A criterio de los asambleístas que respaldan esta propuesta, es vital la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, conocida como Ley de Extinción de Dominio, que fue discutida en primer debate, durante dos jornadas en el Pleno.
El objetivo de la ley es que se convierta en herramienta que permita a los operadores de justicia combatir la corrupción y recuperar bienes, recursos públicos, para destinarlos a educación, salud, así como para aquellos sectores desprotegidos.
La Comisión de Participación Ciudadana, que tramita el proyecto, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deberá elaborar el informe para segundo debate, tomando en cuenta las observaciones planteadas por los asambleístas, a fin de entregar al país una normativa que permita recuperar lo mal habido, según señaló el titular del Legislativo, césar Litardo.
Durante el debate, los legisladores coincidieron en que los recursos le pertenecen al pueblo, por tanto, deben ser devueltos al Estado. Demandaron de la mesa encargada que la normativa sea más pragmática respecto de los bienes robados o adquiridos de manera fraudulenta; que la propuesta legal debe ajustarse a lo que establece el artículo 273 de la Constitución en materia de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, donde se establece la imprescriptibilidad tanto de la acción como de la pena.
Entre algunas de las observaciones, la normativa debe regular el proceso jurídico para la extinción de dominio, que no puede ser de carácter político ni para persecución, sino procesal, que permita a los operadores de justicia aplicarla en todos los casos de actividades ilícitas, por lo que la normativa debe ser clara y precisa, respetando el debido proceso.
Señalaron que en el país hay varios casos de corrupción, como los sobreprecios en la contratación pública, aspectos que tienen que corregirse y ser sancionados con la aplicación de esta normativa.
Plantearon que, si bien la ley no puede ser retroactiva, sí puede ser retrospectiva, que permita revisar los procesos de constitución de domino no formalizados; es decir, prácticas reñidas con la legalidad y que permita al Estado una alternativa de resarcimiento.
Algunos legisladores consideraron la necesidad de la especialización, tanto de jueces como de tribunales, mientras que otros pidieron que se eliminen los jueces especializados en extinción de dominio y que quienes se encarguen de este particular sean los que llevan procesos en materia penal.
Pidieron que se incorpore el registro de apelación, porque, caso contrario, se violentaría el principio de inocencia. Igualmente, establecer con claridad cómo se actuará en los casos de testaferrismo; así como, analizar los casos de créditos bien otorgados, pero que fueron cancelados con dineros mal habidos. En estos casos deben ser comisados los bienes, propusieron.
La seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido. Lo mal habido no genera derechos y es allí donde debe haber una lucha frontal contra la corrupción, reflexionaron. También se refirieron a la creación de la Unidad de Servicio de Bienes, como custodio de los bienes recuperados, pero que no debe generar una nueva estructura dentro del Estado, sino adscrita a una institución.
Cuando un juez dictamine la sentencia de incautación de tierras, las mismas deben ser entregadas a los sectores campesinos para que se dediquen a la agricultura, formularon. Se cuestionó que, si bien la justicia en unos casos ha sancionado hechos de corrupción, no se ha logrado que los bienes o recursos sean recuperados para el Estado, para ser puestos de manera inmediata al servicio de la sociedad.
Un total de 30 parlamentarios presentaron sus observaciones, con lo cual el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio por terminado el primer debate.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.
