Candidato presidencial Andrés Arauz adelantó que acuerdo con FMI será renegociado

El candidato presidencial de la plataforma Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, anunció que los acuerdos suscritos por el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) serán renegociados.

Arauz cuestionó cómo se puede respetar un convenio que hace a última hora el régimen de Lenín Moreno, en relación con la nueva negociación de USD 6.500 millones, provenientes del Fondo Monetario.

«Vamos a renegociar; no estamos dispuestos a sacrificar al pueblo ecuatoriano por satisfacer las negociaciones de un ministro, que se nota que ha estado trabajando para Washington y no para el Ecuador», adelantó.

Reclamó Arauz que el compromiso asumido por Lenín Moreno y Richard Martínez compromete al próximo Gobierno. «Nosotros no vamos a cumplir esas condiciones, que exigen sacrificios a las familias ecuatorianas», advirtió.

Manifestó que la relación con los organismos multilaterales será fluida, «respetando la dignidad de las familias ecuatorianas».

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Siete acciones extraordinarias de protección a sentencia en caso Sobornos deberán ser revisadas por la CC

Siete acciones extraordinarias de protección ante la sentencia en firme por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016 se han presentado ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que se encarga de ejecutar la condena de la causa.

Los recursos fueron presentados a menos de 10 días de que concluyan los 20 días laborables que tienen los sentenciados para presentar una acción de protección a la sentencia.

De los 20 sentenciados, los exministros María Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, el exsecretario jurídico Alexis Mera y los empresarios Rafael Córdova, Víctor Fontana y Édgar Salas interpusieron esta acción hasta el pasado 6 de octubre. Los siete fueron sentenciados a ocho años de cárcel como coautores.

El Tribunal de Juzgamiento o de primera instancia presidido por el juez nacional Iván León está a cargo de conocer estas acciones antes de que sean analizadas y resueltas por la Corte Constitucional (CC).

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 58 señala que la acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución.

Para Jorge Luis Ortega, abogado de Solís, sí existen violaciones a derechos constitucionales en la sentencia contra su cliente. Aunque está claro que el recurso planteado no detiene la ejecución de esta sentencia que ya está en firme desde el pasado 23 de septiembre.

Ortega espera la resolución de la Corte, pero no descarta acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para iniciar un proceso en contra el Estado ecuatoriano.

Alfonso Zambrano, defensa del expresidente Rafael Correa también trabaja en un documento para sustentar una acción extraordinaria de protección, ya que está aún dentro del tiempo otorgado por el Tribunal.

En relación a la orden del Tribunal para que se proceda con la notificación roja a Interpol, para ubicar y detener a Correa y a otros 14 procesados cree que será negada.

En tanto, la defensa de Alexis Mera pidió que se lo traslade desde el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, en Latacunga hasta Guayaquil.

A la Sala de la CNJ le corresponderá remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días y la sala de admisión en el término de 10 días deberá verificar que se cumplan los requisitos.

En el caso de que se declare la inadmisibilidad, se archivará la causa y se devolverá el expediente al juez o Tribunal que dictó la providencia. Esta decisión no será susceptible de apelación. Pero si la declara admisible se procederá al sorteo para designar al juez ponente, quien sin más trámite elaborará y remitirá el proyecto de sentencia al Pleno de la CC para su conocimiento y decisión.

La Corte Constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del peticionario y si declara la violación, ordenará la reparación integral.

El ente constitucional tendrá un máximo de 30 días término contados desde la recepción del expediente para resolver la acción.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

1.514 nuevos casos de coronavirus en el último día: Ecuador reporta 145.045 confirmados y 12.141 fallecidos

Este jueves 7 de octubre, el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó las cifras oficiales de Covid-19 en Ecuador. Los casos confirmados ascienden a 145.045, de un total de 457.272 pruebas RT- PCR.

En las últimas dos semanas, los casos confirmados se han incrementado con mayor velocidad en Pichincha, Imbabura, Carchi y Azuay.

Los fallecidos relacionados al Covid-19 suben a 12.141 (398 más que ayer): 7.907 decesos confirmados y 4.234 fallecidos probables.

Los casos descartados son 243.821. Además, hay 19.614 ciudadanos con alta hospitalaria.

Hospitalizados estables se mantienen 541 personas. Y otros 348 están hospitalizados con pronóstico reservado.

El MSP registra 120.511 pacientes recuperados, que equivalen al 85% de todos los casos confirmados. El Ministerio explicó que se trata de personas que, luego de 29 días del diagnóstico, siguen vivas. El gobierno actualizará esta cifra cada semana.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Dictan prisión preventiva para pastor evangélico por presunta trata de personas

El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del pastor evangélico Evert Dick G. S. y Eucly Magdalena I. C., mientras que para María de Lourdes O. M. dispuso arresto domiciliario.

Las tres personas que son procesadas por los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral fueron detenidas la noche del 6 de octubre y madrugada del 7 de octubre en operativos coordinados por Fiscalía, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Policía Nacional.

Los artículos 91, numeral 2 y 3, y 92, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionan el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de 16 a 19 años.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como evidencias los informes investigativos y de seguimiento a los investigados, los vehículos utilizados; las órdenes de detención y allanamientos ejecutados con autorización del juez competente.

A estos se sumaron informes de reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, que demostraron las lesiones de índole sexual causadas, así como las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familias.

Con estos elementos, el juez de la causa emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las afectadas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación.

Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en Guayaquil (en la cooperativa Assad Bucaram en la parroquia Pascuales) y en Buena Fe (Los Ríos), donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de haberse ganado su confianza proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro, lo que motivó a la Fiscalía a iniciar un proceso investigativo.

Producto de las primeras investigaciones, una de las víctimas habría abortado ante el continuo abuso sexual al que era sometida.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

EE.UU. ofreció cargos a Ecuador en el BID a cambio de apoyo a candidato de Trump, revela excanciller peruano

Rafael Roncagliolo, ex canciller de Perú, denunció que la campaña de Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump para América Latina, para la presidencia del BID incluyó la compra de votos a cambio de cargos en este organismo.

Roncagliolo habló hace dos meses para un medio peruano e hizo referencia a estos virtuales sobornos. Además, advirtió que algunos gobiernos latinoamericanos renunciaron a su dignidad e intereses para apoyar la candidatura del estadounidense, representante del ala más derechista del Partido Republicano.

De igual forma, indicó que existe un «intercambio de favores personales», ya que se habría ofrecido la vicepresidencia del BID a un brasileño y, otras altas posiciones, a los ministros de Economía de Ecuador y de Jamaica.

«Otra forma de compra de votos sería la efectuada con Colombia: se le otorga un millonario crédito y el presidente Iván Duque ejerce de jefe de la campaña electoral de Claver-Carone», agregó Roncaglio en su denuncia.

La tarde de ayer, Richard Martínez confirmó su salida del Ministerio de Finanzas e indicó que su renuncia estaba atada a un compromiso con el BID para que se sume al equipo que está conformando su presidente.

“Es un honor como ecuatoriano y un reconocimiento al país por lo que ha venido haciendo para que Ecuador tenga una posición estelar en organismos internacionales», dijo Martínez.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

En un barrio de Guayaquil once niños eran obligados a mendigar, entrarán a casas de acogida

En la madrugada de este jueves 8 de octubre, la Policía Nacional ejecutó un operativo para recuperar a varios niños del plan habitacional Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil.

La investigación por más de tres meses estuvo realizando la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), los resultados fueron el rescate de cuatro menores de edad.

El jefe nacional de la Dinapen, coronel Paúl Aguirre, revela que en ese sector operaba una red de trata de menores que los explotaba, pidiendo limosna en los semáforos de la avenida Francisco de Orellana. Han muchos delitos relacionados que se han encontrado en esa zona del norte de Guayaquil.

En el operativo se logró aprehender a tres adultos y un joven de 17 años, ellos aparentemente contactaban a niños que eran llevados en una camioneta para pedir dinero en los semáforos.

Según el coronel Aguirre, hay otras siete órdenes judiciales con el fin de recuperar más infantes y que los once niños pasarán a manos del Estado y serán ingresados en casas de acogida.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.