Sociedad debatió Régimen de Protección Económica para niños y adolescentes

Derecho a alimentos en el marco del nuevo Código Orgánico para la Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, se denominó el foro organizado por la Asamblea Nacional, a través de la Comisión Ocasional de Niñez, Pacto Niñez y Adolescencia, Colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia y la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez (Cocasen).

La presidenta de la mesa Ocasional, María Encarnación Duchi, destacó la importancia de este tipo de debates sobre temas de trascendencia, como el Régimen de Protección Económica, que así se denomina a esta temática de alimentos en el nuevo Código, tramitado por el Pleno de la Asamblea, en primer debate.

Este cambio de denominación obedece a que la pensión alimenticia, así conocida en la actual legislación, no solo cumple con esta finalidad, sino representa la responsabilidad de los progenitores de atender las necesidades básicas de los alimentados, incluidos los aspectos de salud, educación, entre otros, según la asambleísta.

El vicepresidente del Consejo Cantonal de Derechos de Cuenca, Sebastián Guzmán, se mostró partidario del cambio del capítulo de pensiones alimenticias por el Régimen de Protección Económica de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto este rubro atiende otras necesidades de los niños y jóvenes, como educación, salud y recreación, aspectos fundamentales de la formación de este sector de atención prioritaria.

Ricardo Morales, coordinador de la Defensa Pública, dijo que es necesario debatir este tema, en tanto el derecho de alimentación, como está concebido, permite que se atiendan sus necesidades básicas, incluida la educación, pero tratándose de una carrera de tercer nivel, debería haber algunos requisitos, por ejemplo, que el beneficiario demuestre que está debidamente matriculado, que asiste a clases y su récord académico, por cuanto es importante también que el joven aprenda a buscar su propio sustento.

Patricia Salazar, delegada del Ministerio de Inclusión Económica y Social, sustentó la importancia de la atención a la niñez y adolescencia. Señaló su acuerdo con que la pensión de protección económica se mantenga hasta que el beneficiario cumpla 24 años, siempre que justifique que se encuentra cursando estudios en cualquier nivel de educación.

Salazar citó los casos de Argentina, Colombia y Costa Rica, donde el límite es los 18 años y puede extenderse hasta los 25, por motivos de estudios, así como en Perú y Chile, países en los cuales se puede ampliar hasta los 28 años, por la misma razón.

Shuberth Pinzón, jurista con experiencia en derecho civil, consideró viable establecer los 24 años como límite para el pago de las pensiones alimenticias, tomando en cuenta que hasta esa edad el adulto ya ha alcanzado la formación universitaria, que le habilita para ejercer una profesión o una actividad remunerada.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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