Con el fin de que presente sus observaciones y propuestas al proyecto de Ley de Extinción de Dominio, la mesa parlamentaria de Participación Ciudadana recibió a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Paulina Aguirre.
El organismo legislativo se encuentra en la fase de elaboración del informe para segundo debate de la mencionada propuesta de normativa.
A decir de Aguirre, la promulgación de esta ley es una deuda pendiente que el Estado ecuatoriano tiene con la política criminal contra el crimen organizado, pues este instrumento es indispensable para aplicar de manera eficaz la persecución a toda clase de activos derivados de la actividad criminal. La extinción de dominio constituye un mecanismo clave para eliminar el poder y la capacidad de la delincuencia.
El proyecto plantea la creación de jueces y juezas especializados en esta materia; la titular de la CNJ alertó que, en el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), ya se crean juezas y jueces especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Por lo tanto, la competencia para el conocimiento de las causas de extinción de dominio debería recaer en estos.
Aguirre recomendó que la imprescriptibilidad, contenida en los artículos 4 y 8, debe estar debidamente fundamentada y correctamente explicada en la exposición de motivos, expresando las razones para esta figura.
Sobre el Principio de Retrospectividad (artículo 8, literal d) propuso que la norma explique qué se entiende por retrospectividad y cómo será aplicada, considerando que debe ser compatible con la Constitución de la República. A su entender, como se encuentra desarrollada, la figura es ambigua.
El proyecto de Ley de Extinción de Dominio, en el artículo 10, considera como sujetos procesales a la Fiscalía General del Estado y a él o los citados. La presidenta de la Corte Nacional plantea que también se agregue a la Procuraduría General, pues el Estado, a más de víctima, eventualmente asumirá los bienes materia de los procesos.
Sugirió que en el texto normativo se definan con claridad los tiempos de la sustanciación, ya sean estos plazos o términos, pues solamente se habla de 1, 3 y 15 días.
En opinión de Aguirre, el proyecto de ley debería aclarar que la interposición del recurso de apelación suspende la ejecución de la sentencia. También, indicar si procede o no el recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia.
La legisladora Mae Montaño consultó a la titular de la CNJ si es positivo establecer en la norma una motivación económica, para que la ciudadanía que conozca sobre actos de corrupción los denuncie. Aguirre sostuvo que, si bien motivaría, también implicaría la responsabilidad de demostrarlo.
La Comisión convocó también a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, quien no acudió; mediante oficio se excusó porque anterior a esta convocatoria tenía pendiente una agenda de trabajo. Delegó a Santiago Peñaherrera, director Jurídico, que tampoco asistió.
Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.
