Ley de Apoyo Humanitario denunciada por inconstitucional

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue la primera organización sindical que presentó una acción de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional, contra la Ley de Apoyo Humanitario del Ejecutivo, que entró en vigencia el lunes 22 de junio del presente año.

Fueron demandados los artículos que abordan los acuerdos para la modificación de las condiciones económicas, reducción de la jornada, contrato “emergente”, goce de vacaciones, teletrabajo, y vuelos internacionales a Galápagos.

«Nos dejan sin vacaciones, al teletrabajador le ponen un horario de 12 horas y por otro lado nos dejan sin la protección de que el COVID-19 se pueda declarar como una enfermedad laboral», reclamó Richard Gómez, presidente de la CUT.

El objetivo de la acción es precautelar y defender los derechos de los trabajadores, según el dirigente gremial, quien protestó porque durante el debate de la ley se hicieron recomendaciones a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República, pero no fueron acogidas.

“Ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de lograr, mediante acuerdos tripartidos, las fuentes de trabajo y la generación de empleo”, señala un comunicado de la CUT.

Se conoce que también presentarán una demanda similar los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), quienes rechazan lo que califican como precarización de las condiciones laborales de los obreros, que impone la norma.

No solo los trabajadores impugnan la Ley Humanitaria, también los empresarios, que, a través del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) anunciaron acciones legales a la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, sobre los despidos por caso fortuito o fuerza mayor. La normativa estipula que esta causal aplica únicamente con el cese total y definitivo de la actividad económica del empleador.

A decir del líder de la CUT, los despidos también se han dado en grandes grupos empresariales, que tienen ciento de millones de dólares fuera del país.

“No hay un razonamiento ni lógica cuando quieren botar a un trabajador de 25 o 30 años», manifestó.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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