Día: 8 julio, 2020

Jéssica S. es la doctora en medicina que firmó el carné de discapacidad de Daniel Salcedo, en febrero del 2018, sobre ella existe una denuncia por falsificación y uso de documentos.

Emerson Calderón, abogado defensor de la doctora Suárez aclaró este martes 08 de julio de 2020 que su clienta solo debía calcular el grado de discapacidad de los pacientes basándose en los certificados emitidos por otros médicos para firmar por el carné de discapacidad.

El nombre de Jéssica aparece en una denuncia penal que realizaron los representantes del Ministerio de Salud por un presunto delito de falsificación de documentos.

Su nombre se conoció pues el 2 de febrero de 2018 se evidencia que la doctora fue quien emitió el certificado médico donde calificó que Daniel Salcedo supuestamente tiene el 41% de discapacidad auditiva y porque padece hipocusia neurosensorial bilateral.

Calderón ha manifestado a los medios de comunicación que su defendida solo cumplió con su trabajo y rechaza que se haya beneficiado de dinero a cambio de la credencial.

“Ella no valoraba física ni psicológicamente a las personas, establecía el porcentaje y eso quedaba en el archivo. Ella es la que firma, pero quienes revisan a los pacientes son otras personas”, aseguró el abogado.

“Es más, ella ni siquiera entrevista a los pacientes, su labor consistía en darle un análisis a los informes de otros médicos. Lo que sí hacía era establecer el porcentaje de discapacidad, pero siempre y cuando se encuentre dentro del procedimiento que se debía cumplir. No con base en una valoración propia o a discreción”, indicó Calderón.

El jurista también mencionó que en el 2018 Jéssica S. denunció al Ministerio de Salud que su sello digital había sido hackeado. Según Calderón, los documentos de esa denuncia administrativa serán presentados a la Fiscalía cuando sean llamados.

La doctora Suárez ha emitido “cientos” de carnés con base en los protocolos establecidos desde el 2017, afirmó su abogado. Por eso, asegura que en este momento recopilan toda la información para comparecer a la Fiscalía cuando sea necesario, el abogado defensor además confirmó que su clienta permanece en funciones, pero en otra unidad médica.

No solo el carné de Salcedo fue obtenido en el Centro de Salud Cisne 2, hasta ese centro del Ministerio de Salud acudieron decenas de funcionarios que hoy portan carnés de discapacidad, incluido César Rodríguez Fontecilla, quien viajaba en la avioneta con Salcedo y quien hoy está prófugo, sino también César Vargas Baño, actual gerente del Hospital de Los Ceibos. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tras la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, el Gobierno alista una reorganización ministerial. Así lo dio a conocer el secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.

Durante una entrevista radial, Roldán dijo que “perder a un cuadro de esos quilates, siempre es difícil”, por lo que comentó que se requiere Carteras de Estado fuertes que no piensen que la administración ha llegado a su fin.

Al ser consultado sobre la posible candidatura de Sonnenholzner para la Presidencia de la República, el funcionario mencionó que desconoce esa postura, pero que la renuncia es una “decisión pensando en el país”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

El  Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer en Ecuador indica la preocupante situación de la mujer y sus derechos en este país andino. Mientras que, el informe anual sobre el Estado de la Población Mundial 2020  apunta a las nefastas consecuencias de retroceso que, la pandemia Covid 19,  puede tener en los logros alcanzados en las últimas décadas en materia de igualdad de género y en la erradicación de costumbres “aberrantes” como la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil, así como los avances para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de 2030.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonović, realizó una visita oficial al Ecuador, por invitación del Gobierno, del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019. El principal objetivo de la visita fue determinar la situación general en materia de violencia contra las mujeres que vivía el país y evaluar las iniciativas que se estaban adoptando para eliminar tal tipo de violencia.  Según informa la ONU a través del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.

En dicho informe, la relatora indica que “el elevado nivel de violencia que experimentan las mujeres en el Ecuador resulta alarmante: alrededor del 65 % de las mujeres han experimentado al menos alguna forma de violencia durante su vida. La persistencia de actitudes y comportamientos discriminatorios y estereotipados por motivos de género, unas normas sociales patriarcales y machistas que están profundamente arraigadas, la normalización de la violencia, y el estigma social que conlleva denunciarla, siguen impregnando la sociedad a todos los niveles, afectando de manera desproporcionada a las mujeres más vulnerables”, recalca la relatora.

También, se señala en el informe la enorme preocupación que suscitaba los recortes que se proponían efectuar en el presupuesto de 2020 y que actualmente se llevaron a cabo, en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. En el documento, la relatora señalaba con especial preocupación los informes en el que indicaban la reducción en un 100 % al presupuesto asignado para la aplicación de la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes  y en un 84 % al presupuesto asignado a la aplicación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres , adelantándose así a la actual realidad de la mujeres en Ecuador indicando que de aplicarse tales recortes presupuestarios, menguarán considerablemente los esfuerzos por aplicar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y anularán la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, que resulta tan necesaria, añadiendo que de adoptarse esa decisión, se estaría contribuyendo a vulnerar los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.

Recordemos que las cifras en Violencia de Genero en menores son alarmantes

Cada año, aproximadamente 2.700 niñas menores de 15 años dan a luz. La tasa de natalidad entre las niñas con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años aumentó de 2,5 por cada 1.000 nacimientos en 2013 a 8 por cada 1.000 nacimientos en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, noviembre de 2019.

 

 

El Ecuador en el Marco internacional sobre violencia contra las mujeres

En el informe la relatora de la ONU, indica que el Ecuador ha ratificado como Estado parte en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos incluida la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que ratificó en 1981, así como en su Protocolo Facultativo, que ratificó en 2002. A nivel regional, el Ecuador es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en 1995, ratificó varios instrumentos adicionales, incluida la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). Estos tratados internacionales ratificados por el Ecuador son aplicables directamente ante los tribunales nacionales y pueden ser invocados directamente por las autoridades civiles, administrativas o judiciales, incluso en ausencia de legislación nacional, nos recuerdan en el informe de la Relatora. Sin embargo, del “dicho al hecho” no  hay práctica, pues no se imparte capacitación específica a jueces, fiscales, abogados, agentes de policía y funcionarios públicos en relación con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por tanto la ONU vuelve a actualizar las recomendaciones generales: la recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y con la Convención de Belém do Pará. Impartir formación sobre los instrumentos jurídicos mencionados es esencial para garantizar la aplicación directa de las normas internacionales.

Por otro lado, en el informe se recuerda que la Constitución de 2008 refleja los principios de los derechos humanos y reconoce la integridad personal como parte del derecho a la libertad.(…) En ella se señala que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, y se establece la obligación de adoptar medidas para prevenir y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. No obstante, existen grandes deficiencias en la implementación con respecto a las nuevas leyes relativas a los derechos de las mujeres y las niñas, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Salud, ya que, siguen planteando enormes desafíos, en particular a nivel local y en zonas remotas ha indicado la relatora de la ONU.

En esa línea, el informe de la ONU indica que El Código Penal ecuatoriano, no está en consonancia con las normas internacionales en lo que respecta al acceso al aborto seguro, ya que penaliza a las mujeres y las niñas que dan su consentimiento para practicarse un aborto o que se provocan un aborto, incluso en casos de violación. En virtud de la legislación vigente, las mujeres y niñas que se practican un aborto son sancionadas con penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años.  Penas que se han visto en las actuaciones penales, entre 2014 y 2018, contra 134 personas debido a denuncias de interrupción voluntaria del embarazo,   mientras que entre 2014 y junio de 2019 se presentaron 286 denuncias por solicitar un aborto. La Relatora Especial también recibió información según la cual podría haber hasta 250 mujeres en prisión o que enfrentan cargos penales. La relatora en su informe señala que toda esta información lo observa con preocupación y añade que “agradecería que el Gobierno aclarara esas cifras”.  Sin embargo, el Gobierno de Lenin Moreno aún  no ha aclarado ni ha respondido a la duda de la relatora especial de la ONU ante cifras tan desproporcionadas por solicitar un aborto.

El informe de la relatora especial, es contundente ante tales disposiciones penales restrictivas ya que son contrarias a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer hizo al Ecuador a este respecto (CEDAW/C/ECU/CO/8-9, párr. 33) señala la relatora. Además, en su recomendación general núm. 24 (1999), relativa a la mujer y la salud, el Comité explicó que es discriminatorio que un Estado parte se niegue a proveer legalmente lo necesario para brindar determinados servicios de salud reproductiva a las mujeres (párr. 11). Indicó que, en la medida de lo posible, debería modificarse la legislación que penaliza el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan practicado abortos (párr. 31 c)). 22. En el artículo 16 e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se establece explícitamente que los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos, y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.

Así mismo en su informe se indica que, los órganos internacionales de derechos humanos han mantenido la opinión de que obligar a una mujer a llevar a término un embarazo resultante de una violación tiene graves consecuencias para la salud mental y constituye una violación del derecho a la salud, tanto física como mental. Este derecho está protegido por varios tratados de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en cuyo artículo 12 se dispone que los Estados partes adopten “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia”.

En este sentido y durante su visita, la Relatora Especial se reunió con algunas niñas y adolescentes de entre 10 y 18 años de edad. Después de la reunión, le presentaron un “manifiesto por una vida libre de violencia”. En una de las demandas de su manifiesto, que “las niñas no deben ser madres”, señalaron que “Nos oponemos a ser criminalizadas por tomar decisiones relacionadas con nuestros cuerpos. No pueden imponernos la maternidad porque tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener hijos y, de ser así, cuándo, cuántos y con quién. La criminalización del aborto afecta a las adolescentes más pobres y a las mujeres adultas jóvenes que se ven obligadas a acceder al aborto inseguro, poniendo en riesgo nuestras vidas, libertad y salud”, añadieron las adolescentes.

Gabriela Padilla, República del Banano

Fuente: Consejo de Derechos Humanos- ONU

Este 8 de julio de 2020 los representantes del partido político Fuerza Compromiso Social y Centro Democrático, junto a varias organizaciones sociales lanzaron su propuesta electoral para las elecciones de 2021: Unión por la Esperanza.

Estaba prevista que la rueda de prensa se realice a las 10h00, pero se retrasó debido a que, según denunciaron, hubo varios ataques a las plataformas por donde transmitían el evento.

La Unión por la Esperanza (UNES) es una alianza entre los dos partidos políticos con el apoyo del Foro Nacional de Mujeres, la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador (FEI), el Frente Amplio de Organizaciones Sociales, Frente Patriótico Nacional, la Coalición Nacional por la Patria.

“Hoy emerge una fuerza nacional, democrático y popular. Hoy emerge una fuerza para vencer”, dijo Jairen Noriega, del Frente Patriótico Nacional.

Leonardo Verrezueta, representante de SurGente, mencionó que se unen a esta propuesta electoral con el objetivo de tener un Ecuador más próspero, en medio de una triple emergencia que castiga la nación.

“Nos están boicoteando el encuentro desde el inicio. Han intentado destruir la patria, pero miles y miles nos levantamos y nos unimos como lo hicimos anteriormente”, dijo el presidente de Fuerza Rural y Productiva, Bolívar Armijos, quien hizo un llamado a los campesinos, pescadores, agricultores del país, convertidos en héroes en esta pandemia, a formar parte de esta Unión por la Esperanza.

Días atrás, el expresidente Rafael Correa dijo que, si le dejan –debido a los juicios penales en su contra-, será candidato a la vicepresidencia del Ecuador. En el encuentro el representante de Centro Democrático no confirmó si Jimmy Jairala será el candidato presidencial e indicó que en los próximos días elegirán a los candidatos.

Ayer, el vicepresidente Otto Sonnenholzner renunció para participar de los próximos comicios. Desde otras tendencias políticas también han anunciado varias precandidaturas. La inscripción de candidatos para presidente y asambleístas será del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2020 y ecuatorianos acudirán a las urnas el 7 de febrero de 2021.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

 El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aclaró que los carnés por discapacidad, que entregó esta cartera de Estado, no están suspendidos, pero con estos no se podrán importar automotores.

Zevallos ratificó que habrá un proceso de recalificación de los carnés, para lo que se conformaron tres equipos, que trabajan en la identificación de los afectados y los documentos irregulares.

El funcionario del Ejecutivo detalló que el primero equipo evaluará todos los carnés, que se emitieron durante la pandemia, a pesar de que su emisión estaba prohibida y sin embargo se entregaron cerca de 3 mil credenciales, en esos días.

El segundo grupo trabajará en aquellas personas con discapacidades que han solicitado un carné y que no han sido atendidas, con el fin de que el proceso no se retrase y sea ágil.

El tercero revisará los carnés que se emitieron antes del 29 de febrero, que están pendientes de recalificación, los cuales tampoco están suspendidos, únicamente para importar autos.

El ministro de Salud cree que la labor de estas tres brigadas estará lista en este mismo mes de julio. Aseguró que se trabaja para que así sea.

Para evitar en el futuro la obtención fraudulenta de los carnés por discapacidad y su uso irregular, Zevallos planteó crear un reglamento fuerte, que permita transparencia, que sea público y un mecanismo ágil, que tenga la capacidad de actualizarse por medio de un software.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Otto Sonnenholzner, mediante carta dirigida al presidente de la Legislatura, César Litardo Caicedo, renunció, de manera oficial, a la Vicepresidencia de la República, este martes 7 de julio de 2020.

Le corresponde a la Asamblea Nacional pronunciarse al respecto y nombrar a su reemplazo, sobre la base de la terna que remita el presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, como dispone la Constitución, en los artículos 120, numeral 3 y 150, inciso tercero, en concordancia con lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El exvicepresidente Sonnenholzner fue elegido el 11 de diciembre de 2018, de la terna encabezada por él e integrada por Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán Maldonado y, tras algo más de 18 meses de gestión, presentó su renuncia irrevocable para, como dijo públicamente, dedicarse a actividades de carácter electoral.

La carta de renuncia de Sonnenholzner contiene un resumen de sus actividades que considera más relevantes en el ejercicio de la Vicepresidencia, en la que destaca el impulso del Gran Acuerdo Nacional Ecuador 2030, en materia de educación, competitividad, emprendimiento, innovación, democracia, desarrollo sostenible, prevención de adicciones, acuerdos alcanzados entre el Gobierno, sector privado, sociedad civil, la academia y otros actores.

Señala su rol en la crisis de octubre de 2019, así como frente a la pandemia del Covid-19. Puntualiza que renuncia a cualquier beneficio posterior, como pensión vitalicia y cualquiera otra que le corresponda como exvicepresidente de la República.

Una vez producida la vacancia del cargo, el primer mandatario tiene el plazo de 15 días para remitir al Parlamento Nacional la terna para la elección del nuevo funcionario, quien deberá completar el período gubernamental, que concluirá el 23 de mayo de 2021.

La disposición contenida en el artículo 150, inciso tercero, de la Constitución de la República, determina: En caso de falta definitiva de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional, con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes (70 votos), elegirá su reemplazo de una terna presentada por el presidente de la República. La persona elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que faltare para completar el período. Similar texto versa en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En el plazo de quince días de la presentación de la terna correspondiente, el Pleno de la Asamblea Nacional designará a la vicepresidenta o vicepresidente de la República, con la mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional no designare a la vicepresidenta o vicepresidente, en el plazo señalado, se declarará, por ministerio de la Ley, elegido al primer candidato integrante de la terna, quien se posesionará y entrará en ejercicio de sus funciones, en forma inmediata.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Tres personas fueron aprehendidas la mañana de este martes 7 de julio de 2020 en Manabí. La Policía realizó un operativo en contra de una organización delictiva dedicada al lavado de activos.

La organización delictiva es presuntamente liderada por un privado de libertad.

La Fiscalia a través de la Unidad Antilavado de Activos, con apoyo de la Policía Nacional desplegó una serie de allanamientos en Manabí. Ocho inmuebles fueron allanados: dos empresas y seis viviendas.

De acuerdo con información policial, él -con ayuda de familiares- habría generado grandes sumas de dinero producto de actividades ilícitas como el narcotráfico y para «lavarlo» constituyó compañías de transporte y de producción y comercialización de agua purificada.

El Ministerio de Gobierno, en sus redes sociales, agregó que las acciones judiciales también se extendieron a Guayas.

El 6 de junio pasado, Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña o JL, conocido como líder de este grupo delictivo salió en prelibertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi donde cumplió una pena de seis años por su vinculación con un asesinato.

Inicialmente, Zambrano estuvo sentenciado a ocho años de privación de libertad como cómplice del crimen no obstante, luego se lo acusó como coautor del hecho y la pena se amplió a 20 años.

Finalmente, el año pasado, un juez le redujo la pena a siete años, con lo que su defensor pidió el régimen semiabierto que ahora lo cumple en Portoviejo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano