Fiscalía y Contraloría, detrás del Consejo Electoral por las decisiones de sus tres consejeros

Los votos y decisiones que han tomado tres consejeros en el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) les abrieron frentes con la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General e incluso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

José Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero, quienes conforman una mayoría en la toma de decisiones en el organismo, enfrentan denuncias penales y una posible destitución del cargo.

La primera sanción llegó en el 2019, cuando el TCE los sancionó a pagar una multa de $7800 por una queja a una resolución que aprobaron el 9 de abril, que declaró válido el escrutinio que hizo la Junta Provincial Electoral de Los Ríos entre el 24 de marzo y el 2 de abril, que provocaron incluso retrasos en la posesión de autoridades locales.

Ahora están a la espera de que la Contraloría les confirme si los destituye o no por no haber acatado una de varias recomendaciones de una auditoría, que disponía revisar la situación jurídica de cuatro organizaciones políticas: Juntos Podemos, Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social.

En junio se dio seguimiento a la recomendación y se observó que no se las eliminó, pese a que no alcanzaron el número de firmas para ser inscritos, y les inició una predeterminación de destitución del cargo, y una multa que bordea los $8000.

La semana pasada se emitió otro expediente que halló posibles anomalías y falencias en el Sistema Informático de Transmisión de Resultados (STPR) en los comicios seccionales del 2019; también en la elaboración del Registro Electoral o padrón, y falencias en el proceso para la verificación de firmas que presentan los grupos políticos.

El contralor Pablo Celi adelantó que se están analizando las sanciones que se aplicarán por lo hallado. Y advirtió que se emitieron correctivos que deben ser aplicados antes de llegar a las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.

“Esperemos que de forma previa se tomen correctivos, que no pueden ser condicionados. Se argumenta el presupuesto (Atamaint ha dicho que no hay recursos), y eso invoca una negligencia en la planificación. No puede ser el argumento la falta de recursos, el retardo o la emisión”, les alertó.

En las últimas horas, la Fiscalía les abrió una indagación previa, luego de que los tres votaron a favor de la inscripción del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) el 3 de febrero. La fiscal, Diana Salazar solicitó a la Corte Nacional de Justicia el retiro del fuero para iniciar los procedimientos.

El denunciante es el político Fausto Lupera, quien cree que Amigo fue inscrito de manera “irregular”, pues existiría una vinculación con el exasambleísta Daniel Mendoza, detenido por hechos de corrupción.

Atamaint en su cuenta de Twitter escribió que aún no ha sido notificada de este hecho, pero dice: “Espero que todas las denuncias, como esta, que son de tinte político sean resueltas con celeridad. ¡No tengo nada que ocultar!”.

Ella y Acero también son investigadas por presunto tráfico de influencias, tras la designación en el 2019 del procesado Luis Loyo en la Dirección de Procesos Electorales, ahora encarcelado por ese mismo delito.

El coordinador del colectivo ciudadano Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, dijo que miran “con enorme preocupación” la “fractura interna” que tiene el Consejo, al conformar una ‘mayoría’ y una ‘minoría’, en la que están los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, quienes suelen abstenerse o votar en contra de varias resoluciones.

“Es inoportuno que cinco personas no puedan ponerse de acuerdo. Los dos consejeros no pueden quedarse en aislamiento, los cinco son responsables y deben actuar con sensatez y generar confianza en el proceso”, indicó.

Culpó a Acero de chantajear a sus pares para aportar en la mayoría. “Ceden a los chantajes que hace una vocal para mantener la mayoría y le dan los cargos indispensables para que ponga gente vinculada con el correísmo, gente sin experiencia”, indicó.

Estas acciones de control se dan en medio del proceso electoral, y el CNE se ampara en que según el artículo 16 del Código de la Democracia “ninguna autoridad extraña puede interferir” en la organización; además, que no pueden ser procesados penalmente, con excepciones como delitos de violencia intrafamiliar.

El Código establece sanciones graves que pueden llevar hasta la destitución por “interferir” en sus funciones.

Análisis de presupuesto

La tarde de ayer estaba previsto que el pleno del CNE conozca y apruebe el presupuesto para realizar las elecciones generales del 2021, que asciende a los $114 317 185. Además se aprobaría el cronograma electoral y matrices para el desarrollo de los comicios. El Fondo de Promoción Electoral para la campaña electoral asciende a los $42,8 millones.

Fuente: El Universo, República del Banano.

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