Día: 24 junio, 2020

Para hacer frente a los procesos contra la constructora brasileña Odebrecht, ligados al caso del Poliducto Pascuales-Cuenca, Petroecuador contrató asesoría y patrocinio jurídico.

Un mes antes de que la Procuraduría General del Estado anunciara que el país terminaba las negociaciones con Odebrecht, la estatal petrolera buscó ayuda para emprender las acciones legales en las cortes por los casos que se derivan de la terminación unilateral del contrato para la construcción del poliducto.

Petroecuador inició los trámites internos el 7 de mayo, con el objeto de abrir un proceso de contratación de régimen especial para invitar al abogado Andrés Cordero para que cumpla con la tarea, por USD 1 millón más IVA.

Según la Procuraduría, la contratación de un abogado externo se debería a la carga procesal extensa que tiene la entidad en contraste con el número de abogados con los que cuenta. Esto permitiría tener una defensa de calidad.

Bajo estos parámetros y mediante una resolución del 14 de junio, se acepta la contratación del jurista para los próximos dos años.

La defensa legal de Petroecuador manejará dos procesos: La acción que interponga la estatal en contra de CNO S.A. (antes Constructora Norberto Odebrecht S.A.), por los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato del poliducto, así como en la acción legal planteada por Verónica Loján Avellán, apoderada general de CNO S.A., en contra de la estatal.

En esta obra se habla de sobreprecios, pago de sobornos y hasta equipos de tercera mano. La mayor parte de los problemas del Poliducto Pascuales Cuenca se concentra en la terminal de combustibles de Cuenca.

Según estudios contratados por Petroecuador, la terminal fue construida sobre una quebrada, por lo que hay problemas de inestabilidad en los taludes, filtración de aguas subterráneas y deficiente compactación de suelos.

Incluso, un estudio de la Escuela Politécnica Nacional detalla todos los problemas encontrados.

El objetivo de las acciones legales es recuperar la suma de trescientos millones de dólares, monto aproximado al que ascendería el perjuicio ocasionado por la constructora brasileña.

La versión de Odebrecht dista de la de Petroecuador. En 2018, la constructora dijo que ya hubo una liquidación parcial para dar paso a la terminación unilateral.

La firma brasileña exige el pago de USD 184 millones por el perjuicio económico que, dice, le causó la terminación del contrato. Proceso que está endiente por la pandemia generada por la Covid-19.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El legislador Xavier Casanova, de Alianza PAIS, fue designado presidente de la comisión multipartidista que investigará las denuncias contra su compañero de bancada Daniel Mendoza, acusado de supuesta delincuencia organizada en la adjudicación de contratos en Manabí.

Esta mesa parlamentaria aprobó el calendario de trabajo y comparecencias que se deberán cumplir. El jueves 25 de junio recibirá a las legisladoras Tanlly Vera, de CREO, y Verónica Guevara, de la RC, quienes sustentarán la demanda contra el Mendoza, a quien lo acusan de incumplir los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de esta Función del Estado, que prohíben a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado; así como percibir dietas u otros ingresos que no les correspondan.

Los comisionados también acogerán las declaraciones del asambleísta demandado y su asesor, Jean Carlos Benavides, con el objetivo de contar con las versiones de las partes, cumpliendo el debido proceso.

Las jornadas de comparecencias se llevarán a cabo entre el 26 y el 29 de junio, a las que están invitadas a acudir las autoridades de la Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero (UAFE), BanEcuador, Superintendencia de Bancos, Servicio de Compras Públicas (Sercop), Ministerio de Gobierno. Además, se receptará la versión de legisladores e instituciones privadas implicadas en la investigación.

La etapa de investigación concluirá el 29 de junio, según adelantó Casanova. En estas jornadas, la comisión receptará y analizará la documentación, así como versiones adicionales, a fin de presentar el informe final al Pleno de la Legislatura, el próximo 2 de julio, como establece el documento aprobado por este organismo legislativo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Héctor Yepez (CREO), Javier Casanova (AP) y Ronny Aleaga (RC) integran la Comisión Multipartidista que investigará las denuncias en contra del legislador morenista Daniel Mendoza, por incurrir presuntamente en causales para su destitución, tras los actos de corrupción por los que es investigado.

Las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara presentaron las denuncias contra Mendoza por la causal determinada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) que prohíbe a los asambleístas ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional.

Yépez, Casanova y Aleaga sustanciarán el trámite correspondiente y presentarán a la Asamblea un informe en el plazo de hasta diez días, contados desde su conformación en el Pleno. En este proceso, Daniel Mendoza podrá defenderse de las acusaciones.

Mendoza cumple una prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por una investigación en su contra por presunta delincuencia organizada en los contratos del Hospital Básico de Pedernales.

La Asamblea ha conformado en otras ocasiones una Comisión Multipartidista para investigar a legisladores, que terminó con la destitución de Ana Galarza, Sofía Espín y Norma Vallejo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El ministro de Energía, René Ortiz, y las autoridades del sector eléctrico comparecieron al Pleno de la Legislatura, con el fin de explicar las razones de los cobros excesivos en las planillas de luz durante la crisis sanitaria, que generó malestar en la ciudadanía e inquietud en los asambleístas.

Ortiz confirmó que los valores o el dinero cobrado en exceso a los usuarios se devolverá. Cuestionó que en la facturación del consumo eléctrico no primó el sentido común, porque se debió medir en los domicilios y no aplicar el promedio de los últimos seis meses anteriores, lo que dio lugar a desatinos, errores y fallas.

Luis Veintimilla, viceministro de Electricidad, respondió a Ortiz que no se acudió a los domicilios a medir el consumo, porque había que guardar las precauciones para el personal, acogiendo directrices del COE, tema que desde junio se normalizó. Sostuvo que se han tomado las medidas correctivas ante los problemas suscitados, como la refacturación del consumo de energía.

Ortiz insistió en que el decreto de excepción determinaba que no se paralicen los sectores estratégicos, para cuyo efecto se aprobó un acuerdo ministerial para trabajar 24 horas, los siete días de la semana.

El secretario de Estado ratificó que se mantiene la tarifa de la dignidad de 4 centavos por kw/h, así como la decisión de no cortar la energía por falta de pago.

Geovanny Pardo, de Arconel, Diego Maldonado, de CNEL, y Gonzalo Uquillas, de Celec, señalaron que se implementó una revisión integral de todos los problemas presentados y que se procederá a una nueva facturación de los usuarios afectados. A criterio de estos funcionarios, los inconvenientes se deben a una sobre y subestimación de los consumos, durante marzo y abril.

Mientras tanto, los asambleístas exigieron medidas correctivas urgentes. Deploraron que las autoridades del sector no hayan puesto en marcha, oportunamente, un plan de contingencia y que, más bien, restaron importancia a este problema que afectó a la ciudadanía, por la sobrefacturación de planillas, sin considerar que se trataba de grupos vulnerables, de zonas residenciales y rurales.

Los parlamentarios expresaron su sorpresa, porque las empresas, y la industria en general, tuvieron que paralizar, en acatamiento del estado de excepción; sin embargo, hoy tienen fuertes deudas por el supuesto consumo de energía, lo que también pasa con pequeños locales de negocios, que, a pesar de estar temporalmente cerrados, tienen planillas de luz con cantidades exageradas por el servicio.

Advirtieron que la Ley del Consumidor determina que las planillas se deben medir como corresponde, no con base en promedios. Si Ecuador cuenta con energía para exportar, es el momento clave para reducir los costos del servicio en beneficio de la gente y de la industria, reclamaron. Demandaron que se determinen las responsabilidades y las sanciones del caso.

Las autoridades comparecientes replicaron que las sanciones tienen que adoptar los directorios de las empresas eléctricas, en cumplimiento de las disposiciones emanadas por el presidente de la República, Lenín Moreno.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 “Por defender la salud y la vida de su gente” el alcalde de Baños, Luis silva se siente perseguido indica, se reactivó el proceso que estaba suspendido por la emergencia sanitaria, cuando no permitió la entrada de policías contagiados a su cantón, además, esta localidad se encuentra en semáforo amarillo y tiene 26 personas afectadas por el coronavirus.

Luis Eduardo Silva, alcalde de Baños de Agua Santa, da a conocer que se encuentran en semáforo amarillo desde el primero de junio. Cumpliendo las normas emitidas por el COE nacional y del COE cantonal que se encuentran muy activos en la emergencia sanitaria.

Cuando se inicia el cambio a semáforo amarillo este cantón de la provincia de Tungurahua, únicamente tenía 10 casos positivos de covid-19, ahora han llegado a 26 contagiados, dos de ellos han fallecido, eran dos adultos mayores, que se contagiaron en un chequeo médico en Ambato. Para el alcalde esta situación era previsible debido a las cercanías con los cantones aledaños que se encuentran en condiciones similares, y la habilitación de la movilidad permite mayor riesgo de contaminación.

La situación de confrontación con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al parecer no ha variado, respecto al incidente el 1 de abril pasado, al no permitir el ingreso de unos policías contagiados a esa localidad, indica el alcalde de Baños.

“Por defender la salud y la vida de su gente” el alcalde de Baños se siente perseguido, se reactivó el proceso que estaba suspendido por la emergencia sanitaria, para rendir “la versión de sospechosos de incumplir decisiones de autoridades competentes cuando jamás tuvimos ninguna disposición”, asistieron a la Fiscalía de la ciudad de Baños de Agua Santa, pero fue suspendida por la asistencia concurrida de toda la población apoyando a su alcalde”.

“Nos llamarán nuevamente y continuaremos defendiéndonos con la frente en alto”, dice el burgomaestre. Lo único que se solicitaba era que se cumplan los protocolos que estaban vigentes en ese momento que era “cada cantón debe tener habilitados sus centros de aislamiento para todas las personas” que lo requieran.

En este cantón han realizado la coordinación con el Instituto de seguridad Social (IESS) y Ministerio de Salud Pública (MSP) para fortalecer los cercos epidemiológicos y el aislamiento necesario para los contagiados por la pandemia, es por eso que no hay una fuerte incidencia de la enfermedad en este cantón, resalta Silva.

La realización de pruebas para la detección del covid-19, en su mayoría han sido realizadas por el IESS, también ha existido la donación de pruebas PCR por parte de algunos empresarios. “La municipalidad está adquiriendo unas 1.000 pruebas rápidas para realizar un tamizaje con la población”. Ya que les preocupa que algunas personas no acatan las disposiciones de distanciamiento y uso de mascarillas.

Gracias a la colaboración del personal municipal, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo Provincial, se habría entregado unos 2.500 kits alimenticios hace poco. La solidaridad se ha hecho presente en este cantón que vive del turismo.

Este municipio habría direccionado como presupuesto de emergencia unos USD 50.000 de los cuales se han utilizado USD 30.000, en la entrega de elementos de bioseguridad para el personal y para quienes se encuentran en primera línea, también, para actividades prioritarias como agua potable, que está afectada por el temporal en la zona.

Fuente: Pichincah Universal, República del Banano

En el tercer día de audiencia de juicio en contra del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, por su presunta responsabilidad en el secuestro de Fernando Balda, la Fiscalía continúa con la presentación de pruebas.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, continúa con la presentación de la prueba, con el fin de demostrar que el secuestro contra Balda, registrado el 13 de agosto de 2012 en Colombia, se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Además, el análisis de la Fiscalía considera que el operativo fue coordinado desde Ecuador por el extitular de la Senain por pedido del expresidente Rafael Correa.

En el segundo día de la diligencia, Toainga solicitó al Tribunal, presidido por el juez Iván León, la reproducción de los testimonios anticipados de los exagentes de Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes ya cumplieron con su sentencia de 21 meses de pena privativa de libertad.

En su testimonio, Chicaiza manifestó que Pablo Romero le dispuso cumplir con la disposición y que, para lograrlo, contrató a cinco personas a las que habría pagado 28.000 dólares. Además, dijo que la orden habría sido traer como sea a Balda desde Colombia a Ecuador.

Según la información proporcionada por el exagente, el operativo fue frustrado, debido a que un grupo de taxistas alertó a las autoridades sobre lo que se pretendía hacer con Balda.

Explicó que, cuando regresó al país, el respaldo político e institucional no se habría cumplido por parte del Gobierno.

Por su parte, Falcón expresó que por orden de Romero acompañó a Chicaiza e informó a su inmediato superior sobre cada una de las actividades que realizaron en Colombia.

Asimismo, dijo que nunca recibieron ayuda de las autoridades, pese a los múltiples ofrecimientos.

Un informe pericial de la cadena de mando presentado por la Fiscalía demostró que las órdenes para los policías fueron emitidas por sus inmediatos superiores.

En esta diligencia también fue convocado como testigo el general Fausto T., quien fue director nacional de Inteligencia en esa época, quien negó haber conocido del operativo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano