Día: 18 junio, 2020

Mónica Castillo, exgerente de la Empresa Pública de Centros de Alto Rendimiento CEAR, está citada por la fiscal a cargo del caso Mayra Soria para las 15:00 de este jueves 18 de junio, en la Fiscalía, para que rinda su versión dentro del caso Arroz Moreno.

El abogado Jorge Luis Ortega, este jueves 18 de junio de 2020 acudió a la Fiscalía para revisar el expediente abierto dentro de la investigación previa y dio a conocer a los medios de comunicación de los hechos ocurridos desde el martes último.

La defensa de Castillo, ha manifestado que ella tiene «información valiosa» respecto a «pedidos de dinero para la campaña en el denominado caso Arroz Moreno». Ortega afirma que su cliente durante los últimos días ha recibido llamadas a su teléfono celular a preguntar qué es lo que va a decir o qué es lo que quiere decir dentro del caso.

El Abogado de Castillo dice que su cliente no tiene ningún tipo de participación en los hechos que se investigan; sin embargo, busca que la Fiscalía le brinde las garantías necesarias para colaborar en el caso.

Castillo fue gerente del CEAR entre el 2017 y el 2018, período en el que aparentemente se dispusieron recursos de las empresas públicas para la campaña política de la consulta popular de 2018.

Según el abogado Ortega, Castillo contará todos los detalles en la versión que rendirá la tarde de este jueves. Su nombre aparece como uno de los aportantes dentro de la información entregada como parte de una denuncia que habla de que existieron aportaciones de instituciones públicas para la campaña del Si en la consulta popular de 2018.

Otro de los llamados a declarar en este caso es  Eduardo Mangas, exsecretario de la Presidencia de Lenín Moreno.

Mangas ha sido citado para las 16:00 de hoy. Según la denuncia, él habría participado de la trama al recibir dinero en efectivo.

De acuerdo con la denuncia presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Ronny Aleaga, los actos señalados podrían derivar en delitos como el peculado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 El Gobierno del Presidente Lenín Moreno habría contratado a una consultora que trabajó con expresidentes norteamericanos para «contrarrestar la percepción de un Ecuador asediado por el coronavirus y que carece de una respuesta coherente». Así lo informó el periodista Lachlan Markay, del Daily Beast, a través de su cuenta de Twitter.

En la publicación, el reportero publicó un documento de Balsera Communications, una empresa especialista en manejo de imagen, que habría sido contratado por el Gobierno ecuatoriano.

En el documento, que adjunta en su publicación, se detalla que la empresa prestará sus servicios del 4 de junio al 15 de agosto de 2020 y trabajará con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia, el Centro de Inteligencia Estratégica del Gobierno del Ecuador y el Embajador ecuatoriano en los Estados Unidos.

El contrato se enmarca en el último año de Gobierno de Moreno, en el cual, según un estudio realizado por la encuestadora CEDATOS, la aprobación del Mandatario ecuatoriano, a mayo de 2020, descendió al 18,7 %. Además, en las últimas semanas se han registrado constantes manifestaciones en contra de las medidas adoptadas en materia económica y reclamos por la insuficiente respuesta a la emergencia sanitaria, sumando el rechazo por los recientes casos de corrupción en el sistema de salud, así como las investigaciones periodísticas que revelan un presunto «reparto» y las supuestas ilegalidades en el financiamiento de la campaña por el Sí en la consulta popular del 2018.

Entre las especificaciones del contrato, que habría costado USD $37.500, consta “desarrollar estrategias y tácticas de comunicación para contrarrestar la percepción de un Ecuador asediado por el coronavirus y sin una respuesta coherente”.

De acuerdo con ForeingLobby.com, “la firma fue fundada por el consultor político Alfredo «Freddy» Balsera , quien trabajó notablemente en las campañas de Obama en 2008 y 2012”.

Pichincha Universal consultó a la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador sobre este tema, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La Función Judicial sufre un recorte presupuestario desde el 2019 que asciende a de USD 19’536.733.  Así lo dio a conocer el Consejo de la Judicatura

El órgano administrativo de la Función Judicial indicó que el recorte realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2019 fue de USD 12’297.865 y en lo que va del 2020 alcanza los USD 7’238.868. Sumadas ambas cifras la reducción bordea los USD 20 millones.

En un comunicado, la Judicatura informó que pese al “recorte drástico” se ha dado continuidad a los servicios de justicia, pero que la situación ha afectado al pago de las remuneraciones del personal.

Incluso, la entidad mencionó que durante el ejercicio fiscal del 2019 se tuvo que prescindir de los servicios de 166 servidores judiciales.

En este año, en cambio, se dio por terminada la relación laboral con 26 funcionarios, con lo que se  mermó, aún más, la capacidad de atención en los despachos de causas.

El Consejo también advirtió que el déficit de jueces y de personal jurisdiccional sumado a la suspensión de actividades por la pandemia ocasionaron como consecuencia el represamiento de causas, con la afectación directa a los usuarios que esperan por la debida atención y el acceso expedito a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses.

Hasta mayo, estaban en trámite 804.533 causas, en todas las instancias jurisdiccionales.

Asimismo, entre 2019 y lo que va de este año, se convocaron 734.490 audiencias, de las cuales se realizaron 501.326. Cada mes, a escala nacional, se efectúan un promedio de 14.444 diligencias de este tipo.

El recorte presupuestario impidió que se ejecuten adecuaciones en las Unidades Judiciales Especializadas contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar como estaban previstas en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género.

Además, las actividades de mantenimiento de equipos informáticos, aires acondicionados, ascensores, entre otros, en las unidades judiciales de Guayaquil, Tena y la Corte Nacional de Justicia quedaron suspendidas.

Por este motivo, el Consejo de la Judicatura instó a Finanzas la devolución de los recursos asignados con anterioridad y pidió que no se hagan más recortes.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Uno de los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) plantea que las unidades educativas militares vuelvan a ser regentadas por las Fuerzas Armadas, en condición de fiscomisionales.

Este fue el asunto que la Comisión de Educación, del Parlamento Nacional, analizó en un seminario virtual, con la participación de representantes de los ministerios de Educación, Finanzas, Defensa, y padres de familia.

Dallyana Passailaigue, legisladora socialcristiana, quien impulsa dicha reforma, recordó que la LOEI, publicada en marzo de 2011, dispuso que las instituciones educativas que se encontraban administradas por Fuerzas Armadas, Policía, Comisión de Tránsito del Guayas y Aviación Civil pasaran a la rectoría de la autoridad nacional de Educación y solo seis emblemáticas se quedaron en manos del Ministerio de Defensa.

A su criterio, la experiencia ha mostrado serias falencias, especialmente en lo referente a la baja de la calidad educativa y la limitación de impartir materias complementarias, dentro del proceso de formación integral, fundamentalmente principios y valores, que tanto requieren hoy los niños y jóvenes.

Sostuvo que los padres de familia están dispuestos a pagar las correspondientes pensiones, lo que garantizaría el debido financiamiento y sostenibilidad de estos centros.

Sebastián Salazar, Leonardo Moncayo y Doris Guamán, del Ministerio de Educación, apoyan la reforma. Sin embargo, plantearon que la rectoría la maneje la autoridad educativa, como manda la Constitución; además, que las unidades militares se sujeten a un currículo nacional, más allá de que pueden establecer otras materias.

Robert Tandazo, del Ministerio de Defensa, respondió que no pretenden, de ninguna manera, salir de la rectoría del Ministerio de Educación y de la malla curricular nacional. Según dijo, el pedido es que se permita dictar normas de participación estudiantil, instrucción formal básica, liderazgo, comunicación, primeros auxilios, orientación y gestión de riesgos, entre otras materias, a fin de que los alumnos tenga otra visión del territorio.

Diego Gallegos y Lenín Ochoa, autoridades del Ministerio de Finanzas, expresaron la preocupación por el impacto presupuestario que puede generar esta transición y la posible asignación de recursos adicionales para el funcionamiento de los colegios militares, que retornarían a la administración de Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que el país sufre una grave crisis sanitaria y económica.

Johanna Zambrano, quien dijo representar a los padres de familia, manifestó que los colegios militares se mantuvieron por años con recursos de los militares y las pensiones. Consideró que la decisión de pasarlos al régimen fiscal vulneró derechos de los estudiantes y que el mayor problema ha sido la baja de la calidad educativa.

Los parlamentarios Silvia Salgado, Amapola Naranjo y Jimmy Candell se pronunciaron por garantizar la gratuidad de la enseñanza y que los ministerios de Educación, Finanzas y Defensa coordinen esfuerzos para definir un planteamiento unificado. Incluso, Noralma Zambrano planteó hacer una consulta a la Corte Constitucional para determinar si procede o no este asunto.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano