A nivel mundial llaman la atención al bloqueo de TCE en Ecuador contra el Correismo

Más de 60 académicos del mundo rechazan bloqueos a la Revolución Ciudadana en carta abierta a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral

Señores Magistrados del Tribunal Contencioso Electoral:

Los abajo firmantes hemos seguido con profunda preocupación las decisiones adoptadas por los organismos de las Funciones Judicial y Electoral del Estado ecuatoriano. Decisiones que, en los hechos, han traído como consecuencia la proscripción del sector político denominado Revolución Ciudadana, en abierta vulneración a los derechos de participación de las y los ecuatorianos.

Esta implacable persecución se manifestó inequívocamente cuando en el mes de agosto de este año, a menos de 24 horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocara oficialmente a elecciones, se eliminó, de manera ilegal e inconstitucional, al Movimiento Fuerza Compromiso Social, la lista 5. La proscripción de Compromiso Social no sólo contraviene disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sino que vulnera diversos tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano como son la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 23) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 25 y 26).

Frente a esta situación, la Revolución Ciudadana, cumpliendo con los plazos previstos en la normativa electoral ecuatoriana, inscribió para la próxima elección presidencial al binomio integrado por Andrés Arauz y Rafael Correa con el movimiento Centro Democrático, lista 1. Sin embargo, el pasado 7 de septiembre, en el lapso de 17 días, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en un proceso plagado de arbitrariedades, despachó el recurso de casación presentado por la defensa técnica de Rafael Correa y dictó sentencia ejecutoriada en contra del exmandatario por el delito de cohecho. Esto trajo aparejada la suspensión de sus derechos políticos y, por lo tanto, la imposibilidad de Rafael Correa de participar en la contienda electoral de febrero de 2021.

En este escenario, conforme lo establece el Reglamento de Inscripción de Candidaturas y cumpliendo lo dispuesto por el CNE, Centro Democrático, inscribió a un nuevo binomio presidencial integrado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall. Sin embargo, el 06 de octubre de 2020, el Juez Electoral, Fernando Muñoz, contraviniendo la normativa ecuatoriana que establece que sólo los sujetos políticos participantes en el proceso electoral tienen legitimidad activa para ejercer los recursos electorales y jurisdiccionales, procedió a admitir una apelación presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por un integrante de una organización política de alcance provincial a la decisión del CNE de permitir la participación política de la Revolución Ciudadana.

El proceso jurisdiccional se encuentra aún pendiente de resolución por parte del TCE, y su decisión podría dejar al margen de la participación política a Centro Democrático.

Frente a este nuevo intento de proscribir al binomio presidencial de la Revolución Ciudadana, los grandes medios de comunicación buscan incidir en este proceso, incluso señalando a la opinión pública la posibilidad de sanciones a magistrados electorales y miembros del CNE que den paso a la participación del binomio Arauz-Rabascall.

En este sentido, quienes suscribimos la presente carta, manifestamos lo siguiente:

1. Que es deber primordial de la Función Electoral garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación política de todas y todos los ecuatorianos, sin discriminación alguna por razones ideológicas, políticas o de cualquier otra índole,

2. Que conforme se ha manifestado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los derechos políticos y particularmente el derecho a elegir y ser elegido, adquieren una doble dimensión: por un lado, el derecho de la ciudadanía a participar de los procesos electorales como candidatos o candidatas o como votantes y por otro lado, el derecho de las y los electores a elegir a su candidato o candidata de preferencia en ejercicio del derecho al sufragio. En este sentido, el Estado tiene la obligación de garantizar la participación amplia, diversa y plural en el proceso electoral de todas las fuerzas políticas sin restricción alguna.

3. Que conforme establece el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado, esto es, todas sus instituciones, deben abstenerse de realizar actos que restrinjan el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos.

4. Que el artículo 328 de la ley electoral ecuatoriana determina que en ningún caso podrá negarse la inscripción de una candidatura, sino que, ante el incumplimiento de algún requisito, la organización política deberá subsanar el impedimento y podrá ser presentado el binomio presidencial.

Por lo expuesto, hacemos un llamamiento al Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador a actuar en el marco de lo que establece la ley ecuatoriana y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, garantizando la participación de todas las fuerzas políticas, en cumplimiento de la normativa electoral vigente, y asegurando la existencia de elecciones libres, democráticas y transparentes.

Instamos a los organismos internacionales de observación, vigilancia y control electoral, y a la comunidad internacional en general, a mantenerse alerta ante la situación jurídico- electoral en el Ecuador para garantizar el ejercicio de la democracia en las elecciones presidenciales de febrero del 2021.

1. Gerardo Pisarello, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

2. Baltazar Garzón, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

3. Carol Proner, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

4. Adoración Guamán, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

5. Gisele Ricobom, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

6. Oswaldo Ruíz, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

7. Harold Correa, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

8. Larissa Ramina, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

9. Enrique Santiago, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

10. Gisselle Citadino, miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)

-Y más de 50 personalidades del Derecho a nivel Mundial-

Incendio afecta flora y fauna de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas

Al menos 280 hectáreas de vegetación de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, ubicada entre las provincias de Imbabura y Esmeraldas, han quedado en cenizas.

Geovanny Zamora, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi, informó que un incendio forestal continúa destruyendo la flora y fauna de esta área.

El incendio forestal se inició el pasado sábado, pero los moradores de zonas pobladas cercanas a la reserva advirtieron que durante el fin de semana nadie concurrió al sitio para combatir el fuego, a pesar que dieron las alertas.

Los socorristas ingresaron al área la madrugada de este lunes 12 de octubre acompañados de personal del Ministerio del Ambiente.

En la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas están registradas 2 000 especies de plantas y el fuego se registra en la zona alta de los páramos de Piñan, en donde habitan venados, osos de anteojos, entre otras especies.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Consejo de Judicatura reformó reglamento para ejercicio de su potestad disciplinaria

El Consejo de la Judicatura (CJ) reformó el Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria, con el fin de ponerlo en armonía con la sentencia de la Corte Constitucional (CC) referente a las infracciones disciplinarias por error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo.

En su resolución, la CC eliminó la facultad del CJ para iniciar, de oficio, los sumarios, sobre la base de información que haga presumir el cometimiento de dicha infracción disciplinaria por parte de servidores judiciales.

Ahora, el reglamento establece que dichos sumarios disciplinarios únicamente procederán a través de la presentación de denuncia o queja ante el CJ, siempre y cuando exista declaratoria previa judicial que califique dicha falta.

La Judicatura informó que se realizaron modificaciones respecto de los procedimientos, plazos y términos que se aplicarán en los casos de denuncia o queja, que se presentaren contra las y los jueces, fiscales y defensores públicos, además de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por el presunto cometimiento de las faltas indicadas.

En la reforma al reglamento se incluyó una disposición transitoria que señala que “para aquellos procedimientos disciplinarios que se encuentren tramitando por denuncia o queja, al momento de la publicación en el Registro Oficial de la sentencia de la Corte Constitucional, el CJ solicitará, sin expresar criterio alguno, al tribunal competente la declaración jurisdiccional sobre cualquiera de las infracciones disciplinarias del artículo 109 numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial, sobre la base de lo establecido por la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Procesados en caso Secom declarados inocentes del supuesto delito de peculado

El Tribunal del caso Secom, con voto de mayoría (Iván León y Daniella Camacho) declaró la inexistencia del delito de peculado, según el Art. 257 del COIP; por tanto, declara la inocencia de Fernando A., Pablo Y., Carlos B., Galo P. y dispone el levantamiento de toda medida personal y real.

Iván Saquicela, el tercer miembro, en lo sustancial coincide con el tribunal de mayoría, pero difiere en algunos términos.

La decisión la adoptaron los jueces, este lunes 12 de octubre de 2020, en la audiencia de juicio, por presunto peculado contra los cuatro procesados, entre ellos el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, diligencia en la que estuvo presente el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Según la resolución, el Tribunal constató que en la audiencia de juicio se cumplieron con los parámetros del debido proceso, pero observa que de la prueba actuada por Fiscalía no llega a establecer los siguientes presupuestos:

  1. El elemento fáctico establece que funcionarios públicos remunerados por el Estado fueron usados para fines particulares.
  2. No especifican en concreto el peculado de uso.
  3. Los verbos rectores fueron usar, permitir y utilizar, pero se debe tener claro el complemento que exige la norma, señalar en beneficio propio o de otras personas, no se subsume al caso ni se puede determinar dentro de la prueba.

Sobre la base de estos criterios, los jueces de mayoría declararon la inexistencia del delito de peculado y la inocencia de los procesados, por lo que ordenaron el levantamiento de toda medida personal y real que pesaba contra estos.

La resolución llega a casi dos años de que ocho personas, seis exfuncionarios públicos de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y dos proveedores de servicios, fueron vinculados por la fiscal general del Estado, subrogante, Ruth Palacios, a la instrucción fiscal que se seguía en contra de Fernando A., exsecretario nacional de la Secom, por el presunto delito de peculado.

La Jueza Nacional Sylvia Sánchez, dictó, el 31 de octubre de 2018, prisión preventiva para siete ciudadanos, a todos les dispuso la prohibición de enajenar sus bienes y la inmovilización de sus cuentas.

El proceso penal, conocido como caso Secom, inició el 9 de agosto de 2018, sustentado en un informe de Contraloría de 2018, con supuestos indicios de responsabilidad penal, tras el análisis de la gestión en la Secom, entre junio de 2013 y mayo de 2017, que determinó que Alvarado, en su calidad de secretario de Comunicación, inobservó normas legales para la contratación de personal y proveedoras.

Inmediatamente Fiscalía anunció que apelará el fallo (de mayoría) del Tribunal Penal.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

ECU911 registró 96.969 alertas durante el último feriado y 39.758 fueron atendidas como emergencia

El domingo 11 de octubre de 2020 el ECU911 publicó las cifras de emergencias reportadas durante el último feriado nacional. 96.969 alertas fueron recibidas por la entidad este fin de semana, 20.655 se reportaron solo en Quito.

El ECU911 también informó que el 75% de las emergencias atendidas fueron relacionadas con seguridad ciudadana; la gestión sanitaria representó el 12% de las alertas y el 8% estuvieron enfocadas en aspectos de movilidad.

Juan Zapata, director general del Sistema ECU911, comunicó que un total de 39.758 alertas fueron atendidas como emergencia, de las cuales 7514 fueron atendidas en Quito. En el último feriado también se registraron 1539 aglomeraciones, 591 fiestas, 5714 libadores y 4260 escándalos.

La Institución y sus autoridades informaron que durante este feriado se registraron 214 heridos y también 8 fallecidos a nivel nacional. Además, se reportaron 265 incendios forestales, siendo Latacunga y Quito los sectores más afectados

Según el ECU911, los lugares más visitados en este feriado fueron las playas de las provincias de Esmeraldas y Santa Elena, donde muchas personas no respetaron el distanciamiento social.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.