Las contradicciones de María Paula Romo en las denuncias de estafa a los fondos del ISSPOL

El pasado 10 de septiembre, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció que se habría dado un perjuicio de USD 532 millones a los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), por inversiones realizadas entre los años 2014 y 2016.

Sin embargo, en días posteriores han aparecido elementos contradictorios que echarían abajo la tesis del presunto perjuicio millonario, atribuido al gobierno anterior.

De acuerdo con documentos del propio ISSPOL, las inversiones no solo se realizaron en el periodo denunciado, sino también en el gobierno de Lenin Moreno, con una cifra de USD 346 millones.

De ese monto, los valores más altos se negociaron en la gestión de María Paula Romo, como ministra de Gobierno y Policía, entre agosto de 2018 y lo que va de 2020, por USD 155,5 millones. Mientras que en la administración de los exministros César Navas y Mauro Toscanini, las inversiones fueron de USD 190,5 millones.

De acuerdo a la denuncia del gobierno, la primera inversión fue por USD 216 millones con la compañía High Yield Bond Funding Corp (HYBF), por intercambio de bonos de deuda interna; y la segunda por USD 205 millones con Investments and Bussines Group S.A. (IBCORP), por compra de bonos de deuda externa ecuatoriana.

HYBF e IBCORP están domiciliadas en Panamá y su representante legal es Jorge Chérrez Miño, quien, según la ministra de Gobierno, salió del país en junio pasado.

Sin embargo, la última reunión que mantuvo Chérrez con directivos del ISSPOL fue el 31 de julio pasado, a la que también asistió Luis Álvarez, gerente de Operaciones de Decevale, la empresa que actuaba como custodia de las inversiones del seguro policial. Así consta en un informe de la Dirección Económica Financiera del ISPOL enviado el 14 de agosto al director de ese organismo, Jorge Villarroel.

Además, Chérrez aseguró en una entrevista con el medio digital La Posta que la versión del gobierno es una “falacia”, al señalar que los fondos del ISSPOL fueron transferidos, entre septiembre y octubre del año pasado, a las cuentas del ministerio de Finanzas para gasto público.

Chérrez calificó como un atraco del gobierno, la apropiación de los recursos policiales y aseguró que las inversiones fueron firmadas por María Paula Romo, desde el inicio de su gestión. Romo negó esas aseveraciones y calificó a Chérrez como un hábil estafador  y vendedor de humo.

Otro hecho que llama la atención es que la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el ministerio de Finanzas son accionistas de Decevale, empresa que fue intervenida el pasado 18 de septiembre y que actuaba como custodio de los USD 532 millones invertidos en HYBF e IBCORP.

Según el portal de la Superintendencia de Compañías, la CFN tiene acciones por USD 400.000 en la casa de valores del Pacífico S.A., la que a su vez es accionista de Decevale. También tiene acciones directas por USD 13.637. Mientras que las acciones del ministerio de Finanzas en Decevale suman USD 31.099.

Otros de los principales accionistas de Decevale son las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, y las casas de valores Adufin, Valve, Maint, Casareal, Santafé Valores, Silvercross y Vencasa.

Es decir, los accionistas son importantes empresas públicas y privadas, por lo que las inversiones del ISSPOL debieron estar garantizadas.

Una inconsistencia adicional tiene que ver con un informe jurídico del ISSPOL en el que se asegura que la institución presentó el pasado 07 de agosto una demanda penal por peculado en contra de Jorge Chérrez, y de los ex directivos del ISSPOL David Proaño (exdirector general), John Luzuriaga (exdirector de riesgos) y Rafael Nuques (exvocal).

Sin embargo, en la Fiscalía General no consta ninguna denuncia en contra de las mencionadas personas.

El general David Proaño se desempeñó como director del ISSPOL entre los años 2015 y 2019 y actualmente ocupa la función de director nacional de Planificación de la Policía Nacional.

El escándalo por la supuesta estafa a los fondos del ISSPOL desvió la atención de otros temas en los que se involucraba a María Paula Romo, como el reparto de los hospitales públicos.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ministro Michelena desobedeció llamado de Comisión de Fiscalización, por segunda vez

Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desacató, por segunda ocasión, el llamado de la Comisión legislativa de Fiscalización, para que informe sobre el proceso público de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la operación de medios de comunicación social privados y comunitarios.

Michelena debía comparecer a la sesión de la mesa de Fiscalización este jueves, 1 de octubre, a las 18h00. No lo hizo y en lugar remitió una excusa por escrito, en la indica que el Ministerio de Telecomunicaciones no es competente para informar sobre este tema, sino la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). El organismo parlamentario resolvió insistir en la presencia del funcionario del Ejecutivo.

La actitud del ministro generó el rechazo de los asambleístas de Fiscalización y de la legisladora Jeannine Cruz, quien solicitó que el organismo inicie un proceso de fiscalización de este proceso, porque, a su criterio, la información remitida a su despacho por Michelena está llena de generalidades, hay información vieja y no contribuye a la transparencia del concurso convocado para la adjudicación de frecuencias radioeléctricas.

Para justificar la comparecencia de Michelena, los parlamentarios argumentaron que el Ministerio de Telecomunicaciones es el ente rector de las políticas públicas en esta materia, así como el responsable político del proceso que se cumple respecto de las frecuencias del espectro radioeléctrico; además, es el presidente del directorio de la Arcotel, por lo que debe conocer pormenores del concurso.

Advirtieron que los ministros de Estado tienen la obligación de rendir cuentas ante el Parlamento Nacional.

Además, con el voto unánime de los 10 asambleístas presentes, Fiscalización resolvió insistir ante la Presidencia de la Asamblea Nacional para que inste al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que envié, a la Comisión, los juicios calificados en contra de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y Finanzas, Richard Martínez, mediante resoluciones adoptadas el 8 y 21 de septiembre, en cumplimiento de lo previsto en el Art. 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Aperturan termas y bares en Baños y en otros cantones del país se da paso al flujo vehicular

En el cantón Baños (Tungurahua), se autoriza la apertura de termas y bares, mientras en otros cantones del país se da paso a la libre circulación.

El director de Turismo del Municipio de Baños de Agua Santa, Cristian Varela, anunció que las termas de Santa Ana, así como algunos bares que se adecuaron a la nueva normalidad volverán a atender al público desde este fin de semana.

Luego de trabajos de mantenimiento, las termas de Santa Ana se sumarán a las de la Virgen y El Salado que reanudaron la atención en días anteriores.

El funcionario indicó que para garantizar la seguridad de los turistas el aforo se redujo al 30%. Si bien esto no es ventajoso en lo económico para la Municipalidad, la prioridad es minimizar los riesgos de posibles contagios.

Indicó que se cuenta con una buena aceptación de los turistas, sobre todo, porque muchos piensan que las aguas termales son medicinales.

Comentó que el Concejo Cantonal resolvió que desde este jueves 1 de octubre se reabran bares y discotecas, para lo cual previamente se hizo un trabajo conjunto con la Gobernación e Intendencia de Policía de Tungurahua para que se cumpla con los protocolos emitidos por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional.

Varela dijo que se quiere que la zona rosa de Baños se reactive. Solo 16 de aproximadamente 100 establecimientos fueron aprobados para su funcionamiento.

Precisó que el hecho de haber recibido el sello Safe Travels de la WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo por sus siglas en inglés) de Londres que acredita a los cantones Baños y Patate como destinos turísticos seguros, los compromete mucho más.

Mientras, en otras localidades del país se autorizó la libre circulación vehicular como es el caso de Loja. Así lo dio a conocer el vicealcalde Nixon Granda.

Además, se tiene previsto reforzar los controles de aforo de personas y vehículos y de libadores en la vía pública.

En el caso de Portoviejo, en Manabí, el flujo de carros se libera desde este viernes 2 de octubre. El anuncio lo hizo Gustavo Barrera, gerente de la empresa pública municipal Portovial.

En cantones como Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, también se levantó la restricción del flujo de carros.

Además, se extendió una hora más el horario de funcionamiento de actividades comerciales, de 05:00 a 23:00.

Al igual que en el resto del país, en todos estos cantones se deben cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Pago del Estado al IESS estaría listo por USD 1.400 millones. 30% sería en efectivo y 70% en bonos

Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), anunció que se llegó a un acuerdo con el Gobierno Central para el pago a la deuda del 40 % que mantiene al momento con esta entidad. Según indicó, esta transacción se realizaría con un desembolso en efectivo y la mayoría de deuda en bonos internos del Estado a 5, 10 y 15 años.

Wated explicó que, de momento, no están totalmente definidas las cifras, pero la propuesta contemplaría que el pago en efectivo rondaría los USD 400 millones, aunque podría incrementar un poco. De la misma manera, subrayó que este desembolso sería entregado con el dinero que está por llegar del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, indicó que los bonos que aceptará el Biess serán negociables y tendrán un mejor interés por encima de lo que ahora mantiene el IESS.

Cabe aclarar que, antes de aceptar los bonos, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá tener un estudio actuarial que confirme que la aceptación de esta negociación no significará una afectación al cumplimiento del pago de pensiones en el IESS, o las décimas terceras pensiones.

Por otra parte, Wated manifestó que la deuda de salud del Estado al IESS llegaría USD 3.800 millones. Para esto, se habría decidido ir a un proceso de mediación por parte de la Procuraduría General del Estado (PGE), a fin de establecer el monto definitivo, ya que se trata de una deuda muy antigua.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

CNE inadmite revocatoria de mandato en contra de Jorge Yunda

#PlenoCNE conoce y resuelve solicitudes de entrega de formato de formulario para recolección de firmas para revocatoria del mandato. Las solicitudes, al no cumplir lo establecido en la ley que regula la participación ciudadana, son inadmitidas.