Defensoría del Pueblo demandó el pago oportuno e inmediato de las remuneraciones de los servidores públicos

Este lunes 17 de agosto de 2020, la Defensoría del Pueblo (DPE) presentó, en el Complejo Judicial Norte de Quito, una acción de protección para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes, por parte del Gobierno Nacional.

La cancelación de los salarios debe incluir el décimo cuarto sueldo, que en las regiones Sierra y Amazonía debe ser pagado durante este mes de agosto.

La DPE solicitó al juez que conozca la demanda que declare la vulneración de los derechos al trabajo, con énfasis en el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad, a la calidad de vida, a la salud, a la seguridad jurídica, a la aplicación directa de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, que se adopten las medidas de reparación integral, principalmente, que se proceda, de inmediato, a cancelar las remuneraciones y beneficios que a todas las personas que laboran en el servicio público les corresponde por ley.

La Defensoría argumentó que los constantes retrasos en los pagos de sueldos y salarios a las personas servidoras y trabajadoras públicas han repercutido en el desarrollo de sus proyectos de vida y en la satisfacción oportuna de sus necesidades básicas, así como en el cumplimiento de sus obligaciones con otras personas y entes jurídicos públicos y privados.

Según el organismo, incluso, ha generado que muchas personas que prestan sus servicios en las entidades públicas aparezcan con impedimentos para ejercer cargos públicos, sin advertirse que dicha moratoria, de manera indirecta, es forjada por el Estado, hecho que genera trasgresión del derecho al trabajo y a la estabilidad.

La Defensoría del Pueblo advierte, además, que en las instituciones públicas laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellas, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, entre otras, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tienen acceso a sus tratamientos periódicos, en los centros de salud que otorga el seguro social.

La DPE insiste en que, ante las múltiples denuncias y quejas efectuadas en varias instancias, ha presentado esta garantía jurisdiccional, para que se realice el pago oportuno de los haberes adeudados a las personas que prestan sus servicios en el sector público, de manera que sus derechos constitucionales y humanos no sigan siendo vulnerados, debido a que no cuentan con los fondos necesarios para su subsistencia digna y la de sus familias, disminuyendo su calidad de vida y el debido goce y ejercicio de otros derechos, como el derecho a la vida, a la integridad física, a una alimentación y nutrición adecuadas, a una vivienda digna, al más alto nivel de salud física y mental.

La pandemia de COVID-19 ha develado el mal manejo económico del erario público en Ecuador, lo cual, a criterio de la Defensoría del Pueblo, no debe recaer ni ser afrontado por la clase trabajadora del país, señala el comunicado oficial.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

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