que las FFAA tienen que asumir el entrenamiento, doctrina y empleo, similares a la policía.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano