Defensoría del Pueblo planteó recurso de apelación en caso de cobros indebidos por sistema financiero

Este martes 15 de septiembre de 2020, la jueza Grimanesa Erazo, de la Unidad Judicial Civil de Pichincha, negó la acción constitucional interpuesta por la Defensoría del Pueblo a favor de los miles de usuarios del sistema financiero, afectados por cobros ilegales.

La Defensoría del Pueblo planteó el respectivo recurso de apelación para que la Corte Provincial de Justicia revierta esta decisión.

“Seguiremos en la lucha, acompañando a las y los más débiles y protegiendo los derechos de las y los usuarios de los servicios financieros del país”, advirtió el organismo de derechos humanos.

El 12 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de garantizar los derechos de las personas a recibir servicios de óptima calidad, información adecuada, veraz, clara y completa, así como un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo en la prestación de servicios públicos o privados del sector financiero nacional, presentó una medida cautelar ante los jueces competentes, solicitando la suspensión inmediata de todo cobro indebido realizado por estas entidades, que han incumplido lo aprobado y dispuesto por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

A través de esta acción constitucional, la DPE busca que las personas usuarias de servicios financieros que han solicitado y han sido beneficiadas con diferimientos extraordinarios, prórrogas, refinanciamientos o reestructuras crediticias de sus obligaciones, no paguen otros nuevos intereses generados por este servicio, así como tampoco ningún otro tipo de gastos, recargos, multas u otros cobros relacionados con seguros adicionales, que no hayan sido solicitados por las y los clientes. La acción incluye, además, la solicitud del cese inmediato de cualquier tipo de hostigamiento en la cobranza de créditos a las personas beneficiarias.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Consejo Electoral acoge recomendación de la Contraloría y elimina a cuatro movimientos políticos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) acogió las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y eliminó a cuatro movimientos políticos, como son Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social (FCS), Juntos Podemos, y Justicia Social.

La decisión se tomó la mañana de este miércoles 16 de septiembre en una sesión presencial, a horas de que se convoque a las elecciones generales del 2021. Se detalla que se “deja sin efecto” las resoluciones del organismo en las que se resolvió otorgar y mantener su personería jurídica, además se dispone que los adherentes permanentes sean excluidos de su padrón de firmantes.

A esta plenaria asistieron los consejeros José Cabrera, Diana Atamaint y Esthela Acero quienes votaron a favor de los informes jurídicos en los que se recomendaba acoger dicha recomendación, que establecía que los movimientos incumplieron el número de firmas para constar en el Registro Permanente de Organizaciones Políticas.

El vicepresidente Enrique Pita y Luis Verdesoto no asistieron.

La presidenta, Diana Atamaint señaló que se dio la posibilidad de que presenten las pruebas, y el departamento de Tecnología del CNE cruzó la base de datos “dentro de la etapa de prueba emitiendo un informe para demostrar las aseveraciones del informe de la Contraloría del Estado”.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Acero recomendó a las agrupaciones que aún tienen la posibilidad de acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar la decisión. A la vez que Cabrera recordó que esta decisión se da al acoger las auditorías realizadas por el órgano de control.

No obstante, en el TCE se sustancia una acción de dirimencia de competencias en la Corte Constitucional (CC) planteada por la Contraloría, quien defiende la posibilidad de emitir recomendaciones de obligatorio cumplimiento.

La decisión del contralor Pablo Celi de acudir a la CC se dio después de que el juez electoral Fernando Muñoz admitió a trámite una denuncia de infracción grave que planteó la presidenta de FCS, Vanessa Freire en contra de Celi por emitir estas recomendaciones.

Por tanto, pese a que en el CNE se tomó esta resolución, las resoluciones de extinción de estas cuatro agrupaciones no estarían en firme hasta que se resuelvan las medidas de apelación que estas planteen.

Estos cuatro grupos postularon candidatos a la Presidencia de la República para los comicios generales del 2021, que se convocarán oficialmente mañana 17 de septiembre.

FCS promovió en alianza con Centro Democrático (CD), a Andrés Arauz, quien aún no escoge a su binomio. Sin embargo, esta organización incluyó en el acta de la alianza una disposición para que los candidatos para estas elecciones puedan ser acogidos por el grupo “remanente”, es decir, CD.

Juntos Podemos proclamó a Paúl Carrasco; Justicia Social lanzó a Fabricio Correa; y, Libertad es Pueblo, fundado por Gary Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, a último momento decidió no seguir con la candidatura de Esteban Quirola al descubrir, que pretendía infiltrar al “correísmo” en su organización.

En este contexto, la Contraloría aún no se pronuncia sobre la predeterminación de destitución del cargo en contra de los tres consejeros electorales mencionados, porque no acogieron esta recomendación en una primera ocasión. 

Fuente: El Universo, República del Banano.

Audiencia por intento de concesión de Refinería Esmeraldas, falló contra el pueblo

En la ciudad de Esmeraldas, se celebró la audiencia de Acción de Protección- Medidas Cautelares No. 08244-2020-00019, presentada el 21 de agosto del 2020, en el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, en relación al Decreto Ejecutivo No. 1094, suscrito el 10 de julio de 2020, por el presidente Moreno, en el que se resuelve la venta de la Refinería Esmeraldas, bajo la figura de “delegación para la gestión” y establece que el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, será el responsable de determinar la modalidad de delegación a la iniciativa privada.

El Tribunal de Garantías Penales, no acogió la demanda, calificándola de improcedente y expresando que el tema de la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No.1094, sea tramitado en la Corte Constitucional; el dirigente de los ex trabajadores de Refinería Esmeraldas Gil  Pio Estacio, en la audiencia expresó de manera clara y con apego a la Ley la vulneración del derecho al trabajo, a las pensiones jubilares y a la vida que se producirá cuando el gobierno nacional implemente el Decreto que establece la “delegación para la gestión”, que definitivamente privatiza la renta petrolera.

En las afueras del Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, integrantes de diferentes organizaciones sociales, autoridades, asambleístas y activistas del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano (FRENTE PETROLERO) se manifestaron, rechazando el Decreto Ejecutivo 1094, por inconstitucional, ilegal y porque además viola derechos básicos del ser humano.

En los exteriores de la Fiscalía de La Liberta se manifestaron, integrantes de organizaciones sociales, de la Asamblea Nacional Ciudadana (ANC) y del FRENTE PETROLERO, así como ex dirigentes petroleros, rechazando la política del gobierno, respecto a la industria petrolera que por aceptar los acuerdos del poder hegemónico gobernante y el Fondo Monetario Internacional, han procedido a feriar la renta petrolera que produce refinería Esmeraldas, y que más adelante lo hará con la renta que produce la refinería de la Libertad.

Los dirigentes del FRENTE PETROLERO, en declaraciones del día de hoy, han señalado que continuarán en su lucha, por que la consideran legítima.

La primera acción, que se proponen, será la de apelar a la sentencia y más adelante acudir a instancias jurídicas nacionales e internacionales; además, han señalado que el Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, cada día se siente fortalecido con la participación de organizaciones de trabajadores, de gremios, educativas, de la sociedad y de ciudadanos patriotas y democráticos que consideran que la Constitución es diáfana en expresar  que “el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia” y finalmente han expresado que no le creen a un gobierno que miente, despide personal y trafica con la vida, cuando dice que en la delegación de la gestión a privados de refinería se respetarán los derechos laborales, por lo que ratifican la refinería es del pueblo, ¡NO SE DELEGA NI SE VENDE¡

Autor: Jorge Cáceres E.

Karina Arteaga califica de “persecución política” a las denuncias por cobro de diezmos en su contra

La legisladora de Alianza PAIS, Karina Arteaga, calificó como una persecución política las denuncias en su contra sobre el presunto cobro de diezmos a su equipo de trabajo en la Asamblea Nacional. De la misma manera, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) se equivocó y no recibió su versión sobre estas acusaciones.

En marzo de este año, la Fiscalía ya solicitó a la Corte Nacional de Justicia que se señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta en funciones Karina Arteaga. Ella es acusada de exigir a sus subalternos –durante su gestión como asambleístas- el pago de contribuciones económicas de sus remuneraciones mensuales.

Ante esto, Arteaga indicó que la Fiscalía cometió un error al formular los cargos en contra de ella, ya que no presentó las evidencias que adjuntó hace pocos meses.

“La ciudadana denunciante dijo que pagaba USD 2. 861 de su sueldo y le quedaba USD 400, pero ella solo ganaba USD 2.700 y eso consta en los roles de pago de la Asamblea”.

De igual forma, aseveró el dinero que depositaba su ex colaboradora era de su propiedad, ya que presuntamente ella lo retiraba de otra cuenta y de ahí hacía el pago.

“Esas pruebas fueron presentadas a la Fiscalía para desestimar todas estas acusaciones”, sentenció la legisladora.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Asamblea Nacional autoriza enjuiciamiento penal de legisladora Karina Arteaga

Con 101 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó autorizar el enjuiciamiento penal en contra de la asambleísta de Manabí, Karina Arteaga (ex AP), acusada de concusión por supuesto cobro de diezmos a sus asesores.

115 legisladores se registraron para votar, de los cuales 101 votos fueron afirmativos, dos negativos y 12 abstenciones, en la sesión virtual 682 del Pleno.

La moción fue presentada por el asambleísta César Litardo, que plantea autorizar el inicio de la causa penal en contra de la parlamentaria Karina Arteaga Muñoz, solicitada por el doctor David Jacho Caiza, juez nacional encargado de Garantías Penales, dentro del proceso penal que se sigue contra la asambleísta, por cuanto el presunto delito que se le imputa no es un delito común y la figura de inmunidad parlamentaria no exonera de posible responsabilidad penal, en razón del ejercicio de su cargo, acorde con lo prescrito en el artículo 120 de la Constitución y artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Médicos ya no creen en el gobierno neoliberal y siguen en huelga

Los médicos postgradistas continúan en vigilia, pese a que aseguran que durante la tarde de este martes 17 de septiembre del 2020, habrían alcanzado un acuerdo previo con el gobierno, esto luego de una intensa jornada de manifestaciones que se desarrolló en varias ciudades del país. Su representante, Santiago Zúñiga, explica que mantuvieron diálogos con la ministra de Gobierno, María Paula Romo y el viceministro de salud, Xavier Solórzano.PUBLICIDAD Los profesionales se levantaron en protesta luego de que afirmaron que el gobierno incumplió con la ley de apoyo humanitario, que les beneficiaba con contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio de Salud. Argumentó que la huelga continuará hasta que exista una firma de por medio, por lo que el viernes mantendrán una segunda reunión.

Médicos posgradistas continúan reclamos por falta de pago Mientras tanto los médicos no asistieron a las casas de salud, Fredy, es uno de ellos, quien trabaja en el hospital Eugenio Espejo, sin embargo se unió a la huelga que en Quito inició en el parque del Arbolito. Asegura que hasta el momento no ha recibido un solo centavo por sus servicios durante la pandemia. La paralización también se dio en Cuenca y Guayaquil, en donde cientos de postgradistas, becados y autofinanciados, levantaron su voz de protesta e indignación por no ser reconocidos por el gobierno.

Fuente: Ecuavisa, República del Banano.

Ministerio activó proceso de matrículas extraordinarias en el régimen Sierra y Amazonía

A partir del lunes 7 de septiembre, empezó el proceso de matrícula extraordinaria para el régimen Sierra-Amazonía 2020-2021. La que está a disposición en la página web https://juntos.educacion.gob.ec/; y por medio de operadoras telefónicas.

Asegura el comunicado que el proceso se desarrolla con normalidad. Al momento se han registrado 23.340 solicitudes de los estudiantes, las zonas de mayor demanda estudiantil son la 9, 3 y 1.

Por lo tanto, en los pedidos de solicitudes para Matrícula Extraordinaria Sierra – Amazonía 2020 – 2021, encontramos de mayor a menor, respectivamente, son: Zona 9 con 6.934, Zona 3 con 4.197, Zona 1 con 4.077, Zona 6 con 3.507, Zona 2 con 2.617, Zona 7 con 1.605 y Zona 5 con 493 pedidos, en total llegan a 23.430.

Según el boletín enviado a los medios, el proceso fue ejecutado de acuerdo a la disponibilidad de la oferta educativa, la selección de institución lo hace el representante legal y la asignación es inmediata, porque recibe inmediatamente el certificado de matrícula al correo electrónico.

Para el Ministerio del ramo, el proceso se puede realizar hasta el 14 de enero de 2021, incluso en este periodo pueden efectuar traslados entre instituciones educativas fiscales.

Esta cartera de Estado dice que “garantiza el acceso a la educación en el sistema educativo fiscal y trabaja de manera integral llevando los servicios del Gobierno Nacional a todos los lugares del país, facilitando, promoviendo y motivando a toda la comunidad educativa”.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

Millonario perjuicio para el Estado por tarifa de transporte en favor de OCP, dispuesto por el ministro de Energía

El Estado tendrá un perjuicio de más de USD 50 millones por una diferencia en el precio del transporte de crudo de Petroecuador, a través del oleoducto para crudos pesados, OCP, de propiedad privada.

El ministro de Energía, René Ortiz, dispuso el pasado 03 de julio que se pague USD 2 por cada barril de crudo, en lugar de USD 1,40 exigido por la estatal petrolera.

La controversia entre Petroecuador y OCP se originó por la aplicación de la cláusula 7.3.2 del contrato de autorización para la construcción y operación del OCP, suscrito el 15 de febrero de 2001, y el contrato de prestación de servicio público de transporte de petróleo, firmado 08 de noviembre de 2018.

En ambos contratos se establece un valor de USD 2 por barril, “o la tarifa más baja que OCP Ecuador S.A. cobre en cualquier momento a cualquier usuario.”

Petroecuador dejó de pagar los USD 2 por barril en abril de este año, por considerar que la tarifa debe ser de USD 1,40, que fue el valor cobrado a compañías privadas en el año 2017.

Para dar una salida legal al desacuerdo, el subsecretario de Administración de Contratos de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Vicente Loyola, solicitó al coordinador jurídico de esa cartera de Estado, Pedro Fernández de Córdova, un criterio jurídico de aplicación del contrato con OCP.

En su respuesta, mediante memorando MERNNR-COGEJ-0178-ME de 08 de abril, respondió que “la tarifa que debe pagar el Estado por el transporte de petróleo crudo, es la tarifa más baja que haya cobrado en cualquier momento a cualquier usuario la Compañía OCP ECUADOR S.A., esto es USD 1,4015, ajustada por distancia.”

Sin embargo, el mismo coordinador jurídico cambió de parecer dos meses después, el 29 de junio. En respuesta a una consulta solicitada por la viceministra de Hidrocarburos, María Elisa Soledispa, aseguró que la tarifa que se debe aplicar es la que rige a partir del 08 de noviembre de 2018, cuando se firmó el acuerdo, y que desde esa fecha OCP no cobró a ninguna empresa menos de USD 2.                                                   

Amparado en este último criterio, el ministro de Energía René Ortiz, mediante oficio MERNNR-2020-0601-OF de 03 de julio de este año, respondió a una consulta de OCP y aseguró que “el ministerio de Energía respetará y honrará la tarifa de USD 2, pactada en el contrato del 08 de noviembre de 2018”.

En el mismo documento, Ortiz pidió a OCP que remita las facturas “para proceder a la liquidación de los valores pendientes”.

Basado en la respuesta del ministro de Energía, OCP envió el 09 de julio al entonces gerente de Petroecuador, Pablo Flores, un oficio en el que exigió que se cumpla el pago de los USD 2 por barril.

Un día después, el 10 de julio, el subsecretario de administración de contratos del ministerio de Energía, Vicente Loyola, remitió al ministro Ortiz el memorando MERNNR-SACHAA-2020-0143-ME, con el asunto: “Discrepancias con OCP respecto a la aplicación de la menor tarifa de transporte”.

En el documento advirtió la existencia de los dos informes contradictorios vigentes del coordinador Jurídico del Ministerio.

Además, reveló la existencia de un oficio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), de 29 de junio de 2020, sobre una auditoría realizada a los costos y gastos de operación por transporte de petróleo por el OCP, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

En la auditoría se determinó que OCP cobró a otros usuarios valores inferiores a los USD 2, e incluso menores a USD 1,4015 por barril.

Por estos argumentos, Loyola pidió al ministro de Energía que solicite un pronunciamiento a la Procuraduría General del Estado.

Solicitamos al departamento de Comunicación de esa cartera de Estado un pronunciamiento sobre el pedido de Loyola, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Petroecuador pagó a OCP USD 57,9 millones, entre el 11 de noviembre de 2018 y el 31 de mayo de 2020. La diferencia entre la aplicación de las dos tarifas representa USD 23,2 millones, aunque OCP reclama una deuda de USD 18 millones.

El contrato entre el Estado y OCP rige hasta el año 2023, por lo que la diferencia de la tarifa dispuesta por el ministro de Energía a favor de la empresa privada, superará los 50 USD millones, advirtió Vicente Loyola.

Las discrepancias por la tarifa de transporte a través del OCP, fue una de las razones que motivaron la renuncia de Pablo Flores a la gerencia de Petroecuador, el pasado 02 de septiembre.

La estatal petrolera transporta mensualmente 3,5 millones de barriles de crudo pesado a través del oleoducto privado.

Fuente: Pichincha Universal, República del Banano.

#ArtículoBananero| ¡Correa: más vigente que nunca Por Luis A. Castillo

El burdo circo montado por Lenín Moreno y sus resbaladizos acólitos llegó a su fin; eso sí, con la sentencia ejecutoriada contra Rafael Correa y otros inocentes. Los mercenarios puestos a dedo se salieron con las suyas. Para eso sirvió la traición, con su retahíla de subsecuentes golpes de estado blando, causada por la ilegal consulta popular de febrero de 2018. Voluntad que engendraba la consigna letal: inhabilitar a Rafael Correa y proscribir su participación política en las próximas elecciones, sin importar la violación de la norma constitucional. De lo contrario, bien lo sabían y lo saben, que el apoyo del electorado a Correa es imparable, es ajeno a subterfugios hechiceros o malicias  judiciales.

Si la inhabilitación de Correa era el objetivo, para que la Revolución Ciudadana no retome el poder, ahora empieza lo más difícil: enfrentarse a un electorado indignado, empobrecido, abandonado y desesperanzado. ¿Cómo la derecha podrá convencerlos que ella, representada por Guillermo Lasso, sí, el banquero del feriado bancario, es la única alternativa, cuando es demasiado conocido que quienes han co-gobernado con Moreno han sido Guillermo Lasso y Jaime Nebot. He ahí el problema: no podrán frenar ni inhabilitar la voluntad de un pueblo indignado. Así como Moreno no podrá lavarse la sangre de la traición, tampoco el delicado y frágil matrimonio de la derecha podrá ocultar su complicidad. Es pertinente el adagio: “Todo aquel que obra mal, al final le irá mal”.

Es un electorado Indignado con todo su derecho, porque objetivamente Lasso y Nebot también han sido los arquitectos del desastre. Su obra ha sido dejar el país en soletas. Veamos: economía, en caída precipitada; deuda externa, duplicada; desempleo, por los cielos: pobreza media y extrema, en aumento. Educación y Salud, debilitadas; empleados públicos, impagos; Gobiernos Autónomos Descentralizados, sin liquidez. Y para colmo, después de tres años y medio, la muletilla de culpar a Correa, aupada por los medios difamadores, ya no convence.

Es un electorado indignado porque en medio de la desesperanza, de la pauperización, se desata a la vista de todo el país la más despiadada corrupción, sin importar la pandemia, el dolor por los muertos de amigos y parientes, el dolor de estómago debido al hambre. Situación que según la encuestadora Click Report ha generado sentimientos de “miedo, enfado, irá, asco, disgusto y tristeza”.  

Pero en la realidad del paraíso de tontos, la indolencia es escalofriante. En medio del desastre económico vemos cómo de manera descarada y avara la banca reporta utilidades multimillonarias en medio de crisis económica y sanitaria. No hay duda que han sido tres años y medio de bonanza para los ricos. No hay duda de que hemos regresado al país de la desidia, de la inequidad, de la represión, del cinismo.

El electorado, el mandante, pronto ajusticiará los atropellos, los abusos, el robo y la corrupción. Sin revanchismo, pero cada delito deberá ser investigado y, por el bien del país, los culpables tendrán que ir a la cárcel. No permitirá que con Lasso se siga cuatro años más de este gobierno enemigo de las mayorías. Será tiempo de frenarlo o nos vamos al precipicio.

Ya se avisora el día. La injusticia cometida contra Rafael Correa deberá ser el elemento precursor para seguir día a día en nuestra lucha. Nuestra indignación se convertirá en voto y ese voto será para construir una democracia participativa, con nuestros tonos, sabores y colores. Continuaremos con el trabajo de los diez años en donde cimentamos los primeros peldaños, invirtiendo en obra social, con excelentes resultados. Allí primó el pago de la deuda social y la visión de aglutinar una mayoría unida. Sabemos que sí es posible transformarnos en una sociedad más equitativa y solidaria. “Hoy hay que superarnos”. Iremos más allá. Esa es la tarea. ¡Esa es la esperanza!

Luis Alfredo Castillo

Articulista

Prensa República Del Banano