Juicios y asilos no impiden que asambleístas conserven sus puestos

A pesar de tener juicios pendientes y asilos, seis asambleístas conservan sus puestos porque la Ley de la Función Legislativa no estipula un tiempo máximo para que los parlamentarios permanezcan ausentes.

Dos asambleístas sentenciados, otro con orden de captura y tres asilados conservan sus nombramientos, aunque no van al Pleno. Tampoco las organizaciones políticas a las que pertenecen aplican mecanismos de depuración, así como desde enero está pendiente el segundo debate de las reformas a la Ley Legislativa.

En la lista están: Viviana Bonilla (exAP), sentenciada en primera instancia por el denominado caso Sobornos; Yoffre Poma (RC), condenado por paralización de servicios públicos; y Eliseo Azuero (BADI), procesado por supuesta delincuencia organizada. A ellos se suman Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, de la corriente del correísmo, a quienes México les otorgó asilo el año pasado. De ellos, Bonilla y Poma siguen con sus actividades legislativas. Los otros cuatro no participan en las sesiones y no cobran sus salarios. En su lugar actúan sus alternos.

En cuanto a Bonilla, llevará su caso a instancias internacionales y aseguró que seguirá sirviendo al país desde el lugar en el que se encuentre.

Patricio Donoso (Creo), vicepresidente de la Asamblea, indico que solo se puede hacer lo que está escrito. En este caso, la Ley de la Función Legislativa no establece nada en relación al tiempo de ausencia.

El artículo 115 de la Ley señala seis causales para la pérdida de la curul: 1. Terminación del período; 2. Renuncia; 3. Destitución; 4. Revocatoria; 5. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada; y 6. Muerte.

Por ejemplo, en julio pasado, Daniel Mendoza, asambleísta del movimiento Mejor, renunció cuando afrontaba un proceso similar al que llevó a la destitución de Norma Vallejo (AP), Sofía Espín (RC) y Ana Galarza (Creo), por denuncias de irregularidades.

El legislador está detenido desde el 5 de junio, por supuesta delincuencia organizada, el mismo delito por el que es ­investigado Azuero.

A su vez, varios parlamentarios son investigados por supuestos delitos como concusión o tráfico de influencias.

También hay denuncias por los carnés de discapacidad y tienen a su vez glosas y pedidos de destitución por parte de la Contraloría.

Según el politólogo Arturo Moscoso, este escenario demuestra una falta de voluntad de la Asamblea para depurarse. Pero para Donoso, la Legislatura ha actuado conforme a la ley.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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