Municipalidades anuncian movilización para exigir al Presidente Moreno los pagos pendientes

El representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) de la regional 5, Edson Alvarado, anunció que los 51 alcaldes del Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos realizarán una movilización en Guayaquil para exigir al Gobierno Nacional los pagos adeudados a sus municipios.

Luego de la manifestación, dijo Alvarado, entregarán un manifiesto al gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, para que sea su conexión con el Presidente de la República, Lenín Moreno y entregue este reclamo.

“No vamos a hacer ni desmanes ni nada”, aclaró Alvarado en una rueda de prensa, la mañana de este 29 de junio de 2020. Informó que son USD $84 millones el monto depositado para las municipalidades que, dijo, no significa ni siquiera el 10 % del valor que adeudado. “La deuda es de USD 984 millones”, afirmó.

Luego de la marcha en Guayaquil, acudirán el próximo 15 de julio a Carondelet para intentar reunirse con el Mandatario ecuatoriano. “No queremos más intermediarios, ni ministros ni ministras”, acotó.

Por último, advirtió que, si no son recibidos por el Jefe de Estado, las municipalidades que conforman la Zona 5 paralizarán sus actividades. Además, hizo un llamado para que el presidente nacional de la AME se pronuncie por los montos adeudados.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Compromiso Social pide al TCE la destitución de Pablo Celi

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió a trámite la petición de destitución del contralor subrogante Pablo Celi por supuesta intromisión en la función electoral y arrogación de funciones.

A través de su cuenta de Twitter, Vanessa Freire, presidenta nacional del Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, informó sobre esta acción que fue admitida a trámite el pasado 27 de junio.

A más de Celi, la denuncia por infracción electoral fue dirigida a Manuel Araujo, director nacional de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Tribunal solicitó a la accionante como a los denunciados y al CNE que presenten la documentación necesaria para resolver el tema.

En el caso del Consejo Nacional Electoral se dispuso que remita copias del expediente completo respecto a la resolución del 18 de agosto de 2016, en lo que respecta a la inscripción de Compromiso Social.

El 26 de junio, el CNE remitió lo solicitado por el Tribunal y este admitió a trámite lo solicitado por la representante legal de la organización política.

Para ello, dirigió los escritos pertinentes a Celi y Araujo y se convocó para el próximo viernes 10 de Julio a las 09:30 la práctica de la audiencia oral única de prueba y alegatos.

De acuerdo al Reglamento de Trámites Contencioso Electorales las partes tienen cinco días, a partir de la citación, para contestar el contenido de la denuncia, en el que podrá anunciar y presentar la prueba de descargo como garantía de su derecho a la defensa de los presuntos infractores.

Asimismo, se recordó a las partes procesales que pueden acceder al expediente con el fin de que tengan sus argumentos para su defensa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Presidenta del CES olvida apagar su micrófono y causa polémica por decir ‘cholo’ a asambleísta; ella explica el incidente

La Subcomisión de Educación recibió a las autoridades de Educación Superior para tratar sobre el avance y cumplimiento del Plan de Intervención Institucional de la Universidad de Guayaquil, aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES).

En ese marco, Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior explicó que el Plan de Intervención se basó en tres subsistemas: formación, investigación y administrativo financiero.

Expresó que hasta abril de 2020 se ha ejecutado de manera general el 77.77 % del Plan de Intervención 2019-2021. En el susbsitema de información el cumplimiento fue del 81.82 %; en investigación del 50 % y en el administrativo financiero 78 %.

Por otra parte, la titular de CES indicó que la Universidad de Guayaquil requiere de 12 millones 242 mil dólares para el pago de pensión de jubilación complementaria. El monto debe ser asigando por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Roberto Passailaigue, presidente de la Comisón Interventora y Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Guayaquil indicó que se ha solicitado una asignación extrapresupuestaria para cubrir estos rubros, ahora esperar respuesta del Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, uno de los momentos inesperados de la sesión fue cuando la presidenta del CES, quien al parecer sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido tras terminar su intervención, dijo ‘cholo’ al asambleísta de Santa Elena, Jimmy Candell, presidente de la Comisión de Educación.“Qué cholo que está con ese fondo blanco, Jesusito”, dijo Vélez. “Se ríe el Passailaigue”, añadió, refiriéndose a Rodrigo Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil. 

Tras el incidente, Candell le recordó a Vélez que su micrófono seguía encendido y le pidió que lo apagara. “Se escucha nomás a Catalina. Apague el micrófono, Catalina”, dijo.

Luego del hecho, Vélez envió un comunicado dirigido a la comisión legislativa, en el que señala que sus palabras “en ningún momento fueron dirigidas hacia persona alguna. Con clarísima mala intención, se está tergiversando y descontextualizando una expresión coloquial referente a un objeto, tal como es el color de un fondo de pantalla”.

“No obstante, reconozco el poder del lenguaje. Lo acepto con frontalidad, utilicé de manera inadecuada una expresión, que no refleja ni mi pensar, ni mi sentir”, agregó la funcionaria.

En 2018, el pleno del CES eligió a Catalina Vélez Verdugo, quien es doctora en Desigualdades e Intervención Social. Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad  por la Universidad Pablo de Olavide, de España, como presidenta del organismo, convirtiéndose así en la primera mujer en asumir esta designación.

Es también magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Estudios de la Cultura, por la Universidad Andina Simón Bolívar y licenciada en Ciencias de la Educación, Especialidad Psicopedagogía, por la Universidad Politécnica Salesiana.

Fuente: Vistazo, República del Banano

Aplazada aprobación de informe para primer debate del proyecto de Extinción de Dominio

Las observaciones y propuestas de Sara Salazar, consultora del International Republican Institute, hicieron que la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social retrase la aprobación del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, conocido como Ley de Extinción de Dominio.

Salazar considera que esta herramienta jurídica servirá no solo para combatir la corrupción administrativa, sino las actividades ilícitas que permiten que siga existiendo este acto. También, que con la normativa se podrá repatriar dineros ilícitos que salen del país producto de la corrupción.

Sugirió definir de manera clara cuáles son las actividades ilícitas que debería contemplar el proyecto de ley; por ejemplo, todas aquellas vinculadas contra la eficiencia de la administración pública, el régimen de desarrollo, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el orden económico, responsabilidad ciudadana, terrorismo y su financiación, y todas aquellas que produzcan un incremento patrimonial injustificado o se encuentren vinculadas a la criminalidad organizada, se hallen ubicados en territorio nacional o extranjero.

A su entender, lo que se busca con la norma es combatir “la criminalidad gruesa”, pues para lo otro, está el comiso penal.

Aclaró que, en la extinción de dominio, se investiga el patrimonio, no a la persona, por lo que cree que el término investigado no sería adecuado, debido a que en materia de extinción de dominio, el titular del bien no es el investigado, sino los bienes, el patrimonio y los derechos reales. Planteó utilizar el término afectado, citado, requerido o incluso demandado.

Al ser consultada por parte de los asambleístas respecto a la entrega de recompensas para quienes delatan enriquecimiento ilícito, sostuvo que no está de acuerdo, pues, en la mayoría de los casos, los que delatan son los mismos criminales.

“Aquí no se debería premiar a los delincuentes”, sentenció.

La Comisión tenía previsto aprobar el informe para primer debate de dicho proyecto; sin embargo, tras las sugerencias efectuadas por Sara Salazar, los comisionados resolvieron trabajar nuevamente con sus equipos para afinar diversos puntos. La votación se llevará a cabo el martes 30 de junio, en la mañana.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

En la Asamblea Nacional, 20 solicitudes de amnistía tienen informe favorable

La Comisión legislativa de Justicia acogió 20 de las 21 peticiones de amnistía, en el caso de aplicación de la justicia indígena en que están involucrados dirigentes de la comunidad San Pedro de Cañar, que fueron procesados por la justicia ordinaria, acusados de secuestrar a dos abogados.

La mesa evaluó los dos últimos casos, de Luis Chimborazo Sarmiento y María Sotamba Padilla, que resolvió incorporarlos en el informe final del trámite de solicitudes de amnistía, de manera favorable.

A la lista, auspiciada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) se suman: José Sarmiento, Sergio Paucar, Luis Calle, Manuel María Calle Calle, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza, María Asenciona Tamay Murudumbay, Héctor Tamay Tamay, Luis Morocho Sanango, María Tenelema Romero, Zoila Espinoza Campoverde, Víctor Aurelio Espinoza, María Aurora Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca, María Baleriana Tenezaca Romero, Manuel Jesús Romero, Digna Sarmiento y Galo Mateus.

La solicitud de Julio Alberto Sigüencia no obtuvo los votos suficientes, considerando que, de acuerdo a la ficha y expediente, no hubo formulación de cargos en su contra.

Aquiles Hervas Parra, coordinador del Grupo de Docentes Investigadores en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico en el Ecuador, sostuvo que el Art. 171 de la Constitución, los artículos 24, 344, 345, 346 del Código de la Función Judicial, el 3 del Reglamento de Procesos y las normas internacionales consagran y reconocen la vigencia de la figura de justicia indígena, que es aplicada por aquellos que ejercen la representación política de la comunidad.

Reclamó que se ejercen constantemente acciones neocoloniales de poder sobre los indígenas de los pueblos y comunidades, criminalizando incluso sus tradiciones ancestrales. Defendió que la justicia indígena contiene sistemas reparadores, sanadores y restauradores, que van en la línea de superar conflictos de manera pacífica, darle tranquilad al territorio y hasta la puesta en marcha del trabajo comunitario (mingas), que deberían acogerse en el esquema formal.

En la fase de comparecencias, los expertos señalaron, en general, la pertinencia y constitucionalidad del otorgamiento de la amnistía en estos casos, en razón de que existió́ criminalización por parte de la justicia ordinaria y abuso de la figura de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno, para perseguir a autoridades de la comunidad de San Pedro.

Destacaron la importancia de que el Parlamento se pronuncie a favor de los derechos humanos de los pueblos, como un acto político, de reafirmación del pluralismo jurídico y de reparación histórica.

En el documento del equipo técnico, se hizo pública la alerta de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual, el 13 de septiembre de 2019, expresó su preocupación ante la criminalización de la justicia indígena y de las autoridades comunitarias, por ejercer sus funciones.

Una vez que la Comisión de Justicia tengan listo el correspondiente informe, con las debidas fichas y expedientes, pasará a conocimiento y resolución final del Pleno de la Asamblea Nacional.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno nacional transfiere USD 130 millones que debe a los GAD desde el mes de marzo

Un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, da cuenta de la transferencia de USD 130 millones, de los recursos que corresponden a las alícuotas adeudadas por Modelo de Equidad Territorial, del mes de marzo y abril, a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, pero no llega en su totalidad a la Prefectura de Pichincha, a la que debe USD 45 millones, en esta remesa solo le da USD 5 millones.

Un comunicado oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, asegura que este 28 de junio de 2020, el Gobierno nacional transfiere USD 130 millones a los Gobiernos seccionales.

De este valor transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas, de los USD 31 millones que corresponde a las prefecturas, únicamente llegó al Gobierno de la Provincia de Pichincha solo USD 5 millones. Cabe anotar que el Gobierno central debe a Pichincha USD 45 millones, restando lo transferido, queda con un saldo de USD 40 millones.

La información asegura que el Gobierno habría transferido en esta semana, un total de USD 130 millones a prefecturas, municipios y juntas parroquiales de las alícuotas adeudadas por Modelo de Equidad Territorial.

Estas transferencias corresponden a rubros pendientes parciales de marzo y abril, indica el documento, en cumplimiento del compromiso realizado de asignar recursos conforme a la liquidez del tesoro nacional.

Según el boletín enviado, con esta “última transferencia se ha cancelado la totalidad de lo adeudado hasta abril para los GAD con mayores necesidades de financiamiento”, recalca.

La distribución se da a las 797 Juntas Parroquiales y 146 Municipios Pequeños que han cumplido con los requisitos normativos para las operaciones financieras, señala el escrito.

Además, fue cancelado aproximadamente un 50% de lo adeudado a Municipios Medianos y casi un 60% de transferencias pendientes con prefecturas de marzo.

Se detalla las transferencias realizadas de la siguiente manera: Prefecturas USD 31 millones, Municipios Grandes USD 12 millones, Municipios Medianos USD 33,5 millones, Municipios Grandes USD 38,6 millones, Juntas Parroquiales USD 15 millones. (El documento tiene un error que señala dos veces municipios grandes y no se puede colegir cual es la cantidad cierta que corresponde).

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Susana González asume oficialmente la Prefectura del Guayas

Este lunes 29 de junio, Susana González asumirá oficialmente su cargo como prefecta del Guayas, luego del fallecimiento de Carlos Luis Morales, quien estuvo en medio de investigaciones por supuestos actos de corrupción.

La nueva autoridad dirigirá su primera sesión en la que entre los puntos de la agenda está la revisión de la acción de personal en la que el 25 de junio pasado asumió el cargo.

En el orden del día también consta la designación del nuevo viceprefecto, que será elegido de una terna que presentará González en concordancia con el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Al viceprefecto se lo nominará con el voto de 32 consejeros provinciales (25 alcaldes y 7 representantes de las Juntas Parroquiales).

Además, los consejeros abordarán la propuesta de la nueva prefecta para que se identifique a la institución como Prefectura del Guayas, debido a que Morales la denominó Gobierno del Guayas.

En relación al modelo de gestión que se tiene previsto implementar hasta mayo de 2023, González piensa fomentar el desarrollo integral productivo y sostenible con énfasis en el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos.

La sesión de trabajo se realiza días después de que la nueva autoridad removió a 360 empleados, a quienes se les notificó con su cese de funciones o con la terminación de sus contratos ocasionales.

Los funcionarios pertenecerían a las direcciones de Compras Públicas, Planificación, Gestión Financiera, Administrativa, Presupuesto, Talento Humano, Procuraduría Síndica, Obras Públicas, Supervisión y Fiscalización. Ellos formaban parte de una nómina que representaba USD 534 997 en pago mensual de salarios y laborarán hasta este martes 30 de junio.

Otra de sus decisiones fue solicitar a la Contraloría General del Estado, un examen especial a los procesos de contratación de bienes, servicios y obras de la Prefectura del Guayas, entre el 15 de mayo y el 25 de junio.

Desde inicios de junio, la Fiscalía investiga cuatro contratos ejecutados por el Gobierno Provincial del Guayas durante la gestión de Morales, por el presunto delito de tráfico de influencias. Doce personas fueron incluidas en el proceso, entre ellos la esposa del fallecido exprefecto y dos de sus hijastros.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano