La Comisión legislativa de Justicia acogió 20 de las 21 peticiones de amnistía, en el caso de aplicación de la justicia indígena en que están involucrados dirigentes de la comunidad San Pedro de Cañar, que fueron procesados por la justicia ordinaria, acusados de secuestrar a dos abogados.
La mesa evaluó los dos últimos casos, de Luis Chimborazo Sarmiento y María Sotamba Padilla, que resolvió incorporarlos en el informe final del trámite de solicitudes de amnistía, de manera favorable.
A la lista, auspiciada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) se suman: José Sarmiento, Sergio Paucar, Luis Calle, Manuel María Calle Calle, Ángel Belisario Calle Calle, Luis Eduardo Calle Espinoza, María Asenciona Tamay Murudumbay, Héctor Tamay Tamay, Luis Morocho Sanango, María Tenelema Romero, Zoila Espinoza Campoverde, Víctor Aurelio Espinoza, María Aurora Romero Romero, Blanca Teresa Tenezaca, María Baleriana Tenezaca Romero, Manuel Jesús Romero, Digna Sarmiento y Galo Mateus.
La solicitud de Julio Alberto Sigüencia no obtuvo los votos suficientes, considerando que, de acuerdo a la ficha y expediente, no hubo formulación de cargos en su contra.
Aquiles Hervas Parra, coordinador del Grupo de Docentes Investigadores en Justicia Indígena y Pluralismo Jurídico en el Ecuador, sostuvo que el Art. 171 de la Constitución, los artículos 24, 344, 345, 346 del Código de la Función Judicial, el 3 del Reglamento de Procesos y las normas internacionales consagran y reconocen la vigencia de la figura de justicia indígena, que es aplicada por aquellos que ejercen la representación política de la comunidad.
Reclamó que se ejercen constantemente acciones neocoloniales de poder sobre los indígenas de los pueblos y comunidades, criminalizando incluso sus tradiciones ancestrales. Defendió que la justicia indígena contiene sistemas reparadores, sanadores y restauradores, que van en la línea de superar conflictos de manera pacífica, darle tranquilad al territorio y hasta la puesta en marcha del trabajo comunitario (mingas), que deberían acogerse en el esquema formal.
En la fase de comparecencias, los expertos señalaron, en general, la pertinencia y constitucionalidad del otorgamiento de la amnistía en estos casos, en razón de que existió́ criminalización por parte de la justicia ordinaria y abuso de la figura de secuestro, secuestro extorsivo y daño a bien ajeno, para perseguir a autoridades de la comunidad de San Pedro.
Destacaron la importancia de que el Parlamento se pronuncie a favor de los derechos humanos de los pueblos, como un acto político, de reafirmación del pluralismo jurídico y de reparación histórica.
En el documento del equipo técnico, se hizo pública la alerta de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual, el 13 de septiembre de 2019, expresó su preocupación ante la criminalización de la justicia indígena y de las autoridades comunitarias, por ejercer sus funciones.
Una vez que la Comisión de Justicia tengan listo el correspondiente informe, con las debidas fichas y expedientes, pasará a conocimiento y resolución final del Pleno de la Asamblea Nacional.
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano
