Video revela cercanía de Daniel Salcedo con ex Gerente del Hospital Teodoro Maldonado

ATENCIÓN

Un revelador video muestra a Daniel Salcedo (investigado por peculado, lavado de activos, asociación ilícita y fraude procesal) junto al exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Zunino. @teleamazonasec

Velazco es el candidato a presidente por Ruptura «Partido de María Paula Romo»

El movimiento Ruptura terminó un ciclo dentro de la vida política de Ecuador. En la Asamblea Nacional de la agrupación, efectuada el domingo 23 de agosto del 2020, se aprobó una reforma a su régimen orgánico, que incluyó un cambio de denominación. Ahora la tienda política se llama Construye, cambió de logotipo y tiene una nueva identidad visual.

Iván González, secretario Ejecutivo del movimiento, reconoció que, en octubre del 2018, cuando el Consejo Nacional Electoral –Transitorio (CNE-T) les restituyó su personería jurídica, sabían que “la Ruptura había cumplido un ciclo”, respecto a su origen. Este nuevo momento, según el dirigente, exigía una condición política más amplia, incluido el plano ideológico. En su génesis, Ruptura defendía las tesis de la nueva izquierda. Pero los militantes advierten que esa tendencia política, al menos en Latinoamérica, era responsable de muchas cosas que eran “indefendibles para la democracia”.

Construye ahora se identifica como una organización de centro izquierda. “Era necesaria la ampliación ideológica y un espacio político más amplio, que admitiera dentro de sí visiones distintas”, comentó. La reforma a su régimen orgánico es el primer paso para solicitar oficialmente el cambio de denominación en el CNE. González espera que el trámite no tarde más de diez días y poder llegar a los comicios generales del 2021 bajo el nombre de Construye. La organización mantendrá la lista número 25. El binomio presidencial que eligió Construye está integrado por Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. María Paula Romo mocionó a la dupla durante la Asamblea.

Sin embargo, la secretaria de Estado se excusó de participar en los procesos pendientes del movimiento, como la búsqueda de alianzas, por sus tareas en el Gobierno. Pidió mantenerse en funciones de tercera línea. Una vez que se oficializaron los perfiles para la Presidencia, Vicepresidencia y Asamblea, Construye iniciará acercamientos con otras agrupaciones para concretar alianzas. El plazo para registrar estos procesos concluye el próximo 3 de septiembre. Tres de sus más importantes dirigentes están en el Gobierno: Juan Sebastián Roldán es Secretario del Gabinete; María Paula Romo, ministra de Gobierno; y Norman Wray, Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. Anteriormente fueron también funcionarios y legisladores de Alianza País, en la época de Rafael Correa.

Fuente El Comercio

Los candidatos presidenciales que los partidos y movimientos políticos eligieron para las elecciones generales del 2021

Hasta las 23:59 del domingo 23 de agosto, los movimientos y partidos políticos tenían como plazo realizar sus elecciones primarias para determinar a los precandidatos que podrían participar en el próximo proceso electoral fijado para el 2021.

Este es un requisito necesario para ser candidato, según el Código de la Democracia. En el proceso también se eligieron los postulantes a asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos.

En total son 19 los partidos que cumplieron el proceso que estuvo marcado por la virtualidad ante la pandemia del coronavirus COVID-19, aunque el partido Fuerza Ecuador lo realizó de manera presencial. Ahora corre el plazo de 10 días que tienen los escogidos para aceptar su precandidatura de manera presencial ante el Consejo Nacional Electoral.

El calendario electoral vigente para el desarrollo de los comicios establece que la etapa de “recursos internos de impugnación” va del 24 al 31 de agosto. De persistir las impugnaciones a los precandidatos, se podrá asistir con recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los sustanciará entre el 31 de agosto y el 4 de octubre.

Los movimientos podrán hacer alianzas entre los movimientos por lo que podría reducirse el número de binomios en las próximas semanas. El representante legal de la organización política o el procurador común para el caso de alianzas electorales, deberá registrar las precandidaturas a través del portal web que habilitará el órgano electoral.

Del 18 de septiembre al 7 de octubre se estableció como el plazo para la inscripción de candidaturas para el proceso electoral que se dará la primera vuelta el 7 de febrero.

Lista de binomios presidenciales escogidos por movimientos y partidos para elecciones 2021

Los precandidatos están ordenados de acuerdo al número de los movimientos políticos:

Lista 1 Centro Democrático

Presidente: Andrés Arauz

Vicepresidente: Rafael Correa

Lista 3 Sociedad Patriótica

Presidente: Lucio Gutiérrez

Vicepresidente: David Norero

Lista 4 Ecuatoriano Unido

Presidente: Gerson Almeida

Vicepresidenta: Martha Villafuerte

Lista 6 Partido Social Cristiano

Presidenta: Cristina Reyes

Vicepresidente: Diego Salgado

Lista 8 Avanza

Presidente: Isidro Romero

Vicepresidenta: Sofía Merino

Lista 9 Libertad es Pueblo

Presidente: Esteban Quirola

Vicepresidente: Juan Carlos Machuca

Lista 10 Fuerza EC

Presidente: Miguel Salem Kronfle

Vicepresidente: Gustavo Bucaram Ortiz

Lista 11 Justicia Social

Presidente: Fabricio Correa

Vicepresidenta: Marcia Yazbell

Lista 12 Izquierda Democrática

Presidente: Xavier Hervas

Vicepresidenta: María Sara Jijón

Lista 16 Movimiento Amigo

Presidente: Pedro José Freile

Vicepresidente: Byron Solís

Lista 18 Pachakutik

Presidente: Yaku Pérez

Vicepresidenta: (Por definir) Será mujer guayaquileña, anunció

Lista 19 Unión Ecuatoriana

Presidente: Washington Pesántez

Vicepresidente: José Díaz

Lista 20 Democracia Sí

Presidente: Gustavo Larrea

Vicepresidenta: Alexandra Peralta

Lista 21 CREO

Presidente: Guillermo Lasso

Vicepresidente: Alfredo Borrero

Lista 23 SUMA

Presidente: Guillermo Celi

Vicepresidenta: Verónica Sevilla

Lista 25 Construye Ecuador

Presidente: Juan Fernando Velasco

Vicepresidenta: Ana María Pesantes

Lista 33 Juntos Podemos

Presidente: Paúl Carrasco

Vicepresidente: Frank Vargas Anda

Lista 35 Alianza PAIS

Presidenta: Ximena Peña

Vicepresidente: Patricio Barriga

Lista 51 Concertación

Presidente: César Montúfar

Vicepresidente: Julio Villacreses

Fuente: El Universo, República del Banano

Hábeas corpus solicitado por expresidente Abdalá Bucaram es negado por Tribunal de la Corte de Pichincha

Un Tribunal de Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó, la tarde de este lunes, el recurso de hábeas corpus interpuesto por la defensa del expresidente Abdalá Bucaram, dentro del proceso por el delito de delincuencia organizada en que él es acusado junto a otras tres personas.

Con la decisión de los jueces Fabian Fabara (ponente), Inés Romero y Leonardo Barriga, el expresidente de la República permanece con la medida cautelar de arresto domiciliario bajo vigilancia policial las 24 horas del día ordenado el 13 de agosto pasado por la jueza Luz Marina Serrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Quito.

El Tribunal solicitó a Serrano un informe motivado respecto de la causa penal 17282-2020-01413 y la situación jurídica de Abdalá Bucaram, a quien se le permitió que participe de la diligencia vía telemática.

Junto a Bucaram son investigados y procesados los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. Para la Fiscalía los cuatro conformaron un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

La resolución fue notificada tras casi dos horas de audiencia en las que participaron de manera telemática los sujetos procesales.

Fuente: El Universo, República del Banano

Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha analizan hábeas corpus planteado por Abdalá Bucaram

Los jueces Fabian Fabara Gallardo (ponente), Inés Romero Estévez y Leonardo Barriga Bedoya, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, darán trámite, la mañana de este lunes desde las 11:00, a la acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa del expresidente Abdalá Bucaram, quien es procesado por el delito de delincuencia organizada.

El Tribunal aceptó a trámite la demanda de hábeas corpus y notificó de la diligencia el viernes último a las 21:00. En la providencia emitida, se solicita a la jueza Luz Marina Serrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Quito,y quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas, que entregue un informe motivado en el plazo de 24 horas respecto de la causa penal 17282-2020-01413 y la situación jurídica de Abdalá Bucaram.

Se define en la notificación que el expresidente Bucaram asistirá a través de una conexión telemática.

Trascendió que Christian Romero, abogado de Abdalá Bucaram, daría una rueda de prensa antes de la diligencia en la Corte Provincial de Pichincha, al norte de Quito, pero ese hecho no se concretó.

Desde el 13 de agosto pasado, luego de más de dos meses de seguimientos, vigilancias e investigaciones, a Bucaram y a los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada.

Para la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados conformaron un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Una de estas actividades para las que se habría conformado este grupo fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.

En el caso existiría una delincuencia organizada, pues se habrían detectado una serie de delitos que se están investigando, entre los cuales estarían enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.

El exmandatario mantiene abiertos otros dos procesos penales. Uno por tráfico ilícito de armas y municiones, en el que tiene un llamado a juicio, y otro por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado.

Fuente: El Universo, República del Banano

Justicia ordinaria dicta medida cautelar para que el partido de Álvaro Noboa pueda participar en las elecciones del 2021

A través una medida cautelar emitida por la justicia ordinaria, se dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “habilite de forma inmediata la participación” del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), para que registre la inscripción de su candidato a la Presidencia de la República, el empresario guayaquileño, Álvaro Noboa, para participar en las elecciones nacionales de febrero del 2021.

La medida la dictó el juez Vicente Ontaneda de la Unidad Judicial de Urdaneta (Los Ríos) la tarde del domingo 23 de agosto, por una demanda planteada por Sylka Sánchez, directiva del partido, en contra de la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, por afectar su derecho a postular candidatos, al terminar el plazo para la democracia interna, y sin contar con una resolución final sobre su cancelación del Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

“Podría existir peligro inminente de violación de derechos constitucionales, (y) a fin de tutelar el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la defensa, a la seguridad jurídica, el debido proceso, y el principio de participación tutelados en la Constitución e instrumentos de derecho internacional, se dispone que de forma inmediata el Consejo Nacional Electoral habilite la participación del partido Adelante Ecuatoriano Adelante y registre la inscripción de su candidato presidencial y su binomio que dan vida al proceso electoral”, cita la resolución del magistrado.

El partido alegó que el CNE en su resolución de cancelación, no precauteló el principio de legalidad, afectó el derecho a la defensa, no se les entregó los medios probatorios para garantizar el derecho a la defensa, porque desconocen cuál fue el cálculo que se aplicó para determinar que no cumplieron con el número de votos en dos elecciones consecutivas.

Además que la entidad tardó “más de siete meses para resolver la situación legal del partido, y que el proceso de democracia interna concluye el 23 de agosto, sin que exista resolución en firme, lo que afecta el derecho a postular candidatos”.

El CNE no se ha pronunciado sobre esta medida cautelar, sin embargo en un comunicado oficial advirtió que el partido se encuentra cancelado, mientras el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no resuelva la apelación a la sentencia del juez electoral, Ángel Torres, que dispuso la nulidad de las resoluciones de cancelación emitidas.

“La sentencia emitida en primera instancia no está ejecutoriada, fue apelada. Por tal razón, al no encontrarse ejecutoriada la resolución de cancelación está vigente”, sentenció el Consejo en su misiva difundida el domingo.

El pleno del Consejo resolvió cancelar a AEA porque estaría incurso en el numero 3 del artículo 327 del Código de la Democracia, que sanciona el no haber obtenido el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional; o tres representantes a la Asamblea Nacional, o al menos el 8% de alcaldías; o un concejal en un 10% de los cantones.

El partido apeló ante el TCE y el juez Ángel Torres aceptó su recurso subjetivo ante la cancelación. Nulitó cinco resoluciones al respecto, porque afectaron “la garantía básica del debido proceso en cuanto a no haber contado con los medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa; vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, al no observar el plazo razonable para la decisión administrativa y falta de motivación”.

Agregó que el CNE debe adoptar medidas administrativas para que el partido realice sus procesos de democracia interna, previo a la presentación de los candidatos para las elecciones generales del 2021. Y, deberá incorporar una disposición en el reglamento de Cancelación, Liquidación y Extinción de Organizaciones Políticas, el plazo mínimo de 90 días a la convocatoria a elecciones para que se resuelvan los procedimientos administrativos en estos casos.

Atamaint presentó una apelación a la sentencia que deberá ser tratada por el pleno del TCE, que será la última instancia.

En medio de esto, Noboa anunció el pasado sábado que declinaba de su candidatura, para evitar la dispersión de candidatos para estos comicios.

Fuente: El Universo, República del Banano

Pablo Celi no podría demostrar la legalidad de su cargo en demanda por usurpación de funciones ante la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado lleva adelante una investigación en contra del contralor subrogante Pablo Celi, por una supuesta usurpación y simulación de funciones públicas, denunciado el pasado 07 de julio por el colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador.

Dentro de las primeras diligencias, el fiscal a cargo de este caso solicitó a la Dirección de Talento Humano de la Contraloría que certifique quienes se desempeñaban como contralor titular y subcontralor durante los meses de mayo y junio de 2017.

De acuerdo con los archivos de la Contraloría y de la Asamblea Nacional, Carlos Polit presentó su renuncia al cargo de contralor general el 20 de junio de 2017, pero oficialmente su salida se concretó el 02 de julio, después de ser censurado y destituido mediante juicio político.

Antes de dejar el cargo, Polit suscribió el 25 de mayo de 2017, desde Miami, la acción de personal número 913 con la que dio por terminada la designación de Pablo Celi como subcontralor.

En esa misma fecha, firmó la acción de personal número 914 con la que designó a Sabett Chamoun como subcontalora general, en remplazo de Celi.

Polit dejó sentados estos cambios, que debían entrar en vigencia el 02 de junio de 2017, en la declaración juramentada número 173 /2017, en la Oficina Consular del Ecuador en Miami.

Sin embargo, al ser notificado con la acción de personal con la terminación de su nombramiento como subcontralor, Celi rompió el documento y desconoció la disposición, lo que quedó grabado en videos difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

Posteriormente, el 21 de junio Celi expidió el Acuerdo 020-CG-2017, mediante el cual se autoproclamó como contralor general subrogante, con el argumento de que había ausencia definitiva del titular.

El documento  se publicó en el Registro Oficial número 22 del 26 de junio de 2017, antes de que se oficialice la salida de Polit como contralor.

El consultor jurídico, Augusto Tandazo, considera que Celi ocupa ilegalmente el cargo de contralor subrogante, por haber desconocido la remoción de su función de subcontralor, dispuesto por Polit.

Recordó que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, el puesto de subcontralor es un cargo de libre remoción, que depende del contralor tirular, por lo que Celi debía acatar la decisión.

Tandazo cree que hubo un acuerdo previo entre el presidente Lenin Moreno y Pablo Celi con el fin de apoyarse mútuamente y ejecutar desde la Contraloría las acciones ordenadas por el gobierno.

Otro experto jurídico, Jorge Acosta, conincide en que Pablo Celi no estaba facultado para expedir el acuerdo con el que se autoproclamó como contralor subrogante, porque antes ya fue removido como subcontralor.

Por esa razón sostiene que todas sus actuaciones posteriores no tienen validez y a futuro podrán ser objeto de demandas nacionales e internacionales, por parte de quienes se consideren afectados.

La dirección de Talento Humano de la Contaloría tenía plazo hasta este miércoles 19 de agosto para entregar las certificaciones requeridas por la Fiscalía. Posteriormente se convocará a las partes a una audiencia.

Lorena Jaramillo, Secretaria del colectivo Resistencia Revolucionaria Ecuador, denunció que ha recibido amenazas telefónicas por haber presentado la demanda, por lo que responsabilizó a Pablo Celi por lo que pueda suceder con su integridad.

El colectivo se creó hace tres años con el objetivo de enfentar y denunciar casos de violación a la Constitución y a las leyes. Actualmente cuenta con 145.000 integrantes en el país y en el exterior.

Anteriormente ha denunciado otros casos, como la inconstitucionalidad de la consulta popular de 2018, promovida por el presidente Lenin Moreno, que dio paso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, presidido por Julio César Trujillo.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano

Gobierno adeuda USD 20 millones a más de 120 proveedores desde el 2019

Este viernes 21 de agosto, proveedores impagos del Estado realizaron, nuevamente, un plantón en la Plataforma Gubernamental en Quito para exigir pagos adeudados desde 2019.

Son de diferentes ramas los proveedores: limpieza, seguridad, tecnológica, alimentos, que prestaron bienes y servicios al Estado y que no han sido cancelados desde 2019. «Nos dicen que van a pagar cuando haya disponibilidad de caja, pero eso no va a pasar», reclamó Marco Leguizaga, representante del colectivo de proveedores impagos.

«Las deudas nos agobian, el SRI nos cobra. Todo mundo nos quiere cobrar y el Gobierno no nos paga», reprochó.

«Pago a proveedores, pago a proveedores», exclamaron decenas de afectados que se apostaron en los exteriores de la Plataforma Gubernamental.

Usan mascarilla, algunos llevan su uniforme de trabajo y otros trajes de bioseguridad. Pesé a la pandemia del COVID-19, han decidido realizar varios plantones para exigir lo que, por ley, les corresponden.

Leguizaga reclamó que son casi $20 millones que les adeuda el Estado a los 120 proveedores que integran el colectivo. Ya tienen la orden de pago, pero por falta de recursos, según la respuesta que les dio el Ministerio, no les pueden transferir.

En el caso de Paulina Lozada, representante de una de las empresas de seguridad, llevan 8 meses sin recibir sus pagos.

«Finanzas nos dice no hay plata, pero esa no es la solución para comer. La solución es que, por lo menos, lleguemos a un acuerdo de pagos», acotó.

Los proveedores deben continuar prestando los servicios al Estado, pese a que no reciban, por meses, sus pagos. En caso de incumplir, se activan las pólizas de contratos y tendrían que pagar multas.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano