Asambleístas debatieron en primera instancia el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública

El Pleno del Parlamento Nacional cerró el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría Pública, cuyas observaciones señaladas en la discusión de primera instancia deberán ser recogidas para la elaboración del informe para segundo debate.

La legisladora Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y ponente del documento, expuso los alcances y objetivos de la propuesta, que responde a un enfoque de derechos, no implica ningún impacto en el gasto público y efectiviza el mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución, según señaló.

Explicó que la propuesta busca regular aspectos de organización y funcionamiento de la Defensoría en la prestación de servicios de patrocinio y asesoría, así como el ejercicio del derecho y garantía de igual acceso a la justicia de las personas.

El proyecto contempla la obligatoriedad de brindar el servicio de patrocinio y asesoría jurídica gratuita a las personas que se encuentren en estado de indefensión para el acceso a la justicia o condición económica sujeta a vulnerabilidad.

El informe de Justicia estableció la diferencia sobre la naturaleza de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades y de otras organizaciones, fijando que los primeros serán evaluados y acreditados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces), previo informe de la Defensoría. Sin embargo, según Peña, hay apertura para lograr un texto de amplio consenso al respecto.

El proyecto dispone que los servidores de la institución y quienes prestan sus servicios en la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública deberán mantener una conducta honesta, imparcial y diligente en el manejo de las causas y de respeto a las garantías del debido proceso de las personas usuarias, aplicando los principios de buena fe y lealtad procesal.

Se dará la reasignación de causas en caso de conflicto de intereses, además de determinar prohibición expresa de promover servicios jurídicos privados, por lo que su incumplimiento será sancionado como falta administrativa.

En el debate, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de especificar que la tutela de derechos por parte de la Defensoría y de los consultorios gratuitos sea únicamente a favor de personas de escasos recursos económicos y en vulnerabilidad, garantizando, en todo momento, un servicio gratuito, justo, de calidad y técnico.

Plantearon que el patrocinio sea en todas las materias, sin limitaciones y que la asesoría jurídica gratuita contemple a gente en situación de calle, entre ellos indigentes. Se propuso que los defensores se especialicen en temas de víctimas de violencia (mujeres, niños y adultos mayores), discapacidad, personas en movilidad humana, de pueblos indígenas, enfermedades catastróficas, encargándose no solo del patrocinio, sino de la investigación y seguimiento de los casos.

Resaltaron la importancia de la Escuela Defensorial para la capacitación y profesionalización continua de servidores, pero sin afectar la gestión que cumple la Escuela de la Función Judicial, por lo que se requiere llegar a niveles de coordinación y planificación. También se habló de aproximar las acciones concurrentes de las defensorías Pública y del Pueblo, a fin de proteger y defender a los sectores sociales vulnerables, afianzando el ejercicio de patrocinar la materia de derechos constitucionales.

Respecto al ente que regirá la acreditación y evaluación de los consultorios jurídicos gratuitos, aspecto de intensa discusión, la mayoría se pronunció por acoger lo que dispone el artículo 193 de la Constitución, respetando la autonomía de las instituciones de educación superior. El criterio es que haya efectiva coordinación, no subordinación, entre la Defensoría y el Caces, con el propósito de que la valoración de dichos consultorios responda a estándares de calidad y eficiencia en beneficio de la población.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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