Alcaldes de Manabí exigen respuestas del Gobierno para brindar atención de calidad en el área de salud

Los alcaldes de Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales, en Manabí, solicitaron al presidente Lenín Moreno, una audiencia para encontrar soluciones ante el fallido intento de continuar con la construcción del hospital de Pedernales, así como para incluir nuevas áreas en el proyecto del hospital de Bahía de Caráquez.

De esta manera, las autoridades cantonales buscan garantizar el derecho a la salud y a la vida.

Los alcaldes, que conforman la Mancomunidad Pacífico Norte de Manabí (Manpanor), recordaron que el pasado 9 de junio el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, ofreció que en 90 días se firmaría el contrato del hospital de Pedernales con la nueva constructora, que en este caso será el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

En relación a Bahía, indicaron que fue el mismo mandatario, quien en 2019 se comprometió para que en el hospital Miguel H. Alcívar se inauguren las áreas de neonatología, tomografía y cuidados intensivos, necesarias para salvar vidas en la pandemia.

Los alcaldes dieron a conocer que en el norte de Manabí existen apenas 0.5 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, que es la tercera parte del promedio de Ecuador y es incluso inferior a las 0.7 camas de hospital por 1.000 habitantes que existen en Haití, que es el país más pobre de América Latina.

Robert Castro, alcalde de Jama, señaló que estas estadísticas lastimosamente se reflejan en innumerables testimonios de personas que siguen padeciendo la carencia de una infraestructura de salud digna, más aún con la pandemia.

Dijo que los cantones no tienen capacidad para dar respuesta adecuada y que, en el caso de Jama, han tenido que invertir más de 18.000 dólares en una sala para recibir a pacientes con coronavirus.

Según, Óscar Arcentales, alcalde de Pedernales, un encuentro con los ministros de Gobierno, Salud y Obras Públicas está previsto para este viernes.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

CNE si puede ahorrar recursos para el próximo proceso electoral, asegura expresidente del TSE

Indicó que en lugar de un reconocimiento económico a los integrantes de las Juntas se puede generar incentivos a los trabajadores con un día libre y a los estudiantes con un punto en la materia en la que estén débiles: “Así se evita la logística de pago y sí se puede hacer”.

Incluso recordó que cuando fue autoridad electoral, colocó teléfonos fijos en las Unidades Educativas y con eso se hacía la transmisión rápida de resultados, para lo cual se solicitó el apoyo a la empresa pública de telecomunicaciones.

“Además la capacitación se puede hacer a través de los Institutos Tecnológicos, Universidades o Secap. Ya depende de la creatividad”.

Aguinaga mencionó,  que en su época se generaron ingresos por USD250 mil porque se cobraba al ciudadano que consultaba su recinto y número de mesa a través de un número telefónico: “El problema son los escándalos que se forman por estas iniciativas y trasgreden los valores y sentidos de las cosas”.

Sin embargo puntualizó que la queja del Ministerio de Finanzas es que el CNE le haya enviado el presupuesto de forma tardía lo que ha provocado una reprogramación, por lo que instó a las autoridades del organismo electoral a solicitar una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno, para que ahí se determine el apoyo al proceso sin interferirlo.

“Si no hay el desembolso de los dineros cómo se organiza el proceso, no creo que eso llegue a ocurrir porque es imposible, las elecciones tienen que darse el 7 de febrero y el Gobierno tiene que ver los mecanismos de financiación”.

En ese contexto manifestó que el rubro que más incide en el presupuesto electoral es el de la promoción que debe dar el Estado para las campañas políticas y que alcanza los USD42 millones.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ley de Extinción de Dominio pasó primer debate, en el Legislativo

A criterio de los asambleístas que respaldan esta propuesta, es vital la aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, conocida como Ley de Extinción de Dominio, que fue discutida en primer debate, durante dos jornadas en el Pleno.

El objetivo de la ley es que se convierta en herramienta que permita a los operadores de justicia combatir la corrupción y recuperar bienes, recursos públicos, para destinarlos a educación, salud, así como para aquellos sectores desprotegidos.

La Comisión de Participación Ciudadana, que tramita el proyecto, dentro de los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, deberá elaborar el informe para segundo debate, tomando en cuenta las observaciones planteadas por los asambleístas, a fin de entregar al país una normativa que permita recuperar lo mal habido, según señaló el titular del Legislativo, césar Litardo.

Durante el debate, los legisladores coincidieron en que los recursos le pertenecen al pueblo, por tanto, deben ser devueltos al Estado. Demandaron de la mesa encargada que la normativa sea más pragmática respecto de los bienes robados o adquiridos de manera fraudulenta; que la propuesta legal debe ajustarse a lo que establece el artículo 273 de la Constitución en materia de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, donde se establece la imprescriptibilidad tanto de la acción como de la pena.

Entre algunas de las observaciones, la normativa debe regular el proceso jurídico para la extinción de dominio, que no puede ser de carácter político ni para persecución, sino procesal, que permita a los operadores de justicia aplicarla en todos los casos de actividades ilícitas, por lo que la normativa debe ser clara y precisa, respetando el debido proceso.

Señalaron que en el país hay varios casos de corrupción, como los sobreprecios en la contratación pública, aspectos que tienen que corregirse y ser sancionados con la aplicación de esta normativa.

Plantearon que, si bien la ley no puede ser retroactiva, sí puede ser retrospectiva, que permita revisar los procesos de constitución de domino no formalizados; es decir, prácticas reñidas con la legalidad y que permita al Estado una alternativa de resarcimiento.

Algunos legisladores consideraron la necesidad de la especialización, tanto de jueces como de tribunales, mientras que otros pidieron que se eliminen los jueces especializados en extinción de dominio y que quienes se encarguen de este particular sean los que llevan procesos en materia penal.

Pidieron que se incorpore el registro de apelación, porque, caso contrario, se violentaría el principio de inocencia. Igualmente, establecer con claridad cómo se actuará en los casos de testaferrismo; así como, analizar los casos de créditos bien otorgados, pero que fueron cancelados con dineros mal habidos. En estos casos deben ser comisados los bienes, propusieron.

La seguridad jurídica cuida la propiedad de lo bien habido. Lo mal habido no genera derechos y es allí donde debe haber una lucha frontal contra la corrupción, reflexionaron. También se refirieron a la creación de la Unidad de Servicio de Bienes, como custodio de los bienes recuperados, pero que no debe generar una nueva estructura dentro del Estado, sino adscrita a una institución.

Cuando un juez dictamine la sentencia de incautación de tierras, las mismas deben ser entregadas a los sectores campesinos para que se dediquen a la agricultura, formularon. Se cuestionó que, si bien la justicia en unos casos ha sancionado hechos de corrupción, no se ha logrado que los bienes o recursos sean recuperados para el Estado, para ser puestos de manera inmediata al servicio de la sociedad.

Un total de 30 parlamentarios presentaron sus observaciones, con lo cual el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio por terminado el primer debate.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Conaice insta a Jaime Vargas a convocar a elecciones de la nueva directiva de la Conaie

La Confederación de Nacionalidades Indígenas y Campesinas de la Costa (Conaice) pidió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que convoque a elecciones para designar al nuevo titular de la máxima entidad que agrupa a las filiales indígenas del país.

La razón es que el mandato de Jaime Vargas, que inició en 2017, termina en octubre y existiría la posibilidad de que continúe en el cargo.

Esta situación ha generado inquietud al interior del movimiento indígena, especialmente, en la Conaice.

En un comunicado, la Conaice emplazó a Vargas que instale el consejo ampliado de la Conaie, integrado además por la Ecuarunari y la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Amazónicas del Ecuador (Confeniae), para elegir a la nueva directiva.

A pesar de que la Conaie habría realizado un consejo directivo para que Vargas continúe en el cargo, Javier Aguavil, presidente de la Conaice dijo que en ningún momento se ha efectuado una reunión en la que se haya tomado una resolución para que el mandato de Vargas se prorrogue por un año.

Aguavil insistió en que Vargas debe convocar a la elección de la nueva directiva y en el caso de no existir recursos llamar en uno o dos meses.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.