Policía aprehende a dos sujetos ante denuncia del asesinato de una pareja realizado por la Federación LGBT

Quito, 27 jul (EFE).- Organizaciones LGBT en Ecuador denunciaron este lunes el supuesto asesinato a machetazos de dos miembros del colectivo, cuyos cadáveres aparecieron con profundos cortes en la provincia de Los Ríos, en la zona central del país.

En un comunicado, la Asociación Silueta X, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT y la Plataforma Nacional Revolución Trans, mencionan que el suceso se produjo ‘contra dos personas de las poblaciones de sexo genéricas’ en el cantón Buena Fe de la mencionada provincia.

Los cuerpos fueron hallados la pasada madrugada y uno de ellos fue localizado en una parcela en las inmediaciones de su residencia con varios cortes profundos, ‘provocados aparentemente por un arma blanca como un machete’, explicó a Efe Diane Rodríguez, presidenta de la Federación, que agrupa a más de 40 colectivos en todo el país.

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El otro cadáver apareció tendido en un charco de sangre también con varios cortes y junto a la moto de su compañero sentimental, presumiblemente al intentar huir de sus agresores, indicó Rodríguez.

El Centro Psico Trans de la Asociación Silueta X conoció los detalles del hecho gracias a un miembro del colectivo en la zona, que prefiere mantener oculta su identidad, al igual que los familiares de las víctimas, por temor a represalias.

Las organizaciones LGBT apuntan a que habría sido llevado a cabo ‘por un grupo de personas aparentemente de la localidad’.

DETENCIÓN DE DOS SOSPECHOSOS

Por su parte, la Policía Nacional de Ecuador informó en un comunicado esta tarde que dos personas habían sido detenidas en Buena Fe y puestas bajo disposición judicial como sospechosas del delito de asesinato.

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), llevaron a cabo de madrugada un operativo en el que ‘se aprehendió en flagrancia a dos ciudadanos por el delito de asesinato’, reza la nota.

Las detenciones se practicaron después del hallazgo de dos fallecidos en el sector ‘Nogales Izurieta’, uno sobre la acera y el segundo unos metros más adelante, sobre la maleza, ‘con varias heridas presuntamente producidas por un arma blanca’.

De acuerdo al boletín oficial, vecinos del lugar manifestaron que la muerte de los ciudadanos, identificados como Edison M., y Henry O., ‘fue producto de una riña callejera’.

La hermana de uno de los fallecidos -añade el comunicado-, indicó que este había estado bebiendo con varios ciudadanos a quienes conocía como alias Chivato, Iván B. y Ángel B., ‘quienes supuestamente eran los causantes del actual hecho delictivo’.

Las pesquisas policiales llevaron a la localización en un domicilio de los presuntos infractores, Jesús B., de 22 años, a quien le encontraron máculas de sangre entre sus prendas de vestir, y Ángel B., de 30 años.

Las asociaciones LGBT ecuatorianas rechazaron ‘enérgicamente’ lo sucedido en Buena Fe y habían exigido a las autoridades, ‘las investigaciones necesarias para dar con los culpables’.

Conforme a las estadísticas de la Asociación Silueta X que confecciona el informe Runa Sipiy, en Ecuador se registraron 16 asesinatos violentos de miembros del colectivo LGBT en 2019 , de los que 4 eran homosexuales y 12 mujeres trans. EFE

Más legisladores cumplen con el llamado de la Fiscalía para comparecer en el caso Mendoza-Azuero

La mañana de este lunes 27 de julio, las asambleístas Rosa Verdezoto y María Mercedes Cuesta rindieron su versión libre y voluntaria dentro de la instrucción fiscal abierta por el delito de delincuencia organizada en el que son investigadas 19 personas, entre ellas, el exlegislador Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero.

Las legisladoras a las que se las ha identificado con el Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), indicaron al fiscal Xavier Rosero, quien está a cargo del caso, que no conocen nada de lo que se dice en los audios sobre las conversaciones entre Mendoza y Azuero.

Verdezoto aclaró que su nombre no aparece en la conversación y que ya no integra BADI desde septiembre de 2019; mientras que Cuesta dijo que no conoce del pago de legisladores y que del contenido de la conversación se enteró por los medios de comunicación.

La semana pasada fueron convocados por la Fiscalía a rendir sus versiones los asambleístas Franco Romero, Fredy Alarcón, Raúl Tello, Washington Paredes y Fernando Burbano.

También cumplieron con este llamado de la Fiscalía, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Con esos audios se investiga un presunto desvío de fondos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí, quiénes son los responsables y los beneficiarios.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Abogado defensor de Dalo Bucaram habla de una “guerra” contra la familia Bucaram-Pazmiño

Este lunes 27 de julio de 2020 en rueda de prensa desde Quito, los abogados de la familia Bucaram han afirmado que «las redes sociales y los medios de comunicación son los enemigos», la defensa de los Bucaram asegura que la presión que ejercen esas fuentes de información han influido dentro de la Fiscalía, lo que ha motivado el incumplimiento del debido proceso para investigar supuestos actos de corrupción cometidos por Abdalá Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño.

El abogado Acosta aseguró que Bucaram no tiene ninguna vinculación con el Estado. «No tiene administraciones en hospitales ni contratos con el gobierno o con las casas de salud pública».

En la rueda de prensa, el abogado defensor criticó que se hable de reparto de hospitales pero no haya autoridades del gobierno del presidente Lenín Moreno involucrados. «¿Por qué no han ido a declarar los exministros de Salud ni los exdirectivos del IESS?», cuestionó.

Sobre el proceso, Acosta criticó que se juzgue la amistad de sus defendidos, esto, refiriéndose a Daniel Salcedo y su relación con Dalo Bucaram.

En la rueda de prensa, en la que no estuvo presente ninguno de los involucrados, se aseguró que continuarán colaborando con la Fiscalía en la investigación. 

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Caso Sobornos: Aceleran los tiempos para llegar a la casación

Los abogados de los acusados en el caso Sobornos 2012-2016 consideran que los tiempos transcurren rápidamente para llegar a la fase de casación.

El pasado 22 de julio, el Tribunal de Apelación integrado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán notificó por escrito la sentencia en la que se ratificó lo resuelto en primera instancia sobre el delito de cohecho agravado. En la mayoría, se fijó los ocho años de cárcel y en otros hubo modificaciones.

En este proceso fueron sentenciados a ocho años de cárcel el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas y varios funcionarios del Gobierno anterior; al igual que un grupo de empresarios.

En el caso de los exmandatarios fueron acusados como autores mediatos por instigación, el resto como autores directos y coautores, pero todos recibieron una sentencia de ocho años de cárcel.

Solo en el caso de los cómplices hubo modificaciones. Pamela Martínez recibió 38 meses, Laura Terán 3 meses y 6 días y Alberto Hidalgo 32 meses.

Desde el 22 de julio corría el plazo de tres días para que las partes procesales interpongan los recursos de aclaración y ampliación a la sentencia recibida, la cual deberá ser contestada por el propio Tribunal que emitió la resolución en segunda instancia.

De acuerdo a los plazos establecidos en la ley, estos recursos, previos a la casación, deberán ser resueltos en cinco días en el caso de ser presentados.

Cuando se leyó la sentencia, las defensas de Víctor Fontana, exgerente general de la empresa Fopeca, así como de Édgar Salas, exrepresentante legal de la empresa Consermin señalaron que se prepararán para la casación.

Mientras, Jorge Luis Ortega, defensa de Walter Solís, dijo que agotará todos los recursos legales porque es una sentencia que no guarda los mínimos criterios de motivación y cambia absolutamente los hechos fácticos y la apreciación jurídica realizada por la Fiscalía.

Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa, también dijo que agotará todos los recurso legales, aunque aclaró que su cliente es muy escéptico con la justicia ecuatoriana.

Tal es así que el exmandatario criticó el fallo y reiteró que únicamente es un mecanismo para inhabilitarlo para los comicios de 2021.

Los abogados Paúl Ocaña y Pablo Encalada, quienes patrocinan a los empresarios Teodoro Calle y Rafael Córdova, respectivamente, coincidieron en que los tiempos para tramitar las diligencias están transcurriendo aceleradamente, a diferencia de otras causas que no tienen la misma connotación política y mediática.

A Ocaña le sorprendió que después de dos días de haberse notificado la sentencia oral le llegue ya por escrito.

“Hay una velocidad enorme en este proceso que no se ha visto en ningún otro”, mencionó.

El penalista Nicolás Salas, que no defiende a ninguno de los sentenciados, coincidió con los juristas.

Para Salas un recurso de casación suele tomar entre seis u ocho meses, o hasta un año y medio, pero por las características del proceso cree que este se cierre máximo en un mes.

Previo a la convocatoria de una nueva audiencia, los recursos interpuestos deberán pasar por un proceso de admisibilidad y finalmente si el Tribunal de Casación los rechaza se considerará que la sentencia está ejecutoriada.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

TCE suspende caso en contra del Pablo Celi hasta que Corte Constitucional resuelva dirimencia de competencias

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió el plazo para resolver la denuncia por infracción electoral que planteó el movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS) en contra del contralor subrogante Pablo Celi, por el que pedía su destitución.

El Tribunal adoptó esa decisión luego de que Celi planteó el pasado 14 de julio una acción de dirimencia de competencias en la Corte Constitucional (CC) para que resuelva si el TCE puede resolver sobre los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado, pese a que la sede de impugnación son los tribunales contenciosos administrativos.

Esto le impide al TCE seguir con el proceso hasta que la Corte Constitucional determine si la admisión de la acción suspende la competencia del Tribunal para emitir una sentencia.

Fernando Muñoz, juez del TCE, decidió tramitar la denuncia planteada por Vanessa Freire, presidenta del movimiento Fuerza Compromiso Social, al que pertenece el expresidente Rafael Correa.

Freire solicitó la destitución de Celi por una “infracción grave”, por los resultados de una auditoría en la que se recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) que elimine a Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y FCS porque incumplieron con el número de firmas necesarias para tener su personería jurídica.

El pasado 14 de julio se realizó la audiencia oral para presentar las pruebas de descargo, luego que el 27 de junio el TCE admitió a trámite la acción interpuesta por Freire, quien denunció a Celi de supuesta intromisión en la Función Electoral y arrogación de funciones.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Christian Cruz podría enfrentar juicio político si Asamblea Nacional da paso a pedido de consejeras del Cpccs

La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Sofía Almeida, junto con las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán pidieron el juicio político contra Christian Cruz, titular del organismo.

Esta acción se dio luego que el Pleno del Cpccs solicitó la salida de Cruz de la Presidencia de la entidad por falta de probidad, pero al no tener una respuesta positiva adoptaron esa vía.

Todos los consejeros analizaron las pruebas presentadas por María Fernanda Rivadeneira, quien acusó al funcionario de presuntamente adulterar documentos para obtener su carné de discapacidad, en el 2009. Dentro de la resolución, se acordó que esos documentos sean remitidos a la Asamblea, Fiscalía, Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del propio Cpccs, que investiga la supuesta red de corrupción en el otorgamiento de carnés de discapacidad.

Almeida aseveró que esa información probaría que Cruz se benefició del carné, a través de reducciones de impuestos e incluso obteniendo puntos de acción afirmativa en el proceso para seleccionar a los candidatos al Cpccs.

Además, la consejera Rivadeneira presentó certificados de la Fundación Vista para Todos, en los que se acusa a Cruz de presuntamente actuar “maliciosamente” y “adulterar” el certificado médico con el que obtuvo el carné.

Las consejeras esperan que una vez que la documentación llegue a la Asamblea, se pueda impulsar un proceso de juicio político en contra de Cruz para que sea separado del cargo.

También esperan que la Fiscalía investigue la presunta adulteración de documentos. Asimismo, solicitan que el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género actúen frente a una presunta vulneración de derechos y violencia política contra las consejeras.

Cruz habría desestimado las acusaciones e incluso señaló que el 13 de julio pasado solicitó al Ministerio de Salud la recalificación de su carné, que registra 81% de discapacidad visual y auditiva, producto de un golpe en la cabeza.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

María Paula Romo y César Litardo rindieron su versión libre y voluntaria en caso Hospital de Pedernales

Este viernes 24 de julio, a asistieron a rendir versión libre y voluntaria los asambleístas César Litardo y Fernando Burbano. En la tarde acudió la Ministra de Gobierno, todos lo hicieron por vía telemática. Esta diligencia intenta aclarar la presunta vinculación de estas autoridades con una conversación que mantuvieron Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, ambos procesados por delincuencia organizada.

A la diligencia de la Fiscalía comparecieron vía telemática el presidente de la Asamblea, César Litardo, la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el legislador Fernando Burbano.

Estos funcionarios fueron convocados para rendir una versión libre y voluntaria, iniciaron a las 09:00 de este viernes, 24 de julio, donde explicarían la razón de estar involucrados en un diálogo telefónico entre Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, que ahora los procesan por delincuencia organizada.

Litardo y Burbano rindieron su versión. Pero a las 14:30 compareció Romo, dio a conocer la dirección de Comunicación del Ministerio de Gobierno, la burócrata estaba en video conferencia con la Fiscalía.

La parlamentaria María Mercedes Cuesta logró el diferimiento de esta diligencia para declarar el próximo lunes 27 de julio.

La investigación iniciada por la Fiscalía en contra de Mendoza y Azuero cuando el pasado marzo del 2020, se revelara que USD 7,3 millones del adelanto para la edificación del Hospital de Pedernales se retiraron de la cuenta bancaria y parte del dinero estuvieron en poder del asesor del asambleísta Mendoza, quien fue apresado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano