Intervención del Ing. Carlos Julio Balda en la Asamblea Popular Ciudadana realizada en la ciudad de Guayaquil, respecto a la política petrolera de Moreno

El Ing. Carlos Julio Balda, en representación del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, en la Asamblea Popular Ciudadana, realizada en la ciudad de Guayaquil el día 21 de octubre del 2020, desarrolló un minucioso análisis de la política petrolera del actual gobierno, quien mediante Decretos Ejecutivos y violando expresas normas constitucionales y legales, pretende entregar la renta petrolera proveniente de las operaciones de la refinería Esmeraldas a sectores privados, así como la comercialización de los combustibles.

Estas decisiones de política petrolera, se insertan en los acuerdos suscritos por el Ecuador con el FMI y en los pactos que tiene el gobierno con Lasso, Nebot y el capital financiero nacional e internacional.

Intervención del Ing. Carlos Julio Balda en la Asamblea Popular Ciudadana realizada en la ciudad de Guayaquil

ANTECEDENTES

Para iniciar esta intervención voy a citar un párrafo de la página 44 del Plan de Gobierno que llevó a la Presidencia de la República a Lenin  Moreno Garcés, publicado por el Consejo Nacional Electoral, y que tiene como título: “¡Por una industria petrolera! Aprovechamiento responsable de nuestros recursos hidrocarburíferos”

“Vamos hacia la industrialización del petróleo, aumentando su capacidad de refinación en cerca de 500.000 barriles por día, con la puesta en marcha de la Refinería del Pacífico. (RDP) Este será el pilar del cual se deriven las industrias básicas para la transformación del crudo en productos intermedios que son la fuente para el encadenamiento para generar crecimiento y valor agregado”.

El gobierno de moreno no cumplió sus ofertas de campaña y menos va a cumplir cuando es un gobierno que ya está de salida, menos va a hacer algo en favor de la industria petrolera.

¿Qué fue lo primero que hizo el gobierno en el área petrolera?

Aplicando políticas de corte neoliberal, paralizaron el proyecto de la Refinería del Pacífico, (¿a quién beneficia esto?) ya que no les interesa que se construya otra refinería y que se alcance una soberanía energética, no les interesa un Estado fuerte, quieren un Estado diminuto y débil. En ese escenario, para ellos (¿quiénes?) es mucho mejor manejar la demanda insatisfecha de combustibles en el país y aprovechar esa escasez para tener un buen margen de manejo en la política de precios.

Una vez parado el proyecto de la Refinería del Pacífico (RDP), el siguiente paso era apropiarse de la renta de la Refinería Estatal Esmeraldas (REE) justificando su delegación a la iniciativa privada. Para ello se han dictado una serie de Decretos Ejecutivos:

  • Decreto Ejecutivo 861 del 27 de agosto del 2019. Autoriza de manera excepcional la delegación a la iniciativa privada, la ejecución del Proyecto de Diseño, Construcción y Operación de un Tren de Alta Conversión en la región de la costa.
  • Decreto Ejecutivo 1054 del 19 de mayo del 2020. Liberalizan precios de los combustibles, calculados mensualmente.
  • Decreto Ejecutivo 1094 del 10 de julio del 2020. Autoriza la delegación a la iniciativa privada de la “gestión conjunta” con EP Petroecuador, de la Refinería Estatal Esmeraldas. No existe esa figura en las leyes ecuatorianas.
  • Decreto Ejecutivo 1158 del 24 de septiembre del 2020. Autoriza a la empresa privada a importar combustibles libremente.  (se debe investigar a que grupos económicos nacionales e internacionales benefician los Decretos Ejecutivos)

ANÁLISIS

Para analizar las violaciones constitucionales cometidas en los decretos que se han señalado, se menciona a continuación el marco legal pertinente:

  1. En el Art. 313, se establecen cuales son los sectores estratégicos, entre ellos, a la energía en todas sus formas, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, entre otros, y los demás que determine la ley.
  2. En el Art. 314 y en el numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador, los sectores estratégicos como la producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, son declarados como servicios públicos. Los servicios públicos son declarados de control y regulación indelegable por parte del Estado, y se establece su obligación de, garantizar la provisión del servicio y de regular y controlar precios y tarifas.
  3. En el Art. 315 se establece que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos.
  4. En el Art. 316 y en la Sentencia de la Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, CASO No. 0008-10-IC de 5 de enero de 2012, se establece que el Estado Central, ejercerá la acción de control y regulación a través de las autoridades competentes que tengan dicha atribución legal, quienes podrán delegar a la iniciativa privada solo la gestión de un sector estratégico o servicio público, en los casos contemplados en la Ley de la materia o sector pertinente, debiendo ceñirse a esa Ley y a lo regulado por las autoridades competentes mencionadas.

Si se analizan los Decretos Ejecutivos firmados por el Ministro René Ortiz (sería importante saber y explicar a que grupos de poder económico y petrolero nacionales internacional, pertenece Ortiz) Se concluye que contradicen lo indicado en los 4 puntos anteriores mencionados ya que:

  1. No se pueden liberar los precios y tarifas en un servicio público que es de regulación y control indelegable del Estado y el Ministro al proponer y firmar estos decretos está violando la Constitución de la República del Ecuador y se están vulnerando los derechos de los consumidores ecuatorianos.
  2. De acuerdo con la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, son las autoridades de regulación y control las únicas autorizadas por la Ley a delegar a la iniciativa privada la gestión de una empresa pública o la provisión de un servicio público.
  3. La delegación a la iniciativa privada requiere de una Ley de la materia. Por lo tanto, el procedimiento que debió seguir el Ministro era que el gobierno proponga a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que podría llamarse la Ley del Servicio Público de la Producción de Hidrocarburos y del Procesamiento, Transporte y Comercialización de Combustibles, que debe estar subordinada y actualizada a la CRE del año 2008 que se encuentra en vigencia. La CRE le asigna la facultad de dictar leyes a la Función Legislativa representada por la Asamblea Nacional y el Ministro al proponer al Presidente de la República la firma de estos decretos está violando la Constitución de la República del Ecuador y vulnerando los derechos de los ecuatorianos a tener bienes y servicios con valores acordes a la economía del país y no para el exclusivo beneficio de empresas extranjeras;

CONCLUSIÓN

El Ministro René Ortiz se ha arrogado funciones legislativas que no tiene violando el Art. 226 de la CRE y además, como se ha demostrado, ha violado los Arts. 314, 316 y numeral 15 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador y la Sentencia de Corte Constitucional No. 001-12-SIC-CC, por lo que se solicita al Defensor del Pueblo que exija al Presidente Lenin Moreno Garcés la inmediata derogatoria de todos los decretos ya mencionados.

RECOMENDACIONES

  1. Mantenerse vigilantes de que la Asamblea Nacional no apruebe ninguna Ley sobre esta materia a un gobierno que no tiene el apoyo de los ecuatorianos y que se le acaba el período para el que fue elegido, pero que al apuro es capaz de realizar contratos lesivos a la mayoría de los ecuatorianos.
  2. No olvidar que el 12 de octubre a 1492 no se descubrió América. Que en aquella época nuestros pueblos fueron saqueados y su riqueza sacada ilegalmente de los países, y que lo que está ocurriendo ahora es una repetición de ese hecho
  3. Exigir al gobierno nacional, la derogatoria de todos los decretos señalados, a fin de que el próximo gobierno tome las decisiones pertinentes, al amparo de la voluntad popular
  4. Impulsar un juicio político al ministro de Energía y Recursos No Renovables Dr. René Ortiz

Fuente: Carlos Julio Balda

Secretaría Jurídica de la Presidencia certifica que Paúl Granda tenía rango de ministro

Con un certificado en el que se señala que el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, tenía rango de ministro, el Gobierno le ayudó para que su caso por presunta delincuencia organizada esté a punto de pasar a ser tramitado por la Corte Nacional de Justicia.

El oficio suscrito por la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, fue dirigido al juez Ronald Guerrero, que conoce la causa por delincuencia organizada en la que se investigan a 15 personas por la venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil.

La carta de Pesántez se genera luego que, durante la audiencia de vinculación de Granda realizada el pasado 13 de octubre, la defensa del exfuncionario cuestionara la competencia del juez Guerrero dentro de este proceso, ya que aseguró que su defendido goza de fuero de Corte.

Ante el cuestionamiento, el juez decidió solicitar que se oficie a la Presidencia para que esta entregue una certificación en la cual se indique si Paúl Granda mantuvo fuero de Corte Nacional en el cargo de presidente del Directorio del Seguro Social. Esta no es la primera vez que el Gobierno respalda a Granda. En abril, el presidente Lenín Moreno no le aceptó su renuncia.

A su escrito, Pesántez adjuntó un oficio del viceministro de Servicio Público, Ricardo Moya, en el que “ratifica que el delegado del presidente al Consejo Directivo del IESS se encuentra dentro del grado 8 de la escala de nivel jerárquico superior, y por tanto tiene rango de ministro”.

Además, se sumó el del secretario general de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en el que se señala que, desde el 24 de mayo del 2017 hasta el 4 de mayo de este año, Granda fue parte del gabinete presidencial como ministro de Obras Públicas, secretario de la Gestión Política, presidente del Consejo Directivo del IESS, y presidente del gabinete sectorial de lo social.

Por lo tanto, Roldán aseveró que Granda mantuvo permanentemente su calidad de ministro de Estado o funcionario con ese rango.

Luego de la audiencia de vinculación que fue suspendida, la fiscal Claudia Romero señaló que Granda no es investigado por sus cargos como ministro y que en el decreto de su designación como presidente del Directorio no se señala que es un cargo ministerial, por lo que para ella no tendría fuero.

Según la Fiscalía, ni la Constitución ni el Código de la Función Judicial señalan que un presidente del Directorio del IESS es un ministro.

Granda fue relacionado con una información en la que se mencionaba que se reunió con Daniel Salcedo, procesado en este caso.

Tras la audiencia de vinculación, el exfuncionario aseguró que nunca se ha reunido con Salcedo.

La respuesta del extitular del IESS se dio porque la Fiscalía, en sus primeras investigaciones mencionó que en el edificio Torres Colón 1, donde Daniel Salcedo tiene una suite se registró en las bitácoras de seguridad el ingreso de Granda.

Dijo que la fiscal Romero no tiene elementos para vincularlo por lo que anticipó acciones legales en su contra y expuso que en una de las fechas en la que supuestamente habría visitado el departamento de Salcedo, él habría estado reunido con el Presidente y mencionó que en la fecha en la que supuestamente aparece su nombre en la bitácora del edificio habría viajado a Cuenca por una emergencia.

Sostuvo que fue presidente del Consejo Directivo del IESS desde el 2019 y que el delito se habría cometido antes del 2018.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Superintendencia de Bancos no revocó medidas cautelares para recuperar dinero de afiliados, aseguró su titular

Por haber dispuesto que se levanten las medidas cautelares que impuso el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess) a las empresas Ecuagran y Delcorp, la Superintendencia de Bancos separó del cargo al director de Liquidaciones, Luis Passailaigue Molina.

Las medidas cautelares eran parte de los procesos coactivos que inició el Biess en contra de las dos empresas, cuyo principal accionista y presidente es Gad Iván Goldstein, que no pagaron lo correspondiente a las inversiones y están involucradas en una supuesta estafa bursátil.

La información, sobre la desvinculación de Passailaigue fue confirmada por Ruth Arregui, titular de la Superintendencia, en la Comisión legislativa de Soberanía, este jueves 22 de octubre del 2020.

El Biess y seis fondos complementarios, administrados por el banco, invirtieron ocho millones 700 mil dólares en Delcorp y Ecuagran.

El funcionario separado dispuso que se revoquen las medidas cautelares, acogiéndose a la disposición transitoria vigésima tercera de la Ley de Apoyo Humanitario, que establece que, durante el estado de excepción y 180 días después del fin de este, quedan suspendidos todos los procesos de coactiva.

Para la superintendenta de Bancos, la disposición de la Ley de Apoyo Humanitario es clara. «Dice que se suspenden los juicios coactivos, pero no habla de que no se pueden iniciar nuevos juicios, porque eso iría en contra o desmedro de los entes del Estado» sostuvo.

Arregui calificó la decisión de Passailaigue de «arbitraria, inconsulta y precipitada», por lo que se tomó la decisión de desvincularlo, debido a que cometió una falta, al enviar una comunicación al Biess disponiendo la revocatoria de las medidas cautelares, pues no estaba en sus competencias hacerlo. «La toma de cualquier decisión sobre ese tema me correspondía a mí, y cualquier decisión debía tomarse luego de un análisis y un informe», sostuvo.

En comparecencia en el Legislativo, el pasado 17 de octubre, el gerente del Biess, Diego Burneo, reprobó la decisión de Passailaigue, porque temía que el dinero se mueva de las cuentas y no se pueda recuperar.

La superintendenta aseguró que, lo que hizo Passailaigue, no derivó en perjuicio para el Estado, porque nunca se puso en práctica la disposición, con lo que no se levantaron las medidas cautelares.

Según el procurador jurídico de las empresas Delcorp y Ecuagran, Luis Cabezas-Klaere, desde el pasado 13 de octubre del 2020 están retenidos los recursos de las cuentas del grupo empresarial. «Nunca nos revocaron la medida. Son USD 60.000 que están en las cuentas y no se pueden mover. Son recursos para pagar a los trabajadores de Ecuagran, que sigue funcionando con 70 empleados», señaló.

Dijo que las empresas solicitaron al Biess que revoque la decisión, pero no han recibido respuesta. Otra medida dispuesta por el Biess es la prohibición de enajenar bienes, apuntó.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

Silvana Pástor, de empresa concesionaria e hija de exministro, niega perjuicio al Estado en caso Singue

Catorce de los quince procesados por el presunto delito de peculado en el caso Singue terminaron con la presentación de sus pruebas de descargo, entre testimonios, documentos y pericias, en el octavo día de audiencia de juicio que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Están involucrados altos funcionarios del Gobierno anterior como el exvicepresidente Jorge Glas, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pástor, la hija de este último Silvana, entre otros.

El presunto delito, según Fiscalía, se habría cometido al momento de realizar el cálculo de $33.5 por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente $28 millones.

En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos.

Silvana Pástor, apoderada general de la compañía Gente Oil Ecuador, empresa concesionaria del campo Singue, en su testimonio, mencionó que no ha crecido su patrimonio, que no hay beneficio personal ni hay perjuicio al Estado. Además que el peritaje de $28 millones es antitécnico y que la tarifa fue conveniente para el Estado. Agregó que sus títulos académicos la acreditan para ocupar el cargo de gerente financiera.

Gustavo Donoso, exsecretario de Hidrocarburos, quien se encargó de suscribir los contratos adjudicados correctamente, en su testimonio sostuvo que la Contraloría inició un examen especial a la renegociación petrolera y no se estableció ninguna observación en un informe general. Agregó que el campo Singue estuvo abandonado 15 años y si un inversionista privado decide invertir era favorable para el Estado.

Jorge Andrade fue parte de la comisión de calificación y evaluación. Mencionó que revisó requisitos y que ello nada tiene que ver con la negociación de tarifas.

César Guerra, propietario y representante de la Compañía Dygoil, consorcio al que inicialmente se adjudicó el campo, no presentó prueba testimonial sino documental, esa fue, un oficio del ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables que detalla los ingresos que percibió el Estado e ingresos de la contratista y su flujo negativo de caja.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), integrado por los jueces Iván León, Javier de la Cadena y José Layedra, informará la fecha y hora para la reinstalación de la audiencia.

Fuente: El Universo, Republica del Banano.

Poca participación de auditores de las organizaciones políticas para examinar la organización de las elecciones

Poca expectativa hay de parte de los sujetos políticos frente al llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) a inscribir auditores para los diferentes procesos que se ejecutarán en la organización de las elecciones generales del 2021.

Para estos comicios están habilitadas a participar 23 organizaciones nacionales y 60 provinciales, y de acuerdo con información previa, apenas seis agrupaciones políticas han inscrito un auditor y su suplente, como lo establece el reglamento de Auditorías a los Procesos Electorales.

El CNE aprobó el 6 de octubre la convocatoria para que las organizaciones políticas inscriban a sus auditores dentro del denominado Plan General de Auditorías. Y uno de los requisitos que deben cumplir y que complica la elección de estos es que deben acreditar “conocimientos y experiencia profesional de por lo menos un año en materias relacionadas con los procesos o sistemas que serán auditados”.

Alfredo Carrasco, directivo del movimiento Concertación que postula candidatos en alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), dijo que sí inscribirán uno de sus miembros para esta auditoría, pero reconoció que el requisito de la experiencia los ha complicado.

“Siempre estos requisitos generan un nivel de ruido, por eso estamos en ese proceso de escoger un auditor. Estamos viendo quién de los nuestros podría tener esos requisitos, pero me parece que el CNE debería dar un poco más de apertura para participar”, comentó Carrasco.

Alfredo Serrano, director nacional del PSC, indicó que inscribirán un auditor “como siempre lo hemos hecho”, al igual que desde el partido SUMA y el movimiento Ecuatoriano Unido.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) no inscribirá un representante. “Hemos estado en los procesos anteriores participando en estas auditorías, y son todo menos auditorías. Son auditorías guiadas en donde les dicen ‘audíteme esto, no me tope esto, audíteme allá’, y eso no es auditoría. Dicen que harán auditorías, y vamos a estar atentos a cómo las hacen y sus resultados”, cuestionó Gilmar Gutiérrez, director nacional del PSP.

No obstante, sí están trabajando en hacer control electoral. “Necesitamos tener 40.000 personas para hacer el control en cada Junta Receptora del Voto. Luego esos resultados que tengamos de ese control lo contrastaremos. Lo complejo es poder contar con el personal, pero estamos trabajando en eso”, indicó el directivo político.

El cronograma aprobado por el Consejo establecía que la convocatoria a la postulación de auditores estaría abierta desde el 6 de octubre, hasta cinco días después. Incluso, se señaló que el próximo miércoles se realizaría un taller de capacitación de 10:00 a 14:00 para los auditores, pero estos plazos podrían ampliarse para recibir a más postulantes.

Son cuatro áreas y 24 ítems en las que los auditores podrán realizar su actividad, como son la Dirección Nacional de Registro Electoral, de Organizaciones Políticas, de Logística, y de Procesos Electorales.

Esta última área es la que genera interés, pues se trata de la última fase de las votaciones como la integración de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), Sistema de Integración, Implementación, y Funcionamiento del Sistema Electoral, de Transmisión y Publicación de Actas y Resultados (Setpar), el escrutinio y embalaje en las JRV, y el voto en casa.

El reglamento de auditorías determina que como parte de las funciones de los auditores deberán presentar un informe de “hallazgos” a cada sistema operativo electoral que se vaya observando, y terminarán sus funciones por causales como la renuncia, porque se terminó el Plan General de Auditorías, porque el pleno del CNE demuestre incumplimiento de la normativa legal.

También se incluyó un artículo de terminación por “arrogación de funciones”, que se dará si un auditor “obstruye, entorpece, manipula o impide el desarrollo de las actividades electorales, por publicar información de carácter personal de terceros, por la sustracción, posesión y publicación de material electoral”. 

Fuente: El Universo, Republica del Banano.