Dictan prisión preventiva para pastor evangélico por presunta trata de personas

El juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del pastor evangélico Evert Dick G. S. y Eucly Magdalena I. C., mientras que para María de Lourdes O. M. dispuso arresto domiciliario.

Las tres personas que son procesadas por los delitos de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral fueron detenidas la noche del 6 de octubre y madrugada del 7 de octubre en operativos coordinados por Fiscalía, la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de la Policía Nacional.

Los artículos 91, numeral 2 y 3, y 92, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sancionan el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de 16 a 19 años.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Valdivia, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó como evidencias los informes investigativos y de seguimiento a los investigados, los vehículos utilizados; las órdenes de detención y allanamientos ejecutados con autorización del juez competente.

A estos se sumaron informes de reconocimientos y exámenes médicos practicados a las víctimas menores de edad, que demostraron las lesiones de índole sexual causadas, así como las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familias.

Con estos elementos, el juez de la causa emitió boletas de auxilio y medidas de protección a favor de las afectadas, como la prohibición a los procesados de ejercer actos de intimidación.

Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias, ubicadas en Guayaquil (en la cooperativa Assad Bucaram en la parroquia Pascuales) y en Buena Fe (Los Ríos), donde las obligaban a cumplir con trabajos forzados de índole doméstico y explotándolas laboralmente, para después de haberse ganado su confianza proceder a abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro, lo que motivó a la Fiscalía a iniciar un proceso investigativo.

Producto de las primeras investigaciones, una de las víctimas habría abortado ante el continuo abuso sexual al que era sometida.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

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