Los trabajadores de la Empresa Pública Siembra, en liquidación por disposición del Gobierno Nacional, realizan, desde el lunes 5 de octubre, una vigilia en los alrededores del Complejo Tecnológico Yachay, en Urcuquí, en demanda del cumplimiento de los acuerdos establecidos con las autoridades competentes.
Doris Quimbiamba, presidenta del Frente de Defensa Urcuquí Nuevo Futuro, no entiende cómo el presidente de la República liquida un proyecto que tiene todas las potencialidades para sacar adelante para sacar a toda provincia de Imbabura, en la que hay proyectos asociativos con inversión privada y extranjera.
Explicó que la medida busca conseguir de las autoridades las respuestas que esperan desde hace varios meses, en torno a la situación tanto de los trabajadores como de la infraestructura de la empresa.
La dirigente denunció que la semana anterior fueron desvinculados 390 trabajadores de Siembra, a pesar de que no está regularizando el proceso de liquidación, vulnerando los derechos laborales.
Quimbiamba reclamó que, en el tiempo de la pandemia, se les mandó a sus casas a los empleados de los grupos de atención prioritaria, argumentando que no podían trabajar, por lo que tuvieron que permanecer cuatro, cinco meses en sus hogares, luego de los cuales son despedidos.
Incluso, la dirigente denunció que se les advirtió que el tiempo no trabajado será descontado de sus liquidaciones.
Otra preocupación que expuso es que no se sabe qué pasará con las 4.700 hectáreas de terreno, de propiedad de la Empresa Pública Siembra, quién se hará cargo de estas, porque, según el Decreto Ejecutivo 1060, una vez liquidada esta entidad, sus bienes pasarán a la Senescyt, que tiene competencias a nivel académico, pero no agrícola.
Alertó que no hay nadie quien haga guardianía y cuide los bienes e inmuebles de la empresa.
Quimbiamba también protestó porque la Senescyt elaboró un listado de 60 personas para que trabajen con esta institución, de las cuales solo cinco personas pertenecen al sector, a pesar de que la misma Secretaría de Educación Superior suscribió un acta-compromiso con las comunidades de Urcuquí, en la que se estableció que la prioridad para contratar mano de obra será del territorio, lo que se está incumpliendo.
Para discutir y analizar todas estas situaciones, la dirigente del Frente de defensa exige que las autoridades, que tienen competencia con estos temas, lleguen hasta el sector para dialogar y llegar a acuerdos, caso contrario, advirtió que se declararán en huelga permanente.
Reclamó porque con la liquidación de la empresa se afecta directamente 390 trabajadores y a 1.500 familias, de las diferentes comunidades del cantón Urcuquí, que quedan en el desempleo y les será difícil conseguir trabajo en tiempo de pandemia.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.
