Correa: “Hace rato deje creer en ellos” (jueces ecuatorianos)

Rafael Correa (Guayaquil, 57 años) llega con la mirada oculta tras unas gafas de sol, protegiéndose de la luz tras dos semanas de cuarentena en su casa de Lovaina (Bélgica) —el país de su esposa, donde vive desde hace tres años, antes de que empezara su calvario judicial—. París cambió a zona roja cuando visitaba a su hijo, y al volver ha visto desde su encierro cómo los tribunales de su país dictaban un fallo que le condena a ocho años de prisión y le impide presentarse a la vicepresidencia en las elecciones de febrero, como pretendía, al inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por un caso de sobornos. “Lo esperábamos. Hay quien cree en milagros, yo soy creyente, pero hace rato que dejé de creer en ellos”, afirma.

Ha tomado un tren a Bruselas para ver a su abogado, Christophe Marchand, también letrado de otros célebres acusados como Julian Assange o los independentistas catalanes huidos en Bélgica. Acaba de darle buenas noticias. Le ha dicho que es imposible que sea extraditado a su país. Pero eso no aplaca la furia con que se defiende. “Jamás he recibido ni he permitido un soborno. Han presentado archivos manipulados. Nuestros informes están respaldados por el Consejo Nacional Electoral, pero no los aceptaron como prueba. Detrás está el Gobierno y todos los odiadores”, repite sentado a una terraza junto a las instituciones comunitarias.

El expresidente ecuatoriano está convencido de que los tribunales se han dado una prisa inaudita en abordar su casopara impedirle concurrir como candidato y obtener inmunidad, pero no se da por vencido, y ve todavía posible que se invalide su sentencia si gana Andrés Arauz, el líder de la coalición Unión por la Esperanza, con quien esperaba formar la dupla electoral. “Hay que esperar que cambie la situación política, porque esto es político. Cuando cese la presión política y mediática habrá jueces que lo reviertan. Ahora no es suficiente que haya algunos honestos, han de ser heroicos”, apunta, negando que vaya a pedir al Ejecutivo que viole la separación de poderes para influir a su favor.

La justicia cree que hubo un entramado de pagos de empresas al partido Alianza PAÍS a cambio de contratos públicos. Correa afirma estar al margen de todo eso. “Una regla de oro es proteger al presidente o candidato de todas las cuestiones financieras para evitar estos abusos. Nunca me he metido en asuntos financieros”, explica.

Los sentimientos de Correa hacia su sucesor, Lenín Moreno, al que él mismo aupó en su camino al poder, son de desdén. “Con los cambios que yo hice el país se polarizó, por eso lo elegimos, por su temperamento afable. Creímos que iba a ser signo de unión, pero el país nunca ha estado tan desunido”. ¿Qué le diría si lo tuviera delante? “Nada, solo merece desprecio. Si pierde el poder no tendrá donde esconderse”, señala, y recita de memoria los 11 dígitos de la presunta cuenta secreta que Correa atribuye a Moreno en Panamá.

El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, delante del edificio de la Comisión Europea.

Cuando se refiere a la situación de su país, habla como el arquitecto que acaba de ver derrumbarse el edificio que construyó. “Han destrozado mi proyecto vital. El próximo Gobierno no va a recibir un país, va a recibir ruinas”. Y se lanza a enumerar la lista de agravios: “Las universidades emblemáticas, los colegios milenio, hospitales, el programa de becas más grande de América Latina que no paga desde hace meses… tengo un dolor en el alma muy grande”.

Correa cree que el acuerdo alcanzado por Quito con el Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo de 6.500 millones de dólares (5.400 millones de euros) alivia la necesidad de liquidez a corto plazo, pero teme sus consecuencias. “Esconde algo terrible. Las mismas políticas de austeridad que no han permitido a Grecia recuperarse tras 10 años: ajustes estructurales, privatizaciones y disminución del Estado pese a que este es el mayor generador de divisas por el petróleo”.

El dirigente guayaquileño se burla de las acusaciones que le señalan como instigador de las protestas contra el presidente Moreno, aunque cree que, de no ser por la pandemia, las movilizaciones le habrían desbancado del poder. En torno a su figura existe cierto culto al líder, pero reniega del término correísmo como ideología. “Somos la izquierda moderna y progresista de la escuela del socialismo del siglo XXI, sin dogmas, en construcción”. En esa definición incluye al presidente argentino, Alberto Fernández; al mexicano López Obrador; y a Nicolás Maduro. Correa exime al líder bolivariano de cualquier culpa en el descenso a los infiernos que sufre el país, con más de seis millones de desplazados. “Tiene una economía de guerra, no puede vender su petróleo. Bloquéaselo a Ecuador, a ver cuántos meses dura”.

Asesor de Venezuela

La sentencia no solo le ha salido cara políticamente. Correa dejará de percibir una pensión vitalicia de más de 4.000 dólares mensuales. Y dice moverse en bicicleta por no poder costearse un coche. Calcula haber gastado unos 200.000 euros en dos años para defenderse de los graves delitos que se le imputan. Aunque tiene ingresos como presentador del canal Russia Today —para el que ha entrevistado a personalidades como Carles Puigdemont o Evo Morales—. Y como consultor de la Venezuela de Maduro, a la que asesora en cuestiones económicas por una cantidad que elude comentar. “No te voy a decir esos detalles, pero por una asesoría así Jeffrey Sachs cobraría 20 millones de dólares. Nosotros cobramos muchísimo menos”.

Sentado junto al edificio donde los jefes de Gobierno de los 27 se reúnen cada tres meses, Correa dice estar decepcionado con la actitud de la Unión Europea, a la que acusa de doble moral en su actitud hacia Venezuela y Ecuador. “No puedo creer que hayan reconocido a Juan Guaidó. Un tipo que se proclama presidente en una plaza. Es como si yo mañana me proclamase rey de España”.

Licencias caducadas estarán vigentes hasta diciembre con varias condiciones dice ANT

Este sábado 12 de septiembre se caducaban las licencias pero se amplía el plazo para circular sin recibir multa en Ecuador, gracias a la Resolución 041-DE-ANT del 10 de septiembre, que así lo estipula.

Esta nueva disposición la firma Juan Pazos, titular de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terreste, Tránsito y Seguridad Vial, se la publicó este viernes 11 y contiene dos condiciones y una excepción.

Esta resolución consta de tres artículos. Quita la multa por caducidad a los conductores cuya licencia terminó su vigencia durante el estado de excepción, o sea desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 12 de septiembre del 2020. Los que sí tendrán sanciones son los conductores con documentos de conducir que caducaron hasta febrero del 2020.

Según la Resolución 041-DE-ANT hay dos condiciones para que los conductores cuyas licencias vencieron durante el estado de excepción puedan conducir automotores: deben pagar la renovación de la licencia y el turno impreso del trámite de la nueva.

Por ello la Agencia Nacional de Tránsito reactivó su atención para la entrega de licencias, de forma presencial, con los requisitos previstos; entre ellos, examen psicométrico, examen de conocimientos de la normativa de tránsito y pago del valor de la especie (no debe adeudar multas).

Articulado de la Resolución 041-DE-ANT:

Artículo 1.- Prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia y uso de las licencias que caducaron durante el estado de excepción decretado por motivo de la pandemia de covid-19.

Artículo 2.- No habrá multa respecto de las licencias que caducaron durante el estado de excepción siempre que se cuente con el pago de la licencia y con un turno impreso para la renovación de la misma.

Artículo 3.- Modificar en la Disposición Transitoria Segunda de la Resolución Nro. 031-DE-ANT-2020 de 02 de julio de 2020, la frase: “(…) conservarán validez por el tiempo de su duración (…)”, por la siguiente: “(…) conservarán validez hasta el 31 de diciembre de 2020 (…)”.

Disposiciones generales

Primera.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General para que notifique con el contenido de la presente Resolución a el/la servidor/a delegado/a y su publicación en el Registro Oficial; y, a la Dirección de Comunicación Social la publicación a través de los medios de difusión institucional.

Segunda.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Disposición derogatoria única.- Deróguese todos los actos normativos, resoluciones y disposiciones emitidas, que se contrapongan, a lo dispuesto en esta Resolución.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Ministro de Finanzas tiene 24 horas para informar sobre incumplimiento de sentencia judicial

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, debe informar, en el término de 24 horas, sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida respecto al pago oportuno de las remuneraciones de las y los servidores públicos, advierte la Defensoría del Pueblo (DPE).

En su cuenta de Twitter, la DPE señala que el secretario de Estado, bajo prevención de sanciones, tiene 24 horas para informar sobre el incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia emitida respecto al pago oportuno de los salarios de los trabajadores estatales.

“La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento del seguimiento que debe dar a la sentencia del juez Carlos Fuentes, presentó el respectivo informe, el 10 de septiembre de 2020, donde constan las denuncias expuestas por Conasep, Red de Maestros por la Revolución Educativa y UNE, organizaciones que manifiestan el incumplimiento de la sentencia”, apuntó la institución.

Según informó, oportunamente, la DPE, el juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Fuentes, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.

Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución de Ecuador, se dispuso:

– Que el presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.

– Al ministro de Finanzas, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los gobiernos autónomos descentralizados.

– Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.

– Que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones, en los primeros cinco días de cada mes, a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de Trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Cinco provincias son las más atractivas para el robo de motos

El 70% de casos de robos de motos se registra en las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, El Oro y Manabí.

Entre marzo -cuando estalló la pandemia por la Covid-19- y agosto, en el país se reportaron 2 494 robos. En abril hubo una disminución, pero desde junio se vio un repunte y en agosto bajó.

Según un jefe policial este fenómeno se da porque por el coronavirus se incrementó el uso de este medio de transporte.

“Los mensajeros o repartidores de alimentos son las personas más vulnerables a sufrir este delito”, indicó, Incluso, agentes que rastrean estos hechos saben que los asaltantes usan llaves maestras para romper el seguro o vulnerar el bloqueo del volante.

En la Policía Judicial, las quejas por robos de motos son frecuentes. Unos son mensajeros y otros, repartidores de comida. Pero también hay personas que en estos meses de pandemia usaban las motos para trasladarse a sus trabajos.

Alexander Zapata, es repartidor de pizzas en un restaurante de Quito, y el pasado 9 de agosto fue víctima de robo.

Recuerda que parqueó su moto en una calle del norte de Quito y que mientras despachaba los pedidos le sustrajeron su moto a pesar de que había dejado bloqueado el volante y puesto los candados.

Investigaciones policiales revelan que los delincuentes también portan inhibidores de señal para inhabilitar los localizadores. Luego las llevan a talleres clandestinos para desactivar el rastreo satelital y así venderlas en el mercado ilegal.

En esos sitios pueden llegar a costar de USD 300 a USD 400, cuando en los mercados locales las motocicletas para trabajo pueden comercializarse entre USD 2 500 y USD 3 000.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

María Paula Romo denunciada por presuntas irregularidades en ascensos de oficiales de la Policía Nacional

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se encuentra envuelta en una nueva controversia. Esta vez, oficiales de la Policía Nacional denuncian presuntas irregularidades en el proceso de calificación de ascensos en la institución.

El caso se remonta a octubre de 2018 en la calificación de 46 tenientes coroneles, de la Quincuagésima Sexta Promoción, en el que 11 oficiales no fueron ascendidos al grado de coroneles.

El 31 de julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen, de segunda instancia, en favor de Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes, tras determinar que se vulneraron derechos constitucionales y se atentó contra la seguridad jurídica.

María Paula Romo suscribió el 18 de octubre de 2018 el Acuerdo Ministerial 044, con el que cesó en funciones a los 11 policías no ascendidos, de manera retroactiva al 26 de septiembre.

Los uniformados fueron notificados mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL, mientras prestaban servicios en sus respectivas unidades, sin haber conocido los resultados de las calificaciones, por lo que no pudieron ejercer su derecho a la impugnación.

En la calificación se utilizó una metodología que aún no había sido aprobada, por lo que los jueces señalaron que se cometió una grave violación a la ley y a la Constitución, al aplicarse un procedimiento que no fue promulgado en el Registro Oficial.

En esa metodología se incluyó una nota denominada de concepto, considerada como subjetiva y que depende del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra de Gobierno.

Almeida tuvo una nota de 19,79 sobre 20 en desempeño profesional y 20 sobre 20 en conducta, mientras que Martínez, 19,99 y 19,33, respectivamente. Sin embargo, la calificación de concepto bajó sus puntajes finales.

En el caso de Martínez, se determinó posteriormente que su nota final fue de 18,23, pese a lo cual no fue ascendido. Para ser promovido, requería 18 puntos.

Los 11 policías que no calificaron para el ascenso presentaron acciones de protección en distintos tribunales, de los cuales cuatro fueron aceptados.

Tras la impugnación del ministerio de Gobierno, otros dos fueron desechados y quedaron en firme únicamente dos, correspondientes a los oficiales Almeida y Martínez.

En el fallo de la Corte Provincial se dispuso el reintegro inmediato de los dos uniformados en el grado que ostentaban al momento de su remoción, y el inicio de un nuevo proceso de calificación. Sin embargo, el dictamen no fue acatado por el ministerio de Gobierno.

En el recurso de apelación interpuesto por Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, se defendió la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la corte provincial desestimó los argumentos del ministerio de Gobierno.

Martínez cuestionó el incumplimiento de la disposición judicial y señaló que es “lamentable el abuso de ciertas personas que no dan cumplimiento, piensan que están sobre las leyes y disposiciones judiciales. Muchos actores políticos del ministerio de Gobierno piensan que la institución policial está al servicio de ellos”.

Por su parte, Almeida aseguró que el proceso de calificación estuvo lleno de irregularidades, por lo que espera que la justicia brille en otras instancias, incluso en cortes internacionales.

El abogado de los oficiales, Rómulo Bárcenes, anunció que presentó una acción de incumplimiento de la sentencia ante la Corte Constitucional.

El jurista adelantó que el desacato del dictamen del tribunal podría generar la destitución y acciones penales en contra de la ministra de Gobierno.

No descartó presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir una reparación por la violación de los derechos constitucionales de sus defendidos.

En el país existe un precedente sobre el tema de los ascensos. El año pasado la CIDH falló en favor del entonces coronel del Ejército, Luis Hernández, quien demandó su caso ante ese organismo por irregularidades en su calificación, que le impidieron ascender a general de Brigada.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.