Centro de Adolescentes Infractores asediado por grupo neonazi; autoridades impiden su retorno

El taller de acondicionamiento físico y artes marciales (muay thai) se realizó el 9 de septiembre, en la mañana y duró dos horas. Fueron 30 chicos de Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Virgilio Guerrero quienes participaron en el entrenamiento donde también aprendieron saludos de la organización neonazi que realizó la capacitación.

En la mañana de este miércoles 14 de octubre, el director de Medidas Privativas para los Adolescentes Infractores, Fernando Sánchez, puntualizó sobre lo que ocurrió al interior del centro, cuya actividad no estaba aprobada por las autoridades.

Fueron razones suficientes para desvincular el 1 de octubre al funcionario que “autorizó de manera arbitraria” el ingreso de la organización. Es el excoordinador educativo del CAI, que según las investigaciones, él mantenía un acercamiento previo con miembros de esa organización.

Contactado el extrabajador que mediante un mensaje de texto indicó que no está en “condiciones de hablar de eso” y que pretendía “darle a los chicos lo que necesitan”. No dio más respuestas.

Cualquier organización, fundación o tipo de agrupación que dese dar capacitaciones en el centro, debe cumplir protocolos en el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Se firma un acuerdo de cooperación, allí se detalla la identidad de las personas que ingresarán, los objetivos de la agrupación, actividades y materiales que usarán. Así se garantiza que las actividades autorizadas sean para la formación positiva de los jóvenes. Con respecto a esta organización señalada como neonazi, no hubo este protocolo.

Solo tres personas de una “hermandad” entraron al centro. Lograron meter banderas de la organización y tomaron fotografías a los adolescentes señalados como vulnerables. En las fotografías se observa que usan símbolos neonazis y los chicos los imitan.

Según el Art. 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, se prohíbe la publicación del nombre, así como la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Además, se prohíbe la participación de menores en programas, mensajes de proselitismo político o religioso.

Luego de divulgarse en redes sociales las actividades de la “hermandad”, se impidió cualquier tipo de vinculación con esta organización al CAI Virgilio Guerrero. También, se les impidió el acceso el fin de semana siguiente, querían volver a “capacitar” a los chicos.

Este taller donde participaron los miembros de la agrupación que se identifica con símbolos de tendencia neonazi trascendió fronteras. El Centro Simon Wiesenthal, una organización no gubernamental que confronta el racismo, la discriminación, la xenofobia, el terrorismo y el antisemitismo, alertó y condenó en un comunicado estas instrucciones en un centro de adolescentes infractores.

Según el director de la Oficina para América Latina con sede en Buenos Aires, Ariel Gelblung, deberán trabajar con el fin de anular los mensajes inculcados por el grupo “capacitó”. Propuso, incluso, hacer una actividad vía Internet, donde él conversara con los adolescentes para contrarrestar el mensaje de odio de grupos neonazis. “Sino buscaremos una entidad asociada que trabaja en Ecuador, ya sea Israel Sin Fronteras que pueda acercarse y tener una acercamiento con los jóvenes”. No descartó lograr un acuerdo con el Ministerio de Educación y demás autoridades encargadas de la formación de los jóvenes.

Para Gelblung, los adolescentes infractores son vulnerables a mensajes de odio. “Para este tipo de gente (grupos neonazis) son futura carne de cañón y para nosotros son personas que se pueden recuperar”.

El SNAI aseveró que cuando se separó al funcionario que permitió el acceso al grupo, también se dialogó con los chicos que participaron en esa actividad aclarando lo sucedido.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Sofía Almeida dirigirá el Cpccs y Hernán Ulloa se titularizará como consejero

A un año de la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, este documental recoge y revela los detalles de la persecución y detención de la primera mujer al frente del Gobierno Provincial, el militante Christian Gonzales y el dirigente de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernandez, en el marco del paro nacional y el levantamiento indígena de octubre de 2019.

Este miércoles 14 se octubre de 2020 se estrena el documental “Sabían que venían por nosotros” en el Instituto Nacional del Cine (Incine) a partir de las 18:00 y se transmitirá en internet a través de las redes sociales se Ruta Kritica.

La Prefecta de Pichincha Paola Pabón fue detenida para investigaciones tras un allanamiento a su domicilio en Quito al amanecer del lunes 14 de octubre de 2019.

Pabón fue acusada por el Gobierno nacional, de ser una de las instigadoras para las movilizaciones que4 se suscitaron en Quito y otras ciudades del país,

Moreno, en cadena nacional del 7 de octubre en la que anunció el traslado de la sede de Gobierno a Guayaquil, nombró a Rafael Correa, Ricardo Patiño, Virgilio Hernández, Paola Pabón, de quienes aseguró están detrás de lo que denominó «intento de golpe de Estado.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Botaron a agente municipal de Durán que maltrató a una vendedora con discapacidad

Una vendedora informal que labora en el exterior del Cabildo de Durán fue amarrada con cinta de pies a cabeza a un pilar por una agente de control del Municipio de ese cantón.

Un video que se hizo viral este 13 de octubre muestra cómo la policía municipal golpea en el trasero a la mujer. Otro hombre, un presunto civil, ríe al ver la escena y le echa encima los restos de una botella con agua.RELACIONADAS

El video, publicado por el medio digital El Ferrodiario, fue motivo de críticas e hizo que, de inmediato, el alcalde Dalton Narváez califique de “indignante y repugnante” el hecho, anuncie la desvinculación de la agente y advierta que denunciará en Fiscalía el acto.

Según El Ferrodiario, la mujer tiene 35 años y vende papel higiénico, pastas y otros productos en los exteriores del complejo Municipal. Además tiene el 60 % de discapacidad oral y auditiva, asegura el portal.

Narváez insiste en que no permitirá ningún tipo de abuso de parte del personal municipal. Dice también que en la denuncia incluirá al acompañante de la agente, además de la persona que realiza la grabación.“Exigiremos sanciones ante la justicia. Este tipo de hechos no debe repetirse”.Dalton Narváez, alcalde de Durán.

Fuente: Diario Extra, Republica del Banano.

Paúl Granda niega conocer a Daniel Salcedo y anticipa acciones legales en contra de fiscal

Una vez más el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, negó conocer o haberse reunido con Daniel Salcedo.

En una rueda de prensa virtual, realizada luego de la audiencia de vinculación por presunta delincuencia organizada y que fue suspendida por el juez Ronald Guerrero, Granda aseguró que nunca se ha reunido con Salcedo y prefirió no referirse a los hermanos Bucaram Pulley, quienes también están vinculados en este caso junto con Noé Salcedo (hermano de Daniel); empresarios; y exdirectivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Al momento, en esta causa, por la presunta participación en una trama de corrupción en casas de salud de Guayaquil están procesadas 15 personas.

La respuesta del extitular del IESS se dio porque la Fiscalía, en sus primeras investigaciones, mencionó que en el edificio Torres Colón 1, donde Daniel Salcedo tiene una suite se registró en las bitácoras de seguridad el ingreso de Granda.

En este contexto, el exfuncionario cuestionó la actuación de la Fiscalía y añadió que la fiscal que lleva este caso (Claudia Romero) no tiene elementos para vincularlo por lo que anticipó acciones legales en su contra.

Expuso que en una de las fechas en la que supuestamente habría visitado el departamento, él habría estado reunido con el Presidente y mencionó que en la fecha en la que supuestamente aparece su nombre en la bitácora del edificio en el que tiene una suite Salcedo habría viajado a Cuenca por una emergencia.

Sostuvo que fue presidente del Consejo Directivo del IESS desde el 2019 y que el delito se habría cometido antes del 2018. Pero las indagaciones de la Fiscalía revelan que en este caso hubo una presunta red delictiva que vendió de forma irregular insumos médicos durante la pandemia por el coronavirus y que se habrían otorgado convenios de pago que iban desde los USD 200 000 hasta el USD 1 000 000.

A Granda le resultó “incomprensible” que se le quiera vincular a un proceso que él mismo denunció. Situación que también fue rechazada por su defensa durante la diligencia.

Mientras tanto, aún está en análisis si esta causa en contra de Granda, por tener fuero, deba ser abordada en la Corte Nacional de Justicia. Aún se desconoce la nueva fecha y hora para la reinstalación de la audiencia de vinculación. Pero el magistrado espera que en 48 horas se aclare este asunto y se proceda con la diligencia.

El Código Integral Penal (COIP), en su artículo 369, establece que el delito de delincuencia organizada es sancionado con cárcel de siete a 10 años.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Estudiantes recibieron sus notas del Examen de Acceso a la Educación Superior

El próximo miércoles, 21 de octubre de 2020, se revelarán los puntajes de postulación para un cupo en la Instituciones de Educación Superior.

163.000 estudiantes rindieron el Examen de Acceso a la Educación Superior (EAES) de los cuales la mitad obtuvo una nota superior a los 700 puntos sobre 1000, según los datos de la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

La Senescyt revelará los puntajes de postulación para el ingreso a las carreras universitarias, el próximo miércoles, 21 de octubre de 2020. La calificación de postulación se compone de la nota del EAES que corresponde al 60% y la nota de grado que equivale al 40%.

Si los estudiantes tienen un buen historial académico su nota final será superior a la obtenida en el examen, según los funcionarios de la Senescyt. La institución informó que el 45% de postulantes sacaron una calificación entre 600 y 700 puntos. Alrededor del 10% de los bachilleres obtuvo una nota que oscila entre los 800 y 900 puntos y solo un 5% está ubicado entre los 900 y 1000 puntos.https://platform.twitter.com/embed/index.html?creatorScreenName=pichinchauniver&dnt=true&embedId=twitter-widget-1&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1316384268084555777&lang=es&origin=http%3A%2F%2Fwww.pichinchacomunicaciones.com.ec%2Festudiantes-recibieron-sus-notas-del-examen-de-acceso-a-la-educacion-superior%2F&siteScreenName=pichinchauniver&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

Desde la Senescyt también informaron que existe un puntaje adicional para aquellas personas que formen parte de algún grupo de vulnerabilidad. Dicha valoración será asignado según los siguientes criterios: Situación socio económica; ruralidad; pueblos y nacionalidades; provincias con menor tasa de matrícula, violencia de género, discapacidad, situación migratoria.

Los cupos disponibles para las carreras serán asignados según los puntajes y espacio que cada Institución de Educación Superior disponga. Los estudiantes pueden escoger libremente entre 1 a 5 carreras en la misma o en diferente universidad, modalidad y horario. El sistema asignará las plazas según las calificaciones.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Ministerio de Trabajo creó fórmula para definir nuevo salario básico unificado, cada año

Adelantándose a una posible falta de consenso entre trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Salarios, el Ministerio de Trabajo inventó una fórmula para calcular el salario básico unificado (SBU), que será aplicada cuando quede en manos de esta secretaría de Estado decidir el monto del incremento salarial.

Este mecanismo, de iniciativa del Ministerio, no fue puesto a consideración del Consejo, según confirmaron representantes de empleadores y trabajadores. Se expidió el acuerdo ministerial 185, el pasado 17 de septiembre, firmado por el ministro de Trabajo, Andrés Isch.

La fórmula contiene nueve variables, que incluyen el índice de precios al consumidor (IPC) -tasa de inflación- y nuevos elementos, como el factor de productividad laboral, elasticidad del empleo e informalidad. Los indicadores de cada variable serán establecidos por distintas entidades, como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La cartera de Estado, antes del mencionado acuerdo ministerial, debía resolver el valor del salario conforme a lo que estipula el Código del Trabajo, que los salarios se fijan con un porcentaje de incremento equivalente a la inflación proyectada, y -en algunas ocasiones- incluso tomó en cuenta factores como el índice de productividad o la proyección del crecimiento de la economía del país.

A decir de la subsecretaria de Políticas y Normas del Ministerio de Trabajo, Nathaly Pernett, la intención del mecanismo planteado es proporcionar una herramienta que evite cualquier tipo de discrecionalidad, cuando la autoridad deba fijar la remuneración.

A su criterio, al añadir nuevos indicadores se pueden medir todos los componentes que permiten pagar y percibir un salario. “Si tenemos solo la inflación no vamos a tener una fijación salarial correcta, que vaya acorde con la realidad que está viviendo el país”, señaló.

La normativa dispone que en ningún caso se fijará un salario básico inferior al del período vigente. Es decir, este año no podrá ser menor a USD 400. Tampoco podrá bajar aun cuando la proyección de la inflación o el resultado de la fórmula sean negativos.

El Consejo tiene hasta el 20 de noviembre de cada año para tratar la fijación del salario. Antes de esa fecha, el ente establecerá el procedimiento y la metodología para la discusión entre empleadores y trabajadores. Las partes pueden también acogerse a la fórmula del Ministerio, aunque no es obligatorio, según el acuerdo 185.

Hasta el año anterior, los diálogos para determinar el salario se desarrollaban en diciembre. En 2019 no hubo consenso y el ministerio lo definió. Desde el 2010 hasta la actualidad el SBU escaló de 240 a 400 dólares.

Los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), consideran que a la fórmula le falta una variable que mida el poder adquisitivo real de un empleado que gana el básico. Así se podrá tener una idea más concreta del costo para las empresas y el impacto para el trabajador.

Richard Gómez, titular de la CUT, cuestiona que el acuerdo modifica el Código del Trabajo, sin pasar por una reforma legal.

Cristóbal Buendía, procurador de la FTPP, sostiene que el procedimiento debe garantizar que el trabajador pueda satisfacer sus necesidades básicas a partir de su salario.

Para el sector de los empresarios, una limitante es que no se pueda reducir el salario cuando los resultados de la inflación o de la fórmula sean negativos, ya que esto no empataría con el rendimiento de la productividad y de las empresas, especialmente cuando existe crisis económica.

No se puede continuar con un sistema laboral rígido, cuando las dinámicas de la economía son adversas, reclaman David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), y Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Juez suspende audiencia de vinculación de Paúl Granda

La audiencia de vinculación en contra de Paúl Granda, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y de una persona más por presunta delincuencia organizada fue suspendida por el juez Ronald Guerrero.

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía anunció sobre la suspensión, pero luego borró la publicación. Pese a ello, Juan Carlos Salazar, abogado de Granda explicó lo que sucedió en la diligencia.

Salazar dijo que se pidió medidas cautelares en contra de su cliente, pero sostuvo que no se pudo seguir con la audiencia debido a que se le hizo caer en cuenta al juez que Granda tiene rango de ministro y que la competencia para cualquier acción judicial debería ser tratada por la Corte Nacional de Justicia.

“Creo que el juez tomó una decisión correcta al suspender la tramitación de la causa, con el fin de emitir los requerimientos necesarios para declarar o determinar cuál era la actividad o el rango de Granda y con ello continuar la audiencia y tomar la decisión que en derecho corresponde”, precisó.

El exfuncionario es investigado por su presunta participación en una trama de corrupción en los hospitales de Guayaquil.

En la audiencia, la Fiscalía también tenía previsto solicitar la vinculación de la exgerente del Hospital de Los Ceibos, Paola Mera.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.