San José, 27 de julio de 2020
Señores
Consejo Editorial
República del Banano.
De mi consideración:
En uso de mi derecho constitucional a la réplica, solicito que se publique mi aclaración.
En la nota https://republicadelbanano.com/2020/07/19/maria-alejandra-munoz-fue-la-artifice-del-no-pago-a-ex-empleados-de-cerveceria-nacional/, entre otras afirmaciones, se sostiene que: a)“… el mayor escándalo laboral (y cervecero) de corrupción en el Ecuador”; b) “…, que en esas mismas fechas la Corte falló a favor de la cervecería y en contra de ellos.”, y, d) “Este caso de corrupción (como muchos otros en Ecuador), pasó al olvido…”
El pleno de la Corte Constitucional (en adelante la Corte), en ningún momento negó el derecho de los trabajadores. Precisó la vía y autoridad laboral que debía tomar esa decisión, por ser un reclamo de utilidades. Antes de notificar la decisión se constata que estaba pendiente de resolución la Apelación presentada por las partes, ante la Corte Provincial del Guayas (en adelante la C. P. de Guayas); frente a ello, la Corte deja sin efecto la decisión previamente adoptada que no llegó a notificarse y remite el expediente para que la C.P. de Guayas resuelva lo que corresponda.
En consecuencia, queda demostrado que es falso, de falsedad absoluta, que las decisiones de la Corte, adoptadas en el año 2011, fueron “…a favor de la cervecería y en contra de ellos” (los ex trabajadores).
Dictada sentencia por la C. P. del Guayas, las partes, en uso de sus derechos, acudieron a la Corte, demandando que se pronuncie sobre la referida sentencia. En estas circunstancias, presenté mi excusa de conocer o participar en cualquier acto procesal sobre esta nueva demanda, lo que fue aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corte Constitucional. Hasta ahí la verdad de los hechos que se relacionan con mis actuaciones en este caso.
Respecto a la afirmación que “… este caso de corrupción (…) pasó al olvido.”, es indispensable conocer lo siguiente: A partir de la denuncia de un sujeto en actividad política, la Fiscalía General del Estado, abrió el expediente de investigación, recabo pruebas, testimonios, llamo a versiones a juezas, jueces y servidores, revisaron expedientes, grabaciones de las sesiones del Pleno etc.; y, por su parte, los auditores de la Contraloría General del Estado, bajo exámenes especiales revisaron meticulosamente las cuentas, bienes y los recursos de juezas, jueces y servidores públicos de la Corte, incluso se investigó a nuestras familias. Luego de meses de exhaustivas y agobiantes investigaciones, sin la presentación de una sola prueba del denunciante, no se encontró evidencia que implicara incremento patrimonial injustificado o algún tipo de ilícito, todo lo cual fue certificado por Contraloría, en los resultados finales del examen especial, como también por la Fiscalía General del Estado cuando terminó su investigación y solicitó el archivo a la Corte Suprema de Justicia en el año 2015, instancia que dispuso el archivo del caso. Por tanto, la justicia sí se pronunció, y este caso no quedo en el olvido, manteniéndose incólume la presunción constitucional de inocencia de juezas, jueces y servidores de la Corte, así como de nuestras familias que hemos tenido que soportar la ignominiosa carga de acusaciones sin fundamento, por muchos años.
Como contexto, recuerden, esta denuncia surge y es acompañada de una masiva y virulenta campaña de “asesinato de imagen”, contra la Corte, pero muy enfocada en deslegitimarme y exigir mi renuncia, para entorpecer o bloquear el referéndum constitucional y consulta popular del 2011, que afectaría a intereses del sistema de justicia, seguridad, medio ambiente, y, principalmente, a la banca y los medios de comunicación, por tanto, no era una denuncia inocente o casual.
Más información en: patriciopazminofreire.blogspot.com/com. Documento: “Respuesta a los expertos del panel de Inspección, con fecha 15 de julio de 2015”.
Atentamente,
Dr. Leoncio Patricio Pazmiño Freire.
C.I. 1705058491
