Consejera del CNE, Esthela Acero, denuncia amenazas de Baroja para que eliminen a @compromisoRC5

#Urgente| La consejera de @cnegobec Esthela Acero rompe el silencio e informa sobre las amenazas recibidas por parte de Gustavo Baroja de destituirla si es que no impide la participación de Compromiso Social.

Alcaldesa Cynthia Viteri pága $800.000 en épocas de #Covid19 para publicidad

Alcaldía de Cynthia Viteri adjudicó a la compañía Artic Publicidad contrato por USD 800.000 para pautas y elaboración de estrategias para informar a la ciudadanía sobre la emergencia sanitaria. #Guayaquil

Jocelyn Mieles: “Puedo seguir sonriendo cuando me dé la gana”

Jocelyn Mieles, procesada por fraude procesal, ha desmentido en un video subido a su cuenta de Instagram, que posea casas y carros.

“El grillete lo tengo en el pie, no en la boca. Puedo seguir sonriendo cuando me dé la gana” fueron algunas de las frases de la ex chica reality.

Fuente Ecuador Play

¿Por qué los Asambleístas que habrían repartido hospitales, no los investiga la Fiscalía? ¡Opine!

¿Por qué los Asambleístas (Karina Arteaga, Carlos Vera, Karla Cadena, Carlos Bergmann, Teresa Benavides) que habrían repartido hospitales, no los investiga la Fiscalía? ¡Opine!

Cuerpo de Bomberos compran 2500 medallas al 300% de sobreprecio

Nadie topa a los Social Cristianos. Hacen público contrato por $24.000 para comprar 2500 medallas con sobreprecio cuyo precio real es $6.000, además entregan el contrato a un BAR RESTAURANTE. Una Asambleísta también está involucrada en el proceso.

En Colombia liberan a uno de los involucrados en el secuestro de periodistas de El Comercio

El 17 de junio de 2020 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco, en decisión de segunda instancia, concedió la libertad por vencimiento de términos a favor de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias “Barbas”, quien fue uno de los involucrados en el secuestro del equipo periodístico de El Comercio.

El juez consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809 de 2018, según el cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra, como un grupo armado organizado.

Ospina Hernández es señalado por la Fiscalía de haber sido el encargado de realizar los videos de supervivencia al equipo periodístico del diario El Comercio, mientras permanecía secuestrado por el grupo Oliver Sinisterra.

“Esta decisión deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación, no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad en el juicio”, reclamaron los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, quienes fueron secuestrados mientras realizaban la cobertura de los atentados en la frontera norte.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló que ha insistido al Juzgado para que programe la fecha de continuación de juicio en contra de Gustavo Alonso Ospina, pero no ha tenido una respuesta.

Sus familiares piden, tanto a Colombia como a Ecuador, para que reafirmen su compromiso en la lucha contra la impunidad en este caso y se implementen las recomendaciones realizadas por el Equipo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Asambleísta Daniel Mendoza ampliará su versión en caso de delincuencia organizada

El asambleísta Daniel Mendoza ampliará su versión con relación a la investigación de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.

Mendoza es investigado por delincuencia organizada por ser parte de una red que habría desviado recursos con la participación de funcionarios públicos.

La ampliación a su versión libre, voluntaria y sin juramento ya entregada sobre los hechos que se investigan se la efectuara como parte de la etapa de instrucción fiscal de 90 días.

Para cumplir con esta diligencia, el legislador manabita será trasladado desde la Cárcel 4, al norte de Quito, hasta el edificio principal de la Fiscalía General del Estado, donde rendirá su versión ante el fiscal Diego Rosero.

El pasado 5 de junio, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva y retención de fondos de cuentas bancarias, así como prohibición de enajenar bienes en contra de Mendoza.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Abdalá muestra carnet de arma y afirma que él no mintió que fue un regalo de Moncayo

“ABDALÁ NO MINTIÓ…mi santa esposa luego de buscar 15 días, encontró el permiso del arma que me dio las FFAA en 1996. Lo que el General Moncayo llamó presente, aquí está la prueba que fue un arma. https://t.co/ZYXauQ4bSU” afirma el mensaje de Bucaram publicado en Instagram. Sin embargo, el “regalo” para su uso está caducado.

Daniel Salcedo llegó consciente a Guayaquil sin embargo, ha tenido un grave deterioro en su salud

El 9 de junio, Daniel Salcedo ingresó al Hospital de #Guayaquil totalmente CONSCIENTE, donde incluso recibió la notificación policial de su detención. Hoy, su estado de salud es grave, se encuentra en coma “inducido”, además está entubado y los médicos dicen que hacen lo imposible para que no muera, ¿a qué se debe este drástico deterioro de su salud?

Acuerdo que regula la fuerza militar en protestas podría generar abusos, alerta Human Rights Watch

La organización Human Rights Watch alertó que el acuerdo del Ministerio de Defensa, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas del orden público, “podría alentar el uso de la fuerza letal en circunstancias que van más allá de las permitidas según estándares internacionales de derechos humanos”.

El pasado 29 de mayo de 2020, el ministerio de Defensa emitió el «Reglamento de Uso Progresivo, racional y diferenciado de la Fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas» en situaciones de resistencia social interna, que contempla el uso progresivo de la fuerza por niveles, hasta llegar a la «resistencia agresiva agravada», que permite el uso de armas letales.

“A las fuerzas militares se las entrena para la guerra, no para participar en operativos de orden público”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Considera que otorgarles facultades que van más allá de las permitidas según estándares internacionales para el uso de la fuerza letal durante manifestaciones, “es una medida que podría generar graves abusos”.

La organización internacional de derechos humanos indica que conceder esta potestad a los militares “resulta especialmente alarmante” en un período en el que diferentes sectores de la población están protestando contra el gobierno por cuestiones que van desde el destino de los cuerpos de personas que aparentemente murieron por Covid-19, hasta el recorte del presupuesto para educación y denuncias de corrupción.

Por este caso, la Corte Constitucional inició el trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo sobre este acuerdo ministerial.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano