Hasta 210 días demoraría el cierre de las Empresas Públicas, según secretaría jurídica

La secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, informó que el proceso de cierre de las ocho empresas públicas, anunciado por el Primer Mandatario Lenín Moreno el pasado 19 de mayo, está en curso y avanzando, sin embargo indicó que por ley este procedimiento puede tomar más de 210 días.

Explicó que tal como lo señala la Ley de Empresas Públicas, se necesita entrar en un procedimiento previo donde se realice un inventario de lo que existe entre propiedades y activos, así como una lista de acreedores.

“Luego empieza el proceso de liquidación que depende de las empresas, porque es de acuerdo al tamaño. Terminando eso, pasaría al Ministerio que va asumir luego de que concluye la liquidación”.

La funcionaria detalló que la primera parte de inventario se demora 60 días y luego entre 180 y 210 días para traspasar al ministerio correspondiente.

“Los tiempos están corriendo el cronograma se está cumpliendo y esperemos que podamos acortar esos tiempos, porque eso buscamos, hemos puesto toda la fuerza para que se dé de esta manera”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Asambleístas del morenato se “lavan las manos” de su aliado #DanielMendoza

Alianza PAIS Aliados le baja el pulgar a #DanielMendoza y exige respuestas oportunas y sanciones penales por el bien del país.

15 alcaldes del PSC piden la destitución del prefecto del Guayas ante el Consejo Provincial

Tras las investigaciones, allanamientos y detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, 15 alcaldes del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron este 5 de junio de 2020 el pedido para destituir a Morales ante el Consejo Provincial.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, anunció que los alcaldes del PSC del Guayas decidieron presentar esta solicitud, luego de mantener una reunión para resolver sobre el futuro de Morales.

Morales, al igual que otras siete personas, es procesado por el presunto delito de tráfico de influencias en la adjudicación de contratos para la adquisición de insumos médicos. Se dictó la prohibición de salir del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico, que recién se colocó 24 horas después.

Al pedido de destitución se sumaron alcaldes de otros partidos y algunos representantes de juntas parroquiales.

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 33 señala varias causales para la remoción del prefecto. Los alcaldes argumentarían su pedido con el literal D y C.

Causales para remoción del titular de la Prefectura:

  1. a) Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito.
  2. b) Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada.
  3. c) Incumplimiento, sin causa justificada, de las leyes y de las resoluciones legítimamente adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados.
  4. d) Despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado.
  5. e) Ejercicio de actividades electorales en uso o con ocasión de sus funciones y abusar de la autoridad que le confiere el cargo para coartar la libertad de sufragio u otras garantías constitucionales.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Alcaldesa Cynthia Viteri pide la destitución de su compañero de fórmula Carlos Luis Morales

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, confirma que se inició con el proceso de destitución “inmediata” del prefecto Carlos Luis Morales. https://t.co/5Dc5sH150v

Familiares del Prefecto Carlos Luis Morales habrían huido de Ecuador

Aunque Carlos Luis Morales retomó sus actividades en la Prefectura de Guayas, según la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sus familiares ya se habrían ido del país. Desde que son buscados por la investigación de tráfico de influencias se desconoce el paradero de los dos hijastros de Morales y también su esposa. En una entrevista radial, Salazar aseguró que esa también era la intención del Prefecto.
Salazar cuestiona que lo hayan dejado libre, aunque con medidas alternativas como la de presentarse cada lunes en la Corte, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.
Morales, sus dos hijastros, su esposa y otras cuatro personas son acusados de beneficiarse de una red ilegal que conectaba a empresas, socios y proveedores para favorecerse de contratos en el Consejo Provincial del Guayas.

En el caso de supuesto tráfico de influencias la Fiscalía investiga varios contratos adjudicados durante esta emergencia sanitaria, precisamente entre los meses de marzo y mayo, entre ellos:
  • Adquisición de equipos y químicos para fumigar por $499 mil.
  • Compra de equipos de protección para colaboradores de la Prefectura por $143 mil.
  • Compra de mascarillas y pruebas rápidas de Covid-19 por $585 mil.
  • Procesamiento de datos de pruebas de covid-19 por $79 mil.
  • Todo esto suma $1 millón 306 mil.
Según la fiscal Salazar, a este proceso se suman informes de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal.
Por otro lado, Salazar afirma que le preocupa la actuación de ciertos jueces en caso puntuales, sobre todo en los que tienen que ver con delitos de corrupción.

Sin esposas y otros privilegios, Daniel Mendoza es trasladado a Quito por Delincuencia Organizada

Tras ser detenido en #Portoviejo esta madrugada, el asambleísta de gobierno Daniel Mendoza fue trasladado a #Quito para la audiencia de formulación de cargos, en investigación por delincuencia organizada en construcción del hospital de Pedernales, #Manabí. https://t.co/3FrFlobrqL

Colegio de Abogados de Loja cuestiona compra de mascarillas a Municipio de esa ciudad

El presidente del Colegio de Abogados de Loja, César Guerrero, expresó que el Municipio, de esa ciudad, habría comprado mascarillas con especificaciones particulares del modelo N95, pero habría entregado a su personal mascarillas modelo AIR 1, de menos calidad.

Guerrero indicó que al declararse la emergencia, la responsabilidad de la compra recae sobre el alcalde y no sobre otros departamentos municipales.

El abogado comentó que el 23 de marzo, el Cabildo adquirió a Promostock los insumos médicos, cuando  esta empresa aparece en el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías que se dedica a la realización de campañas comerciales y otros servicios de publicidad, actividades de impresión de poster, catálogos, entre otros servicios.

Explicó que Promostock emitió una factura por la compra de mascarillas de seguridad, mascarillas descartables y trajes encapsulados. Según la descripción que consta en la factura enviada por la misma empresa al municipio, el modelo y marca de las mascarillas es N95, 3M, por un valor unitario de USD 6,50, que daría un total de USD 32 500 por 5 000 mascarillas.

El titular del Colegio de Abogados de Loja añadió que según la concejala Karina González al no encontrar estas mascarillas se redujo el precio de USD 6,50 a USD 6,30 y por la diferencia de los USD 0,20, entregaron 10 000 guantes.

Agregó que al no hallar las mascarillas que ofertaron se entregaron otras.

Dijo que si existía una necesidad institucional y de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debía utilizarse la mascarilla N95.

Mientras, la concejala González afirmó que el alcalde ha notificado a la Comisión de Fiscalización para que emita un informe y se transparente el proceso.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La Red de Maestros presentó acción de inconstitucionalidad contra la reducción de salarios

Una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 1056 que establece la reducción de sueldos, como consecuencia de la disminución de la jornada laboral, presentó ante la Corte Constitucional la dirigencia de la Red de Maestros.

Este decreto, suscrito por el presidente Lenín Moreno, que está vigente desde el pasado 1 de junio, dispone la reducción de la jornada laboral para los servidores públicos, incluidos los docentes del magisterio.

Es una de las varias decisiones, que provocó reclamos por parte de los afectados, tomadas por el mandatario, con el argumento de reducir el gasto público para enfrentar la crisis económica y sanitaria por la pandemia del coronavirus.

La reducción de la jornada de trabajo es de hasta 30 horas semanales; es decir, de ocho a seis horas diarias, que representa que los sueldos de los empleados del Estado disminuyen en 16,6%. En el caso de los profesores la disminución de la jornada laboral es de una hora diaria, con la consecuente reducción de sueldos del 8,3%.

En su demanda de inconstitucionalidad, los dirigentes de la Red de Maestros solicitan que se suspenda, de manera inmediata, los efectos del decreto, mientras la CC resuelve la causa, con el fin de evitar el perjuicio económico para los servidores públicos.

La víspera, un grupo de maestros, de esta agremiación, llevó a cabo un plantón simbólico, en las inmediaciones de la CC, en el norte de Quito, en rechazo a la vulneración de sus derechos.

Entre tanto, uno de los Tribunales de Admisión de la Corte Constitucional aceptó a trámite otra acción de inconstitucionalidad, esta vez contra la eliminación del Bachillerato Internacional, y acogió, de manera parcial, la medida cautelar planteada por cinco padres de familia en contra de la decisión del Ministerio de Educación.

La resolución del Tribunal señala: “Aceptar la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado y suspender los efectos del memorando (Ministerio de Educación) solamente respecto de los estudiantes que ya han tomado cursos tendientes a la obtención del bachillerato internacional”.

En la CC está en proceso una causa en contra del recorte presupuestario a universidades y politécnicas, en cuya audiencia pública las partes expusieron sus argumentos. Se espera una sentencia que deberá ser discutida por el Pleno del máximo órgano de interpretación constitucional.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno de Moreno reactiva persecución política contra Perfecta Paola Pabón

Durante una rueda de prensa virtual del 1 de junio de 2020, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, afirmó que la Fiscalía lleva en su contra una “persecución infame”.

La prefecta inició refiriendose a las acusaciones hechas con anterioridad sobre las reuniones y conspiraciones en un hotel de Quito en plena cuarentena, a las cuales calificó de fake news ¡Déjennos trabajar por la provincia! Dijo Paola Pabón.

Tras la notificación de la Fiscalía, escribió la mañana del lunes 01 de junio a través de sus redes sociales. “Mientras alistamos la automatización del peaje, la Fiscalía guiada por una denuncia falsa de Twitter abre un proceso de investigación por peculado. Así es la infame persecución que sufrimos todos los días. ¡Es tiempo de trabajar por la provincia y por la gente!».

Pabón rechazó la judicilización de la política, las acusaciones infundadas y pidió a la fiscalía parar la persecución. “Rechazamos las falsas acusaciones, que de manera irresponsable siguen dificultando el trabajo de los gobiernos seccionales”, dijo Paola Pabón en la rueda de prensa virtual con la presencia de varios medios de comunicación.

Además señaló que ha conversado con varios alcaldes en Pichincha y han mostrado su temor, miedo y preocupación a ser glosados si realizan compras para sus comunidades en medio de la emergencia sanitaria.

Paola Pabón hizo además un llamado al Contralor del Estado: “ponga equipos para la compra publica, por favor que no se pare la compra publica, no necesitamos que nos persigan, en medio de la pandemia por la Covid-19”.

La prefecta de Pichincha tiene pendiente la realización de la audiencia preparatoria de juicio por el delito de rebelión, durante las protestas de octubre de 2019. Esa diligencia estaba convocada para el 20 de marzo del 2020, en la Corte Provincial de Pichincha, pero se difirió por emergencia sanitaria que vive el país. Aún no existe fecha para esa cita judicial. (C.D.A.)

CNE cancela partido político del millonario Alvarito Noboa

El CNE cancela el partido Adelante Ecuatoriano Adelante del Registro de Organizaciones Políticas por incumplir con el Art.327 del Código de la Democracia, como es el caso de no cumplir con 4% de votos en elecciones pluripersonales.