Tribunal de Cuentas planteado por Pablo Celi para remplazar a la Contraloría General del Estado tendría vicios de inconstitucionalidad

La creación del Tribunal Cuentas del Estado, como entidad que remplazaría a la Contraloría General del Estado en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos, necesitaría de una enmienda constitucional, según los cuestionamientos de los asambleístas que integran la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.

Este es uno de los nudos críticos que primero deberá resolver la Comisión de Justicia para dar paso a la propuesta planteada por el contralor subrogante, Pablo Celi, al Legislativo el pasado 18 de agosto.

Celi acudió a la Comisión para defender su propuesta y consideró que la creación de este tribunal no modifica la estructura del Estado; por lo tanto, no se necesitaría de una reforma constitucional. “La propuesta se refiere a lo orgánico funcional no toca las competencias constitucionales que están muy bien formuladas en la Constitución, por eso no proponemos ni una enmienda o reforma constitucional”, dijo.

Sostuvo que la Constitución de la República en ninguno de sus artículos se menciona al contralor general del Estado, sino que se habla de un organismo y no de una autoridad unipersonal; pero sí la Ley orgánica de la Contraloría. Por lo tanto, la propuesta hecha a la Asamblea es que manteniendo el texto y el espíritu de la Constitución, la ley orgánica otorgue al organismo técnico una forma de conducción colegiada en lugar de una autoridad unipersonal.

Insistió que el proyecto no altera la estructura del Estado, no hay cambios en las funciones del organismo técnico de control, no afecta a la naturaleza del organismo ni al sistema de control público, por lo tanto, no se requiere de enmienda ni reforma constitucional, se trata de sustituir la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado por una Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de igual naturaleza y jerarquía.

Pero ese criterio fue cuestionado por los asambleístas Henry Cucalón (PSC), Héctor Muñoz (IND) y Franklin Samaniego (RC); y apelaron a la Constitución.

Cucalón indicó que si perjuicio de muchos aspectos positivos del proyecto, puede tener vicios de inconstitucionalidad, porque la Contraloría es un órgano regulado por la Constitución, así como la elección de su máximo y primer personero, y para modificar aquello puede haber voces que requieran modificar la Constitución; el proyecto pretende cambiar el nombre y la estructura de la Contraloría, contrariando ciertas partes de la Carta Política, anotó.

Además, advirtió que pudiera vulnerarse la forma de elegir a su máximo personero, cuya facultad actualmente está en el Consejo de Participación Ciudadana por concurso público. Y en la propuesta del contralor Celi, es un tema de varios sectores; por lo tanto, hay una contraposición con lo que está actualmente vigente en un capítulo constitucional.

Tanto es así, añadió, que en la reforma constitucional que tramitó la Asamblea Nacional en primer debate se cambia la forma de elegir al contralor y se traslada esa facultad al Parlamento; entonces, pretender cambiar por la vía legal, por más loable que sea la intención, tiene acápites de complejidad de carácter jurídico vigente.

Muñoz expresó también sus preocupaciones de orden constitucional; que si bien es cierto las atribuciones del tribunal de cuentas no se alteran a lo que hoy es la Contraloría; es necesario, entrar a un proceso de reforma constitucional, porque la forma de designar al nuevo tribunal no están contemplados en la Constitución, por lo tanto, no hay norma que permita al Parlamento, al Ejecutivo y a la sociedad civil enviar nombres para integrarlo.

Samaniego manifestó que el artículo 205 de la Constitución, referente a la Función de Transparencia y Control Social, donde se indica que el contralor integra ese organismo, determina la forma de elegir a esas autoridades y ordena que debe ser mediante concursos; y además no se habla de la elección de un tribunal de cuentas con siete miembros.

Propuesta de proyecto

La propuesta es crear el Tribunal de Cuentas con siete ministros auditores designados: dos por la Asamblea Nacional; uno por el presidente de la República; dos por la ciudadanía mediante concurso públicos; y, dos por la estructura funcional de carrera de la Contraloría mediante concurso, que serán elegidos para un periodo de seis años, sin reelección y con una renovación cada tres años.

Las funciones del tribunal quedarían estructuradas en dos salas especializadas: la sala de auditoría y la sala de determinación de responsabilidades.

El presidente del tribunal será elegido por el pleno por dos años de funciones, y será el representante legal y no integrará ninguna sala.

El pleno tendría como funciones aprobar el plan anual de control; revisar responsabilidades; establecer los indicios de responsabilidad penal que luego pasarían a la Fiscalía; y otras.

El contralor explicó que se trata de una reforma organizacional y no un cambio de funciones, porque el control administrativo y de auditoría externa se mantiene intacto.

Que la persistencia de una autoridad unipersonal determina una concentración de decisiones para la aprobación de informes de auditoría y de determinación de responsabilidades; mientras que un Tribunal de Cuentas constituido por magistrados de control público permitiría una mejor articulación funcional de los dos ámbitos, tanto de auditoría como el juzgamiento de cuentas.

El tribunal seguirá dirigiendo el sistema de control administrativo, determinando responsabilidades, expidiendo norma interna y asesorando a los órganos y entidades del Estado.

José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que se socializará el proyecto y para ello se invitará a expertos en la nueva estructura organizacional para el control del uso de los recursos públicos en el país.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Exvicepresidente Otto Sonnenholzner reitera denuncia sobre mal uso de su imagen y alerta a la ciudadanía

El exvicepresidente Otto Sonnenholzner reiteró ayer su denuncia sobre el mal uso de su imagen en una campaña digital, cuyos autores no han sido aún identificados, para estafar a la ciudadanía.

Manifestó que desde finales de agosto e inicios de septiembre circula una campaña digital que falsifica notas de prensa, de diarios de renombre y canales de televisión, para difundir en redes sociales supuestas entrevistas de él. Y últimamente conoce que también han utilizado el nombre de otras personas como el del actor Roberto Manrique.

“El sistema busca que ingresen y te dicen que estas personas, yo o el señor Manrique o quien sea un conocido con credibilidad, ha hecho dinero comprando bitcoins y te dicen tú también compra bitcoins y te hacen gastar 100 dólares, 80 dólares, y después, bien gracias, es una estafa tipo phishing (…)”, expresó Sonnenholzner.

Dijo que presentó la denuncia para “dejar claro que se trata de un uso no autorizado de la imagen, de una estafa que evidentemente no tengo nada que ver con eso y estamos esperando que la Fiscalía tenga resultados de la investigación”.

En la ampliación de su denuncia, del pasado 6 de octubre, Sonnenholzner dice que personas desconocidas están utilizando su imagen con publicidad que aparecen en la red social Facebook y en la página digital de diario EL UNIVERSO y aclara que “las actividades a las que me dedico y de las cuales proceden mis ingresos lícitos son las encaminadas a la radiodifusión, comercio, la agricultura y la construcción”.

“Nunca he realizado inversiones con criptomonedas y desconozco a las personas que se encuentran realizando este tipo de publicidad que tiene como único afán el engañar a las personas que confían en quienes supuestamente hemos realizado este tipo de inversiones”, reitera en su denuncia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

TCE sobre binomio Correista: “No existe ningún recurso pendiente”

#FlashBananero| El TCE acaba de emitir la sentencia ejecutoriada sobre el binomio Correista, informando que NO EXISTE ningún recurso pendiente de resolver, con lo cual #ElBinomioDeLaEsperaza quedan en firme.

El Movimiento Ahora impugnará al binomio correísta, asegura que Carlos Rabascall es accionista de un banco y está vinculado a paraísos fiscales

La mañana de este jueves 22 de octubre Michaelle Aulestia, director del Movimiento Ahora, anunció que presentará una nueva impugnación en contra de la participación electoral del binomio del correísmo, conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall y auspiciado por la alianza alianza Unidos por la Esperanza (UNES), que integran fuerzas como Centro Democrático y Compromiso Social, y solicitará se rechace la candidatura de forma definitiva.

Aulestia aseguró que posee una certificación del 20 de octubre de que Rabascall es accionista del Banco Guayaquil S.A. desde el 18 de marzo del 2009, sociedad que a su vez, de acuerdo al documento “grupos económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales”, que consta en los registros de los Panama Papers y en la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Guayaquil sería integrante de dos sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

Este hecho, señala Aulestia, contraviene el artículo 4 de la Ley para la Aplicación de la consulta popular del 2017 sobre paraísos fiscales que prohíbe ser candidatos a propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Tampoco podrán ostentar condición de directivos en sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes.

Esta prohibición también consta en el artículo 96, numeral 9 del Código de la Democracia, en el que se señala que no podrán ser candidatas o candidatos de elección popular: Quienes tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.

El Movimiento Ahora insiste en que la primera impugnación que fue negada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) fue a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dio paso a la subsanación de errores del binomio pero, una vez que esta sentencia del TCE entre en vigencia, se abre un nuevo plazo para impugnaciones, esta vez, al binomio.

De esta manera, una vez que el CNE reciba esta nueva impugnación, el TCE tendrá nuevamente quince días para resolver al respecto.

Diario EL UNIVERSO intentó contactar con Rabascall vía celular. Sin embargo, el precandidato no contestó su teléfono. En estos días, Rabascall está realizando un recorrido por las provincias de la Costa. Hacia las 12:00 del día, sus asesores señalaron que, en minutos, enviarían un comunicado.

La noche de este miércoles 21 de octubre, en su cuenta oficial de Twitter, UNES señaló que, una vez ejecutoriada la sentencia del TCE, no cabe recurso alguno y el binomio correísta está inscrito legalmente y advirtió que: “cualquier acción de incumplimiento a las resoluciones adoptadas por el CNE o sentencia del TCE acarrea la suspensión de cuatro años de los derechos políticos y multa”, según el Código de la Democracia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano

Ministra de Gobierno, María Paula Romo, sería llevada a un nuevo juicio político por un supuesto reparto de hospitales

Con 45 firmas de respaldo, los asambleístas Roberto Gómez (ex CREO) y Amapola Naranjo (RC), presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, acusándola de incumplimiento de funciones por un supuesto reparto de hospitales y otros espacios de administración pública a cambio de votos en la Asamblea Nacional.

Actualmente, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tramita el tercer pedido de juicio contra Romo, acusada de incumplimiento de funciones en el paro nacional de octubre de 2019. El proceso se encuentra en la etapa de pruebas de cargo y de descargo.

El nuevo pedido de juicio oficializado, este 22 de octubre, se sustenta en un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado del 29 de septiembre, y la resolución del pleno de la Asamblea Nacional del 27 de agosto pasado.

En el boletín, según la solicitud presentada, la Fiscalía comunicó que obtuvo los testimonios de los implicados en el “reparto de hospitales” en los que confiesan que la Ministra María Paula Romo, es quien autorizaba todas las cuotas políticas para aprobar leyes y archivar juicios políticos.

En cambio, la Asamblea mediante resolución exigió la remoción de la Ministra de Gobierno al haber confesado que recibió propuestas de nombres, por parte del ex asambleísta Daniel Mendoza, investigado por corrupción, y que luego fueron designados en cargos públicos contribuyendo a la violación a la Ley y que derivaron en graves perjuicios al Estado.

El expediente entregado para el trámite del juicio, se incluye el testimonio anticipado del ex asambleísta Daniel Mendoza, del 29 de septiembre de 2020, dentro de juicio penal por delincuencia organizada donde indicó: “…cuando se gestionaba el juicio político a María Paula Romo, fue la Ministra quien me aseguró que la designación de Tito Nilton se daría luego de que en la Asamblea se archivara la causa en su contra. Entonces, con mi voto se archivó el caso y así se designó a Tito Niltón como Gobernador. Daniel Mendoza también señaló que “en las reuniones de los temas legislativos se hablaba de esa suerte de cuotas políticas. Esto ocurrió siempre desde que yo fui legislador”.

En el documento también consta que Daniel Mendoza confesó que “siempre existía un asesor que hacía de puente entre los legisladores… cuando Paúl Granda estuvo en la Secretaría de la Política, esta persona era Paúl Bejarano. En el caso de la ministra Romo fue Fausto Holguín”.

También se incluye el testimonio de Jean B. ex asesor de Mendoza, donde expresó que al ex asambleísta le entregaron la Dirección Regional de la Agencia Nacional de Tránsito en Manabí, que comprendía los cantones de El Carmen, Portoviejo y Manta, de donde se recaudaba alrededor de $2500 diarios como parte de la emisión de licencias. Este dinero iba destinado a la gestión del movimiento político que presidía Mendoza, y reconoció que todas las cuotas políticas fueron aprobadas por la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Los interpelantes, en el expediente, señalan que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa sobre la entrega de cargos públicos a cambio de favores políticos en el sector salud, por el presunto delito de tráfico de influencias, tal como lo comunicó la institución en la publicación efectuada en la red social twitter el 31 de agosto de 2020.

Que por las acciones de la Ministra de Gobierno, afirman los asambleístas, resulta evidente que la funcionaria ha incumplido los deberes constitucionales y legales impuestos mediante los artículos 83.1 de la Constitución, 22.a) de la Ley de Servicio Público, además impulsó la violación del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo cual debe ser censurada y destituida sin perjuicio de que en las investigaciones posteriores que la Fiscalía General del Estado realizará basándose en estos procesos legislativos y en sus propias indagaciones, se determine si fue beneficiaria o conocía de la corrupción y de los dineros ilícitos que circularon al haber entregado ella los cargos.

Además aseguran que la Ministra acusada incurrió en falta de probidad al ejercer la coordinación política con la Asamblea Nacional, pues el artículo 21 del Código Orgánico Administrativo establece que los servidores públicos deberán aplicar el principio de ética y probidad durante el ejercicio de sus funciones. Esto es, actuar con rectitud, lealtad y honestidad en el cumplimiento de las atribuciones emanadas por la ley y las que les sean asignadas, en el caso de la Ministra de Gobierno, por el Presidente de la República.

Por ello, los asambleístas piden a la Asamblea Nacional determinar la responsabilidad política pero además buscan la censura y destitución de la autoridad cuya responsabilidad haya sido determinada. 

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Gobierno habría gastado USD 700.000 en sistema de espionaje

El Gobierno de Lenín Moreno habría gastado más de 700.000 dólares en un sistema de espionaje y otro de manejo de redes, que habrían comenzado a administrarse desde la cárcel de El Inca, en Quito, por el estadounidense Paul Ceglia, según lo refleja el portal Periodismo de Investigación.

En la publicación del 19 de octubre, se explica que Ceglia es el nombre clave en esta trama.

El norteamericano huyó de su país tras ser demandado por el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quien lo acusó de fraude. Ceglia y su familia llegaron a Ecuador en 2015, sin embargo, Estados Unidos había emitido una alerta internacional para que su detención y extradición, por esta razón, en 2018, en el aeropuerto de Guayaquil, Ceglia es aprehendido. 

Tras pasar 10 meses detenido, en junio de 2019, el presidente Moreno negó la extradición de Ceglia a Estados Unidos por un “principio de reciprocidad” “interés humanitario”. 

Según Periodismo de Investigación, durante su estancia en la cárcel de El Inca, Ceglia instaló en el área de panadería, de aproximadamente 40 metros cuadrados, los apararatos electrónicos necesarios para iniciar las operaciones.

“Se colocó una cortina negra que dividió ese espacio dos áreas”, dice un extracto de la investigación.

El nombre de Ceglia aparece en un acuerdo de confidencialidad firmado en enero de este año, que confirma su relación con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) del Gobierno.

Julio Bueno, exasesor del presidente Lenín Moreno, según la investigación, fue el nexo de Ceglia con el Régimen. Él confirmó haberlo visitado en dos ocasiones en la cárcel para hablar sobre su extradición, también ratificó que el detenido instaló la supuesta panadería, pero dijo desconocer si ahí se armó un centro de operaciones.

El supuesto sistema de espionaje se llama “La Torre”. Permite interceptar y desviar cualquier comunicación de Messenger, Zoom, WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones para grabarlas sin que el usuario lo note. Incluso, el sistema podría ingresar a la memoria interna de los teléfonos.

Según Christian  Zurita, de Periodismo de Investigación, este software debía ser menejado por el CIES, pero sería  administrado desde fuera del régimen.

A través de una carta, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a la publicación y afirmó desconocer sobre el tema. “Debo mencionar que desconozco la fuente y la veracidad de lo publicado, razón por la cual, mal haría en referirme a los temas de fondo que ahí se tratan”.

También afirmó que nunca ha tenido contacto con Paul Ceglia.

Fuente: Ecuavisa, Republica del Banano.

#ArtículoBananero| “No le veo carisma a Arauz” Por Ana M. Pereira-Castillo

Palabras intercambiadas entre amigas, sin nunca haberlo verdaderamente escuchado y mucho menos analizado, juzgado por una apariencia que es sumamente subjetiva, sin que se le haya prestado atención a lo que expone. ¿De qué sirve el carisma y la apariencia, si no hay substancia ni entrega? Ya es tiempo de dejar en el desempleo a los sofistas, ya que los demagogos han poblado la Historia de Latinoamérica sin beneficiar al pueblo. Estamos siendo testigos y observando la plasticidad política en el continente, al punto de desperdiciarse miles de dólares en pelo y maquillaje para que a un presidente se lo vea joven, energético y carismático, pero sin lugar a duda, tan vacío como los concursos de belleza que lideró.

En un momento u otro, nos hemos dejado llevar por un caparazón, más aún si acompañado de gran labia. La substancia de cada uno debería de ser escuchada y observada, investigada y analizada, particularmente si se trata de escoger a esa persona para que nos represente. ¿Cómo sabemos si alguien es competente si cuando lo que expone nos es desconocido? ¿Por lo lindo que habla aunque no comprendamos lo que dice? ¿Por lo convincente que suena o lo atractivo que se lo vea?

El carisma y la apariencia física son subjetivas, y aun que se las puedan considerar deseables, representan atributos de importancia ínfima, particularmente en comparación con los logros desesperadamente necesarios; logros para recuperar la dignidad de un país, la institucionalidad del Estado, la seguridad nacional, y lanzar una economía sostenible con viabilidad segura y sólidos sistemas de salud y de educación.

Es hora de que se aproveche constructivamente la moderna tecnología, y se empiece a averiguar qué mismo promete cada binomio, y cómo lograrán responder a las necesidades que azotan a la mayor parte del pueblo. Es hora de que investiguen quiénes son, qué competencias tienen, y cuáles han sido sus experiencias, a fin de llegar a la conclusión de que se merecen el voto de cada ciudadano. Es hora de analizar sus políticas de Estado y de comparar con las que han tenido. Es hora de ser ciudadanos maduros, conocedores de su propia Historia, críticos de hechos en vez de ser voceros de maldad y negatividad desprovista de cualquier base real. Es hora de mirar más allá del semblante, de la apariencia física, de la forma, y buscar substancia, competencia, dedicación y servicio a la Patria.

Andrés Arauz es un joven quiteño, políglota, brillante profesional especializado en la economía del desarrollo, producto de una educación nacional e internacional, y un prometedor estadista. Tanto en sus informes como Ministro de Desarrollo Humano como en sus entrevistas con la prensa, desde que declaró su candidatura a la Presidencia, se percibe en él un conocimiento profundo de la política y economía nacional, y un implementador pragmático de soluciones inmediatas y a largo plazo. Un patriota armado de hechos, estadísticas y soluciones, capaz de dialogar con cualquiera sin tener que elevar su voz, ni temer expansion de su respuesta a las preguntas hechas, algunas con arrogancia y muchísima falsedad. Su sereno carácter serrano no esconde su entusiasmo por recuperar lo perdido con este gobierno, y su ansiedad en querer servir, es palpable. Se lo ve comprometido con una ardua tarea, competente y determinado a ganar para poder implementar soluciones con experiencia y seriedad, un hombre capaz de cumplir a cabalidad la responsabilidad que se le entregue.

Ahora más que nunca, hay un sin número de fuentes fidedignas que nos permiten observar y llegar a nuestras propias conclusiones sin dejarnos llevar por las opiniones ajenas. Informarnos antes de votar es nuestro deber. Seguir activos después de las elecciones es nuestra obligación. La democracia es un sistema que requiere que sus ciudadanos participen y se comprometan, ya sea en apoyo al gobierno elegido por el pueblo o en rechazo por incumplimiento con lo prometido en campaña. Cualquiera que sea el binomio al que se le confíe el voto, se lo debe hacer convencidos de que son competentes, que tengan políticas de Estado que redistribuyan la riqueza, que tomen decisiones optando por el bienestar del ser humano y del planeta en vez del capital. Se necesitan a visionarios con metas para el país, firmes en defender su soberanía, íntegros en su accionar y sobretodo, que se puedan identificar con sus compatriotas sin anhelar adoptar otra identidad ajena.

Ana María Pereira-Castillo

Articulista

Prensa República Del Banano

Adulto mayor se corta las venas tras no conseguir su jubilación desde el 2014

Un adulto mayor se cortó las venas de sus brazos al no lograr conseguir su jubilación que viene tramitando desde hace más de cinco años.

La mañana del pasado lunes 19 de octubre, la desesperación llevó al límite a don Segundo Poveda de 68 años, quien al ver frustradas su aspiración de tener su jubilación procedió a cortarse las venas de sus brazos con un estilete como protesta a este maltrato en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En su desesperanza don Segundo manifiesta, “Vuelvo y repito he pagado he entregado mi plata mi juventud, todo. Estrego mi sangre y a lo mejor mi vida también…”, dice.

Varios miembros de la policía y personal médico del IESS asistieron al señor que según testigos empezó a desangrarse en el piso. Quien en emergencia fue vendado en el lugar y llevado a un hospital cercano.

Un charco de sangre quedó en el lugar mientras que a don Segundo lo trasladaban al hospital. Mientras tanto la policía trataba de ubicar a los contactos para que familiares lo acompañen.

Este hombre de la tercera edad afirma que está tramitando desde el 2014 su jubilación, pero siempre ha faltado algún documento, un pago o pensiones pendientes lo que no le ha dejado culminar su proceso.

Don Segundo tiene 5 hijos y recicla plástico para poder sobrevivir en el sector de Chillogallo. Quien indica que con la pandemia del covid-19 la vida se volvió más difícil, como a muchos de su edad. Anhela que este viacrucis de su jubilación termine y logre recibir la pensión que merece.

Mi desayuno hoy fue papitas con sal y agüita de toronjil, dice don Segundo. Y ¿qué va a almorzar? le pregunta el reportero, “no tengo ni para el pasaje”. Son 12 centavos lo que le queda en sus bolsillos para ir a su casa y esperar que su jubilación llegue algún día.

Su acción generó la reacción del presidente del Consejo Directivo del IESS que frente a esta situación el presidente del Consejo Directivo del IESS, Jorge Wated, señala que ha revisado personalmente el caso de Don Segundo, ya que le ha sorprendido que durante 5 años no se haya resuelto su jubilación. No obstante, él adeuda cerca de USD 20 mil al IESS. “Dispuse al director provincial que revise a detalle el caso y se asesore al usuario”.

Wated asegura que han verificado que no registró su salida y por eso se le generó una enorme deuda, imposibilitando su jubilación. “Una comisión analizará resolver este tema”.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

CONAIE respalda la minga nacional indígena, campesina y popular de Colombia

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, mediante un comunicado emitido el martes 20 de octubre de 2020 evidencia su respaldo a la «Minga Indígena, Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz» que se da con masiva convocatoria en el hermano país.

La CONAIE ha manifestado que se une al llamado de unidad latinoamericana por la defensa de los pueblos y respalda la MINKA representada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y más organizaciones que han llegado a la capital del país sudamericano en busca de alternativas reales a la violencia en ese país.

El pueblo colombiano ha librado por más de 50 años una lucha inclaudicable por la construcción de una paz verdadera, ahora los sectores indígenas, sociales y populares, exigen al gobierno de Iván Duque: respeto al derecho a la vida, la defensa de los territorios con el retiro de proyectos extractivistas, la preservación de los recursos naturales; el respeto a la participación política y a la protesta social legitima, así como el respeto a los derechos colectivos; la demanda histórica para la desmilitarización territorial y social, el cumplimiento de los acuerdos de paz de la Habana y reconocimientos a los procesos de diálogos humanitarios y pactos de paz regionales.

La CONAIE en su comunicado además condena el asesinato sistemático de líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y sindicalistas, en el 2020 han asesinado a 233 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

«Por muchas de estas demandas que nos son comunes a los pueblos del Abya Ayala respaldamos su lucha por la defensa de los territorios frente a la política minero energética, la defensa y garantías para la paz, el reconocimiento del indígena-campesino como sujeto de derechos, el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, el desmonte del paramilitarismo, su lucha también es nuestra lucha y nos unimos ante el avance y la instauración en nuestro continente de los gobiernos de derecha y el intervencionismo del FMI.» se lee en el comunicado.

De igual la CONAIE insta al Estado colombiano a frenar los mecanismos de criminalización y persecución a los líderes indígenas, organizaciones sociales y populares, que a su criterio, en complicidad con los medios de comunicación han deslegitimado la lucha social de la Minga Nacional Indígena.

También exigen respeto al derecho a la libre asociación, al ejercicio de la protesta social, al derecho a la resistencia, a la NO repetición de la guerra y al fin del terrorismo de Estado.

«Hermanos y hermanas seguimos unidos en pie lucha, nunca de rodillas por la defensa de nuestros territorios, nuestros derechos y dignidad» finaliza el comunicado.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.