Día: 19 junio, 2020

Después de dos meses, Ecuador concluyó con la liquidación de una operación con Goldman Sachs International (GSI), banca de inversión internacional. El Banco Central del Ecuador a través de un comunicado señaló que este proceso permite al país garantizar que los activo en oro y bonos invertidos en Goldman Sachs permanezcan en Ecuador.

Para efecto de esta liquidación, el Banco Central del Ecuador (BCE) procedió a cancelar 370 millones de dólares para recuperar 300.000 onzas de oro valoradas en alrededor de 500 millones de dólares, y 606 millones en bonos. Estos activos habían sido entregados a GSI en octubre del 2017. La disponibilidad de los recursos aportará a atender la emergencia sanitaria, social y económica que atraviesa el país según el BCE.

A finales de abril del presente año, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, realizó dos solicitudes de consentimiento a los tenedores de bonos soberanos y de Petroamazonas, acción calificada como evento de crédito. Para este hecho se procedió con la liquidación de las operaciones con GSI para garantizar el retorno de los activos anteriormente mencionados.

La terminación contractual con Goldman Sachs tuvo como resultado que la entidad financiera entregue al Banco Central el crédito que mantenía el país por 500 millones de dólares, el cual vence en septiembre de 2020.

En conclusión, Ecuador recibe 1.100 millones de dólares en activos del Banco Central y se mantienen abiertas las l´neas de financiamiento externo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Juan Manuel Aguirre, informó que esa entidad ha detectado que en horas pico, las paradas del transporte público registran complicaciones con la ciudadanía por el distanciamiento y uso de mascarilla que no todos usan.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad, Policía Metropolitana y Agencia Metropolitana de Control, para hacer esta vigilancia y verificar que en las unidades de transporte también se cumplan las medidas de bioseguridad”.

De otro lado, el funcionario indicó que según la norma Inen, dentro de un bus pueden ir 90 personas, por lo que de acuerdo a la semaforización amarilla la ocupación del mismo podría ser de hasta de 45 ciudadanos, todos sentados. Sin embargo subrayó que se ha identificado que la mayoría de usuarios no quieren compartir asiento con un desconocido.

“Por eso se está hablando, nosotros como municipio pedimos que sea el 30% de ocupación del bus pero el COE Nacional autorizó el 50% y estamos tratando de controlar a las unidades en las paradas”.

Instó a la ciudadanía a actuar con corresponsabilidad y cuidar su salud puesto que si infringe las medidas podría generar un contagio hasta para su familia.

Aguirre también calificó como un problema los salvoconductos, ya que la mayoría lo está usando por lo que el cabildo está solicitando que este documento se elimine y que todos los vehículos se rijan de acuerdo a la placa que les corresponde.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Según datos oficiales, alrededor de un millón 900 mil estudiantes de instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, del régimen Sierra-Amazonía, finalizarán el año lectivo 2019-2020, el 30 de junio próximo.

Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, a partir del 16 de marzo del presente año, el Ministerio de Educación implementó el plan educativo “Aprendemos Juntos en Casa”, con el fin de ofrecer apoyo a las familias y a los estudiantes.

Según la autoridad educativa, el objetivo era lograr una transformación del nuevo modelo pedagógico, enfocado en buscar los recursos necesarios para que los niños, niñas y adolescentes continúen con su proceso de aprendizaje.

Lamentablemente los propósitos no pudieron cumplirse, debido a que muchos de los profesores y más del 50 % de los alumnos no pudieron seguir las clases, por falta de conectividad a internet y/o carencia de herramientas, como tableta, laptop o computadora de escritorio, necesarias y fundamentales para continuar recibiendo las clases virtuales que impartieron los docentes, desde sus hogares.

Si esta fue la realidad en las ciudades de la Sierra y Amazonía, en el sector rural la situación fue más lamentable, por cuanto los hogares no cuentan siquiera con uno de los servicios básicos, como es la luz eléctrica, menos todavía con internet.

De acuerdo a las disposiciones del Ministerio del ramo, para la culminación del año lectivo, los alumnos de 2º de Educación General Básica hasta 3º de Bachillerato deberán entregar su portafolio escolar del 1 al 7 de julio, que es el único medio de verificación del proceso de enseñanza aprendizaje, que será valorado por el docente o tutor. La entrega y recepción puede ser de manera física o digital, a través de los mecanismos que se establezcan, respetando las medidas de seguridad.

Los niños de Educación Inicial, Subnivel 2 y Preparatoria – 1º de EGB no presentarán el portafolio y su promoción al grado inmediato superior será automática.

Los estudiantes de 3º de Bachillerato deberán realizar su Proyecto de Grado, que será entregado por los padres, madres o representantes legales, del 9 al 15 de julio, al docente que fue asignado. La calificación se realizará del 16 al 22 de julio de 2020, por parte de la Comisión de Calificación, que estará conformada por docentes de la institución.

Para la titulación del estudiante, el 70 % corresponderá al récord académico, el 10 % a la participación estudiantil y el 20 % al Proyecto de Grado. Podrán exonerarse de realizar dicho proyecto los estudiantes que tengan un puntaje de 9 o 10, en la sumatoria del récord académico y la participación estudiantil.

En el régimen Sierra-Amazonía hay 6.616 instituciones educativas, de las cuales 4.725 son fiscales. Hay un millón 862.885 estudiantes, de ellos un millón 333.166 son de sostenimiento fiscal. De 99.982 docentes, 67.070 pertenecen al sistema fiscal.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La audiencia de apelación solicitada por los 20 condenados en el caso Sobornos 2012-2016 y la Procuraduría se resolverá el próximo miércoles 24 de junio.

La diligencia estaba prevista para este viernes 19 de junio, pero el Tribunal aceptó varios pedidos de diferimiento con el fin de garantizar el derecho a la defensa como parte del debido proceso.

La audiencia oral está programada para las 09:00 del miércoles 24 de junio en la cual se analizará el recurso de apelación interpuesto por Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Teodoro Calle, Rafael Córdova, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, entre otros.

A este listado también se suman el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

La Procuraduría, como acusador particular, también apeló la sentencia.

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), conformado por los jueces David Jacho (ponente), Wilman Terán y Dilza Muñoz estará a cargo de resolver este pedido.

El pasado 20 de abril, el Tribunal integrado por los jueces Iván León (ponente), Marco Rodríguez e Iván Saquicela sentenció a los exmandatarios a ocho años de prisión por el delito de cohecho.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

La jueza Delicia de los Ángeles Garcés Abad, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, resolvió aceptar parcialmente la demanda interpuesta por la nacionalidad Waorani, debido a la falta de atención prioritaria frente a la propagación del virus de la pandemia, por parte del Gobierno Nacional.

Los dirigentes de esta nacionalidad amazónica destacan como un nuevo triunfo Waorani la decisión judicial. El presidente y vicepresidente de la República no lograron demostrar que protegen del Covid-19 a la nacionalidad Waorani y a los pueblos en aislamiento voluntario, señala un comunicado.

Los wao demandaron una respuesta inmediata y atención prioritaria frente al peligro de contagio, grave e inminente, que enfrentan por la propagación del virus en su territorio. Denunciaron que en el mismo riesgo también están los habitantes de los pueblos en aislamiento voluntario y podría suponer un etnocidio.

A criterio de los líderes waoranis, la resolución judicial es extemporánea, porque llega 27 días después de haber interpuesto la petición de medidas, tras un proceso legal en que se evidenció la ineficacia y actuación tardía del sistema de justicia.

“Este fallo nos da la razón, pues las entidades demandadas actuaron de manera tardía, desarticulada, desconociendo nuestros sistemas de gobernanza, de manera ineficaz y sin criterios culturales pertinentes; y esa actuación ha incrementado notablemente los riesgos contra nuestra vida y nuestra salud”, advierte el comunicado.

Entre otras medidas, el fallo de obligatorio cumplimiento dictamina lo siguiente:

• El Ministerio de Salud Pública debe realizar una búsqueda de las personas con sintomatología relacionada al covid-19 y diagnosticar la presencia del virus en las comunidades Toñanpare, Meñepare, Obepare, Nemompare, Bataboro, Gareno, Conipare, Miwaguno, Yawerpare, Guiyero, Dicaro. Asimismo, se deben identificar las necesidades de salud y subsistencia básica de las comunidades visitadas, así como dotar a los centros y subcentros de salud de personal médico, equipos médicos e insumos suficientes para atender la emergencia sanitaria. Cada una de estas acciones deben cumplirse en ocho días.
• El Ministerio de Salud, en coordinación con líderes de las comunidades Waorani, está obligado a concienciar sobre derechos y obligaciones en salud y vulnerabilidad frente a la pandemia, dentro de su territorio.
• En ocho días, los gobernadores de las provincias del Napo, Pastaza y Orellana, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con dirigentes Waorani, deben abastecer de provisiones alimenticias suficientes y propias de las comunidades waoranis.
• En ocho días, la Secretaría de Derechos Humanos, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, están obligados a presentar las acciones de vigilancia y control realizadas al personal que labora en las empresas, en especial las petroleras nacionales y extranjeras, que se movilizan en el territorio. Además, deben informar si se cumplen protocolos de salud necesarios para evitar contagios en esta población.
• En ocho días, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua debe presentar informe de las acciones de vigilancia realizadas durante la emergencia sanitaria, con respecto a las actividades de minería ilegal, narcotráfico, madereros ilegales, entre otras.
• La Defensoría del Pueblo debe cumplir su rol de dar seguimiento al cumplimiento de estas medidas cautelares.

“Si bien esta sentencia no da paso a la moratoria o suspensión de las actividades extractivas (petroleras y madereras) y tampoco da respuesta a varios de nuestros pedidos, por ejemplo, al relacionado con la necesidad de que las entidades nos informen continuamente sobre la situación en nuestro territorio y cómo enfrentan la emergencia, es significativa porque hace hincapié en la obligación de coordinar cada una de las acciones con nuestras autoridades propias, lo cual reafirma la importancia de la autodeterminación y los sistemas de gobernanza propios”, subraya el boletín de la nacionalidad Waorani.

Lina María Espinosa, defensora de DDHH, abogada de los Waorani, considera que el contenido de la demanda de medidas cautelares a favor de la nacionalidad Waorani y de los pueblos en aislamiento deja al descubierto la ineficacia de un sistema de justicia, que parece no tener claro el criterio de gravedad y urgencia; no tiene criterios interculturales claros para la interpretación de las causas y se pierde y escuda en los pretextos del formalismo y el tecnicismo. El sistema que tenía que protegerlos con urgencia se puso en calidad de mero espectador, mientras los riesgos crecían. El mismo día que ese sistema finalmente actuó, como debió hacerlo 27 días antes, Timpo Omehuay muere, hay sospecha de Covid-19 en comunidades de la zona intangible, el número de contagios crece exponencialmente y el Estado sigue ausente.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos  Tuárez, dio a conocer que la Fiscalía cerró la etapa de instrucción fiscal en su caso por asociación ilícita.

En su cuenta de Twitter, Tuárez publicó tres tuits acompañados de una sentencia en los que señala que se vulneraron sus derechos al no dar paso a la audiencia en la que solicitó a través de su abogado la caución (fianza), por ser un delito menor.

Sostuvo que se lo pretende acusar injustamente y relató que el 5 de junio se solicitó la audiencia y que para el 10 de junio la sala de la Corte Provincial del Guayas dispuso a la jueza Marcela Ortega convocar inmediatamente a la diligencia, la cual hasta el momento no se ha realizado.

Dijo que la prensa lo juzgó con anticipación y que la justicia en el país “selecciona a quien ajusticiar y a quien no”.

Sus tuits fueron direccionados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Comisión Interamericana de Derechos Humano (CIDH), a la Corte Nacional de Justicia, a medios de comunicación internacionales y hasta al presidente de la República, Lenín Moreno.

La sentencia que adjuntó hace alusión a que no existe vulneración de derechos y que se rechaza la acción de Habeas Corpus interpuesta por su abogado Pedro Enrique Moreira Peña. Pero, además, establece al juez de Garantías Penales, que convoque a la audiencia en la que se escuche el pedido de caución.

Asimismo, se adjunta un documento en el que se dispone el cierre de la instrucción fiscal por haber concluido el plazo. En ese mismo papel se pide cinco días de plazo para informar sobre la no imputación de algunos procesados en este caso.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano