INTERPOL conoce la persecución política contra Correa y las irregularidades del #CasoSobornos

En el caso de Rafael Correa es difícil que sea extraditado porque Bélgica tiene claro el sentido de cumplimiento de condena y el caso sobornos ha cumplido una seria de irregularidades.

Jorge Luis Ortega, abogado penalista, destacó que muy seguramente la Interpol volverá a negar la difusión roja al Estado ecuatoriano, ahora por el caso Sobornos 2012-2016, pues es evidente la violación de derechos de los procesados.

“La Interpol ha dado varios pronunciamientos sobre los pedidos de difusión roja y han sido negados, por mandar información incompleta, por no verificarse de algo diferente a una persecución política y ahora no creo que se pronuncie de manera distinta”.

Sobre la sentencia ejecutoriada, el jurista indicó que era la crónica de una muerte anunciada, pues desde que inició el proceso se registraron irregularidades procesales que violaron todo principio legal y constitucional.

“Corresponde al cumplimiento  de calendarios electorales”.

Indicó que en el caso del expresidente de la República, Rafael Correa, será muy difícil que Bélgica lo extradite puesto que esa nación tiene claro el sentido de justicia y en su análisis, dijo, se dará cuenta que no pueden permitir que una persona con un juicio injusto, arbitrario y con serie de irregularidades sea extraditado para cumplir una condena por su ideología o convicciones.

“Porque es ilógico pensar que se le pueda sentenciar a una persona por un influjo psíquico, es absurdo”.

Pese a ello, indicó que muy seguramente la Fiscalía solicitará la extradición de Correa para lograr el cumplimiento de la pena.

Fuente Pichincha Universal

Bancos privados podrán imponer tasas de interés, permite resolución de Junta de Regulación Monetaria

En sesión extraordinaria del 22 de septiembre de 2020, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió eliminar la Disposición General Segunda de la Sección I “Normas que regulan la fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas», del Capítulo XI «Sistemas de Tasas de Interés y Tarifas del Banco Central del Ecuador», del Título 1 «Sistema Monetario», del Libro I «Sistema Monetario y Financiero», de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Esta disposición fue sustituida por el siguiente texto: Art. 1.- Las tasas de interés activas máximas para cada uno de los segmentos de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional serán las fijadas mensualmente por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, producto de la Metodología de Cálculo de las Tasas de Interés Activas Máximas que incorpore al menos, el costo de fondeo, los costos de riesgo de crédito originados en las pérdidas esperadas e inesperadas, los costos operativos…

Con esta resolución de la Junta Monetaria, los bancos tiene las libertad de imponer las tasas que consideren convenientes de acuerdo con los costos de operación. Además, ya no será el BCE el que fije esas tasas, sino la Junta de Regulación Monetaria, como advierte el economista Marcelo Varela.

Esta liberalización de las tasas de interés implica que automáticamente no solo el costo del crédito se incrementaría, sino otros costos de operación de la banca, insiste el experto.

“Como estamos sembrados de monopolio y oligopolio (cinco bancos manejan el sistema financiero), ellos van a determinar las tasas de interés hacia arriba, para la ciudadanía mayores costos. Ahora, ¿qué puede suceder con los préstamos que tiene la gente? Van a llevar a refinanciar las deudas, sabiendo que no tiene empleo, no tiene cómo pagar. Entonces, van a empezar a utilizar el refinanciamiento para meter este mayor costo en las tasas de interés. La recomendación: la gente no haga refinanciamiento en adelante, hasta esperar qué es lo que sucede, Y si tiene que estar en mora, lastimosamente, tendrá que estar en mora”, señaló Varela.

El economista alerta que la resolución de la Junta de Regulación Monetaria es ilegal e inconstitucional, porque, para realizar estos cambios en las leyes, se tienen que reformar las normativas y la Constitución. Una resolución, un decreto, un oficio, según el ordenamiento jurídico, no están por encima de las leyes y la Constitución, reclamó.

“Si esto se lleva a cabo, ya los asambleístas deberían estar llamando a juicio político a quienes formaron parte de esa reunión, que es la superintendenta de Bancos, la gerenta del BCE, el ministro de Economía y Finanzas, el propio presidente (de la República), quienes forman parte de la Secretaría Administrativa de la Junta”, demandó

Subrayó que la Constitución manda que sea el BCE el que determina las tasas de interés y que la política monetaria servirá para reajustar la reactivación económica y las tasas no pueden ser de usura u onerosas.

Recomienda impulsar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en contra de la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Juez dicta arresto domiciliario para asambleísta Karina Arteaga por presunta concusión

La mañana de este 25 de septiembre se instaló la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta Karina Arteaga (ex AP) por supuesta concusión, dentro del caso “diezmos”. El juez David Jacho dictó arresto domiciliario como medida cautelar. La instrucción fiscal durará 90 días.

Una vez que la Asamblea Nacional, con 101 votos a favor, aprobó autorizar el enjuiciamiento penal en contra de la asambleísta de Manabí, inició el proceso tras varias denuncias en contra de Arteaga.

El juez dictó arresto domiciliario, porte de grillete electrónico, vigilancia policial permanente, retención de fondos y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por $45.000.

Según la Fiscalía, la legisladora habría exigido y ordenado a sus subalternos el pago de contribuciones económicas de sus remuneraciones mensuales. En la audiencia, la fiscalía presentó 46 elementos de convicción en contra de la legisladora.

Verónica Pinoargote, exasesora de la asambleísta, denunció, en mayo de 2019, y reveló que Arteaga le exigía aportes mensuales de USD $2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo. Esta sería la tercera denuncia que enfrenta la legisladora.

Arteaga calificó como una persecución política las denuncias en su contra sobre el presunto cobro de diezmos. Dijo que la Fiscalía cometió un error al formular los cargos en contra de ella, ya que no presentó las evidencias que adjuntó hace pocos meses.

Por este caso, la exasambleísta Norma Vallejo fue sentenciada a un año de prisión. Al interior de la Asamblea Nacional, por el «caso diezmos», otros legisladores también son investigados.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Legislativo discutió en primera instancia reformas a Ley de Régimen Tributario Interno

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno, direccionada a garantizar la devolución oportuna de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

La reforma, respaldada por la mayoría de legisladores, tiene cuatro artículos y busca resolver el retraso y falta de devolución del Gobierno Central del Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagado en la adquisición local e importación de bienes y demandas de servicios que efectúan los GAD, universidades y escuelas politécnicas del país.

Franco Romero, ponente y presidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que el proyecto propone que el IVA sea retenido y no se entregue al Gobierno Central, para evitar que el dinero sea devuelto de forma tardía. La falta de esos recursos está poniendo en riesgo la liquidez de estas instituciones y, por tanto, su funcionamiento y el servicio que prestan a la ciudadanía, advirtió.

Con la propuesta no se crea, suprime o modifica ningún impuesto; lo que cambia es la administración de este tributo, situación que es factible a través de una iniciativa legislativa. Se plantea el establecimiento de un plazo prudente de 180 días para que el Ministerio de Finanzas se ponga al día con los recursos que se adeuda, alertó.

Hasta la fecha, a los GAD municipales se adeuda alrededor de 3.512 millones de dólares; a universidades y escuelas politécnicas se debía, hasta el año pasado, 66 millones de dólares y aún falta determinar la deuda a los gobiernos provinciales, señaló el parlamentario.

El proponente de la iniciativa legal, Henry Kronfle, sostuvo que los valores retenidos por los GAD, las universidades y escuelas politécnicas serán notificados en la declaración al Servicio de Rentas Internas para mantener el registro pertinente. Reclamó que no hay pretexto para que no se entreguen las rentas a tiempo, por ello, propone las reformas para que la devolución de los recursos, al menos en lo que corresponden al IVA, sea automatizada, protegiendo así a las instituciones beneficiarias.

La mayoría de asambleístas considera urgente la reforma, de tal manera que los valores retenidos se mantengan en sus cuentas, evitando innecesarios y engorrosos trámites, generando mecanismos ágiles y en atención al principio de simplicidad administrativa y eficiencia.

Lo que se pretende hacer es que de forma rápida los valores vayan directo a donde deber ir. Si el dinero no va de forma directa, retarda la ejecución de proyectos importantes para la ciudadanía, se argumentó.

La asambleísta Gabriela Larreátegui, de SUMA, expresó su rechazo a la reforma, argumentando que se estaría modificando el IVA, pues serían las mismas instituciones las que determinarían el valor que les corresponde retener, lo que, a su juicio, tiene muchos errores en su concepción.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.