Jacobo Bucaram habría huido de Ecuador según la Policia Nacional

El Comando General de la Policía Nacional del Ecuador emitió un informe señalando que se encuentra alerta ante una posible salida del país de Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente de la República Abdalá Bucaram Ortiz.

Mediante un documento de inteligencia, suscrito por el comandante general, Patricio Carrillo, y dirigido al director general de Operaciones, Pablo Rodríguez, se detalla:”Con un cordial saludo, remito oficio de fecha 24 de julio de 2020, firmado electrónicamente por el señor Director General de Inteligencia, quien remite una ALERTA DE INFORMACIÓN, referente a una posible salida del Ecuador del ciudadano Jacobo Bucaram Pulley mediante vía terrestre”. Además, se solicita difundir la información a las dependencias que correspondan. 

 Desde la cuenta de Twitter @jacobobuc10, en el que se identifica a Jacobo Bucaram como el administrador, se han emitido varios comentarios en torno a las investigaciones en su contra. 

 Tras la pista de casos de corrupción en la adquisición de medicinas e insumos para atender la pandemia del coronavirus en el país, la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General del Estado solicitó, el miércoles 22 de julio, la formulación de cargos a varios hijos del expresidente Abdalá Bucaram por el delito de asociación ilícita. Además, la entidad pidió la detención por 24 horas de Jacobo Bucaram Pulley. En la petición de la fiscal también se añade que Jacobo Bucaram habría entregado unos $ 321.000 a dos procesados por presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, falsificación y uso de documentos falsos.  Sin embargo, el juez José Miguel Torres negó la petición formulada por la fiscal de Pichincha, Claudia Romero, quien lidera la investigación sobre la venta ilegal de medicinas, debido a que no constaba en la documentación de la Fiscalía “suficientes elementos para decidir, si formula o no una imputación”. La Fiscalía acusa a Michelle, Jacobo ​y a Abdalá (Dalo), así como contra la esposa de este último, la exasambleísta Gabriela Pazmiño, en el marco de investigaciones de una supuesta asociación ilegal en el comercio de medicinas. En este mismo proceso está involucrado Daniel y Noé Salcedo y otras personas.

Fuente: Vistazo, República del Banano

Proveedores del Estado exigen pagos con dinero en efectivo y no en papeles

En las afueras de la Plataforma Financiera ubicada en el centro norte de Quito decenas de empleados de al menos 80 empresas de limpieza, guardianía, catering, transporte, suministros de oficina, equipos de computación, construcciones menores e insumos médicos realizaron un plantón.

Los trabajadores reclaman los pagos correspondientes a bienes y servicios entregados al Estado desde octubre de 2019 y a la par rechazan la propuesta del Gobierno de realizar pagos con bonos del Estado o con Cetes, que son una especie de pagaré.

Tratando de mantener el distanciamiento social y utilizando mascarillas y visores expresaron su malestar.

Marco Leguízamo, presidente de la Cámara de Computación y representante de la Plataforma de Proveedores del Estado, aseguró que la deuda consolidada solo para este grupo de empresas es de USD 10 millones.

Añadió que ante la falta de recursos, algunas empresas están despidiendo personal y otras están a punto de cerrar.

Calificó de burla la propuesta que ha dado el Gobierno para pagar a los proveedores.

Expresó que han consultado las Casas de Valores y que la respuesta es que esos papeles, en este momento, no son apetecidos.

Explicó que si las empresas llegaran a aceptar esos documentos tendrían que esperar tres años para poder cobrar, lo cual no es viable ya que requieren dinero en efectivo.

Rubén Salvador, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada del Ecuador (Fenaspe), manifestó que la situación de los guardias de seguridad es complicada.

Comentó que el 55% de las 900 empresas de seguridad brinda servicios al sector público.

Salvador indicó que el Gobierno adeudaría a este sector USD 40 millones y al igual que Leguízamo rechazó la posibilidad de pago con bonos, ya que las empresas no tendrían liquidez para pagar a sus trabajadores.

Mientras, desde el Ministerio de Finanzas se insistió en la opción de pago con bonos que, según el viceministro Fabián Carrillo, son comercializables en la bolsa.

El funcionario aseguró que un posible comprador de dichos papeles podría ser la banca.

Al respecto, la Asociación de Bancos del Ecuador (Asobanca) señaló que la normativa dice que los bancos deben cumplir un mínimo de 2% sobre reservas de liquidez con bonos y que al momento se la está cumpliendo. Pero se conoció que todo dependerá del análisis interno que realice cada banco.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Presidente Moreno asigna tres funciones a la nueva vicepresidenta Muñoz

La tarde del viernes 24 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, definió las funciones que cumplirá su cuarta vicepresidenta, de su mandato. Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 1106, para encargarle tres tareas: en el ámbito productivo y social.

PRIMERA FUNCIÓN: La Vicepresidenta Muñoz se encarga de la supervisión y coordinación de las políticas de simplificación y eficiencia del comercio exterior para incentivar la productividad y la competitividad nacional, así como el seguimiento del fortalecimiento institucional del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). Antes de asumir la Segunda Magistratura, Muñoz fue directora de esa institución.

SEGUNDA FUNCIÓN: Coordinar y articular la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de “entrelazar” la agenda internacional con los objetivos nacionales que constan en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

TERCERA FUNCIÓN: Articulación y seguimiento de la estrategia integral para la atención prioritaria de niñas y niños que padecen enfermedades crónicas o degenerativas, así como la simplificación y efectividad del proceso de adopción infantil, en coordinación con las diferentes instituciones relacionadas con el tema.

Finalmente en el Decreto se establece que la Vicepresidenta deberá informar, trimestralmente al Ejecutivo, todas las acciones que realice para cumplir las funciones asignadas. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno adeuda USD 7.000 millones al IESS y planea pagar una parte con bonos del Estado

La deuda del Gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ascendería a USD 7 062 millones y corresponde a contribuciones de salud, pensiones, riesgos del trabajo y otras obligaciones pendientes desde 2012. De este valor, el principal rubro que reclama la entidad es el aporte del 40% para pagar las jubilaciones y que se adeuda desde octubre del 2019.

El IESS insistió nuevamente al Ministerio de Finanzas el pago de aportes adeudados por el Estado, ya que, según se conoció hace algunas semanas, sino se cancelan estos haberes se “pone en alto riesgo la sostenibilidad financiera y el pago de pensiones desde el próximo mes”.

Ante esto, Carlos Tamayo, director general del IESS, envió un nuevo oficio el 21 de julio al ministro de Finanzas, Richard Martínez, para solicitar que se cancelen los rubros pendientes de forma urgente poder cubrir el pago de las pensiones en los plazos que determina la Ley.

De igual forma, indicó que se analiza la propuesta para el pago de una parte de la deuda con un desembolso en efectivo y otra parte emisión de bonos estatales que deberán ser adquiridos por el IESS.

El 22 de julio, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, confirmó esta propuesta e indicó que la intención es realizar un primer pago de USD 460 millones con el compromiso de que el Seguro compre bonos y, más adelante, hacer un pago en efectivo bajo un cronograma por definir.

Cabe recordar que la deuda por el aporte del Estado al IESS supera los USD 1.000 millones y está pendiente hace 9 meses.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Registro del Ministerio del Trabajo tiene menos 250 mil contratos y 80 mil nuevas incorporaciones

Ante la crisis económica acentuada por la pandemia, la actividad laboral se ha visto afectada por la pérdida de empleos. Así lo afirmó el ministro de Trabajo,
Andrés Isch.

El nuevo funcionario, que tiene pocos días en el cargo desde que fue posesionado el pasado 9 de julio, dijo que hasta la fecha se tienen registros de 250.000 contratos menos de los que habían hasta hace pocos meses tanto en el ámbito público, como privado.

Aunque precisó que también se han incorporado 80.000 personas, dando un neto de 170 mil contratos registrados.

A estas cifras, sumó la existencia de 20 mil denuncias de despido intempestivo, de las cuales 8 mil pasaron ya el proceso de inspección.

Este anuncio lo hizo en un canal de  televisión en el que el funcionario insistió en que se vive una situación complicada no solo en el país, sino también entre los socios comerciales del país.

Sobre este tema señaló que la repercusión se la puede ver en una baja de los precios del petróleo, en una reducción en la recaudación y por ende en la falta de empleos.

Ante este panorama, explicó que en estos 10 meses que le queda al Gobierno su gestión se centrará en: preservar y crear nuevas fuentes de trabajo; cuidar el dinero de los ecuatorianos, a través de volver más eficiente el gasto público; y transparentar y volver más eficiente la gestión del ministerio.

Para su ejecución dijo que fue necesario establecer herramientas que se ajusten a esta nueva realidad.

Con la Ley Humanitaria, por ejemplo, se establece el acuerdo entre las partes (empleador y empleado); el contrato emergente; y la reducción emergente.

Indicó que a la par se han suscrito Acuerdos Ministeriales que permiten el registro de estas nuevas modalidades para preservar fuentes de trabajo o crearlas.

Como parte de esas responsabilidades que deben asumir los empleadores están que no podrán repartir los dividendos en el caso de que la empresa los tenga y tampoco deberán reducir el capital de la empresa.

Isch manifestó que en el caso de que la empresa tenga dividendos, estos deberán ser reinvertidos.

Enfatizó que como parte de un acuerdo entre el empleador y el empleado no se afectarán los derechos laborales. Sostuvo que se podrá cambiar la jornada, pero que se mantendrán las 40 horas semanales.

En el caso del contrato emergente, que es para las nuevas contrataciones, comentó que máximo será hasta dos años y si pasa de ese tiempo ya se dará como indefinido.

Al ser consultado sobre las obligaciones con el IESS, puntualizó que estas serán proporcionales a la remuneración pagada.

Precisó que una reducción laboral solo aplicará en el caso de que por fuerza mayor el negocio se haya visto afectado y se aplicaría por un máximo de dos años.

Subrayó que este tipo de acuerdos laborales deberán ser registrados en el Ministerio de Trabajo, con el fin de que se garanticen los derechos y obligaciones.

En relación a este tema acotó que se evaluará quincenalmente, así como se lo hará sobre la utilidad de esta serie de herramientas.

“Hay una norma y hay que ver si hubo o no abusos, existe una demanda en la Corte Constitucional y que está en trámite y lo que se decida debemos acatar por respeto a la seguridad jurídica”, exclamó.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Correa es víctima de espionaje posiblemente para el morenato

Un alto tribunal español admitió investigar si el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue víctima de espionaje por parte de una empresa española también denunciada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, señalaron este viernes 24 de julio del 2020 a la agencia AFP fuentes judiciales. El juez de la Audiencia Nacional de Madrid que estudia la demanda de Assange admitió a trámite en junio una querella presentada por el expresidente ecuatoriano contra la firma Undercover Global y su gerente David Morales Guillén, según el auto consultado por la AFP . En la querella, Correa acusa a la empresa, que le había prestado servicios de seguridad hasta 2019, de efectuar “seguimientos y fotografías” de sus encuentros con el abogado de Assange, el español Baltasar Garzón, y de elaborar informes en inglés sobre otras reuniones mantenidas en Bélgica. El expresidente, enfrentado con su sucesor Lenín Moreno y reclamado por la justicia de su país, también acusa a Undercover Global de obtener los dispositivos telefónicos de sus hijas, “accediendo a sus chats, conversaciones telefónicas e imágenes” y de capturar “fotografías íntimas” de una de ellas, señala el auto. El juez instructor José de la Mata entiende que estos hechos “podrían constituir delitos contra la intimidad”, por lo que “procede la admisión a trámite de la querella contra David Morales Guillén y contra Undercover Global”. En el auto, fechado el 22 de junio, el magistrado estipula la apertura de una causa separada en la que pide citar a declarar como testigo por videoconferencia a Correa, su mujer y sus hijas. Undercover Global se encuentra bajo el foco de la justicia española por una demanda de Assange por presunto espionaje. La firma estaba encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo refugiado el fundador de WikiLeaks desde 2012 hasta 2019. Assange asegura que la empresa interceptó sus comunicaciones en la embajada y las transmitió a las autoridades de Estados Unidos, cuyo departamento de Justicia quiere juzgarlo por la filtración de miles de documentos militares y diplomáticos confidenciales en 2010. El australiano declaró en diciembre por videoconferencia ante la Audiencia Nacional, que la próxima semana ha citado a siete testigos, entre ellos Baltasar Garzón. La defensa de Assange confía en que estas denuncias lo ayuden en la vista de extradición a Estados Unidos programada para septiembre en Londres, donde está encarcelado.

Fuente: El Comercio, República del Banano

Tasa de mortalidad en Pichincha es más alto que a nivel mundial

Los índices de mortalidad por coronavirus en Pichincha son muy superiores que los registrados a nivel mundial. La provincia tiene un inusitado repunte de contagios por la pandemia.

Las defunciones inscritas en el Registro Civil señalan el crecimiento considerable de muertes, un drama que acompaña al virus, que es muy evidente en la provincia de Pichincha.

En comparación con el 2019, cuando no existía la pandemia, entre marzo y julio del año pasado, hubo 5.304 defunciones; mientras que en los mismos meses pero de este año, hay 7.592 personas que han perecido. O sea, 2.288 defunciones por encima. Claro que en esta estadística se cuentan muertes por Covid-19, por sospecha y por otras causas, que son las que registra esta dependencia estatal.

Los resultados son evidentes, no solo las defunciones se han incrementado, sino también la tasa de mortalidad, siendo un porcentaje muy preocupante para la provincia. Todos los hospitales en Quito están al borde, dicen los médicos.

Por ejemplo, el indicador de decesos por el virus en todo el mundo es de 3,5 %; en cambio para Pichincha, la tasa de mortalidad es de 6,5 a 7%.

En las 3 últimas semanas se incrementó el trabajo en el laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional.

En tanto, que las cifras del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 653 muertes en Pichincha desde el mes de marzo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Incumplimiento de cuarentena por parte de pacientes con coronavirus repercute en un mayor número de contagios

El viceministro de Salud, Xavier Solórzano, informó que seis de cada 10 contagiados con coronavirus en el país incumplieron con la cuarentena durante junio.

En un canal de televisión, el funcionario indicó que en mayo, el 54% que sabía que estaba contagiado rompió el aislamiento por hasta siete horas al día y en junio el porcentaje subió al 59,5%, es decir a 6 de cada 10.

De los 17,5 millones de habitantes, nuestro país registra 78 148 casos de Covid-19 hasta este jueves 23 de julio, siendo Quito la ciudad donde más se han acelerado los contagios en las últimas semanas.

La capital registra 11 900 casos y superó a Guayaquil con 112 enfermos más.

Frente al aumento de casos en Quito que solo hasta fines de junio eran 6 571 infectados, el Gobierno ordenó patrullajes militares y policiales en siete parroquias en las que existe un mayor incumplimiento de las medidas  y por ende más contagios con la enfermedad. Estas son: Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní,

El viceministro comentó que si bien en Quito hay 2,8 millones de habitantes, el 78% de las personas no quiere aceptar los controles de movilidad ni el uso de la mascarilla y peor el distanciamiento social.

Aclaró que si bien los contagios se han incrementado, la velocidad de transmisión varía debido a que es proporcional al comportamiento de las personas.

Incluso, ante el aumento de fallecimientos en la urbe, se abrieron fosas en el cementerio de San Diego, para cumplir con los protocolos respectivos.

Si bien Quito está en semáforo amarillo con un toque de queda que empieza a las 21:00 y concluye a las 5:00, la semana pasada, el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, solicitó a las autoridades endurecer las medidas de confinamiento ante el colapso de las unidades de cuidados intensivos de las diferentes casas de salud. El objetivo es que se atienda de una mejor manera la situación.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Salazar implicada en diezmos, fue la que mandó a lanzar huevos a Correa durante #LaConsultaMañosa

Más y más corrupción. Funcionarios del Ministerio Salud Ecuador de la Zona 8, denunciaron que fueron obligados a pagar un porcentaje de su salario para mantenerse en sus cargos. Identifican a la Madre de la Asambleísta Guadalupe Salazar – LOLY como quien les cobraba estos ‘diezmos’.