Día: 17 junio, 2020

El reparto de cargos públicos para familiares y amigos de asambleístas de Alianza País, a cambio de su apoyo al presidente Lenin Moreno, se concretó entre fines de 2017 y mediados de 2018.

Los asambleístas entregaron al Ejecutivo una lista con los nombres y puestos exigidos, en instituciones de sus respectivas provincias, y que fue revelada por el portal elestado.net.

Contrastamos esa información con la nómina de funcionarios de distintas entidades del Estado, publicadas en sus portales web, y comprobamos que muchos de esos pedidos se cumplieron.

En la provincia de Imbabura, la hermana de la asambleísta Silvia Salgado, Myriam Salgado Andrade fue nombrada en la dirección provincial de Educación, con un sueldo de $2.418; su asambleísta alterno, José Francisco Moncayo Espinosa como administrador regional de CNT; y Diego Fernando Pereira como director técnico del ministerio de Agricultura, con una remuneración de $2.368.

En los Ríos, los puestos atribuidos a la asambleísta Kharla Chávez y que fueron ejecutados fueron: Rosa Zurita Maldonado, directora administrativa del hospital del IESS de Babahoyo con una remuneración de $4.381; Euro Ignacio Torres, coordinador zonal del ministerio de Agricultura, con un sueldo $3.418; y Maryuri Bustamante Huilcapi, director distrital del MIES, con un salario de $2.368.

En esa misma provincia, Luis Fernando Ley Aguirre, hijo de la asambleísta Marcia Arregui, fue nombrado director distrital del ministerio de Agricultura, con una remuneración de $2.368.

En Manabí, Yessenia Toala Benavides, hijo de la asambleísta Teresa Benavides, fue nombrada directora provincial administrativa del IESS con un sueldo de $3.676; y Jonny Martínez como jefe de atención al cliente de la Agencia Nacional de Tránsito de Jipijapa.

Por parte del asambleísta Daniel Mendoza, su padre Ignacio Mendoza Ureta fue designado como gerente regional del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, en Portoviejo, con una remuneración de $3.418; y Mario Ordóñez, en la Agencia Nacional de Tránsito de El Carmen.

De parte de la asambleísta Karla Cadena Vélez, fue nombrado su hermano Marcelo Cadena Vélez, como director del hospital del IESS de Portoviejo, con una remuneración de $4.381.

Por parte del asambleísta Ricardo Zambrano, fue designado Trajano Zambrano como jefe de atención al cliente de la Agencia Nacional de Tránsito en Chone.

Ricardo Arteaga Muñoz, hermano de la asambleísta Karina Arteaga, fue nombrado como secretario de gestión Política en Manabí.

Por cuota del asambleísta Carlos Vera Rodríguez, se ubicó a su hermano Sandro Vera Rodríguez como director técnico del ministerio de Agricultura, con un sueldo de $2.368; y se ratificó a Jaime Coello como gerente del hospital del IESS de Manta, con ingresos de $4.174.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, Verónica Zurita Castro, esposa del asambleísta William Garzón, fue nombrada como subsecretaria de Ganadería del ministerio de Agricultura con un salario de $4.057. En esta misma provincia, fue designada Diana Ordóñez en la regional de CNT, por pedido del asambleísta Manuel Ochoa.

En Chimborazo, por pedido del asambleísta Jorge Corozo, se designó a Paúl Curicama como director técnico de Tierras del ministerio de Agricultura, con un sueldo de $2.368.

En Cotopaxi, se designó a Inés Patricia Aguirre Hernández, madre de la asambleísta Ana Belén Marín Aguirre, como coordinadora zonal 3 del ministerio de Vivienda, que abarca a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza, con un sueldo de $2.368.

En Esmeraldas, Frixon Caicedo Medina, fue nombrado en un cargo jerárquico superior del ministerio de Educación con un sueldo de $2.368, por pedido del asambleísta Lenin Plaza.

En Carchi, por solicitud del asambleísta Juan Carlos Yar, se nombró a Oswaldo Yar como cónsul en Ipiales; Diego Lara Yar como director provincial del Ministerio de Vivienda, con un sueldo de $2.734;  y a Jorge Terán como director provincial del ministerio de Educación con un salario de $2.368.

En Orellana, fue designado Mario Demera Pincay como director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito, con un sueldo de $2.368, por pedido del asambleísta Alberto Zambrano.

En la provincia de El Oro, Gabriel Sánchez, hermano del entonces asambleísta Montgómery Sánchez, fue nombrado como director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con una remuneración de $2.734.

En Pichincha, por pedido de la asambleísta María José Carrión, fue designado Carlos Vargas Acuña como director provincial del ministerio de Transporte y Obras Públicas, con un salario de $2.734.

En Napo, por parte de la asambleísta Gabriela Cerda, se nombró a Araceli Zarria en la dirección provincial de Educación, con un sueldo de $2.115.

En Bolívar, a pedido del asambleísta Fafo Gavilánez, fue nombrado Roy Ruiz Abril como administrador provincial del CENEL, con un sueldo de $3.024; y Diego Borja como delegado provincial del MIES con una remuneración de $2.368.

En Sucumbíos, por solicitud del asambleísta Yofre Poma se nombró a Marlon Narváez como director técnico del ministerio de Agricultura con un sueldo de $2.368; Robbin Enríquez como director distrital del ministerio de Transporte y Obras Públicas, con un sueldo de $2.734; César Cevallos, director provincial del ministerio de Vivienda, con un sueldo de $2.368; Liseth Andrade, en CNT; y Marcia Nieves, en la dirección distrital de Educación de Shushufindi, con un sueldo de $2.368.

De cargos en el exterior, de la lista atribuida a la asambleísta Ximena Peña, el único que consta en el ministerio de Relaciones Exteriores, es el de Edwin Vladimir Quito Erazo, como cónsul en Nueva York.

La lista de cargos es más grande. Sin embargo, no se pudo realizar la verificación completa debido a que algunas instituciones, especialmente el ministerio de Salud, no cuentan con las nóminas de funcionarios del año 2018.

Información previa de esta investigación, se publicó el pasado viernes 12 de junio en las redes sociales de Pichincha Universal. La asambleísta de Cotopaxi, Ana Belén Marín, envió un pedido de rectificación, al asegurar que jamás ha participado en ningún tipo de acuerdos políticos.

Sin embargo, no desmintió que su madre haya sido nombrada el 01 de diciembre de 2017, como coordinadora zonal 3 del ministerio de Vivienda. Antes de esa función, no registra ningún otro cargo público.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El Parlamento Laboral, la Coordinadora de Servidores Públicos y la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro presentaron este 17 de junio de 2020 una denuncia penal por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente en contra del Presidente Lenín Moreno y el ministro de Economía, Richard Martínez, al no realizar el aporte del 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“El Presidente Lenín moreno y el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tendrán que rendir cuentas”, dijo Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral, al explicar que el Gobierno no cumplió con la sentencia de la Corte Constitucional, sobre la Ley de Justicia Laboral, que establecía el pago del 40%.

Explicó que, en 2019, más del 50% del total del 40% que debe aportar ha dejado de pagarse, mientras que, en lo que va del 2020, se tiene un perjuicio superior a los USD $600 millones que no ha entregado el Gobierno a la Seguridad Social.

El abogado de la organización social, Patricio Morales, dijo que, en este caso, el Presidente y el ministro de Finanzas han omitido la sentencia ejecutoriada de la Corte Constitucional, por lo que consideran apropiado presentar esta denuncia para que la Fiscalía investigue este incumplimiento de decisión legítima de autoridad.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El cantante Pablo Alborán (1981) ha publicado este miércoles en sus redes sociales un mensaje grabado de poco más de tres minutos en el que declara que es homosexual y que lo hace público ahora porque necesita “ser un poquito más feliz”, a la vez que anuncia que pronto editará “un disco muy especial”.”Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dice el popular intérprete en el vídeo que ha colgado en Instagram, sentado en una habitación en la que se ve un piano a su lado y un monitor detrás.En 3 minutos y 11 segundos, Alborán, que precisa que siempre ha luchado “en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier tipo de odio”, subraya que “mucha gente” supone, sabe “o simplemente le da igual” que es gay y su declaración de hoy responde a que quiere ser “coherente, consecuente y lo más responsable posible” con él mismo.”En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos (en Warner), jamás me sentí discriminado, odiado; jamás sentí que decepcionaba a alguien por ser yo pero, desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino mas fácil a alguien pero sobre todo esto lo hago por mí”, afirma.PUBLICIDAD  “En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido, de poder dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, relata el artista.”Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor. Siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad e incluso el idioma porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones”, precisa.El cantante, que cumplió 31 años el pasado 31 de mayo, añade que seguirá centrando su vida publica en su trabajo y en su música: “intentaré hacer mi trabajo lo mejor que se, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público”.”Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”.

Fuente: El Diario.ec, República del Banano

La Fiscalía formuló cargos contra 15 ciudadanos por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. El juez, a cargo del caso, dictó prisión preventiva para 14 de ellos y dispuso medidas alternativas para uno de los detenidos por haber justificado que era positivo para Covid-19.

Los ciudadanos habrían participado en contrataciones irregulares en el Hospital Básico de Durán, perteneciente al IESS.

Además, dispuso la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, de ceder acciones o cancelar pólizas y la retención de cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.

Trece de los procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía en coordinación con el apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional. Hay dos personas más que se encuentran en calidad de prófugos. En total, se ejecutaron 17 allanamientos en Durán y Guayaquil.

La Fiscalía inició la investigación con una denuncia a través de la cual conoció sobre presuntas irregularidades en las  contrataciones realizadas por el Hospital Básico de Durán, en el que algunos funcionarios habrían facilitado contratos a proveedores del entorno personal y familiar del Director Médico de la casa de salud.

Entre los principales elementos de convicción presentados para sustentar la acusación fiscal están: el reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que evidencia la conexión en la transferencia de fondos entre los integrantes de la presunta estructura delincuencial. Además, un informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que establece montos de salida de dinero al exterior.

Con estos dos elementos también se estableció que existe correspondencia en el movimiento de fondos desde el Hospital Básico de Durán hasta las cuentas de los procesados.

Además, la Fiscalía indicó que Ricardo R., en su calidad de director, habría facilitado el cometimiento del hecho delictivo con la adjudicación de contratos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Con 87 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en segundo y definitivo debate, la derogatoria al Libro Tercero del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y del Estado (Coescop).

El informe presentado por la mesa legislativa de Soberanía, sobre el proyecto de reformas al Coescop, recomendó la derogatoria del capítulo Servicio de Protección Pública, por considerarlo contrario a las disposiciones constitucionales.

El informe de la comisión estableció que la protección y seguridad del presidente de la República y altos funcionarios de Gobierno, que por sus funciones, rango y responsabilidad requieren de un servicio de protección especializado, profesional, técnico e institucional, será competencia de los equipos especializados de Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

El ponente del informe, César Carrión, detalló el proceso que siguió esta norma para su promulgación, en 2017, que incluía un servicio civil de seguridad y protección a máximas autoridades.

Desde la creación de este ente civil se han registrado cinco demandas por inconstitucionalidad al libro tercero, por ser un cuerpo civil armado que contraviene el artículo 158 de la Carta Magna, que establece las tareas específicas de las instituciones, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y orden público, según Carrión.

El Código tiene cuatro libros. El primero hace alusión a la Policía Nacional; el segundo, al Servicio de Investigación Mixto; el tercero, sobre el Servicio de Protección Pública; y, el cuarto, sobre Entidades Complementarias.

A criterio de los legisladores que conforman la mayoría parlamentaria, la creación de un tercer organismo de seguridad atenta contra la organización política y de seguridad del Estado. Coincidieron en que las entidades encargadas de la protección de mandatarios y dignatarios son las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que incluso se encuentran consagradas en la Constitución de la República.

Con este argumento, acordaron en que contar con un organismo civil armado para la protección de mandatarios y altos funcionarios del Estado deja entrever actos contrarios a la razón de ser de las fuerzas del orden y de protección ciudadana. Insistieron en la inconstitucionalidad de este cuerpo de seguridad y la importancia de entregarle al Ejército ecuatoriano y Policía Nacional la facultad que se les retiró, de cuidar y velar por la seguridad y protección de las máximas autoridades del Estado.

Para estos asambleístas, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han sido debilitadas, por lo que es fundamental fortalecer la institucionalidad de estos dos organismos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Opinión

Lejos de que termine la pesadilla del Covid 19 en Ecuador, su rebrote se acentúa y toma más fuerza en varias provincias del país, dejando miles de enfermos más y otro tanto en muertes. El gobierno de Moreno calla, ni se le escucha, como cuando empezó toda esta pandemia, que no le escuchábamos y solo veíamos a un joven inexperto vice-presidente recorrer el país con su fotógrafo a  mano para hacerle el “selfish” perfecto.  Como diría Siset, ¿que no ves la estaca donde estamos todos atados? ¡Si no podemos deshacernos de él nunca podremos caminar!

La verdad es que la gente, nosotras y nosotros ya no sabemos cuál es el mal mortal si es el Covid-19 o la presunta corrupción indecentes y más canalla que nunca, que ha regresado y que sin descaro mete mano en las arcas públicas del estado para un enriquecimiento fraudulento o ilícito, o como le llama la ley, actos de peculado. Aún más indecente, si cabe, al robar en medio de una grave crisis sanitaria en donde cada centavo cuenta para salva una vida, Sin embargo, en el lenguaje de los oligarcas y corruptos recalcitrantes, salvar vidas no se incluye, ellos y digo ellos pues son el claro ejemplo del capitalismo patriarcal salvaje que, solo vela por sus intereses privados y claro está, presuntamente apoyado por la alta esfera gubernamental. En la prensa y los distintos medios digitales se escuchan como la mano “derecha” de Lenin Moreno, Paula Romo presuntamente hace y deshace con las instituciones del Estado. Instituciones, recordemos, que pertenecen a la soberanía de la ciudadanía ecuatoriana, por tanto deberían estar al servicio del pueblo. No obstante, la realidad nos muestra otra esfera que viola sistemáticamente el compromiso del estado con su gente, el Estado de Derecho. Y que es el Estado de Derecho, bueno, ante la ley y según la Organización de Naciones Unidas (ONU)

el estado de derecho puede definirse como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal». (Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos)  (S/2004/616).

Pues según este concepto, Ecuador no estaría cumpliendo con la legalidad estatal, es más estaría actuando con arbitrariedad y falta de transparencia procesal y legal entre otros, al no aclarar los graves casos de corrupción que se ha desatado en todo el Estado ecuatoriano, no hay rincón de la patria que no haya sufrido el expolio en medio de la grave crisis sanitaria y aun la ciudadanía no tiene, ni responsables civiles ni legales ni políticos. Al parecer, no pasa nada. Odioso ejemplo el que la justicia, la presidencia y  la asamblea están dando a la ciudadanía. Al parecer robar e impunidad van de la mano, como pretenden que el pueblo tenga confianza en las instituciones si las instituciones son las primeras en romper el pacto social. La corrupción enquistada desde hace un siglo y con claros tintes mafiosos en la oscura década de los 70´s 80´s y 90´s no nos dejan caminar. Como dice el cantautor, esa estaca bien carcomida debe estar. En este país pocas son las fortunas que lo gobiernan y muchos los cuerpos que lo padecen, esta terrible pandemia lo ha demostrado. Los ricos se han salvado gracias a sus fortunas de décadas de explotación humana y natural, por el robo y la corrupción ¿y los pobres? Los pobres fueron condenados a muerte por falta de insumos, medicamentos, personal sanitario o lo más importante por causa de un desmantelamiento veloz y fratricida de los hospitales y centros de salud. El Estado de Derecho está siendo violado continuamente bajo la mirada pasiva de la justicia, el incumplimiento a los principios internacionales de derechos humanos se ha convertido en un asunto constante y cotidiano desde que empezó la supuesta crisis económica y que se ha agudizado por motivos de la pandemia. Escuchamos como viejas familias presuntamente corruptas del pasado han vuelto con más fuerza como son los Bucaram.

La avioneta accidentada con Daniel Salcedo y supuestas maletas llenas de dinero, Alfredo Adum, ex ministro de energía en el gobierno de Abdala Bucaram, implicado pues esa avioneta era de su propiedad. Juez emite órdenes de captura para Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Michel Bucaram sin embargo los implicados están prófugos pidiendo asilo político en Estados Unidos, Abdala Bucaram y Morales trasladados a la fiscalía sin ser esposados y con adeptos a las puertas, como presuntos implicados en los sobreprecios en los hospitales de la provincia del Guayas.

Esto y más son los titulares con los que cada día las ecuatorianas y ecuatorianos nos levantamos, mucho ruido y pocas nueces, pues los presuntos criminales son trasladados a la fiscalía en medio de un gran revuelo mediático para que en pocas horas sean liberados y sin dar ninguna declaración a la fiscal. Puro teatro.  Aun la fiscalía no determina responsabilidad penal ni civil, la asamblea sigue sin exigir el cese de las labores de Richard Martínez como Ministro de Economía, aún no ha se ha destituido a asambleístas por supuestas repartición de puestos públicos, ni se le investiga a María Paula Romo por presunta repartición de las instituciones de salud, aún seguimos sin saber sobre INAPAPER el caso de corrupción que involucra por entero al Presidente Lenin Moreno. ¿Cuánto más se debe tolerar? Nuestro Estado democrático basado en la soberanía del pueblo y el cumplimiento de la normativa legal y constitucional está siendo pisoteado cada día. La confianza en las instituciones cada vez tiene peligrosamente menos confianza. Si las instituciones dejan de funcionar por causa del silencio de la justicia nacional a los ataques en términos de corrupción que ha contaminado todo el sistema, ¿cómo la ciudadanía se desarrollará, que se pretende? ¿Qué sea la gente de a pie quien cubra de manera privada lo público?,  que pretenden hacer de este país, ¿el lejano oeste, en donde el ojo por ojo o por la fuerza todo vale?

Como dice el cantautor, Siset, ¿que no ves la estaca donde estamos todos atados? ¡Si no podemos deshacernos de él nunca podremos caminar! Si tiramos todos ella caerá y mucho tiempo no puede durar, seguro que cae, cae, cae, bien carcomida debe estar ya. Si yo le estiro fuerte aquí y tú la estiras fuerte allá, seguro que cae, cae, cae y nos podremos liberar.

Con memoria, ni olvido ni perdón, otro Ecuador es posible, más justo, solidario, respetuoso de sus leyes y los derechos humanos. La ciudadanía civil debe despertar.

República del Banano

Fuente: fotografia: diario.ec, noticias: primicias.ec, el universo.com

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, reconoció que existe más demanda de camas y Unidades de Cuidados Intensivos en Quito, sobre todo en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que por su condición atiende a personas jubiladas, lo cual ocasiona mayor demanda de hospitalización.

Sin embargo, aseguró que en los hospitales del Ministerio de Salud Pública como el Eugenio Espejo, Enrique Garcés, el Docente de Calderón y el Pablo Arturo Suárez, hay un número adecuado de camas para recibir pacientes.

“Alrededor de 50% de pacientes nuestros son del IESS. Hemos trabajado conjuntamente para contratar personal y ofrecer a los pacientes que así lo requieran hospitalización y traslado a unidades de cuidados intensivos si el estado es crítico”.

Reiteró que el incremento de contagios aumentaron en la capital en las últimas tres o cuatro semanas, lo que se puede evidenciar en las unidades de cuidados intensivos, aunque aclaró que esto no es producto del cambio de semaforización, pues aquello se podrá ver en tres o cuatro semanas más: “Probablemente la primera semana de julio veamos lo que paso con la semaforización”.

Puntualizó que el Bicentenario no tiene terapia intensiva y que más bien es un lugar dispuesto para pacientes que salen de hospitalización y que requieren de otros cuidados menores para regresar a la casa.

Asimismo subrayó que las personas independientemente de si son afiliadas o no al IESS, deben ser atendidas por cualquier hospital perteneciente a la red de salud pública: “No hacemos distinción de cualquier condición”.

El funcionario detalló que las autoridades están trabajando en varios frentes para no desatender a la población, con la contratación de personal de salud, por ejemplo: “Hemos vinculado a 14 personas para que se adiestren en el Pablo Arturo Suarez y que comiencen ayudar en las camas del Bicentenario que tiene 370 camas”.

Además informó que otros 29 profesionales irán al Enrique Garcés y Pablo Arturo Suárez: “Asimismo hemos traído ventiladores de varias provincias, hemos traído una donación de 30 ventiladores. No tenemos limitación en ventiladores, insumos, trajes de bioprotección, mascarillas, todo está abalizado para recibir pacientes”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano