“Dos pandemias: COVID-19 y violencia contra las mujeres, niñas y niños”, se denominó el conversatorio internacional que llevó a cabo el Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador.
El objetivo fue intercambiar ideas y experiencias sobre las estrategias y acciones que se requieren para garantizar a niñas, niños y mujeres su derecho a una vida libre de violencia, además de fortalecer las medidas adoptadas durante el confinamiento y enfrentar los desafíos que se presentan con la reapertura de actividades.
En el conversatorio participaron autoridades internacionales, entre ellas la doctora Ana Belén Alonso González, letrada del Tribunal Constitucional del Reino de España; la doctora Andrea Machuca, psicóloga del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato, de la Universidad Católica de Chile; la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, presidenta del CJ de Ecuador. La moderadora del evento fue la Ph.D. Bibiana Aído, representante de ONU Mujeres para la Región Andina.
Cifras preocupantes mostró la titular de la Judicatura durante su ponencia “Los retos institucionales de los Poderes Judiciales para responder de manera integral a las dos pandemias”.
Citó los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género de 2019, que concluye que, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De ellas, el 35% ha sido víctima de violencia física; 57% psicológica; y, 33% sexual.
La violencia de género también afecta a niñas y niños; 4 de cada 10 de ellos han sufrido maltrato extremo.
Reflexionó que frente a esta problemática no cabe asumir una posición neutral, porque esto beneficia al agresor y nunca a la víctima.
Según Maldonado, durante la pandemia han estado operativas 164 unidades judiciales especializadas, con 100 servidores, para atender casos de violencia a la mujer y miembros del núcleo familiar.
“Tenemos no solo el compromiso institucional, sino la férrea y firme voluntad política y el compromiso personal de las autoridades para enfrentar esta terrible epidemia de machismo, que azota a nuestras sociedades”, declaró.
Ana Belén Alonso disertó sobre “El rol de los Tribunales y Cortes Constitucionales frente a las pandemias COVID-19 y violencia contra mujeres, niños y niñas”.
Sostuvo que para enfrentar temas de violencia es necesaria la especialización. “Tanto España como Ecuador cuentan con jueces especialistas en la materia, previstos en sus códigos orgánicos, que hacen que la sensibilización social también se traduzca en sensibilización jurídica”, señaló.
Andrea Machuca abordó la “Importancia del apoyo psicológico a las víctimas de violencia, para sus procesos de autonomía durante y después del confinamiento”.
La experta considera que la violencia es un problema de salud pública y de derechos humanos. “El confinamiento está amenazando la autonomía física y la autonomía en términos de toma de decisiones de las mujeres”, dijo.
Como alternativa para luchar contra la violencia, propuso que todos los operadores sociales constituyan espacios de reparación y restauración para las víctimas de violencia.
Bibiana Aído planteó que la nueva normalidad, después de la pandemia, debe orientarse a una mayor inclusión social e igualdad de género para lo cual es necesario el compromiso activo de todas y de todos. “No apostemos a la recuperación, apostemos a la transformación”, sugirió.
En el diálogo estuvieron presentes representantes de organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano
