Otto Sonnenholzner pide que retiren vallas que “no ha puesto” supuestamente

El exvicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner, agradeció las buenas intenciones de la gente y pidió que los responsables de las propagandas y vallas publicitarias las retiren.

La ONU alerta crisis educativa y teme una catástrofe generacional

Antonio Guterres, Secretario General de la Naciones Unidas, en la presentación del Informe de Políticas Sobre la Educación y el Covid-19 publicado en la pagina oficial de la ONU, hace un llamado a las naciones miembro para que, la educación esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo.  Así mismo subrayó que

“La educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades” y añadió que “abre oportunidades y reduce las desigualdades”.

En esa línea, indico que la educación “constituye los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes y es un motor fundamental del desarrollo sostenible”.

También añadió que, la pandemia del COVID-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación.

Y menciono las cifras que la ONU maneja con respecto al número de educandos afectados a mediados de julio. Mientras las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, los afectados subían a más de 1.000 millones de estudiantes, indico.

 El secretario General de la ONU informo asimismo que, al menos 40 millones de niños de todo el mundo han perdido tiempo de enseñanza en su primer año de educación preescolar, un año fundamental, subraya.

Solo en Ecuador cerca de 5 millones han sido afectados por el cierre de las instituciones educativas según datos de  UNESCO

ONU-ALERTA-PROBLEM-EDUCATION

 

Además Guterres indico que,  los progenitores, especialmente las mujeres, se han visto obligados a asumir pesadas cargas de cuidados en los hogares e informó que, a pesar de las clases impartidas por radio, televisión y en línea, y de los mejores esfuerzos de docentes y progenitores, sigue habiendo muchos alumnos a los que no se ha llegado.

Los alumnos con discapacidades, aquellos de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y refugiados y aquellos en zonas remotas son los que corren mayor riesgo de que se los deje atrás.

Igualmente, alerto que antes de la pandemia, ya sufríamos una crisis de la educación.

Con Más de 250 millones de niños en edad escolar que no estaban escolarizados.

Agregando que, en los países en desarrollo, solo la cuarta parte de los alumnos de secundaria dejaban la escuela con competencias básicas.

Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional, señala el Secretario General de la ONU,  que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas, añadió.

En esa línea, avisó que, las repercusiones, que ello tendrá, entre otras esferas, serán en la nutrición infantil, el matrimonio infantil y la igualdad de género siendo estas de  profunda preocupación.

Con este telón de fondo el Secretario General para Naciones Unidas presento el informe de políticas junto con una nueva campaña llamada “Salvar nuestro futuro”

Con este documento de políticas se hace un llamamiento a la acción en cuatro ámbitos principales:

Primero, reabrir las escuelas. Una vez que la transmisión local del COVID-19 esté controlada, devolver a los alumnos a la escuela y las instituciones de enseñanza de la manera más segura posible y el documento añade que, debe ser una de las prioridades fundamentales.

Naciones Unidas ha publicado una serie de directrices para ayudar a los gobiernos en esta compleja tarea.

Segundo, dar prioridad a la educación en las decisiones de financiación.

Antes de la crisis, los países de ingresos bajos y medianos ya tenían una necesidad de fondos no satisfecha para la educación de 1,5 billones de dólares al año.

Ahora ese déficit de financiación ha aumentado.

Los presupuestos para educación se deben proteger y aumentar. Insisten en el informe.

Y es fundamental que la educación esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo, indica el informe.

Llamando de manera directa, la atención a los Estados que no cumplen con estas directrices.

Tercero, dirigir la acción hacia aquellos a los que es más difícil llegar.

Las iniciativas de educación deben procurar llegar a aquellos que corren mayor riesgo de que se los deje atrás: las personas en situaciones de emergencia y de crisis, los grupos minoritarios de todo tipo, las personas desplazadas y aquellas con discapacidades.

Esas iniciativas deben ser sensibles a las dificultades específicas que enfrentan las niñas, los niños, las mujeres y los hombres, y deben buscar con urgencia cerrar la brecha digital.

Cuatro, construir hoy el futuro de la educación.

Tenemos una oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza.

Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señala el informe de políticas sobre la educación y el Covid-19.

Realidad de Ecuador

Sin embrago, la realidad de los países en desarrollo dista mucho de este informe puesto que la crisis del Covid 19 en el caso Ecuatoriano ha servido como excusa para efectuar las medidas más salvajes de recortes públicos siendo afectadas brutalmente la educación, la salud y el empleo. Recordemos que, el recorte al presupuesto de Educación es de al menos USD 900 millones de dolares bajo un estéril argumento en el  que “ningún presupuesto es rígido, peor en una crisis”, según indicó la ministra de Educación ecuatoriana, Monserrat Creamer

Según Pichicha Universal, Creamer confirmó que, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, se procedió a una restructuración o reprogramación de ofertas de ciertos programas, que, a su parecer, no son prioritarios en los actuales momentos.

De acuerdo con sus declaraciones, están suspendidos los programas de Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia (Safpi) y de alfabetización y posalfabetización, que son difíciles de implementar de manera virtual. Safpi tenía una inversión de 7 millones 150 mil dólares y más de 11 millones de dólares los programas de alfabetización.

Gabriela Padilla, República del Banano

Fuente:

Unesco. Naciones Unidas.

PICHINCHA UNIVERSAL http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/segun-la-ministra-de-educacion-ningun-presupuesto-es-rigido-peor-en-una-crisis/

Explosión de material pirotécnico deja un muerto y tres heridos

Tras la explosión registrada en una supuesta fábrica de pirotecnia, ubicada en el caserío Quinchibana, cantón Pelileo, en la provincia Tungurahua, una persona falleció.

Producto de la onda expansiva, otras tres personas, familiares del fallecido, resultaron con heridas y fueron trasladadas a casas de salud.

El fiscal de Pelileo, David Suárez,  comentó que existe la presunción de que en el taller se manipulaba material explosivo para la elaboración de voladores.

Unidades de socorro ayudaron a los heridos y realzaron el levantamiento de cadáver. Mientras, se recogieron evidencias para determinar qué fue lo que ocasionó la explosión.

El artículo 396, inciso 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de 15 a 30 días a la persona que sin la debida autorización del organismo competente elabore o comercialice material pirotécnico.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

CNE apela sentencia de juez electoral para que el TCE decida suspender a cuatro organizaciones políticas

Como estaba previsto, el Consejo Nacional Electoral (CNE), apeló la sentencia del juez electoral, Fernando Muñoz, que anuló la resolución del pasado 19 de julio.

Esa fecha, el CNE suspendió a los movimientos Fuerza Compromiso Social, Justicia Social, Libertad es Pueblo y Juntos Podemos.

La presentación del documento estaría dentro del plazo legal y le corresponderá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolver este recurso, sobre todo, cuando hay fallos contradictorios de otros jueces electorales sobre la situación de estas organizaciones políticas.

En el fallo publicado el 1 de agosto por el juez Muñoz, se acoge el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por el movimiento Justicia Social, argumentando que la resolución del CNE no es “expresa, clara, legítima y lógica” y que se basa en un informe jurídico cuyos razonamientos “no tienen el debido sustento ni la conexión lógica con los hechos”.

Mientras, el juez electoral, Ángel Torres, al conocer un recurso similar interpuesto por el movimiento Juntos Podemos lo inadmitió bajo el argumento que la suspensión es parte de un proceso administrativo que aún no finaliza.

Bajo esta misma lógica, la jueza Patricia Guaicha no dio paso al recurso presentado por el movimiento Libertad es Pueblo, liderado por Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno.

Con esta nueva acción del CNE, el Pleno del TCE tiene 15 días desde que se admite a trámite el recurso para resolverlo.

En el caso de que se ratifique la sentencia del juez Muñoz, la suspensión de los cuatro movimientos políticos queda anulada. Pero si el Tribunal decide no ratificar el fallo de Muñoz, la suspensión queda en firme. Pero ninguna de las dos decisiones anula el proceso administrativo iniciado por el Consejo Nacional Electoral por la presunta inscripción irregular de dichos movimientos, de acuerdo a un informe elaborado por la Contraloría General del Estado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Roldan afirma que contagiarse de #Covid19 “es natural”, minimizando la letalidad del virus

#FlashBananero| “En #Cuenca y #Quito empezó la gente a contagiarse más, porque es el proceso natural… hasta que la mayoría de la gente no se contagie” Juan S. Roldán, secretario de gabinete de Presidencia, en el Medio Prensa Virtual de Cuenca.

Municipalidad de Santo Domingo asumirá gastos de cremación de fallecidos por coronavirus

Una asignación de USD 100 000 para cremar a los fallecidos de coronavirus autorizó el Concejo Municipal de Santo Domingo.

Los recursos y la gestión del tratamiento de los cadáveres serán administrados por el Patronato Municipal.

El alcalde Wilson Erazo indicó que los beneficiarios serán las personas de escasos recursos económicos y grupos vulnerables.

Luis Ibarra, director Financiero del Cabildo, dijo que antes de la autorización debe haber un informe del área de trabajo social para considerar el nivel de pobreza de las familias. Esto se aplicará para todos los casos, es decir para muertos con sospecha, confirmados o probables de contagio con Covid-19.

El número de fallecidos es un tema de análisis y preocupación en el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal. Según un estudio, al momento, hay 54 muertos por cada 100 000 personas, lo que ubica a la provincia con una de las tasas de mortalidad más altas en el país.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Ministro de Energía reveló que contrato con China permite reventa de crudo

Dentro del proceso de cierre de una transacción comercial con China, para vender 50.04 millones de barriles de crudo ecuatoriano, René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, admitió que existe reventa de crudo y afirma que “así es como funciona el mercado”.

El ministro considera que la mayoría de los compradores de crudo son traders, que luego de comprado el producto, el vendedor en altamar busca la mejor oferta. “Se llama reventa, es lo que ocurre”, sostiene.

Para Ortiz, muy pocas veces ocurre que se venda directamente a una empresa, y ejemplificó con la refinería de Talara en Perú, asumiendo que es una excepción.

Estas declaraciones del ministro tienen lugar en el momento en que el Gobierno se empeña en que Petroecuador firme dicho contrato, que servirá para que el Ministerio de Finanzas logre un préstamo por USD 1.400 millones que financiaría Industrial Commercial Bank of China.

Existe un borrador del contrato que establecería la venta de 50.04 millones de barriles (en 139 lotes de 360.000 barriles cada uno) con un premio de USD 1.30, hasta el 31 de marzo de 2025. Se indica que el contrato que se celebraría con Petrochina, que será de libre destino a opción del comprador.

La controversia viene en este último punto ya que contradice los convenios de alianza estratégica firmados con China, que al ser una venta directa el beneficio es mutuo, sin intermediarios. Incluso la Contraloría General del Estado observó esta mala práctica de Petroecuador y pidió rectificación.

La Contraloría indicó en el examen especial DA3 0015 2012 que Petroecuador firmó el contrato 2020253 el 31 de agosto de 2010 acordando el “libre destino de los embarques” de crudos ecuatorianos “sin considerar que en la negociación con empresas estatales el destino exclusivo de los embarques son sus refinerías y de esta manera evitar afectar el merado de Petroecuador”.

El informe señalaba que a Contraloría le fue difícil verificar si el crudo adquirido por empresas estatales amparadas en convenios, alianzas estratégicas y contratos pertenecía a un capital netamente estatal, para asegurar que lleguen a sus refinerías, “evitando que el crudo ecuatoriano se comercialice externamente a precios superiores a los adquiridos a la empresa pública de hidrocarburos”. Se hablaba de una de las empresas que realiza los fletes de este contrato era Taurus, reconocido intermediario.

Dentro de la política de comercialización de Petroecuador para contratos de alianza estratégica establecida por la subgerencia de Comercialización Internacional de las empresas estatales, a más del diferencial que se establezca en el contrato, existiría una cláusula por la que el lote de crudo a entregar será destinado exclusivamente a sus refinerías.

Esta normativa sí se cumplió, en este Gobierno, cuando firmó un contrato de mediano plazo con otra empresa estatal: Petroperú.

En el contrato del 2018 para la venta de 2.8 millones de barriles de crudo Oriente se estableció que el destino del crudo debe ser para las refinerías de propiedad de la empresa adquiriente. Pero recalca que “en caso de que el comprador hubiera recibido el crudo Oriente objeto de este contrato en un sistema refinador que no fuera de propiedad exclusiva de Petroperú, dicho incumplimiento será causal de terminación unilateral del contrato. Sin derecho a reclamo”.

En relación al borrador del contrato, el ministro Ortiz indicó que aún no existe nada dicho y que se siguen afinando las condiciones. Según fuentes de Petroecuador, en la estatal hay resistencia a firmar un contrato de este tipo.

En primera instancia, Petroecuador indicó en un informe que Ecuador perdería USD 119 millones con una venta de esa forma, pero enseguida el presidente Lenín Moreno emitió un decreto para que los directorios de las empresas estatales no solo tengan en cuenta la rentabilidad para la empresa, sino el beneficio del Estado en general.

Según Luis Calero, experto en petróleos, conceptualmente no cabe la existencia de alianzas estratégicas ya que todos deberían participar en las licitaciones. Normalmente cada empresa estatal defiende sus intereses y casi siempre hay detrás intermediarios.

Sin embargo, cree que es poco viable vender directamente a refinerías. En el caso de China, por ejemplo, el flete sería muy caro. Asegura, que en la Ley de Empresas Públicas se establece que los contratos entre empresas estatales de otro país se podrán hacer y las cláusulas que se acuerden entre ellas prevalecerán. Estos problemas se terminarían si se realizan licitaciones.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Periodista burguesa afirma y “corrigiendo”, que lo sucedido en Beirut es por un barco

#PeriodistasFake| “Corrijo. Explosión de un barco cargado de pirotecnia cuya onda expansiva provocó un caos en el Puerto de Beirut. La cifra de víctimas es aún muy preliminar. Noticia en desarrollo”, afirmó La periodista Tania Tinoco.

Link de Twitter 1: https://twitter.com/tinocotania/status/1290698655842873346?s=21

Link de Twitter 2: https://twitter.com/tinocotania/status/1290697197307207687?s=21

Extrabajadores de medios públicos protestaron nuevamente por la falta de pago de sus sueldos y liquidaciones

El martes 04 de agosto, en los exteriores de Diario El Telégrafo en Quito y en Guayaquil, los extrabajadores de los medios públicos realizaron un nuevo plantón, en donde reclamaron por la falta de pago de sus sueldos, sus aportes al IESS y sus liquidaciones.

Alrededor de 500 empleados de los medios públicos fueron despedidos el 31 de julio. Ellos laboraban en diario El Telégrafo, el periódico El Tiempo de Cuenca, el canal de la televisión pública, Radio Pública y otras empresas.

Los extrabajadores aseguran que la empresa Medios Públicos ofreció el pago inmediato y no lo han hecho. Los afectados manifestaron que les adeudan el salario de dos meses y las liquidaciones correspondientes.

Las manifestaciones ocurren luego de que el pasado 17 de julio, el Ejecutivo emitió un decreto que da plazo hasta septiembre para la extinción de la Empresa de Medios Públicos.

Hubieron dos manifestaciones. La primera se realizó en los exteriores del Telégrafo en Guayaquil, y la segunda en el parque central de Cuenca.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Pueblos indígenas impulsan campaña para suspender actividades extractivas en la Amazonía

El martes 04 de agosto de 2020 organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y grupos indígenas ecuatorianos presentaron la campaña internacional «Detén la Extracción en la Amazonía», que busca velar por la vida de las comunidades de la región.

La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA); la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos lanzan oficialmente la iniciativa que pretende fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover acciones estratégicas, como exigir la suspensión del flujo de petróleo a través de las principales tuberías de Ecuador.

Las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo han decidido presentar decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana.

Estas demandas masivas se dan debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, que representa un peligro inminente de un nuevo derrame de crudo que afecte a las comunidades.

Debido al hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, el pasado 7 de abril de 2020 se produjo la rotura de una parte del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE, así como de la tubería privada del OCP, principales arterias por donde pasa el crudo ecuatoriano.

Este hecho ocasionó derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, provocando que alrededor de 27.000 personas que habitan en la zona se quedaren sin agua y alimentos seguros en medio de la pandemia de La Covid-19, según las organizaciones indígenas, por lo que se presentaron denuncias ante la justicia.

Desde entonces, «las autoridades estatales, empresas petroleras e incluso el sistema judicial no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación», puntualizó María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines y la Alianza de Derechos Humanos.

En una rueda de prensa virtual, Espinosa apuntó que «el Estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y colectivos de pueblos indígenas privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante décadas».

En la rueda de prensa, los indígenas amazónicos alertaron que el desgaste del afluente «avanza aceleradamente», lo que provocaría la liberación de grandes cantidades de sedimentos, inundaciones, destrucción de comunidades ribereñas y ocasionar un nuevo derrame de petróleo.

«No nos quedaremos callados mientras nuestras tierras siguen contaminadas por el petróleo y amenazadas por otro derrame», advirtió Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), antes de apuntar qe no se detendrán «hasta hacer justicia».

Los pueblos indígenas exigen medidas cautelares que incluyan la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las tuberías petroleras, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, así como, atención y reparación ante posibles inundaciones.

De la misma manera, piden al Gobierno provisiones de agua y alimentos de manera estable hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad.

En junio del presente año, las organizaciones indígenas presentaron una primera demanda de acción de protección debido la gravedad de las afectaciones por el derrame petrolero, sin embargo, la audiencia continúa suspendida.

«Hasta ahora, las comunidades no cuentan con medios de vida dignos para sobrevivir a la pandemia y para protegerse de los impactos de la contaminación del río», asegura la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) en un comunicado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano