Día: 10 octubre, 2020

Este miércoles 7 de octubre de 2020 a las 18H00 el Consejo Nacional Electoral cerró el proceso de inscripción para las candidaturas a Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

Hasta último momento se registraron varias sorpresas en las inscripciones, debido a que, el partido político Fuerza Ecuador (FE) ingresó la documentación para inscribir a su binomio presidencial: Miguel Salem y Gustavo Bucaram. Sin embargo, estos candidatos no aceptaron presencialmente su precandidatura, por lo cual, el CNE tomará en cuenta esta falta para su calificación.

Según el calendario electoral, el 7 de enero de 2021 vence el plazo para conocer la lista definitiva de candidatos. Por lo cual, el organismo electoral tiene 3 meses, en el peor de los casos, para confirmar la papeleta electoral de los próximos comicios.

De los 17 binomios que entregaron la documentación para inscribir sus candidaturas, solo 4 han recibido la calificación del CNE: Guillermo Lasso y Alfredo Borrero (Alianza Creo-PSC); Xavier Hervas y María Sara Jijón (Izquierda Democrática); Gustavo Larrea y Alexandra Peralta (Democracia Sí); Gerson Almeida y Martha Villafuerte (Ecuatoriano Unido).

El CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desde este jueves, 8 de octubre, deberán resolver objeciones y apelaciones. Estos conflictos muchas veces son presentados por los propios partidos y movimientos postulantes.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Mediante sentencia, emitida el pasado 30 de septiembre, la Corte Constitucional (CC) ordenó a los ministerios de Finanzas y Salud Pública que establezcan, en el término de 15 días, un plan programado para cumplir con los pagos pendientes a los prestadores de servicios de diálisis e informe, en este mismo plazo, a la CC.

La resolución del organismo constitucional fija, además, un plazo de seis meses para que Finanzas remita un informe sobre el cumplimiento del pago de las asignaciones presupuestarias.

Hasta este jueves 8 de septiembre ha corrido la mitad del plazo para que las autoridades de las señaladas carteras de Estado elaboren el plan de pagos, que deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su conocimiento. Sin embargo, nada han dicho al respecto.

El valor pendiente es de más de 250 millones de dólares, según los representantes de las 83 clínicas de diálisis privadas, que desde hace 12 meses buscan que el gobierno central les pague esta deuda, por atender de manera ininterrumpida a más de 13.000 pacientes renales derivados del Ministerio de Salud Pública.

Cristina Freire, vocera de estos centros, reclama que no han podido pagar sueldos a su personal y a proveedores de insumos médicos, por lo que corren el riesgo de no poder atender a más pacientes.

Considera que el Gobierno Nacional no solo ha incumplido con las clínicas de diálisis, sino con el artículo 50 de la Constitución de la República, que manda que el Estado debe garantizar una atención prioritaria a las personas que padecen enfermedades catastróficas.

Según aseguró, la última factura cancelada fue de septiembre del 2019, pese a lo cual los centros de diálisis no han dejado de atender a los pacientes con insuficiencia renal crónica.

Lamentó que más de mil pacientes fallecieron durante la pandemia, unos porque no pudieron dializarse y otros por el COVID-19, que complicó sus estados de salud, quienes además de su dolencia renal padecen otras enfermedades primarias, como diabetes e hipertensión.

Protestó porque, debido al año de iliquidez, tienen un sobrendeudamiento con entidades financieras y bancarias, multas con intereses al SRI y al IESS por atrasos en los aportes patronales.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ante la insistencia de los contribuyentes por la devolución de impuestos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) transfirió USD 17 millones para cumplir con esta obligación.

El desembolso se lo ejecutó entre el 6 y 7 de octubre del 2020, debido a los reclamos realizados durante meses por los contribuyentes que pagaron en exceso o de forma indebida.

Hasta el 7 de octubre, el SRI registró 88 000 acreditaciones y el objetivo del Gobierno es ponerse al día con 350 000 contribuyentes. Los recursos provienen del financiamiento obtenido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los contribuyentes pueden pedir devoluciones por Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), e Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). También lo pueden hacer por botellas plásticas, entre otros.

Según el Código Tributario, la demora en los pagos de obligaciones tributarias por parte del Gobierno genera intereses a favor del contribuyente.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Punto Noticias. La Corte Constitucional (CC) aclaró que no ordenó el pago de montos económicos exorbitantes y alejados de la crisis económica que atraviesa el país, sobre la reparación económica a los judiciales que sean reintegrados a sus cargos.

La CC, en julio pasado, dispuso que jueces, fiscales y defensores públicos, que fueron destituidos por error inexcusable, negligencia y dolo, puedan recuperar sus puestos de trabajo de forma retroactiva y solicitar una reparación.

El Consejo de la Judicatura (CJ) exteriorizó su preocupación, considerando que no se podría dar cumplimiento al reintegro de funcionarios por razones económicas e institucionales. Según los cálculos iniciales, por ejemplo, un juez que ganaba USD 5.000 al mes, y haya dejado de trabajar un año, debería recibir USD 60.000 en caso de ser reintegrado.

La Judicatura sostuvo que no podría desembolsar tal cantidad de recursos, debido a que entre 2019 y 2020, el Ministerio de Finanzas le recortó USD 19,5 millones de su presupuesto.

Al CJ llegó un listado de 208 exfuncionarios que fueron separados por error inexcusable y negligencia, entre 2010 y 2018, demandando el retorno a sus cargos y que, para la reparación, se calcule el sueldo acumulado por los años que dejaron de trabajar, más los beneficios de ley.

Beatriz Cadena, presidenta de la Mesa de Verdad y Justicia, quien entregó la nómina, reclamó haber sido destituida en 2015 y que para entonces ganaba USD 5.011, por lo que tendría que recibir USD 295.649.

Ante esta preocupación, el organismo constitucional apuntó que la Constitución y la ley prevén varias formas de reparación. “De ningún modo debe entenderse que se privilegia la compensación económica. Adicionalmente, la reparación que se determine en cada caso debe atender a criterios como la seguridad jurídica y el interés general”, señaló.

El vocal de la Judicatura Juan José Morillo declaró que ningún exfuncionario ha recuperado todavía su cargo ni ha recibido una reparación. Explicó que el retorno del personal no será automático, sino que un juez constitucional o contencioso-administrativo deberá analizar los casos de quienes presentaron acciones de protección, para decidir si recuperan o no sus cargos.

La CC puntualizó que no ordenó el regreso automático de los exfuncionarios judiciales. Es decir, entrarán en análisis solo aquellos casos cuyas acciones de protección u otras figuras aún estén en curso.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.