Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha analizan hábeas corpus planteado por Abdalá Bucaram

Los jueces Fabian Fabara Gallardo (ponente), Inés Romero Estévez y Leonardo Barriga Bedoya, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, darán trámite, la mañana de este lunes desde las 11:00, a la acción de hábeas corpus interpuesta por la defensa del expresidente Abdalá Bucaram, quien es procesado por el delito de delincuencia organizada.

El Tribunal aceptó a trámite la demanda de hábeas corpus y notificó de la diligencia el viernes último a las 21:00. En la providencia emitida, se solicita a la jueza Luz Marina Serrano, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de Quito,y quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia policial las 24 horas, que entregue un informe motivado en el plazo de 24 horas respecto de la causa penal 17282-2020-01413 y la situación jurídica de Abdalá Bucaram.

Se define en la notificación que el expresidente Bucaram asistirá a través de una conexión telemática.

Trascendió que Christian Romero, abogado de Abdalá Bucaram, daría una rueda de prensa antes de la diligencia en la Corte Provincial de Pichincha, al norte de Quito, pero ese hecho no se concretó.

Desde el 13 de agosto pasado, luego de más de dos meses de seguimientos, vigilancias e investigaciones, a Bucaram y a los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito: Leandro B., Samuel S. y Clever A. se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada.

Para la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados conformaron un “grupo estructurado para planificar actividades delictivas” en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Una de estas actividades para las que se habría conformado este grupo fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.

En el caso existiría una delincuencia organizada, pues se habrían detectado una serie de delitos que se están investigando, entre los cuales estarían enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.

El exmandatario mantiene abiertos otros dos procesos penales. Uno por tráfico ilícito de armas y municiones, en el que tiene un llamado a juicio, y otro por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado.

Fuente: El Universo, República del Banano

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