Corte Constitucional tiene bajo su conocimiento cinco acciones contra normas electorales

El 7 de octubre culminará la fase de inscripción de candidaturas para los comicios de 2021, pero aún hay demandas de constitucionalidad que se tramitan en la Corte Constitucional (CC).

La entidad tiene cinco recursos por el proceso eleccionario: una consulta de constitucionalidad del Tribunal Constitucional Electoral (TCE) y cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra del Reglamento de Democracia Interna que regula las elecciones primarias y el Código de la Democracia.

De este grupo de acciones, dos fueron inadmitidas, una archivada y dos calificadas a trámite.

La Corte Constitucional admitió ayer a trámite una acción de inconstitucionalidad en contra de la norma, que estableció que la aceptación de precandidaturas se debe realizar de forma personal e indelegable en las diferentes sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este es un requisito ineludible para la inscripción de candidatos. Por este articulado, algunos actores políticos que buscaban estar en la papeleta no completaron el trámite.

La Corte Constitucionalidad determinó que el CNE y la Procuraduría intervengan, en un plazo de 15 días, defendiendo o impugnando la constitucionalidad del Reglamento.

Ismael Quintana, experto en derecho constitucional, comentó que la acción solo fue calificada a trámite y que la norma se sigue aplicando.

El pasado lunes, la Corte notificó que inadmitió la consulta de constitucionalidad remitida por Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en relación al reglamento de primarias.

El pasado 3 de agosto, Cabrera suspendió la sustanciación de una causa solicitada por Jaime Estrada Bonilla, exalcalde de Manta, quien impugnó el reglamento de primarias, argumentando que supuestamente vulnera derechos.

Además de la consulta del TCE, en la Corte se tramita otra acción de inconstitucionalidad, en contra del artículo 95 de las reformas al Código de la Democracia, que establece como requisito para la calificación de candidaturas haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos años previos a la inscripción.

En este proceso, el 10 de septiembre la CC notificó a la Asamblea y a la Presidencia de la República para que defiendan el artículo demandado, ya que el Parlamento y el Ejecutivo avalaron la reforma, como legislador y colegislador, respectivamente.

Fuente: Pichincha Universal, Diario Bicentenario.

Concurso de frecuencias a control político, por parte de Legislatura

El ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Andrés Michelena, deberá informar a la mesa de Fiscalización del Legislativo, que lo llamó por segunda vez, sobre el proceso público para la adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la operación de medios de comunicación social privados y comunitarios, de los servicios de radiodifusión sonora de señal abierta en frecuencia modulada análoga, este jueves 1 de octubre, a las 18h00.

Michelena, mediante oficio, se excusó de comparecer ante la Comisión, el miércoles, alegando que no es de su competencia este tema, sino responsabilidad directa de la Agencia de Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Este funcionario respondió al organismo parlamentario que adjunta documentos que responden a los planteamientos formulados por la asambleísta Jeannine Cruz, lo que motivó el rechazo de los parlamentarios, quienes recordaron que los asambleístas realizan control político a acciones como la adjudicación de frecuencias; por tanto, es obligación de los funcionarios acudir al llamado de la Asamblea Nacional.

Los comisionados, en la sesión de la víspera, recibieron información de Xavier Aguirre, director de Arcotel, quien sostuvo que esta institución cumplió con las recomendaciones emitidas en el informe de la Contraloría, en 2016, para el inicio del nuevo concurso de frecuencias, conforme lo determina la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación, entre estas, verificar las bases del concurso, los plazos para el cumplimiento de cada etapa, la evaluación de proyectos comunicacionales, los requisitos de bases del concurso, con herramientas digitales.

Los trámites de recursos de impugnaciones del actual proceso público competitivo serán despachados por la coordinación jurídica y ejecutados con plazos del Código Orgánico Administrativo, según Aguirre.

Señaló que Arcotel analizó la legalidad de 221 títulos habilitantes y emitió el informe final consolidado, para revisión de la Contraloría. Reiteró que es deber de Arcotel velar por la transparencia del proceso y dejar establecidos mecanismos institucionalizados para futuros concursos.

La legisladora Jeannine Cruz cuestionó que la transparencia, de la que habla Aguirre, se ve afectada cuando no se respeta el cronograma y elaboran otro, además que se convoca en plena pandemia al concurso público, lo cual provoca incertidumbre y desconfianza, ya que no todos tienen conocimiento del cronograma.

A criterio de la asambleísta, es necesario conocer qué empresas extranjeras participan y quienes son los accionistas y si en este proceso se registra el empresario Ángel González. Aguirre señaló que al momento se encuentran en la etapa de evaluación y verificación de 1.111 trámites, donde se puede determinar prohibiciones e inhabilidades para proceder con la descalificación. Hasta el momento no se ha emitido ni una sola calificación. Hasta el 6 de octubre consolidarán los datos. Ofreció entregar información a la mesa legislativa de los casos específicos de empresas extranjeras que estén participando. Al momento no disponen de la misma.

El parlamentario José Serrano reclamó que el solo hecho de hacer la convocatoria en plena pandemia está mal, porque los trámites estaban críticamente paralizados, lo cual deja duda del proceso. Dijo que el informe que presente la Comisión debe recomendar que el Pleno de la Asamblea convoque a Michelena y Aguirre, para que informen qué pasa con este concurso público, más aún cuando están a pocos días de entregar los Títulos Habilitantes.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Sector pesquero tiene dudas sobre la aplicación de la liberación de importación de combustibles

A más del sector cañicultor, el pesquero también tiene dudas por la liberación de la importación de combustibles resuelto vía Decreto Ejecutivo la semana pasada.

En el documento se incorporaron productos que usa el sector artesanal e industrial.

Aunque el Gobierno ha indicado que no habría variaciones para el sector pesquero, temen que la liberación afecte los costos de los combustibles que usan para sus faenas diarias.

Fabián Cruz, dirigente de la Cámara de Pesquería de El Oro, consideró que se deben aclarar ciertos aspectos para determinar los impactos que se tendrá en el sector.

Cruz indicó que el combustible lo compran directamente en las gasolineras, por el cual antes pagaban USD 180 por 10 pomas de diésel y ahora llenan con más de USD 200.

Para José Conforme, dirigente de la Asociación Pesquera Artesanal 20 de Septiembre de Manabí, la disposición del Gobierno aún no es clara.

Explicó que hay motores de dos tiempos que requieren gasolina artesanal y otros de cuatro que utilizan la gasolina eco, la del sector automotor. Pero, señaló que solo la primea tiene un subsidio.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, gremio que reúne a la flota atunera, tiene dudas si seguirá funcionando las franjas del control de precios ya con la liberación, para que no haya una afectación al consumidor.

Dijo que se debe resolver cuál será la tarifa para el almacenamiento de combustible que se importe. La estructura de almacenaje está en manos del Estado.

Días atrás, el Gobierno recordó que hay una banda para los precios de los combustibles como gasolina extra y ecopaís, el diésel 2 y premium para los segmentos automotor, camaronero, pesquero y atunero.

Mientras, el ministro de Energía, René Ortiz, sostuvo que el Estado no pierde su capacidad reguladora y va a seguir ejerciendo ese rol a pesar de que se da cabida al sector privado.

El viceministro de Pesca y Acuacultura, Andrés Arens, reiteró ayer que la banda de fluctuación sigue y no hay variación para los sectores acuícola y pesquero.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Primer desembolso del FMI por USD 2.000 millones llegará el 02 de octubre al país

Luego de que el Presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo crédito para el país por USD 6.500 millones, se conoció que el primer desembolsó arribará al país este viernes.

De la misma manera, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó que, antes de que concluya el 2020, llegará otro desembolso por USD 2.000 millones por parte de este organismo.

Posterior a esto, Ecuador recibiría USD 1.500 millones en el 2021 y USD 1.000 millones en el 2022, pero esto dependería exclusivamente de que el país cumpla las exigencias realizadas por el multilateral.

Por su parte, Kristalina Georgieva, directora del FMI, habló sobre algunos detalles del programa de desembolsos que tendría como objetivo fundamental anclar la sostenibilidad fiscal al techo de la deuda del 57% del PIB para fines de 2025.

En este sentido, aseveró que este proceso estaría respaldado por una combinación de una reforma tributaria progresiva a mediano plazo y de medidas de gasto. Además, indicó que el país deberá poner en marcha ajustes en la gestión para garantizar la transparencia de datos fiscales en el Estado y mejorar el manejo de las finanzas públicas.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Asistencia por USD 62,5 millones entrega a Ecuador la USAID

Ecuador concluyó la negociación del Convenio de Asistencia para el Desarrollo (DOAG, por sus siglas en inglés), que permitirá la ejecución de proyectos en las áreas de gobernabilidad y medio ambiente, durante los próximos cinco años, con una contribución por parte de Estados Unidos de 62.5 millones de dólares.

El canciller Luis Gallegos confirmó la información, de la que dijo que “es el resultado del arduo trabajo de nuestros gobiernos y de la renovada relación política y de cooperación que ha desarrollado el gobierno del presidente Lenín Moreno, bajo el principio de respeto y confianza”.

El acuerdo fue suscrito por Gallegos y el administrador subrogante para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Michael Eddy, el 24 de septiembre de 2020 y oficializado este martes 29.

Según la información oficial de Cancillería, el DOAG es un mecanismo contemplado en el Memorando de Entendimiento con la USAID, suscrito el pasado 15 de mayo de 2019, que habilita las operaciones de esta agencia gubernamental para ejecutar, de manera directa, programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable en el Ecuador.

El diplomático ecuatoriano considera importante el regreso de la USAID al país, en un momento en el que Ecuador, al igual que muchos países de la región, enfrenta grandes desafíos para mantener la cooperación internacional.

El Gobierno de los Estados Unidos, durante la pandemia, ha realizado una “generosa donación” de 250 ventiladores para la Red de Salud Pública, 17 millones de dólares para la gestión de actividades en las áreas de seguridad alimentaria, agua y saneamiento y salud. Los fondos fueron ejecutados por las agencias del sistema de Naciones Unidas y la Cruz Roja ecuatoriana, de acuerdo con lo dicho por el ministro de Exteriores ecuatoriano.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Cañicultores están preocupados por el riesgo de perder sus empleos

El Decreto 1158 que permite la libre importación de combustibles inquieta al sector cañicultor por el riesgo de perder sus fuentes de empleo.

El pasado martes, representantes del sector cañicultor de nueve provincias del país, obstaculizaron parte de la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil, provocando una paralización parcial del tráfico vehicular.

Además, en los exteriores del gobierno zonal protestaron porque más de 200 mil empleos están en riesgo debido a que Petroecuador les debe cerca de USD 20 millones por la producción de etanol que se usa para elaborar la gasolina Ecopaís.

Durante la jornada dieron a conocer que el Ministerio de Agricultura no ha hecho que se cumpla el acuerdo de los cañicultores con Petroecuador. Pero esta última entidad, culpa al Ministerio de Finanzas de no saldar la deuda.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ante la exigencia de UNES a que se respete la ley, CNE acepta binomio Correista

#FlashBananero| El @cnegobec acoge el cambio de candidato a @Vice_Ec de la #RevolucionCiudadana por tres votos a favor de cinco miembros! Con eso se califica el binomio para las #Elecciones2021 Se podrá inscribir a @rabascallcarlos y @ecuarauz. Arauz deberá subsanar un error en su documento de identidad presentado en menos de 48 horas.