La Ley de Protección de Datos permanece estancada en la Asamblea Nacional y en el marco de la emergencia sanitaria con la autorización, por parte del Ejecutivo, para el uso de plataformas satelitales, digitales y de telefonía móvil, los datos de los ecuatorianos podrían estar en riesgo.
El pasado 16 de marzo de 2020, con la emisión del decreto en el que se declaró el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, el Gobierno habilitó el uso de “plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio”. Este apartado se encuentra en el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 1017.
El uso de los diferentes aplicativos y plataformas, así como el monitoreo de la ciudadanía en riesgo de contagio ha quedado evidenciado en ciertas cadenas nacionales en las que el Presidente, Lenín Moreno, ha hecho un llamado de atención a la ciudadanía para mantener las medidas de confinamiento.
En este contexto, la Corte Constitucional dispuso que estas tecnologías sólo debían usarse para abordar la emergencia sanitaria y rastrear el virus y no debían emplearse de un modo que menoscabe los derechos a la privacidad o a no ser discriminado. Además, aclaró el gobierno ecuatoriano debrá proteger los datos personales de los pacientes u otros cuya salud fuera objeto de monitoreo en relación con la pandemia.
Sin embargo, de acuerdo a un seguimiento del portal Human Rights Watch, sobre la aplicación digital Salud Ec, los usuarios deben indicar su nombre, año de nacimiento, documento de identidad nacional, número de teléfono, correo electrónico y dirección geolocalizada; por lo que consideran que estos requerimientos contradicen el principio de minimización de datos, que indica que sólo deben tratarse información que sea necesaria para el objeto declarado de la aplicación y tengan relación directa con este, y que no deben conservarse ni usarse para otros fines.
«Si el objeto de la aplicación es permitir que las personas informen voluntariamente síntomas del virus y se pongan en contacto con servicios sanitarios, no resulta claro por qué se solicitarían diversos datos personales, incluyendo la dirección geolocalizada del usuario», apunta Human Rights Watch.
Con estas aclaraciones y con antecedentes como la filtración de datos de más de 20 millones de ecuatorianos descubierto por la firma VpnMentor, en septiembre de 2019, es necesario el trámite de un una ley que proteja datos personales de los ciudadanos. Sobre esto, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, explicó:
“Llevar a cabo medidas de vigilancia para evitar la propagación de la Covid-19 sin una ley que proteja datos personales ni un organismo independiente que supervise su cumplimiento pone en riesgo el derecho a la privacidad de los ecuatorianos”.
Agregó que “la Asamblea Nacional debería tratar con carácter prioritario el proyecto de ley propuesto por el Presidente Moreno y adoptar legislación que establezca pautas claras sobre el consentimiento requerido para recabar datos personales, así como los límites al tratamiento, el uso y la conservación de estos datos, incluso en períodos de emergencia”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado a los Estados que, durante la emergencia de la Covid-19, “solo deben almacenar los datos personales recabados durante la emergencia con el fin limitado de combatir la pandemia, sin compartirlos con fines comerciales o de otra naturaleza.
Fuente: Pichincha Universal, República del Banano
